Los pasos decisivos del presidente Biden hacia el cierre de la prisión en la bahía de Guantánamo
29.9.22
Andy Worthington
Traducido por El Mundo no Puede Esperar 29 de noviembre de 2022
Un collage de Joe Biden y Guantánamo.
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Cuando el presidente Biden fue elegido en noviembre del 2020, opositores de la
existencia de la prisión en la bahía de Guantánamo fueron cautelosamente
optimistas acerca de que habría movimiento renovado hacia el cierre de la prisión.
Después de cuatro años de Donald Trump, fue difícil no
tener una semblanza de esperanza acerca de que habría progreso hacia librar
finalmente a Estados Unidos — y al mundo — de este prolongado símbolo de
excesos brutales e ilegales de la “guerra contra el terror” de George W. Bush,
en donde hombres han sido sujetos a tortura y otras maneras de abuso y en donde
la mayoría de los 779 hombres detenidos ahí por el ejército desde la apertura
de la prisión el 11 de enero del 2002 han sido encarcelados sin cargos ni
juicio, con poco esfuerzo para asegurar que la ley se les extendiera a ellos en
algún sentido significativo.
A los casi dos años de la presidencia de Biden, nuestro optimismo cauteloso ha sido tanto recompensado como desbaratado.
Ninguna duda castigada por la reacción violenta de los
republicanos que recibieron la declarada intención del ex presidente Obama, tan
pronto tomó el poder, de cerrar Guantánamo en un año, Biden tomó un
acercamiento discreto — no hablar abiertamente acerca de Guantánamo para nada y
sólo indicar,
a través de su secretaria de prensa, que habría una revisión de las operaciones
de la prisión y que la administración esperaba cerrarla para al final de su
presidencia.
La aprobación de la liberación de los “prisioneros para siempre” a través de las
Juntas de Revisión Periódicas
Por meses, nada sucedió que sugiriera que Biden haya
reconocido que incluso el acercamiento más cauteloso a Guantánamo requería
algún tipo de movimiento perceptible, pero, desde mayo del 2021, las Juntas de
Revisión Periódicas (PRB por sus siglas en inglés) — un proceso
tipo libertad condicional establecido bajo Obama, que revisó los casos de 64
hombres entre el 2014 y el 2016 y que aprobó 38 de ellos para liberación —
comenzaron aprobando la liberación de algunos hombres que habían atravesado el
proceso de las PRBs pero que habían tenido sostenido su encarcelamiento sin
cargos ni juicio, en base a que todavía constituían algún tipo de amenaza para
los Estados Unidos. Estos hombres fueron descritos en los medios, con algo de
certeza, como “prisioneros para siempre”.
Biden heredó 40 prisioneros de Donald Trump — quien
sólo liberó un hombre en sus cuatro años de gobierno — y 22 de ellos eran
“prisioneros para siempre”. Seis otros habían sido aprobados para ser liberados,
mientras que otros diez enfrentaban juicios; otro había sido convicto y otro
esperaba sentencia como resultado de un acuerdo negociado.
Lo que fue significante fue que Biden parece haber
tomado recomendaciones hechas por sus abogados y ONGs que se reunieron con su
equipo de transición para discutir Guantánamo y también tomaron en cuenta
llamados por parte de sus 24
senadores y 75
miembros demócratas de la Casa de Representantes para facilitar la clausura
de Guantánamo al reconocer que era intolerable — después de casi 20 años de
existencia de la prisión — continuar deteniendo a alguien indefinidamente sin
cargos ni juicio.
Como resultado de eso, en los 16 meses desde mayo del
2021, todos menos tres de los “prisioneros para siempre” han sido recomendados
para ser liberados — tres
en mayo del 2021, dos
en junio, tres en
octubre,
cinco
en noviembre y diciembre, dos
en febrero
de este año, dos más
en abril, uno
más en julio y otro
la semana pasada.
Este es progreso significativo, por supuesto, pero
tristemente está reducido por el hecho de que la mayoría de estos 19 hombres
siguen detenidos. Biden ha liberado sólo cuatro desde que tomó el poder — los últimos
dos
de los 38 hombres aprobados por los PRB con Obama, un
afgano quien, crucialmente, tuvo su liberación ordenada por un
tribunal y aprobada por una PRB bajo Biden y un saudí
severamente mentalmente enfermo, también aprobado con PRB bajo Biden pero
retó su encarcelamiento en corte.
Aprobados para ser liberados, pero todavía encarcelados
Para los 21 otros, sin embargo — 17 aprobados por los PRB bajo Biden, más los otros cuatro aprobados para ser liberados antes de que
tomara le poder (tres bajo el primero proceso de revisión de Obama, el Equipo
de Trabajo para Revisión de Guantánamo y uno bajo Trump) — ha habido una distintiva falta de urgencia en asegurar su libertad.
En los casos de algunos de estos hombres, esto es
porque se deben encontrar terceros países que están preparados para ofrecerles
nuevos hogares, porque es peligroso que sean enviados de vuelta a sus países de
origen. Esta es la situación que enfrentan los nueve yemeníes aprobados para
ser liberados — y probablemente para Guled Hassan Duran, un somalí e Ismael Ali
Bakush, un libio, ambos recientemente aprobados.
En otros casos, el retraso parece ser injustificable —
para los tres paquistaníes incluyendo Saifullah Paracha, el prisionero con más
edad en Guantánamo, por ejemplo, ya que los tres saudís, Mohammed Abdul Malik
Bajabu, el único keniano y Saeed Bakhouch, argelino. Para todos estos hombres,
su liberación debe ser bastante sencilla.
Uno de los problemas que han sido, sin duda, el tipo
de inercia que, aunque no sea deliberada, se pega a los procesos de
autorización que son puramente administrativos en lugar de involucrar el peso
de los tribunales. Para ponerlo de manera sencilla, no existe ningún mecanismo
legal que forcé la liberación de hombres en los casos que fueron revisados a
través de un proceso administrativo que fue creado apenas en el 2013.
Tal vez, de manera más significativa, sin embargo, el fracaso para asegurar la liberación de estos hombres proviene del fallo de
Biden para asignar a un oficial en el Departamento de Estado para lidiar
específicamente con los asuntos de Guantánamo. Obama estableció el Enviado
Especial para el Cierre de Guantánamo (Special Envoy for Guantánamo Closure),
involucrando oficiales que, con los años, arreglaron la reubicación de docenas
de prisioneros, pero la oficina fue subsecuentemente cerrada por Trump y,
crucialmente, no revivida por Biden cuando se convirtió en presidente.
Ahora, sin embargo, existen finalmente señales que dicen que la administración ha reconocido la inanidad de cerrar Guantánamo sin
un oficial senior supervisando lo complicado que es liberar y, en particular,
reubicar a los ex prisioneros.
Como reportó Jess Bravin para el Wall Street Journal la semana pasada,
“El gobierno de Biden está reformando su esfuerzo para cerrar la prisión de la
bahía de Guantánamo, por primera vez designando una diplomática senior para
supervisar la transferencia de los detenidos”. La nueva “representante
oficial”, Tina Kaidanow, fue embajadora y también Coordinadora de
Contraterrorismo con Obama del 2014-2016 y esto es, sin dudas, una movida
positiva, incluso si algunos infiltrados le dijeron a Bravin que “a la nueva
posición representativa le falta el peso que tuvieron oficinas similares con la
administración de Obama, en donde los enviados especiales de Guantánamo tenían
acceso directo al Secretario de Estado”.
Tina Kaidanow, recientemente
designada como “representante especial” para la transferencia y reubicación de
prisioneros de Guantánamo, fotografiada en el 2014.
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Con esta advertencia de lado, espero que este nombramiento oficial le dé a la señorita Kaidanow el peso político y los
recursos para comenzar a liberar a alguno de estos 21 hombres, para negociar su
reubicación de otros y también para encontrar un nuevo hogar para Majid Khan,
un ciudadano paquistaní y ex “detenido de alto valor” que estuvo esperando
sentencia como resultado de un acuerdo negociado cuando Biden tomó el poder y
cuya sentencia, subsecuentemente acordada, caducó el 1 de
marzo de este año.
Acuerdos negociados en las comisiones militares
Con la excepción de tres “prisioneros para siempre” remanentes — Abu Zubaydah, Muhammad
Rahim y Abu Faraj al-Libi, todos “detenidos de alto valor” quienes jamás han
sido acusados de algún delito, pero cuya liberación potencial está considerada
como demasiado peligrosa por parte de las juntas — el resto de los hombres
detenidos han sido, todos, con los años, acusados
en el sistema de juicio de la comisión militar que ha luchado por mucho
tiempo por establecer algún tipo de legitimidad.
Desacertadamente arrastrado de los libros de historia
por Dick Cheney en los meses después del 11/9 con la intención de usar
evidencia derivada del uso de tortura y rápidamente ejecutando a aquellos encontrados
culpables de terrorismo, las comisiones colapsaron sin una sola condena en
junio del 2006 cuando la Suprema Corte decidió que eran ilegales, violando
tanto el Código Uniforme de Justicia Militar y las Convenciones de Ginebra.
Después fueron revividas por un congreso flexible, asegurando tres condenas
antes de que Bush dejara el poder — un acuerdo negociado por el australiano
David Hicks, quien regresó a casa al poco tiempo, una sentencia corta para
Salim Hamdan, el chofer yemení de Osama bin Laden, quien también fue liberado
al poco tiempo y cadena perpetua para otro yemení, Ali Hamza al-Bahlul, después
de un juicio unilateral en el que rechazó una defensa.
Las sentencias de Hicks y Hamdan fueron subsecuentemente revocadas con apelaciones, al igual que algunas de las bases
para una condena para al-Bahlul — específicamente, todas las apelaciones
exitosas concluyeron que “dar material de apoyo para terrorismo” fue un cargo
ilegítimo, inventado como un crimen de guerra por el congreso. Sin embargo, la
condena de conspiración de al-Bahlul’s fue permitida y todavía está detenido,
aislado del resto de los reclusos, como lo ha estado por casi 14 años.
Cuando Obama tomó el poder, suspendió las comisiones
esperando una revisión, pero después las revivió una vez más y presidió sobre
las condenas — todas a través de acuerdos negociados — de Ibrahim al-Qosi y
Noor Uthman Muhammed (ambos de Sudán), el canadiense Omar Khadr
(vergonzosamente condenado a pesar de haber sido un menor al momento de su
captura), Majid Khan y el saudí Ahmed al-Darbi. Todos fueron posteriormente,
con la excepción de Khan y Noor Uthman Muhammed con sus condenas revocadas.
Bajo Biden, otro acuerdo negociado fue logrado — con Abd al-Hadi al-Iraqi,
uno de los últimos prisioneros en llegar a Guantánamo en el 2007, cuyas condena
se espera que sea cubierta en diez años y será en un periodo de dos años, para
permitirle al gobierno estadounidense encontrar lo que describió el New York Times como
“una nación empática para recibirlo y darle cuidado médico el resto de su vida”
por la condición vertebral degenerativa de la cual sufre y para detenerlo
mientras cumple el resto de su condena.
Esto deja a nueve hombres, todos “detenidos de alto
valor” detenidos en “sitios negros” de la CIA antes de ser transferidos a
Guantánamo en septiembre del 2006, actualmente enfrentan cargos — los cinco acusados de participar en los ataques del
11/9 (Khalid Sheikh Mohammed, Ramzi bin al-Shibh, Walid bin Attash, Ammar
al-Baluchi y Mustafa al-Hawsawi), Abd al-Rahim al-Nashiri, acusado de “planear
ataques contra tres buques, incluyendo el bombardeo del USS Cole que mató a 17 marineros”,
como describió Jess Bravin y tres otros acusados de participar en ataques
terroristas en el este de Asia, quienes fueron finalmente acusados al final del
gobierno de Trump.
Los cinco hombres acusados en
conexión con los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001.
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El problema para el gobierno de Biden al continuar persiguiendo juicios para estos hombres es que el coacusado del 9/11 y
al-Nashiri habían estado involucrados en audiencias previas por más de una
década y no parecía haber fechas para el juicio, ahora menos que nunca.
La razón principal para esto es, porque los hombres fueron sujetos a tortura en “sitios negros” de la CIA y, como resultado,
cualquier noción de juicio justo había quedado fatalmente comprometida. Como el
grupo de campaña legal Fair Trials explica, “el uso de
tortura no sólo es una atroz violación de derechos humanos en sí, sino que
lleva a otras violaciones serias de derechos humanos, incluyendo la del derecho
a un juicio justo. El uso de tortura, la evidencia obtenida a través de la
tortura, mancha todo el proceso criminal de justicia, erosionando el estado de
derecho y la confianza pública en la habilidad del sistema para obtener justicia”.
Prácticamente lo que ha estado sucediendo en estas
audiencias previas a juicio es que parece haberse alcanzado un impasse
permanente, con, en una mano, los equipos defensores buscando usar evidencia de
la tortura de sus clientes, mientras que los fiscales hacen todo lo posible por
esconderla. La situación se complica más por el hecho de que las comisiones
militares per se están llenas de agujeros, como se puede esperar de un sistema
inventado por el congreso en el 2009, en lugar de uno establecido hace siglos,
como el sistema de tribunal federal, por ejemplo, que ha procesado con éxito
cientos de casos relacionados con el terrorismo mientras que las comisiones
militares han fallado permanentemente en un “Día de la Marmota”
infinito. Complicado el asunto más ha sido la insistencia del gobierno de
buscar la pena de muerte en el juicio del 11/9 de al-Nashiri, porque los casos
capitales que involucran lo que el Centro de Información de la Pena Capital o Death
Penalty Information Center describen
como “salvavidas estricto relativo al procedimiento”.
En un intento de romper el bloqueo, en el 2017, Harvey Rishikof, la Autoridad de Convocación de las comisiones, que es
“responsable de la administración general de las comisiones militares”, y
“habilitó para reunir las comisiones militares, referir cambios en juicio y
negociar acuerdos previos a juicio”, comenzando “negociaciones con los acusados
del 11 de septiembre que pudieran llevar a acuerdos de culpabilidad si las
ejecuciones estaban fuera de la mesa”, explicó Jess Bravin, añadiendo que el
gobierno de Trump “quitó al Sr. Rishikof de su puesto por lo que fueron razones
no relacionadas”. A principios de este año, sin embargo, “el gobierno de Biden
renovó esas negociaciones y la Casa Blanca dijo que no interferiría”.
En un reporte separado sobre el 11 de septiembre CBS News discutió
los acuerdos negociados con James Connell y Alka Pradhan, abogados defensores
de Ammar al-Baluchi, uno de los cinco acusados del 11/9. “Todos los cinco
acusados y el gobierno están en negociaciones de buna fe, con la idead de
realizar este juicio, que se ha convertido en uno eterno, a su fin”, Dijo Connell.
Añadió que “La prioridad número uno del Sr. Baluchi es obtener cuidado médico por su tortura. Para poder obtenerlo, está dispuesto a
declararse culpable para una sentencia substancial en Guantánamo a cambio de la
garantía de cuidado médico y de que se retire la pena de muerte”.
Alka Pradhan le dijo a CBS News acerca de la tortura a la cual fue sujeto al-Baluchi, explicando que la técnica que “tal vez tuvo el
mayor impacto físico fue la que llamaban “walling” (golpes contra un
muro). Nos dijo que azotaban su cabeza contra la pared repetidamente hasta que
veía brillos y se desmayaba. El resultado de eso, como lo han dicho varios
expertos que lo examinaron, es daño cerebral permanente”.
Cuando se le preguntó a ella si “negarse a buscar la pena de muerte era justo”, Pradhan dijo, con justificación, que “el gobierno de
los Estados Unidos nos falló a todos después del 11 de septiembre en sus
decisiones de usar técnicas y programas ilegales…al hacer eso, corrompió todos
los procesos legales”.
Un vocero para las comisiones se negó a contestar preguntas de CBS News acerca del caso del 9/11, pero confirmó que “actualmente
las partes están en negociaciones preliminares” e hizo referencia a decisiones
judiciales recientes.
¿El final a la vista?
Si todo sale tan bien como podemos imaginar, el número de prisioneros detenidos en Guantánamo podría bajar a 14 para el próximo año — nueve
de los acusados, Abd al-Hadi al-Iraqi, esperando sentencia, Ali Hamza
al-Bahlul, cumpliendo cadena perpetua y los tres “prisioneros para siempre”,
que necesitan ser acusados o recomendados para liberación si cumple el
reconocimiento del gobierno de que encarcelamiento sin fin sin juicio sea algo inaceptable.
En ese momento, el presidente Biden seguramente tendrá un caso fuerte para hacer acerca de la etiqueta anual de la prisión de más de
$540 millones al año — en otras palabras, por lo menos 38.5 millones anuales
por prisionero — simplemente inaceptable, aunque deberíamos ser cautelosos en
tener demasiada esperanza. Los republicanos obsesionados con infligir la pena
de muerte sobre los acusados del 11/9 sin duda aluga harán todo lo posible para
oponerse a los acuerdos negociados, fracasando en reconocer que es su obsesión
con la pena capital la que previene que los juicios se lleven a cabo.
Además, sería tonto esperar que, incluso con la nueva “representante especial” para Guantánamo, será fácil encontrar países
preparados para ofrecer hogares a aquellos prisioneros contra los cuales, por
años, se han hecho declaraciones exageradas, para quienes, eventualmente, las
autoridades estadounidenses se han retractado aunque aquellas afirmaciones
iniciales siguen perdurando, y, de hecho, son parte de la “evidencia” dada a
los países que podrían ser anfitriones cuando las negociaciones tomen lugar,
algo que Tina Kaidanow tal vez necesite pensar en mientras intenta encontrarles
nuevos hogares a esos ex prisioneros.
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