Luchando contra Guantánamo en los tribunales del presidente Biden
3 de junio de 2021
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 30 de junio de 2021
Tres
de los prisioneros de Guantánamo que actualmente buscan su liberación de la
prisión a través de los tribunales estadounidenses. De izquierda a derecha
Khalid Qassim y Abdulsalam al-Hela, ambos yemeníes y Asadullah Haroon Gul,
afgano.
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En los diecinueve imperdonables largos años desde que
la prisión de la “guerra contra el terror” en la bahía de Guantánamo fue
establecida, los abogados han trabajado incansablemente para retar y revocar las
indignantes políticas polémicas del gobierno de Bush acerca de que todos los
que terminaran en Guantánamo era “enemigo combatiente” sin derechos que podía
ser detenido de manera indefinida sin cargos o juicio.
Ha habido victorias en el camino, pero la triste
realidad es que la fundamental falta de ley en Guantánamo continúa intacta
hasta el día de hoy. Desde el 2010, sólo un prisionero ha sido liberado por las
acciones de abogados y los tribunales estadounidenses (un hombre
de Sudán cuya salud mental persuadió al Departamento de Justicia, en esta
instancia únicamente, que no se retara la petición de habeas corpus) y, como se
mostró en los cuatro años de la presidencia de Trump, si el presidente no
quería que nadie saliera de Guantánamo, ningún camino legal existe para hacer
que sea de otra manera.
La gran victoria legal de los prisioneros de
Guantánamo llegó a la Suprema Corte en lo que ahora parece un lejano y perdido
pasado. En junio del 2004, en Rasul v. Bush, la Suprema Corte dijo que los prisioneros tenían
derechos de habeas corpus; en otras palabras, el derecho a que la evidencia en
su contra fuera objetivamente valorada por un juez. Ese fallo le permitió a los
abogados entrada a la prisión para comenzar a representar a los hombres
detenidos, rompiendo el velo de secretismo que había permitido que las
condiciones abusivas prosperaran, pero el Congreso intervino para bloquear la
legislación de habeas corpus y no fue sino hasta junio del 2008 que la Suprema
Corte, revisitando Guantánamo, falló en Boumediene v. Bush que el Congreso había
actuado de manera inconstitucional y afirmó que los prisioneros tenían derechos
de habeas constitucionalmente garantizados.
Por dos años, la ley finalmente aplicó en Guantánamo y
treinta y ocho prisioneros tuvieron su petición de habeas aprobada por jueces
en el Tribunal de Distrito en Washington D.C. Los jueces fallaron a favor de
que, aunque una barrera de evidencia había sido puesta, el gobierno había
fallado en establecer que los hombres en cuestión tenían algún nivel
significativo de participación o con al-Qaeda o con los talibanes.
Desafortunadamente, jueces con motivaciones políticas en tribunales de apelación en Washington D.C. tomaron una excepción a estos
fallos y comenzaron a perjudicarlos. Aunque la mayoría de los treinta y ocho
prisioneros a los cuales se les otorgó la petición de habeas fuero
subsecuentemente liberados, tres fallos fueron revertidos en apelaciones y
otros tres fueron abandonados, con los jueces de los tribunales de apelaciones
bajando el nivel de evidencia requerido para el encarcelamiento continuo y fallando que la evidencia del gobierno, que
era ridícula, debería ser tratada como supuestamente precisa. También
insistieron, en el caso llamado Kiyemba v. Obama, que, como explicó
el abogado Tom Wilner que representó prisioneros en sus casos de Suprema Corte,
“aunque los detenidos pudieran tener derecho a una audiencia de habeas, no
tienen derecho constitucional al proceso legal debido”.
El resultado de estos fallos, como expliqué en una
página en mi sitio web, dando un registro de los fallos de habeas, fue que se
convirtió “en algo apropiado el considerar que un grupo de jueces de derechas
estaban dictando las políticas de detención del gobierno y habían eviscerado el
habeas corpus de todo sentido y remedio”.
Después de julio del 2010, ningún fallo de habeas fue
hecho a favor de los prisioneros y fue particularmente decepcionante que los
argumentos agresivos, pro detención hechos por el Departamento de Justicia
tomaran lugar bajo el presidente Obama, con nadie que pudiera dirigirlos a
cambiar su postura, incluso cuando se discutía la continua detención de hombres
que habían sido aprobados para ser liberados por el proceso de revisión de alto
nivel gubernamental de Obama, el Guantánamo Review Task Force,
(Equipo de Trabajo para Revisión de Guantánamo) establecido
cuando tomó poder en el 2009. Además, fue profundamente
decepcionante que la Suprema Corte repetidamente se negara
a considerar cada apelación en relación a los fallos del Tribunal de Circuito
de DC, confirmando, por ende, que las ramificaciones legales de la política de
detención en Guantánamo habían sido, efectivamente, usurpadas por jueces de un
tribunal menor.
La lucha por asegurar derechos de proceso legal debido
Una pérdida legal de una década le siguió, en la que
los únicos destellos de luz fueron dos casos en el que dos nuevos jueces
designados por Obama para el Tribunal de Circuito de DC finalmente comenzaron a
deshacer la nefasta influencia de jueces que habían hecho tanto por destruir el
habeas corpus entre 2009 y 2011.
El primero de estos casos, de junio del 2019, fue Qassim v. Trump, un caso que involucró al prisionero yemení
Khalid Qassim, cuando Tom Wilner, quien argumentó el caso, explicó,
en un fallo escrito por la nominada de Obama, la jueza Patricia Millett de D.C,
apoyada por otra nominada, la jueza Cornelia Pillard y el juez Harry Edwards,
designado por Jimmy Carter en 1980, “revocaron un fallo de ocho años que ha
prevenido que los detenidos de Guantánamo vean y refuten evidencia que
justifica sus detenciones”. Fue parte de un fallo en el cual los jueces le
otorgaron a Qassim la petición de revertir la negación a su petición de habeas
corpus, mandándola de vuelta a un tribunal menor para “conducir el proceso de
habeas del Sr. Qassim en relación a procedimientos que le dieran una “revisión
significativa” a las bases de su detención”.
Desafortunadamente, sin embargo, el caso de Qassim desaparición
de la vista, tal vez esperando a que alguien del Tribunal de Distrito lo
levantara, aunque en mayo del 2020 la jueza Millett escribió la decisión
mayoritaria en otro caso, el Ali v. Trump, que involucraba a Abdul Razak Ali, un argelino, en
el cual el tribunal, así como la columnista del New York Times Linda Greenhouse explicó “mantenía
que la juzgado de distrito había hecho bien en rechazar la petición de habeas
corpus de un reo, pero había hecho mal al hacerlo tan categóricamente. La jueza
Miller destacó que, mientras que “el precedente del circuito todavía no ha
resuelto comprensivamente” la cuestión, “el fallo de la corte de distrito acerca
de que la Cláusula del Proceso Debido es categóricamente inaplicable para
detenidos en Guantánamo fue injustificada”.
Aunque fue un fallo perfectamente razonable, provocó
la furia del juez veterano que odia el habeas, A. Raymond Randolph, que jugó un
papel importante en varios fallos previos que socavaron a Boumediene v. Bush. El juez
Randolph, como explicó Greenhouse, “rechazó firmar el fallo de la jueza
Miller, acusándola de ignorar lo que insistía era un precedente claro de la
Suprema Corte que hacía que el proceso legal debido garantizado no estuviera
disponible para “enemigos extranjeros no residentes detenidos por los Estados
Unidos afuera de nuestro territorio soberano”.
Más aun, en Septiembre del 2020, el juez Randolph fue
parte de un panel encabezado por la designada de Trump, la jueza Neomi Rao, en Al Hela v. Trump, un caso
que involucra a Abdulsalam al-Hela, un hombre de negocios y político yemení que
supuestamente colaboró con al-Qaeda, en el que, respondiendo al alegato de Al
Hela de que “la confianza del gobierno en rumores anónimos en los reportes de
inteligencia que utilice para justificar su continua detención violaron su
derecho a proceso legal debido”, declaró Rao. “Rechazamos el reclamo acerca del
proceso legal de Al Hela en la determinación limitante de que, como extranjero
afuera del territorio soberano de los Estados Unidos, no podrá invocar la
protección de la cláusula de proceso debido”.
Greenhouse añadió que “una nota al pie de página a su opinión contenía la sobresaliente aserción de que “nuestro
tribunal ha anexado a Eisentrager,
manteniendo que la Cláusula de la Quinta Enmienda no aplica afuera del
territorio de los Estados Unidos y, por lo tanto, no puede ser invocada por
detenidos en Guantánamo”.
El tercer juez, Thomas Griffith, que subsecuentemente fue retirado, emitió una opinión
separada, en la cual señaló que “nunca hemos realizado una declaración tan
profunda acerca de la aplicación extraterritorial de la Cláusula”, pero como
añadió Greenhouse, “la objeción no dio frutos”.
Manteniendo vigente esta historia, se ha presentado
una apelación contra el fallo Al Hela y será escuchado por toda la corte el 30 de
septiembre y esto, como explicó Linda Greenhouse en su más
reciente columna acerca de Guantánamo, el 6 de mayo es significativo
porque, como describió, “existen todas las razones para suponer que el caso
vuelto a argumentar tendrá un distinto final. Las matemáticas simples así lo
sugieren. De los 9 jueces que votaron acerca de si escuchar de nuevo la
decisión del panel (el voto actual no fue revelado) 6 fueron designados por
presidentes demócratas” — y el juez Randolph, afortunadamente, no puede ser
parte de, porque tomó un status de senior en el 2008 y los jueces senior “no
pueden sentarse en casos ‘en banc’ escuchados por el tribunal completo”.
Mientras esperamos la audiencia de Al Hela en el tribunal de
circuito de D.C, Ali v. Trump (ahora Ali v. Biden) está en camino a la Suprema
Corte, aunque, por las nominaciones de Trump (y el vergonzoso bloqueo de los
republicanos de la nominación de Merrick Garland bajo el presidente Obama) ese
tribunal está ahora muy a la derecha de cuando estaba al momento de Boumediene.
De manera preocupante, sin embargo, Just Security
explicó en un artículo el 21 de abril, que la administración de Biden parece no
dar señales de reconocer que puede y debería, utilizar el caso Ali “para distanciarse del
rechazo categórico de los derechos de proceso legal debido por parte de la
administración de Trump para los detenidos en Guantánamo”. En lugar de eso, el
Departamento de Justicia de Biden está “insistiéndole a la Suprema Corte que
niegue la revisión de la petición solicitada en Ali”, defendiendo las políticas de detención establecidas
hace mucho tiempo que están en contrariedades con la intención declarada de
cerrar la pisión antes de que el término presidencial de Biden termine.
Tristemente, podría ser más apropiado concluir que,
como pasó con Obama, el presidente Biden está fundamentalmente indispuesto a
retar a los tribunales en relación a Guantánamo y prefiere, en lugar de eso,
como se mencionó en los archivos de Ali que “los discretos y
administrativos PRBs conducen la valoración de una ‘amenaza futura’ que
satisfice la Cláusula de Proceso Debido”. Esto puede ser visto en la reciente
decisión por parte de los PRBs— un proceso tipo Libertad condicional
establecido bajo el presidente Obama, que llevó a la liberación de 36
prisioneros en sus últimos tres años de presidencia — para aprobar la
liberación de tres hombres, pero, como explicaron Jonathan Hafetz, Scott
Roehm y Hina Shamsi en el artículo de Just Security, “los PRBs no son un
sustituto de una revisión judicial con salvaguardas constitucionales y toman en
cuenta de manera adecuada las experiencias de tortura y trauma no tienen debidamente en cuenta
de los sobrevivientes en particular”.
Como continuaron a explicar, la oposición del gobierno
en Ali “harán que el cierre de Guantánamo sea más difícil” y citaron la
reciente carta enviada al presidente Biden por parte de 24 senadores
demócratas pidiéndole que cierre la prisión, en la cual los legisladores
declararon que “si el Departamento de Justicia no se opusiera a las peticiones
de habeas en casos apropiados, aquellos detenidos podrían ser transferidos más
fácilmente conforme a las órdenes de los tribunales”. Como mencionaron los
autores del artículo de Just Security “esto es porque la ley
actual que le pide que el secretario de Defensa realice una serie de
certificaciones relacionadas con seguridad mayormente antes de una
transferencia foránea no aplica a las liberaciones ordenadas por tribunales”.
Añaden que, “de hecho, dadas las restricciones actuales del Congreso acerca de
las transferencias de detenidos, es difícil ver por qué el gobierno de Biden
continúa a resistirse a dar al judicial, que no está obligado por aquellas
restricciones, la habilidad de poner a prueba rigurosa la evidencia en contra de
detenidos y, cuando es apropiado, ordenar su liberación o facilitar su
transferencia”.
Ponerle un fin a la guerra en Afganistán
Sin embargo, no es solo en Ali que la renuencia
del gobierno de Biden a seguir el consejo de los senadores se está haciendo
aparente. Cuando el presidente Biden anunció, en abril su intención de ponerle
fin a la guerra en Afganistán para el aniversario 20 de los ataques terroristas
del 11 de septiembre del 2001, abogados fueron envalentonados para decirles a
los jueces federales “que cualquiera que sea la autoridad legal de tiempos de
guerra que el gobierno tiene para detener a sus clientes, se está evaporando”,
como explicaron Charlie Savage y Carol Rosenberg para el New York Times.
Los abogados de Khalid Qassim fueron los primeros cuando “buscaron
el permiso del juez para expandir la demanda de habeas corpus para incluir
el nuevo argumento de que, con el anuncio del Sr. Biden del fin de la
participación de las tropas estadounidenses en combate activo en Afganistán, ya
no habrá bases legales para mantenerlo en detención”.
Le siguieron los abogados de Asadullah Haroon Gul, uno de los últimos dos afganos en Guantánamo. El continuo encarcelamiento de Gul es
ya inexplicable. Está acusado de haber ayudado a Hezb-i-Islami Gulbuddin (HIG),
un grupo paramilitar que, al momento de la invasión estadounidense en octubre
del 2001, era aliado con al-Qaeda. Sin embargo, el líder de HIG, Gulbuddin
Hekmatyar, hizo las paces con el gobierno en Kabul en septiembre del 2016 y
ahora trabaja en el Alto Consejo de Reconciliación Nacional de Afganistán y,
desde el tratado de paz, cientos de miembros del HIG han sido liberados de
prisiones afganas y un ex prisionero de HIG, liberado de Guantánamo a los
Emiratos Árabes Unidos fue repatriado
como parte de una reconciliación entre Hekmatyar y el gobierno afgano en el
2016. Además, a principios de este año, el gobierno afgano entregó un reporte amicus en
beneficio de Gul haciendo un
llamado para su liberación, siendo la primera vez que un gobierno extranjero ha pedido al tribunal
estadounidense que libere a uno de sus ciudadanos.
Sin embargo, el final de la guerra en Afganistán podría no significar el fin del conflicto con al-Qaeda, que, el gobierno sigue
insistiendo, es global y aparentemente no tiene fin. En esta audiencia de
habeas elm es pasado, la abogada Tara Plochocki, representando el equipo legal
“conformado por gente del grupo de derechos humanos Reprieve y del despacho
legal Lewis Baach Kaufmann Middlemiss”, como explicó el Washington Post, le dijo al tribunal
que Gul era un “prisionero de guerra” en una “guerra que terminó hace varios
años” y que “si el estado de derecho significa algo, él debe ser liberado”.
Sin embargo el fiscal Stephen McCoy Elliott respondió alegando que, aunque el gobierno “no toma a la ligera el hecho de que Gul lleva
detenido más de diez años”, seguimos “en guerra con al-Qaeda” y que, como
consecuencia de eso, su “detención, si bien larga, permanece justificada”,
minuciosamente socavando el tratado de paz con HIG e indicando que, en
Guantánamo, como pasa seguido, la base para la continua detención de los
prisioneros funciona bajo su propia lógica terrible, que no tiene nada que ver
con la realidad externa.
En su declaración ante el tribunal, Tara Plochocki dijo que el hecho de que él continúe detenido ha “llegado a ser ridículo”
señalando que es uno de los veinte hombres en la prisión que “jamás han sido
acusados con algún delito”.
Dirigiéndose a la corte, mencionó como, tal cual lo describió el Post,
“después de que HIG bajara las armas, las autoridades estadounidenses
cambiaron su justificación para detener a Gul a su supuesto apoyo a al-Qaeda”.
Como menciona el Post, “ella reflexionó acerca de su posición era debido a
que ‘la política de oponerse a la liberación de detenidos en tribunal es tan
arraigada’”.
Por su parte, Gul “negó ser miembro de al-Qaeda y Plochocki describió a un prisionero cuyos valores parecen no coincidir con la
ideología del grupo extremista, mencionando que Gul ‘cree fuertemente en la
educación de las niñas’”. En una declaración a sus abogados en una llamada
telefónica desde Guantánamo, Gul “agradeció a la corte y dijo ‘No soy un
terrorista. Soy un afgano’”. Plochocki le dijo al tribunal que él “pidió que lo
enviaran a casa para criar a su hija y solicitó su liberación ‘no sólo para mí,
sino también porque necesito que la ley signifique algo, como lo hace América
también’” y añadió “Estoy de acuerdo con él”.
El otro afgano todavía detenido es Muhammad Rahim, descrito por las autoridades estadounidenses como un “mensajero y facilitador
para al-Qaeda, incluido Bin Laden, que tenía conocimiento anticipado de los
ataques del 11 de septiembre”, explicó el New York Times, aunque cabe mencionar que nunca
ha sido acusado de algún crimen.
El Times añadió que “si la evidencia de que el Sr.
Rahim trabajó directamente para al-Qaeda es fuerte, el gobierno puede
argumentar que la autoridad de tiempos de guerra continúa existiendo para que
su detención evite que regrese a la batalla, aunque guerra entre los Estados
Unidos y Afganistán haya terminado. Pero su abogada Cathi Shusky, defensora
federal de Ohio, argumentó que esa evidencia era débil”.
Como procedió a explicar el Times, “existe una
explicación razonable de que él no fue parte ni de al-Qaeda ni de los
talibanes”, dijo la Shusky, quien dijo que muchos detalles de este caso eran
clasificados, evitando que ella pudiera elaborar, aunque añadió que “existe
cierta torsión de la narrativa. Pienso que cuando los hechos sean revelados
completamente, mostrarán que su continua detención es ilegal”.
En su audiencia de PRB en el 2016, su representante
militar dijo que “se arrepentía de su pasado y quería regresar a sus dos
esposas y siete hijos en Afganistán”, añadiendo que “sus motivaciones no fueron
ideológicas”, sino que “hizo lo que hizo por dinero, para poder alimentar a su
familia”. Aunque su petición de habeas ha estado detenida por varios años, en
la fútil Esperanza de que el PRB recomiende su liberación, Sushky “dijo que
ella y otro abogado estaban planeando revivirla ahora en vista de la decisión
de retirarse de Afganistán”.
El vergonzoso caso Mohammed al-Qahtani
El otro caso que ahora está en las manos de Biden es
el de Mohammed al-Qahtani, quien tiene severos problemas psicológicos, pero que, sin embargo, fue víctima de un
extenuante programa de tortura en Guantánamo en el 2002, cuando las autoridades
estadounidenses se refirieron a él como el que iba a ser el veinteavo
secuestrador de los ataques del 11/9.
El marzo pasado, la jueza de distrito Rosemary Collyer concedió
una solicitud de los abogados de al- Qahtani “para obligar a los Estados
Unidos a aplicar la regulación del ejército [AR 190-8] diseñada para proteger a
los prisioneros de guerra y para crear ‘una comisión médica mixta’ compuesta de
un oficial médico del ejército y dos doctores de un país neutral escogidos por
el Comité Internacional de la Cruz Roja y aprobados por los Estados Unidos y
Arabia Saudita”, como explicó Carol Rosenberg para el New York Times.
La decisión fue
ratificada en agosto por la jueza Ellen Huvelle, que fue asignada al caso
después del retiro del juez Collyer. En respuesta, sin embargo, el 11 de enero
de este año (en el aniversario 19 de la apertura de la prisión en Guantánamo),
“el secretario de la Armada emitió un sorprendente memorándum”, como explicó Just Security,
“siempre y cuando la AR 190-8 ‘no es aplicable para ningún detenido de
Guantánamo’ sin importar la naturaleza de su reclamación y a pesar de cualquier
orden de tribunal que diga lo contrario, (incluido el Sr. al-Qahtani)”.
En su artículo más reciente, Jonathan Hafetz, Scott
Roehm y Hina Shamsi mencionaron que, el 25 de marzo, la víspera del primer
vencimiento de documentación de la administración de Biden en Al-Qahtani v. Biden, el
gobierno pidió una extensión “para permitirle a los nuevos oficiales el
considerar apropiadamente y valorar los asuntos y argumentos levantados en y en
relación a la oposición de la oposición del demandante a la Moción para
Reconsideración”. Mencionaron que esto “parecía ser una señal potencialmente
prometedora, por lo menos hasta el informe del gobierno en Ali”, y procedieron a declarar
“cómo proceder en Al-Qahtani debería de ser una decisión fácil. El gobierno de
Biden debería de hacer lo correcto, retirarse y transferir a Al-Qahtani. El
gobierno no discute la gravedad de la enfermedad mental del Sr. Al-Qahtani y
Arabia Saudita aceptaría su repatriación. Si se niega a hacerlo, el gobierno
debe dar la fácil y humana valoración médica que merece y después transferir al
Sr. Al-Qahtani si los expertos médicos independientes que conducirían la
evaluación determinan que la repatriación está justificada.
También explicaron que el memo de enero debe ser
rescindido y concluyeron, apropiadoramente, con una declaración que, aunque
“nadie cree que cerrar Guantánamo y ponerle fin a la detención militar
indefinida sería fácil”, no “es un problema irresoluble”, pero antes que nada
“el gobierno de Biden necesita dejar de entorpecer”, una opinión con la que estoy
de acuerdo incondicionalmente.
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