El enemigo interno: Cómo el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha pasado 19 años
defendiendo la detención arbitraria en Guantánamo
5 de octubre de 2021
Andy Worthington
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 28 de octubre de 2021
Activistas por el
cierre de Guantánamo afuera del Departamento de Justicia en Washington D.C el
11 de enero del 2015 en el aniversario 13 de su apertura. (Foto: Debra Sweet
via Flickr).
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Es una señal del fracaso crónico del sistema de
justicia estadounidense el conseguir algo que parezca justicia a los hombres
detenidos en Guantánamo que, casi veinte años después de que la prisión fuera
establecida para detenerlos, a la mayoría sin cargos ni juicio, aunque nunca
fueron adecuadamente evaluados cuando fueron capturados, abogados y jueces
todavía discuten acerca de si esos hombres tienen derecho alguno a ver la
supuesta evidencia que tiene el gobierno en su contra.
Específicamente, los argumentos involucran qué tanto,
si es que algo, la Cláusula de Proceso Debido de la Quinta Enmienda aplica a
los hombres en Guantánamo, en la que los participantes prominentes que resisten
su aplicación han sido, históricamente jueces en los tribunales de apelaciones
en Washington, D.C (el circuito de D.C) y los abogados de la División Civil del
Departamento de Justicia, quienes, bajo George W. Bush, Barack Obama y Donald
Trump y ahora bajo Joe Biden, han resistido extenuantemente los esfuerzos para
extender a los prisioneros en Guantánamo cualquier derecho significativo a
desafiar la base de su encarcelamiento.
En un nivel muy fundamental, estos argumentos nunca
deberían de haberse presentado en primer lugar. Hace tiempo, en una época
lejana, en Boumediene v. Bush, junio del 2008, cuando la Suprema Corte afirmó que
los prisioneros en Guantánamo tenían garantizado por la Constitución el derecho
para desafiar su detención vía un escrito de habeas corpus. La intención de la
Corte era que pudieran tener una “revisión significativa” de las razones de su
encarcelamiento, durante la cual el gobierno debería de presentar la evidencia
abiertamente y poder retarla.
Cómo destriparon a Boumediene
Sin embargo, como explicó Jonathan Hafetz, profesor de
derecho de la Universidad de Derecho Seton Hall en un artículo para Just Security el
1 de septiembre, “Desde Boumediene, tribunales inferiores han buscado interpretar la
dirección de la Suprema Corte para dar una “revisión significativa” al habeas
de detenidos en Guantánamo. Jueces de cortes distritales inicialmente
interpretaron esta revisión agresivamente insistiendo que el gobierno diera
evidencia real de que un detenido directamente estaba involucrado en
hostilidades (aquí hay un notable
ejemplo que resalta el tono y tenor del escepticismo judicial previo acerca
de la posición del gobierno defendiendo la detención) y dar ayuda de
habeas en casi sesenta por ciento de los casos”.
Como añadió Hafetz, sin embargo, “el circuito de D.C,
liderado por el juez A. Raymond Randolph, que abiertamente
denunció a Boumediene — drásticamente redujo esta revisión en una serie
de decisiones. Como resultado, más investigaciones judiciales de los
alegatos del gobierno — del tipo que parecía requerir Boumediene — fueron
reemplazadas por referencia a declaraciones basadas en rumores, de múltiples
niveles, en reportes de inteligencia gubernamentales y, más importante, a
expensas del uso de evidencia ex parte, que viola los principios de justicia fundamental y debilita
severamente la habilidad de los detenidos para poder desafiar
significativamente los alegatos del gobierno”.
Los dos años posteriores a Boumediene
marcaron la única ocasión en la que el proceso debido fue aplicado de
manera significativa en Guantánamo. Treinta y dos hombres recibieron orden de liberación por
jueces del tribunal distrital, habiendo descubierto que el gobierno había
fracasado en establecer que habían, en algunos sentidos importantes, estados
conectados con al-Qaeda o los talibanes. Sin embargo, los fallos del tribunal
de apelaciones terminaron bruscamente el periodo de aplicación de la ley y
desde el verano del 2010 ningún prisionero asegurado un fallo de habeas que
ordenara su liberación y la mayoría de los esfuerzos para hacerlo han sido abandonados.
Un fallo clave en este periodo fue Kiyemba v. Obama, con el
cual, como explica Tom Wilner, abogado que ha representado prisioneros en sus
casos ante la Suprema Corte, el tribunal decidió que “aunque los detenidos
podrían tener el derecho a una audiencia de habeas, no tienen derecho
constitucional al proceso debido”.
Tomó hasta el 2019 — y un cambio en la constitución
del tribunal de circuito de D.C bajo el presidente Obama — para que los jueces,
en Qassim v. Trump, un caso que involucraba al prisionero yemení Khalid
Qassim, “revertir este mandato de ocho años que ha evitado que los detenidos en
Guantánamo vean y refuten la supuesta evidencia que justificara sus
detenciones”, explicó
Tom Wilner, quien argumentó el caso. Los jueces fueron los nominados por Obama,
Patricia Millett, Cornelia Pillard y el juez Harry Edwards, asignado por el
presidente Carter en 1980; y como describe en un artículo
en junio, “otorgaron la petición de Qassim para revocar la negación de la
corte distrital a su petición de habeas corpus, enviando de vuelta al tribunal
menor ‘para que se condujera el procedimiento del Sr. Qassim de acuerdo con los
procesos que le darían una ‘revisión importante’ para la base de su
detención’”.
Desafortunadamente le caso de Qassim, desaparición
posteriormente en el cajón colectivo del tribunal inferior, aunque no fue el
fin de la lucha por el proceso debido. También expliqué en mi artículo:
[En mayo del 2020 el juez Millett escribió la opinión mayoritaria en
otro caso, Ali v. Trump, que involucraba a Abdul Razak Ali, un argelino, que
en el tribunal, como explicó
Linda Greenhouse, columnista del New York Times, “sostuvo que el tribunal de distrito había estado en
lo correcto al rechazar la petición de habeas del detenido, pero mal en hacerlo
tan categóricamente. El juez Millett observó que, si bien “el precedente del
circuito no ha resuelto comprensivamente la cuestión, ‘la decisión del tribunal
de que la Cláusula del Proceso Legal Debido es categóricamente inaplicable a
detenidos en Guantánamo fue extraviada’”.
Añadí que, aunque este fallo fue “un fallo
perfectamente razonable, provocó la furia” del juez Randolph que, como explicó
Greenhouse, “se rehusó a firmar el documento de Millet, acusándola de ignorar
lo que insistía era un claro precedente de la Suprema Corte que hacía inaccesible
la garantía del proceso legal debido a “enemigos extranjeros no residentes
detenidos por los Estados Unidos fuera del territorio soberano”.
También expliqué que:
Por otra parte, en septiembre del 2020, el juez
Randolph fue parte de un panel encabezado por la nominada de Trump, la jueza
Neomi Rao, en Al Hela v. Trump, un caso que involucraba a Abdulsalam al-Hela, un
empresario y político yemení supuestamente implicado con al-Qaeda, en el que, respondiendo
a la declaración de Al-Hela de que “el apoyo del gobierno en rumores anónimos
en los reportes de información que utiliza para justificar su continua
detención violaba su derecho de proceso legal”, la jueza Rao declaró que
“rechazamos los reclamos del proceso legal de Al Hela en la determinación
limitada que, como un extranjero detenido afuera del territorio soberano de los
Estados Unidos, no puede invocar la protección de la Cláusula”.
Greenhouse añadió que, “una nota a pie en su reporte
contenía la sorprendente aserción de que ‘nuestro tribunal ha adherido a Eisentrager (el
fallo de la Segunda Guerra Mundial en el que se basaron los oponentes del
proceso legal en Guantánamo) de que la Cláusula del Proceso Legal de la Quinta
Enmienda no aplica afuera del territorio estadounidense y por lo tanto no puede
ser invocado por detenidos en la bahía de Guantánamo”.
El tercer juez, Thomas Griffith, que ya se retire,
emitió una opinión separada en la que señaló que “nunca hemos hecho una
declaración tan de gran alcance acerca de la aplicación extraterritorial de la
Cláusula”, pero, como añadió Greenhouse, “la objeción fue inútil”.
La opinión del juez Griffith pudo haber sido “inútil”
en su momento, pero subsecuentemente resonó de manera exitosa, como una
apelación al fallo de la jueza Rao y un en blanc completo en el caso que
hoy es conocido como Al-Hela v. Biden, el 30 de septiembre. Puede ser, como argumentó
Jonathan Hafetz hace un mes, que “todo el Circuito de D.C pareciera estar
dispuesto a finalmente reconocer que la Cláusula aplica para detenidos en
Guantánamo”. Como explicó, “no sólo habían suficientes votos para desalojar
y revisar el fallo del panel a lo contrario, sino por el cambio de
administración presidencial, el gobierno estadounidense por sí solo dejó de
disputar la aplicación de la Cláusula”.
Esto suena prometedor, pero como añadió Hafetz, aunque
el gobierno de Biden — después de debates internos mencionados por el New York Times en
julio (ver aquí
y aquí)
— ya no disputa la aplicación de la Cláusula de Proceso Debido, está argumentando, en palabras
de Hafetz, que “el tribunal debe evadir el asunto fallando que el solicitante
ya recibió el proceso que debería de haber recibido bajo la Constitución,
incluyendo la “revisión significative” garantizada por la Cláusula de
Suspensión en Boumediene” — aunque esa posición tal vez ahora parezca
perjudicar su argumento de que ya no se opone a los derechos de proceso legal
en Guantánamo.
La audiencia en banc de Al-Hela
Mientras el tribunal claramente dejó de estar dominado
por ideología maligna de derechas como lo estaba cuando fue abatido el habeas
corpus hace una década, queda por verse si una mayoría de jueces apoyarían la
apelación de Al-Hela. Como reportó el Middle East Eye,
“mientras que algunos jueces muestran preocupación acerca de las opciones
legales limitadas disponibles para los detenidos en Guantánamo para desafiar su
detención, otros parecen cautelosos acerca de emitir un fallo constitucional radical”.
Más aún, la posición del Departamento de Justicia
sigue siendo tan intransigente como siempre. Buscando justificaciones para
seguir negándole cualquier derecho, la abogada del DOJ Sarah Harrington aprovechó
el hecho de que, en junio, un proceso de revisión en Guantánamo — Juntas
de revisión periódica — aprobó
su liberación. Harrington ignore el principio de proceso legal debido
enfocándose limitadamente en el caso particular de al-Hela, declarando que,
debido a que las negociaciones iban a asegurar su transferencia a su país “no
veo apropiado que el tribunal intente imponerse sobre las negociaciones que se
están llevando a cabo”, reportó The Hill,
mencionando que ella añadió que cualquier fallo por parte del tribunal “serían
sólo palabras sobre papal y no creo que tendrían algún efecto”.
Como reportó el Washington Post, varios de estos
jueces tenían preguntas de pruebas para los abogados del DOJ, aunque ninguna de
ellas pareció ser adecuadamente tomada. Varios jueces “preguntaron cómo el
final de la guerra en Afganistán afectaría su continua detención”,
específicamente la jueza Judith Rogers preguntando a Harrington “¿No niegas que
las circunstancias han cambiado dramáticamente?” a lo cual Harrington contestó
que, aunque las condiciones cambiaron “Biden y sus líderes militares han dejado
claro que continúan los conflictos con al-Qaeda y fuerzas asociadas y que la
detención de Hela sigue siendo legal” — aunque eso contradice la decisión del
PRB de que al-Hela debería ser liberado porque no representa ninguna amenaza
para Estados Unidos.
Como también se explicó por el Post, “muchos jueces, incluyendo [Ketanji Brown] Jackson, nombrado por Biden y Robert L.
Wilkins, nominado de Obama, también expresaron su preocupación acerca del
sistema actual que permite que el gobierno comparta cierta evidencia
confidencial en contra de un detenido sólo con le juez que preside y no con el
abogado del detenido”. The Hill también se dio cuenta de esto,
mencionando que el juez Millet “había cuestionado al abogado de la
administración de Biden acerca de la posición de que los detenidos tienen
sólidas oportunidades para presentar pruebas legales cuando sus abogados
defensores tienen prohibido ver información clasificada que pudiera ser
considerada evidencia importante”, preguntando, “¿Cómo puede ser este un
proceso remotamente justo en el punto de vista del DOJ” de la Constitución? Ignorando
lo específico de la pregunta de Millett — acerca de retener evidencia que
golpea el corazón de las preocupaciones del proceso legal — el gobierno, según
el Post “tomó un paso inusual al presentar una carta ante el tribunal” — varias
horas después de haber terminado el argumento” — “para aclarar cualquier
impresión de error de la audiencia de que alguna vez hubo evidencia tan
altamente sensible que tuvo que haber sido escondida del juez también”.
La carta del senador Dick Durbin al fiscal general Merrick Garland
La posición del Departamento de Justicia, fundamentalmente, continúa permaneciendo junto a la posición declarada del
gobierno de no aceptar la posición de la jueza Rao de que los derechos del
proceso legal no deben ser extendidos a hombres en Guantánamo y, a este punto,
no sólo vale la pena recordar los muchos años en los que los abogados del DOJ
hicieron todo lo posible por mantener a los hombres en Guantánamo, sino ver
específicamente la
carta que el senador Dick Durbin (D-IL), jefe del Comité Judiciario del
Senado, le envió al fiscal general Merrick Garland en julio pidiéndole al
Departamento de Justicia “reconsiderar su enfoque sobre la detención continua
en la bahía de Guantánamo”.
El senador Durbin escribió:
Lo exhorto a asegurar que el enfoque del Departamento de Justicia acerca
de la continua detención en la base naval estadounidense en Guantánamo refleje
los valores de nuestra nación. La detención indefinida es antiética con los
ideales de libertad sobre los cuales se fundaron los Estados Unidos de América.
Cada día que permanece abierta la prisión, su existencia llama a la cuestión de
nuestro compromiso con los derechos humanos y el estado de derecho.
Desafortunadamente, por casi dos décadas, los abogados de las ramas
ejecutivas, los legisladores y los tribunales han continuado a racionalizar la
detención indefinida en Guantánamo con numerosas teorías legales y
justificaciones. El resultado a este enfoque es que hemos continuado a detener a
docenas de hombres sin cargos, ni juicio ni acceso al proceso legal debido”.
Añadió que:
Por años, el departamento ha buscado teorías legales para justificar la
detención hasta el final de una guerra que no tiene término definitivo, le
detención como “enemigos combatientes” de individuos que no suponemos tomaron
armas en contra de nosotros, la negación de incluso protecciones básicas de
procesos legales. Más aun, el departamento se ha opuesto frecuentemente a
peticiones de habeas de detenidos que están viejos, enfermos o que ya han sido
aprobados para ser liberados.
Las posiciones legales del departamento deberían de reflejar el
compromiso de nuestra nación con la libertad y el estado de derecho,
reconociendo que nuestra nación es más fuerte cuando se adhiere al corazón de
nuestros valores. Las posiciones legales o argumentos que podrían haber estado
justificados en alguna ocasión con las consecuencias del 11/9 deben ser
consideradas con las circunstancias actuales. Mientras nos acercamos al
aniversario veinte de esos ataques y con la retirada de las tropas
estadounidenses de Afganistán, el departamento debería revisar sus posiciones y
argumentos en relación a la autoridad continua para detener hombres sin cargos
ni juicios y sin proceso legal debido, en Guantánamo.
Pero de manera más inminente, el departamento debería revisar su
argumento de que los detenidos no tienen derecho a proceso legal debido. Por
casi dos décadas, nuestra nación ha fracasado en dar proceso legal a detenidos
en Guantánamo, cayendo en el uso de rumores poco confiables y forzados o en el
uso de evidencia derivada de la tortura y en una carga vergonzosamente baja de
pruebas que ha hecho casi imposible que los detenidos ganen casos que desafíen
su detención; obstaculizando significativamente los esfuerzos para cerrar la prisión.
Refiriéndose a la entonces próxima audiencia de Al-Hela, el senador Durbin dijo que
el Departamento de Justicia “tiene la posibilidad y la responsabilidad de
ajustar su curso”. Añadiendo que:
En su decisión del 2008 en Boumediene v. Bush, la Suprema Corte sostuvo
que la Cláusula de Suspensión de la Constitución aplicaba para Guantánamo,
permitiendo a los detenidos desafiar la legalidad de su detención a través de
habeas corpus. Al llegar a esta conclusión, la Suprema Corte aplicó su enfoque
duradero para determinar la aplicabilidad de la Constitución para no ciudadanos
afuera de los Estados Unidos y sostuvo que “en casa sentido práctico,
Guantánamo no está en el extranjero, sino dentro de la constante jurisdicción
de los Estados Unidos”.
La Suprema Corte no falló directamente sobre la aplicación de la
Cláusula de Proceso Legal para los detenidos en Guantánamo en Boumediene, pero en
su razonamiento, la Corte aplicó con igual fuerza a ese asunto, dadas las
relaciones cercanas entre habeas y derechos de proceso legal. Como se mencionó
en Hamdi v. Rumsfeld (en junio del 2004), el mandato de habeas corpus
puede es usado “como un mecanismo de revisión judicial” y la Cláusula “informa
el contorno de proceso de ese mecanismo para esas instancias”.
Ya pasó mucho tiempo para que el Departamento reconsiderara su enfoque a
la aplicabilidad de las salvaguardias básicas del proceso legal para los
hombres que permanecen encarcelados sin cargos ni juicio en Guantánamo, así
como otras posiciones que ayuden a perpetuar esta mancha moral sobre nuestra nación.
Tristemente, la audiencia de la semana pasada mostró
que el Departamento de Justicia no parece haber tomado propiamente las críticas
del senador Durbin, refutando la posición de la jueza Rao sobre el proceso
legal no aplicable en Guantánamo en un sentido fundamentalmente irrelevante. La
posición del Departamento de Justicia acerca de al-Hela — o de cualquier otro
detenido en Guantánamo sin importar — de que “ya recibió todo el proceso que
hubiera tenido bajo la Constitución, incluyendo la ‘revisión significativa’
garantizada por la Cláusula de Suspensión bajo Boumediene, como describió
Jonathan Hafetz es simplemente falso, ya que la destrucción legal de la
última década muestra, y el Departamento de Justicia debería estar avergonzado
por esto, un periodo de casi veinte años, una procesión de obstáculos sin
excusas que evitaron que la justicia fuera entregada a los hombres detenidos en Guantánamo.
Como me explicó Tom Wilner después de la audiencia,
“el concepto del proceso legal debido es derecho. Son los procesos y
procedimientos desarrollados a través de siglos bajo la ley común que asegura
que cualquiera que sea privado de su libertad tiene la oportunidad justa de refutar
los cargos en su contra. Es, tal vez, la protección más fundamental de libertad
individual de la ley anglo-americana, incorporada directamente en la
Constitución estadounidense. El cumplimiento de esos procedimientos — del
proceso legal debido — es la esencia del estado de derecho. Cualquiera que sea
privado de eso, por definición está siendo privado de procedimientos necesarios
para asegurar que tenga una oportunidad justa para debatir los cargos en su contra”.
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