Pidiendo tiempo para los crímenes de Bush y Cheney: El editorial
perfecto del New York Times
18 de julio de 2009
Andy Worthington
Si te perdiste esto ayer, te insto a que lo leas ahora.
En un editorial
que llega al corazón de los crímenes de la administración Bush, tras la
publicación de lo que el New York Times describe como "un informe
devastador de los inspectores generales de la comunidad de inteligencia y de
las fuerzas de seguridad sobre el programa de escuchas sin orden judicial del
presidente George W. Bush" (PDF),
los editores del Times instaron al presidente Obama a "abrir una
investigación completa de las muchas leyes que fueron evadidas, tergiversadas o
violadas -inútil y destructivamente- bajo el mandato del Sr. Bush".
Los editores también explican lo que esa investigación debe descubrir: pruebas de cómo "[Dick]
Cheney y sus ideólogos, que durante mucho
tiempo se habían quejado
de cualquier restricción legal al poder ejecutivo, se aprovecharon del
pánico [que siguió a los atentados del 11-S] para hacer avanzar su
agenda", y del papel que desempeñaron en eludir e ignorar leyes
consideradas obsoletas o inconvenientes el abogado del Departamento de Justicia
John Yoo y el asesor de la Casa Blanca, y más tarde Fiscal General, Alberto
Gonzales. Debo añadir que David Addington, asesor jurídico de Cheney y, más tarde,
su Jefe de Gabinete, no aparece nombrado en el editorial, aunque desempeñó
posiblemente el papel más importante de todos.
En un pasaje clave, los editores escribieron: "El Sr. Cheney ha intentado evitar un ajuste de
cuentas afirmando que las escuchas telefónicas sin orden judicial salvaron
miles de vidas". El informe decía que la CIA no podía señalar apenas
beneficios directos. El FBI dijo que la mayoría de las pistas que produjo eran falsas".
No es casualidad
que "el programa de tortura" pudiera sustituirse por "escuchas
telefónicas sin orden judicial" en el párrafo anterior. Como también
señalaron los editores, "no se trata de un caso aislado. Una vez que el
equipo de Bush adquirió el hábito de infringir la ley, se convirtió en su
procedimiento operativo que cualquier medio está justificado: ordenar a los
agentes de inteligencia de la nación que torturaran
a prisioneros; enviar a inocentes a ser torturados en países extranjeros;
crear prisiones secretas donde se retuviera ilegalmente a detenidos sin cargos."
He aquí el editorial íntegro:
Ilegal e inútil
Editorial del New York Times, 17 de julio de 2009
Sabemos desde hace años que la administración Bush ignoró y violó la ley en repetidas ocasiones en nombre
de la seguridad nacional. Ahora está claro que muchos de esos programas podrían
haberse llevado a cabo con la misma facilidad dentro de la ley, quizá con más
eficacia y, desde luego, con mucho menos daño para el sistema judicial y para
la fe de los estadounidenses en su gobierno.
Esa es la conclusión ineludible de un informe devastador de los inspectores generales de los
servicios de inteligencia y de las fuerzas del orden sobre el programa de
escuchas telefónicas sin orden judicial del Presidente George W. Bush. La
informe muestra que el antiguo requisito de que el gobierno obtenga una orden
judicial no obstaculizaba los esfuerzos por reunir información sobre
terroristas tras los atentados del 11 de septiembre. De hecho, el argumento de
que la ley era un impedimento fue urdido por los abogados de la Casa Blanca y
del Departamento de Justicia después de que Bush autorizara el espionaje de las
comunicaciones internacionales de los estadounidenses.
Hasta ahora sabemos menos sobre el plan de la administración Bush de enviar equipos paramilitares
encubiertos para asesinar
a líderes de Al Qaeda. Pero lo que está abrumadoramente claro es que no
había ninguna justificación legal o racional para la orden del vicepresidente
Dick Cheney de ocultar el programa al Congreso. El plan nunca se puso en
marcha, aparentemente porque era inviable. Pero es difícil imaginar que el
Congreso se oponga a matar terroristas.
Entonces, ¿por qué infringir la ley una y otra vez? Dos cosas parecen inquietantemente claras. En
primer lugar, el Presidente Bush y sus principales colaboradores entraron en
pánico tras los atentados del 11 de septiembre. Y en segundo lugar, el Sr.
Cheney y sus ideólogos, que durante mucho tiempo se habían quejado de cualquier
restricción legal al poder ejecutivo, se aprovecharon de ese pánico para hacer
avanzar su agenda.
Según los inspectores generales, el memorando jurídico que justificaba las escuchas sin orden
judicial fue redactado por John Yoo, entonces subdirector de la Oficina de
Asesoría Jurídica del Departamento de Justicia y autor de otros memorandos que
tergiversaban la ley para justificar la tortura.
En este caso, según el informe, tergiversó tanto la ley como los detalles de la operación de escuchas
telefónicas para hacer creer que la Ley de Vigilancia de Inteligencia
Extranjera de 1978 era obsoleta y que el Sr. Bush podía ignorarla. Y, según el
informe, el Sr. Yoo pasó por alto a sus jefes en el Departamento de Justicia y
entregó sus informes directamente a, lo han adivinado, la oficina del Sr. Cheney.
Durante cuatro años, hasta que The Times reveló las escuchas sin orden judicial, Bush reautorizó las
escuchas cada 45 días basándose en memorandos de la comunidad de inteligencia y
del Departamento de Justicia. Según el informe, cuando los "memorandos
aterradores", como llegaron a llamarse, no eran lo suficientemente
aterradores, los abogados bajo la dirección de Alberto Gonzales, asesor de la
Casa Blanca y posteriormente fiscal general, los revisaban o pedían "información
sobre amenazas" adicional. Cada uno de ellos terminaba con un párrafo
redactado por la Casa Blanca en el que se afirmaba que se habían interceptado
comunicaciones de terroristas que "poseían la capacidad y la
intención" de atacar este país.
Después de que el Sr. Yoo y su jefe, Jay Bybee, abandonaran el Departamento de Justicia, sus sustitutos
concluyeron que el programa de escuchas telefónicas era ilegal. La Casa Blanca
acabó cambiando partes del programa y luego exigió que el Congreso lo
legalizara, pero solo después de que la Casa Blanca intentara obligar al
Departamento de Justicia a ignorar sus propias conclusiones y después de que
Robert Mueller, el director del FBI, amenazara con dimitir.
El Sr. Cheney ha intentado evitar un ajuste de cuentas afirmando que las escuchas telefónicas sin orden
judicial salvaron miles de vidas. El informe decía que la CIA no podía señalar
apenas beneficios directos. El FBI dijo que la mayoría de las pistas que
produjo eran falsas. Otras nunca condujeron a un arresto.
No se trata de un caso aislado. Una vez que el equipo de Bush adquirió el hábito de infringir la ley,
se convirtió en su procedimiento operativo que cualquier medio estaba
justificado: ordenar a los agentes de inteligencia de la nación que torturaran
a prisioneros; enviar a inocentes a ser torturados en países extranjeros; crear
prisiones secretas donde se retuviera ilegalmente a detenidos sin cargos.
Los estadounidenses aún no conocen toda la historia. Incluso ahora, la mayor parte de lo que descubrieron
los inspectores generales sigue clasificado, incluidas otras escuchas
telefónicas autorizadas por Bush. El memorando original del Sr. Yoo también
está clasificado.
El presidente Obama se ha negado a abrir una investigación exhaustiva de las numerosas leyes que se eludieron,
tergiversaron o incumplieron -inútil y destructivamente- bajo el mandato del
Sr. Bush. Obama debería cambiar de opinión. Una rendición de cuentas completa
es la única forma de garantizar que estos abusos no vuelvan a repetirse.
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