La continua e injustificada persecución de Julian Assange
9 de septiembre de 2020
Andy Worthington
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 15 de septiembre de 2020
Un vehículo
con el mensaje ‘Don’t extradite Assange’ (“No extraditen a Assange, el
periodismo no es un crimen”), fotografiado el día de hoy, septiembre 9, 2020, en
Waterloo (Foto: Andy Worthington).
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Una lucha enormemente importante para la libertad de prensa actualmente
está tomando lugar en el Old Bailey, en Londres en donde, el lunes, tres
semanas de audiencias comienzan en relación a la propuesta de extradición a los
Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange. En el 2010 y 2011,
WikiLeaks publicó documentos filtrados por un miembro activo del ejército
estadounidense, Bradley, hoy Chelsea Manning, que expusieron evidencia
de crímenes de guerra cometidos por los Estados Unidos, en este caso de mi
área de especialidad, Guantánamo.
Las revelaciones de Guantánamo estaban contenidas en archivos militares
clasificados relacionados con la mayoría de los 779 hombres que estuvieron
detenidos en la prisión por el ejército estadounidense desde que ésta abrió en
enero del 2002, que, por primera vez, explícitamente revelan lo profundamente
poco confiable que es la supuesta evidencia en contra de los prisioneros, la
mayoría siendo producto de los prisioneros que dieron numerosas declaraciones
falsas en contra de otros prisioneros. Yo trabajé con WikiLeaks como socio
informativo para la publicación de los archivos de Guantánamo (conocidos en
inglés como los Guantánamo Files) y el resumen de la importancia de los
expedientes puede ser encontrado en el artículo que escribí cuando fueron
publicados titulado WikiLeaks Reveals
Secret Guantánamo Files, Exposes Detention Policy as a Construct of Lies (“Wikileaks revela los archivos secretos de Guantánamo, expone política
de detención como una construcción de mentiras”).
Debo añadir que soy uno de los testigos de la defensa que aparecerá en
la corte en algún momento de las próximas semanas para discutir la importancia
de los expedientes de Guantánamo. Ver
este aporte de Kevin Gosztola de Shadowproof enlistando los
testigos que serán parte, incluidos el profesor Noam Chomsky, Jameel Jaffer,
director ejecutivo de Knight First Amendment Institute en la Universidad de
Columbia, el periodista John Goetz, Jakob Augstein, Emily Dische-Becker y Sami
Ben Garbia, los abogados Eric Lewis y Barry Pollack, y la Dr. Sondra Crosby, una
doctora que examinó a Assange en la embajada ecuatoriana en Londres en donde
vivió casi siete años después de que el asilo le fuera otorgado en el 2012.
El caso de la defensa (ver aquí
y aquí)
y el de la acusación (ver aquí)
han sido hechos disponibles por Bridges for Media Freedom,
que “trabaja para educar al público y a los principales interesados
acerca de amenazas a la libertad de los pedios en todo la esfera de reportaje
moderno digital” y la organización también está haciendo que las declaraciones
y horarios de testimonios estén disponibles, a la fecha, el profesor
estadounidense de periodismo de transmisión Mark Feldstein (ver aquí y aquí),
el abogado Clive Stafford Smith, fundador de Reprieve (ver aquí),
Paul Rodgers, profesor de estudios de la paz en la Universidad de Bradford (ver
aquí)
y Trevor Timm de la Freedom of the Press Foundation (ver aquí).
A pesar de todo esto, y las semanas de testimonios por parte de expertos, por venir, la verdad
contundente es que estas audiencias no deberían estarse realizando en lo
absoluto. Al hacer que los documentos filtrados por Chelsea Manning sean
públicamente disponibles, WikiLeaks actuó como un editor y, mientras que a los
gobiernos obviamente no les gusta la evidencia publicada en relación a sus
secretos y crímenes, una de las diferencias definitivas entre una sociedad
supuestamente libre y una dictadura es que, en una sociedad libre, aquellos que
publican documentos filtrados críticos de sus gobiernos no son castigados a
través de medios legales por hacerlo. En los Estados Unidos, la Primera
Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de expresión, tiene como
objetivo prevenir lo que actualmente está ocurriendo en el caso de Julian Assange.
Además, al publicar los documentos filtrados por Manning, Assange y
WikiLeaks no trabajaron solos, en lugar de eso, trabajaron de cerca con un
número de prestigiosos periódicos para que, si fuera a suceder que Assange y
WikiLeaks fueran acusados de actividad criminal, entonces también fueran
acusados los editores del New York Times,
el Washington Post, el Guardian y todos los otros
periódicos alrededor del mundo que trabajaron con Assange en la publicación de
estos documentos, como expliqué cuando arrestaron a Assange el año pasado en
los artículos titulados Defiende a Julian
Assange y a WikiLeaks: la libertad de prensa depende de eso y Stop the Extradition:
If Julian Assange Is Guilty of Espionage, So Too Are the New York Times, the
Guardian and Numerous Other Media Outlets y en febrero de este año en el artículo A Call for the
Mainstream Media to Defend Press Freedom and to Oppose the Proposed Extradition
of Julian Assange to the US.
La supuesta base de los Estados Unidos para proceso legal en contra de
Assange es el Ley de Espionaje de 1917, que ha sido ampliamente criticada. En un
reporte del 2015 por el fondo PEN Centro Americano, como explica Wikipedia que “casi todos de los representativos no gubernamentales que
entrevistaron, incluidos activistas, abogados, periodistas e denunciantes
pensaron que la Ley de Espionaje había sido utilizada inapropiadamente en casos
de filtraciones que tienen un componente de interés público´”. Como explicó PEN
“expertos la describen como un ‘instrumento demasiado obtuso, agresivo, general
y supresor’, una ‘herramienta de intimidación’, ‘escalofriante de libertad de
expresión’ y un ‘vehículo pobre para enjuiciar filtradores e informantes’”.
El ex presidente Obama consideró buscar la extradición de Julian
Assange, pero correctamente concluyó que hacerlo constituiría un asalto sin
precedentes e inaceptable contra la libertad de prensa. Como explicó Charlie
Savage en un artículo del New York Times
cuando Assange fue acusado, la administración de Obama “puso
en la balanza acusar al Sr. Assange, pero rechazó tomar ese paso por miedo a
que intimidara al periodismo investigativo y que pudiera caer en lo inconstitucional”.
Donald Trump y su gobierno, sin embargo, no tuvo esos escrúpulos, y
cuando decidieron proceder con la solicitud de extradición para Assange, el
gobierno británico permitió que su desprecio por el fundador de WikiLeaks
invalidara lo que debió de haber sido su propia defensa de la libertad de los
medios para publicar material que es de interés común pero que los gobiernos
tal vez no quisieran publicar, como parte del funcionamiento necesario de una
sociedad que reconoce la necesidad para revisión y balance del poder absoluto,
en lo cual los medios pueden y deben jugar un rol mayor.
A pesar del obvio ataque a la libertad de prensa que el caso de Assange
representa, el gobierno de los Estados Unidos, y presumiblemente sus
partidarios en el gobierno británico, pretenden que el caso se trate de
actividad criminal de parte de Assange en relación a la obtención de
información que posteriormente publicaría y la seguridad de la gente cuyos
nombres en los archivos que fueron revelados.
El primero de estos cargos, desprecintado el día en el que Assange fue
arrestado (11 de abril del año pasado), alega que intentó ayudar a Manning a
hackear en una computadora del gobierno para evitar detección, un cargo que
tiene un máximo de cinco años de sentencia, que había sido actualmente incluido
en el juicio de Manning.
Sin embargo, los 17 cargos de espionaje cubrieron nuevo territorio,
“enfocados”, como describió Charlie Savage, “en un bonche de expedientes que contenían
nombres de gente que dio información a Estados Unidos en lugares peligrosos
como las zonas de guerra en Afganistán e Irak y los Estados autoritarios como
China, Irán y Siria”.
Como añadió Savage, “la evidencia mostrada en la acusación en contra del
Sr. Assange, mapeó en la información presentada por los fiscales militares en
el juicio de la corte marcial de la Sra. Manning. Los fiscales en su caso
también alegaron que sus acciones pusieron en peligro a la gente cuyos nombres
fueron revelados en los documentos que el Sr. Assange publicó, aunque no
presentaron evidencia alguna de que alguien haya sido asesinado como resultado
de ello”.
El último punto, seguramente será crucial, pero Savage notó que un
oficial del Departamento de Justicia “declinó decir si existía evidencia alguna
ahora, pero destacó que los fiscales necesitarían probar en corte únicamente lo
que decía la acusación: la publicación puso en peligro a algunas personas”.
Si lo extraditan y enjuician exitosamente, Assange enfrenta una sentencia
de 175 años, lo cual me parece excesivamente indignante por “poner gente en
peligro”, pero igual todo en este caso es excesivo, no menos en la manera en la
que el gobierno de Estados Unidos cree tener el derecho de cambiar las reglas
cuando le pare.
En junio, por ejemplo, Estados Unidos retiró la acusación existente y
presentó una nueva, con reclamaciones adicionales de que Assange había
intentado reclutar otros hackers, como si presentar una inculpación directa
como esta fuera un comportamiento perfectamente normal, cuando es todo lo contrario.
La audiencia de extradición que comenzó el lunes y uno de sus abogados, Mark
Summers QC, llamó a la entrega de la acusación directa “anormal, injusta y responsable
por crear verdadera injusticia”. Como explicó el Guardian,
Summers dijo que material original “había aparecido de la nada” y
“presentaba acusaciones extras de criminalidad que decía que por sí solas
podrían representar bases separadas par la extradición como el robo de
información de bancos, obtener información gracias al rastreo de vehículos
policiacos y la supuesta ‘ayuda al informante Edward Snowden en Hong Kong”.
Como explica Summers, “esta es una solicitud de extradición
esencialmente fresca” que fue, dijo “presentada con poco aviso en un momento en
el que Assange fue “inhibido” para hablar son sus abogados”. También dijo que
Assange y sus abogados creen que el material adicional fue introducido en un
acto de desesperación porque “los Estados Unidos vieron fuerza en el caso de la
defensa y pensaron que ellos iban a perder”. Le preguntó a la jueza Vanessa
Baraitser “que eliminara o desestimara estas acusaciones extras retrasadas” y
también buscó retrasar la audiencia de extradición, pero ella rechazó hacerlo.
Queda ver si, mientras progresa el caso, aquellos que defienden a
Assange pueden lograr persuadir a la jueza a negarle a los Estados Unidos la
solicitud de extradición”. Parece poco probable, pero un aspecto fundamental
del tratado de extradición es que supuestamente no se puede hacer por motivos
políticos, aunque eso es lo que el gobierno estadounidense parece estar
diciendo, particularmente en su uso de la Ley de Espionaje. Así como explicó
otro de los abogados de Assange, Edward Fitzgerald QC, en el argumento
defensivo, que él mismo escribió, la persecución de Assange “está continuando
por motivos políticos y no en buena fe”.
Como explicó posteriormente, “la solicitud de Estados Unidos busca la
extradición por lo que es una clásica ‘ofensa política’. La extradición por una
ofensa política está expresamente prohibida en el artículo 4(1) del tratado
anglo-estadounidense de extradición. Es por esto que constituye un abuso del
proceso de esta corte el hecho de solicitar la extradición en base a este
tratado en violación a las previsiones del tratado”.
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