10 años después: El "Informe Tortura" de la
CIA y el déficit de rendición de cuentas de Estados Unidos
09 de diciembre de 2024
POR YUMNA RIZVI, COLABORADORA DE OPINIÓN
The Hill
En esta foto revisada por oficiales militares estadounidenses, una bandera ondea a media asta en honor de los
miembros del servicio estadounidense y otras víctimas muertas en el ataque
terrorista en Kabul, Afganistán, vista desde Camp Justice en la Base Naval de
la Bahía de Guantánamo, Cuba, 29 de agosto de 2021. El primer investigador
independiente de la ONU que visita el centro de detención estadounidense de
Guantánamo afirmó el lunes 26 de junio de 2023 que los 30 hombres allí
recluidos están sometidos "a continuos tratos crueles, inhumanos y
degradantes según el derecho internacional." (AP Photo/Alex Brandon, Archivo)
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Hoy se cumplen 10 años de la publicación del resumen ejecutivo de 500 páginas
fuertemente redactado del histórico informe del
Comité de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, tras su investigación
sobre el programa de detenciones e interrogatorios de la CIA tras el 11 de septiembre.
También conocido como el "Informe Tortura", tiene más de 6.000 páginas. Adam Driver
protagonizó una película sobre él. Pero prácticamente nadie lo ha leído.
Permanece clasificado y protegido del escrutinio público y la rendición de cuentas.
Es uno de los reconocimientos más significativos de que Estados Unidos utiliza la tortura. Sin embargo, sus
lecciones siguen siendo ignoradas de forma flagrante.
La publicación del sumario en 2014 fue un momento sísmico, que ofreció una visión desgarradora de la crueldad sistémica
de un programa justificado bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo.
En él se confirmaba
el uso generalizado de técnicas de tortura contra los detenidos, como el
submarino, los simulacros de ejecución y la alimentación rectal.
También puso de relieve los fracasos
del programa. En contra de lo que afirmaba la CIA, las denominadas técnicas de
"interrogatorio mejorado" no produjeron ningún resultado de
inteligencia procésale. A pesar de ello, no se procesó a ninguna de las
personas que practicaron, autorizaron o encubrieron torturas. No se reparó el
daño causado a las víctimas.
El aniversario del sumario llega en un momento significativo. Mañana es el 40 aniversario de la Convención
de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, que Estados Unidos ratificó en 1994. La Convención
reafirma la prohibición absoluta de la tortura, en cualquier circunstancia,
incluso durante la guerra. También consagra el derecho de los supervivientes a
reparación y rehabilitación.
En aquel momento, el Presidente Barack Obama, que puso fin
al uso de técnicas de interrogatorio mejoradas, dijo:
"Una de las fortalezas que hace excepcional a Estados Unidos es nuestra
voluntad de enfrentarnos abiertamente a nuestro pasado, afrontar nuestras
imperfecciones, hacer cambios y mejorar."
Sin embargo, con respecto a la tortura posterior al 11-S, Estados Unidos ha eludido persistentemente sus obligaciones.
Los supervivientes de la tortura estadounidense, incluidos los liberados sin
cargos tras años de detención, se han enfrentado a obstáculos para obtener la
reparación a la que tienen derecho.
Los ex detenidos denuncian traumas
duraderos por el trato recibido, pero a menudo permanecen atrapados en un limbo
jurídico, sin acceso a una atención médica adecuada. Algunos siguen
languideciendo en detención indefinida en Guantánamo. Para los
supervivientes, la justicia es un horizonte cada vez más lejano.
Hasta ahora, la única apariencia de justicia para los supervivientes ha sido a través de sus propios esfuerzos.
El mes pasado, en un veredicto histórico en Al Shimari, et al. contra CACI,
un jurado federal declaró a un contratista del gobierno, CACI Premier
Technology, Inc. responsable de su papel en la tortura de tres hombres iraquíes
en la prisión de Abu Ghraib, concediendo 42 millones de dólares en daños y
perjuicios. Este veredicto se produjo tras más de 16 años de litigio y más de
20 intentos de desestimación por parte del contratista. Fue el primer
caso de este tipo que llegó a los tribunales.
Sin embargo, en los casos presentados por supervivientes contra el gobierno, éste ha invocado el privilegio
del secreto de Estado para proteger información de seguridad nacional o
bien ha solicitado inmunidad.
Además, Estados Unidos no ha exigido responsabilidades a los artífices del
programa de tortura. El ex presidente George W. Bush, el
vicepresidente Dick Cheney
y otros funcionarios no se han enfrentado a consecuencias legales.
Este vacío de responsabilidad tiene implicaciones mundiales.
La tortura prospera en ausencia de rendición de cuentas. Al negarse a reconocer sus actos, Estados Unidos socava
su credibilidad a la hora de condenar las violaciones de los derechos humanos
en el extranjero y perjudica
las relaciones con sus aliados. China calificó el informe de prueba de la
"pura
hipocresía" de Estados Unidos. Irán lo calificó de "símbolo
de la tiranía". Rusia lo citó como prueba de "violaciones
sistémicas de los derechos humanos".
También anima a otras naciones a utilizar justificaciones similares para la tortura y otros abusos con el pretexto de la
seguridad nacional. Entre 2006 y 2010, el entonces relator especial de la ONU
sobre la tortura, Manfred
Nowak, informó de los problemas que planteaban las políticas
estadounidenses a la hora de abordar el historial de derechos humanos de los
países. Relató una "clara
declaración" del portavoz parlamentario de Jordania de que si Estados
Unidos aprobaba oficialmente la tortura, otras naciones se sentían justificadas
para hacer lo mismo. Sus sucesores
se enfrentaron
a retos similares.
Tras la liberación, el ex relator especial sobre la tortura, Juan
Méndez, y el ex relator especial de la ONU sobre la lucha contra el
terrorismo y los derechos humanos, Ben Emmerson, pidieron que se procesara a los
funcionarios estadounidenses.
Esta falta de rendición de cuentas tiene un profundo coste moral y estratégico. Al no afrontar la verdad de sus acciones
tras el 11-S, Estados Unidos perpetúa una cultura de impunidad.
La medida más significativa adoptada tras el sumario fue la promulgación bipartidista de la Enmienda
McCain-Feinstein de 2015, que prohibía la tortura y cualquier forma de
trato cruel, inhumano o degradante durante los interrogatorios por parte de las
agencias estadounidenses, y convertía el Manual de Campo sobre Interrogatorios
del Ejército de Estados Unidos en la norma única para todos los interrogatorios
del gobierno estadounidense. Pero no ha habido ningún cambio significativo más
allá de eso.
Estados Unidos debe tomar medidas concretas para hacer frente a su incapacidad para reconocer el programa de tortura. En
primer lugar, debe desclasificar el informe completo del Senado, dando a los
supervivientes, a sus familias y al público la transparencia que merecen. En
segundo lugar, debe proporcionar reparación y rehabilitación a los
supervivientes, como exige la Convención contra la Tortura. En tercer lugar,
debe comprometerse a exigir responsabilidades penales a los responsables de
autorizar y aplicar la tortura.
No se puede reivindicar la superioridad moral sin enfrentarse a la verdad. Una década después de las revelaciones del
Informe sobre la Tortura, el reloj sigue corriendo. ¿Estará Estados Unidos a la
altura del desafío? ¿O pasará este aniversario como otra oportunidad perdida
para enfrentarse al pasado y proteger el futuro?
La respuesta dará forma no sólo al legado de Estados Unidos, sino a cualquier compromiso que le quede con el Estado de
derecho y los derechos humanos.
Yumna Rizvi es analista política senior en el Centro para las Víctimas de la Tortura.
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