"Los presos liberados de Guantanánamo deberían poder pedir una
compensación"
Parte 2:
P+DH [periodismo +
derechos humanos]
22 de julio de 2009
Segunda y última parte de la entrevista que el periodista británico Andy Worthington ha
concedido en exclusiva a P+DH [periodismo + derechos humanos].
Tras la primera parte, publicada
el lunes, esta segunda entrega se centra en el futuro de los ex prisioneros de
Guantánamo liberados, una cuestión que tiene una especial relevancia en España,
que acogerá a algunos de ellos.
Carlos Sardiña: Algunas fuentes del Pentágono
declararon este año que uno de cada siete prisioneros liberados de Guantánamo
“regresa al terrorismo”. Algunos están utilizando esa supuesta
reincidencia para justificar su oposición al cierre de la prisión y a la
liberación de los prisioneros y todo ese asunto ha provocado una enorme controversia. ¿Qué piensas de ese supuesto nivel de
reincidencia?
Andy Worthington: Como expliqué en un artículo poco después de que el New York Times
publicara en primera plana la noticia que ofrecía aquella estadística, “en
seguida surgieron voces críticas –básicamente quienes conocían el excelente
trabajo que realizó la Facultad de Derecho de la Universidad de Seton Hall
desmontando los informes del Pentágono sobre la ‘reincidencia’ (PDF)– que denunciaron aquella noticia”. También escribí: “El
28 de mayo, el Times brindó a Peter Bergen y Katherine Tiedemann, de la
New America Foundation, la oportunidad de escribir una columna en respuesta al artículo de Bumiller, en el que
concluían, a partir de un análisis del informe (PDF), que era más probable que la tasa de reincidencia se
situara ‘en torno al 4 % de los 534 hombres puestos en libertad’ (basándose en
el hecho de que ‘era posible confirmar de forma independiente la participación
de doce ex prisioneros en atentados terroristas contra objetivos estadounidenses
y había otros ocho sospechosos de tomar parte en esos actos’)“.
En cualquier caso, los informes de la Facultad de Derecho de Seton Hall son
la mejor fuente disponible para desmontar los mitos del Pentágono. Recomiendo su
último informe (PDF, que ofrece pruebas concluyentes de que los numerosos
informes publicados por el Pentágono a lo largo de los años no son más que
propaganda. Fue penoso que el New York Times se dejara engañar con tanta
facilidad.
Carlos Sardiña: En España cobra una especial relevancia el tema de los
presos inocentes de Guantánamo que van a ser liberados en terceros países. El caso de los uigures chinos es quizá el más famoso y el más
representativo. Hace mucho tiempo que el ejército estadounidense declaró que no
son “combatientes enemigos”, pero no pueden volver a China, donde se
enfrentarían a torturas, o incluso a algo peor. Sin embargo, el gobierno
estadounidense se niega a aceptar en su propio territorio a esos y otros
prisioneros declarados inocentes incluso después de que un juez ordenara el año pasado que se
permitiera entrar a 17 uigures en Estados Unidos y haya allí comunidades de
compatriotas dispuestas a acogerlos. ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos se
niega con tanta terquedad a aceptar la entrada en su territorio de unos
prisioneros cuya inocencia está más allá de toda duda razonable?
Andy Worthington: Los jueces que anularon el valiente y justo fallo
del juez Ricardo Urbina que acabas de citar pertenecen al Tribunal de
Apelaciones, cuyo carácter conservador es bien conocido, por lo que no es
sorprendente que lo anularan. En cualquier caso, lo más preocupante de la
postura de Obama es que pone de relieve, casi más que ninguna otra, que a veces
le falta coraje cuando es más necesario.
En lugar de recusar al tribunal de apelaciones y/o ordenar la liberación de
los uigures en Estados Unidos cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, vaciló y
permitió que Dick Cheney y otros políticos en activo iniciaran una campaña para
asustar y desinformar sobre los prisioneros de Guantánamo que no sólo hizo
imposible trasladar a los uigures a Estados Unidos, y permitió a algunos
políticos imponer sus condiciones a los planes de Obama para cerrar Guantánamo,
sino que también hizo que Obama perdiera gran parte de la iniciativa necesaria
no sólo para vender sus planes de desmantelamiento, sino para asegurarse de que
el pueblo estadounidense conociera en toda su magnitud las políticas erróneas de
la administración Bush, que supusieron el encarcelamiento ilegal de casi 800
hombres, la mayoría de los cuales no tenía ninguna relación con al-Qaeda o el
terrorismo internacional.
Carlos Sardiña: ¿Podría el gobierno estadounidense enfrentarse a
problemas legales si esos hombres entraran alguna vez en Estados Unidos y
decidieran pedir que se hiciera justicia en el sistema judicial
estadounidense?
Andy Worthington: No parece que eso vaya a suceder, pero me atrevería
a decir que cualquier persona a la que se libere en cualquier parte del mundo
debería poder pedir, en algún momento, una compensación por lo que le ha
ocurrido.
Carlos Sardiña: Se sabe que España aceptará a cuatro o cinco ex
prisioneros de origen tunecino y argelino. Se ha dicho que los prisioneros liberados en España disfrutarán de libertad de
movimientos dentro del país, aunque estarán vigilados, pero no podrán viajar al
extranjero. ¿Cuál será la situación legal de los prisioneros liberados en
terceros países? ¿Cuáles son las responsabilidades de los países de acogida, y
especialmente de España, con respecto a ellos?
Andy Worthington: Yo creo que no cabe esperar que ningún país esté
dispuesto a aceptar a prisioneros declarados inocentes a no ser que los
gobiernos de esos países tengan la certeza de que no son peligrosos. Eso es
parte del problema en este momento, ya que la administración Obama no está
dispuesta a admitir, como debería, que no ha logrado demostrar que la mayoría de
los hombres encarcelados en Guantánamo tenga alguna vinculación con el
terrorismo, porque la mayoría de ellos fueron capturados por sus aliados afganos
o pakistaníes en una época en la que estaban a la orden del día las recompensas,
de 5.000 dólares de media por cabeza, a cambio de “sospechosos de al-Qaeda o
talibán” y porque la mayor parte de las llamadas “pruebas” que el gobierno
esgrime en su contra proceden de interrogatorios a otros prisioneros, a los
cuales, como han mostrado las apelaciones de habeas corpus, a menudo se torturó,
coaccionó o sobornó para que hicieran declaraciones intrínsecamente poco
fiables. Es necesario que los potenciales países de acogida entiendan estos
hechos para que puedan comprender realmente por qué los funcionarios de los
servicios secretos han afirmado durante años que sólo dos o tres decenas de
prisioneros han tenido alguna relación con el terrorismo y también es necesario
que recuerden que muy pocos ex prisioneros han causado algún problema y que, por
lo general, los países occidentales nunca se han implicado en el gasto inútil de
mantener bajo vigilancia a presos liberados. Sin embargo, sigo creyendo que este
proceso sería mucho más fácil si Estados Unidos asumiera la responsabilidad de
algunos de sus errores.
Carlos Sardiña: ¿Van a recibir los países de acogida algo del gobierno
estadounidense a cambio?
Andy Worthington: Creo que cabe esperar que se produzcan negociaciones
entre bastidores…
Carlos Sardiña: En España, el principio de jurisdicción universal podría permitir a los ex prisioneros demandar al gobierno
estadounidense pero, cediendo a la presión diplomática, las leyes que lo recogen van a ser seriamente recortadas, lo
que va a hacer imposible emprender algunas acciones legales contra el gobierno
de Estados Unidos. ¿Hay algún lugar en el que los prisioneros liberados tengan
la posibilidad de emprender acciones legales contra sus captores? ¿Existe algún
trato entre los países de acogida y Estados Unidos para evitar que pueda suceder
algo así?
Andy Worthington: No soy un experto en la materia, pero tengo
entendido que algunos países pueden emprender acciones legales contra
funcionarios de alto rango. No obstante, lo que más me interesa es si el
gobierno de Obama –o, más concretamente, el fiscal general Eric Holder, puesto
que es su responsabilidad– va a designar a un fiscal independiente para que
investigue los crímenes de la administración Bush, como se ha insinuado en los
últimos días (véase mi al respecto).
Sabemos que Obama es reacio a hacerlo pero, como ya he dicho, en última
instancia no es cosa suya y la cruda realidad es que si Holder no investiga los
delitos de la administración Bush (porque la tortura es un delito según la ley
estadounidense), habrá demostrado que los funcionarios estadounidenses de más
alto rango pueden quebrantar tantas leyes como se les antoje siempre y cuando
acaben dejando su cargo al final del mismo, y eso, simplemente, no es
aceptable.
—
NOTA: Pocos días después de la realización de
esta entrevista el periodista Sami
Al Hajj (un cámara de Al Yazira al que las autoridades
estadounidenses mantuvieron seis años encerrado en Guantánamo sin presentar
nunca cargos en su contra y que fue liberado en mayo 2008) anunciaba
su intención de presentar junto a otros antiguos prisioneros una
demanda conjunta contra George Bush y otros altos cargos de su administración
por la detención ilegal y las torturas que sufrieron durante su cautiverio en
Guantánamo. Para ello, han creado una nueva organización llamada Guantánamo
Justice Centre, con sede en Ginebra y dirigida por el ex-prisionero británico
Moazzam
Begg, que se dedicará a reunir las pruebas necesarias y estudiará
la mejor manera de demandar a la administración Bush, lo que probablemente harán
en un tribunal europeo.
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