Obama y el plazo para cerrar Guantánamo: Es peor de lo que crees
27 de julio de 2009
Andy Worthington
Cuando el Euipo de Trabajo sobre Política de Detención de la administración Obama, creado
por Orden Ejecutiva el segundo día de mandato del Presidente, admitió la
semana pasada que no cumpliría el plazo de seis meses para emitir sus
recomendaciones sobre el cierre de Guantánamo, muchos observadores se centraron
en si esto significaba que Obama no cumpliría su plazo del 21 de enero de 2010
para el cierre de la prisión, y pasaron por alto la historia más importante,
que sólo se reveló mediante un examen minucioso del informe provisional de
cinco páginas del Equipo de Trabajo (PDF).
Inquietantemente, este documento revelaba que el Grupo de Trabajo contempla tres opciones para tratar a los presos que no
serán liberados de Guantánamo: juicios en tribunales federales, juicios por
Comisión Militar (los "juicios del terror" introducidos por el ex
vicepresidente Dick
Cheney en noviembre de 2001, y revividos por el Congreso en 2006 después de
que el Corte Suprema los declarara ilegales), y detención indefinida sin cargos
ni juicio.
Estas propuestas coinciden con los planes esbozados por el Presidente en un
importante discurso sobre seguridad nacional pronunciado en mayo, pero no
son más aceptables ahora que entonces, por una sencilla razón: están
diseñadas no para garantizar la justicia, sino para evitar que cualquiera de
los prisioneros que encajen en estas tres categorías sea puesto en libertad; en
otras palabras, como Glenn
Greenwald informó para Salon, "Si saben que te condenarán en un
proceso judicial real, te darán uno; si creen que pueden perder allí, te
pondrán en una comisión militar; si aún no están seguros de que ganarán,
simplemente te encarcelarán indefinidamente sin ningún cargo".
Las propuestas presentadas por el Equipo de Trabajo -y claramente respaldadas por Obama- son amargamente decepcionantes, no
sólo porque desprecian de forma tan vergonzosa la presunción de inocencia, y
porque revelan el deseo de poner aún más patas arriba el sistema judicial
respaldando la detención preventiva, sino también porque son cobardes en extremo.
No hay, para ser francos, ninguna necesidad de que la administración reviva las ampliamente denostadas Comisiones
(criticadas en el pasado por la mayoría de los principales demócratas, incluido
Barack Obama), porque los tribunales federales son más que capaces de procesar
a sospechosos de terrorismo, habiéndolo hecho con éxito en más de cien
ocasiones en los últimos 15 años. El propio Equipo de Trabajo admitió en su
informe provisional que "el código penal dispone de una amplia gama de
delitos de terrorismo con alcance extraterritorial y existen procedimientos
para proteger la información clasificada en los juicios ante tribunales
federales cuando sea necesario", y también señaló que "las normas
probatorias en los juicios están bien establecidas, y los fiscales experimentados
pueden encontrar a menudo la forma de superar los problemas que esas normas
puedan plantear para [la] introducción de pruebas críticas en casos concretos."
Además, como también explicó Glenn Greenwald, "como resultado de la impresionante amplitud de las leyes
penales estadounidenses que definen el "apoyo material al
terrorismo", hay pocas cosas más fáciles que obtener una condena penal en
un tribunal federal contra personas acusadas de ser terroristas".
Además, dado que se han producido procesamientos con éxito en casos en los que no se requieren pruebas de actividad terrorista
real, no hay excusa alguna para proponer seguir reteniendo indefinidamente a
algunos presos, utilizando una forma de "detención preventiva" para
la que habrá que solicitar la aprobación del Congreso. Si, después de siete
años y medio, el gobierno ni siquiera puede alcanzar el bajo nivel de pruebas
exigido por un tribunal federal, entonces debería dejar de fingir que tiene
motivos para creer que estos presos en particular son demasiado peligrosos para
ser puestos en libertad, y dejarlos ir.
Para los presos de Guantánamo, es bastante preocupante que todos los implicados en la revisión de sus casos para el
gobierno parezcan haber olvidado una serie de hechos cruciales que tienden a
socavar la ilusión de que la prisión todavía contiene un número significativo
de terroristas: a saber, que la mayoría de los prisioneros no fueron capturados
en un campo de batalla, sino que fueron entregados por los aliados afganos y
pakistaníes del ejército estadounidense, en una época en la que estaban muy
extendidos los pagos de recompensas, de una media de 5.000 dólares por cabeza (PDF); que
nunca
fueron investigados por los tribunales competentes de los Convenios de
Ginebra -celebrados cerca del momento y el lugar de la captura- para determinar
si eran realmente combatientes o civiles atrapados en la niebla de la guerra;
que, posteriormente, nunca fueron examinados adecuadamente en Guantánamo; donde
el proceso instigado por el Pentágono -los Tribunales de Revisión del Estatuto
de Combatiente- fue descrito por un antiguo miembro, el teniente
coronel Stephen Abraham, como una farsa, en el que la
mayor parte del material presentado como prueba era "basura", y todo
el proceso fue diseñado para refrendar la decisión de la administración Bush de
que todos eran "combatientes enemigos", que podían ser detenidos sin
cargos ni juicio; y que la mayoría de las supuestas pruebas contra los hombres,
de hecho, se han revelado como profundamente poco fiables cuando fueron
examinadas por los jueces del Tribunal de Distrito.
Tras la sentencia
del Corte Suprema del verano pasado, que reconocía a los presos el derecho
de hábeas corpus, los jueces de los Tribunales de Distrito han dictaminado, en
el 84
por ciento de los casos en los que han dictado sentencia, que el gobierno no
tenía argumentos o que sus argumentos se basaban
en declaraciones de testigos poco fiables, que habían sido torturados,
coaccionados o sobornados, o que tenían graves problemas de salud mental.
Además, los jueces también han despreciado los intentos de crear un
"mosaico" de inteligencia a partir de estas y otras fuentes que no
resiste un examen minucioso.
El hecho de que el Equipo de Trabajo parezca no haber comprendido plenamente la magnitud de la incompetencia de la
administración Bush en relación con la captura e interrogatorio de los presos
de Guantánamo, y los múltiples problemas con las supuestas pruebas en su contra
cuenta, en última instancia, como un penoso ejemplo del tipo de paranoia por la
que Dick Cheney es más conocido triunfando sobre el tipo de sentido común y
dedicación a la búsqueda de la justicia que Barack Obama parecía defender hace
tan sólo unos meses.
Además, los atroces errores del Equipo de Trabajo no se limitan sólo al presente y a la cuestión de qué ocurrirá con los
presos de Guantánamo. Como se afirma en el informe provisional, "el Equipo
de Trabajo sobre Política de Detención ha centrado hasta ahora gran parte de su
labor en el desarrollo de opciones para la disposición legal de los detenidos
en Guantánamo. Siguen pendientes importantes cuestiones relativas a nuestras
políticas en el futuro en relación con la aprehensión, detención y tratamiento
de presuntos terroristas, como parte de nuestra estrategia más amplia para
derrotar a Al Qaeda y sus afiliados."
Los autores del informe indican a continuación que están inmersos en un análisis en curso de una serie de
cuestiones relativas al futuro, incluyendo "cuáles deberían ser las normas
y los límites de cualquier detención futura bajo el imperio de la guerra",
ignorando, tanto en el presente como en sus deliberaciones sobre el futuro, que
la respuesta ha sido, de hecho, obvia todo el tiempo, ha sido obvia todo el tiempo,
y que, como se desprende de este horrible y preocupante documento, toda la
palabrería sobre sistemas de juicios alternativos y detenciones preventivas no
es más que un truco de prestidigitación para disfrazar políticas que, en
esencia, se adhieren estrechamente a las arrogantes y anárquicas innovaciones
concebidas por altos funcionarios de la administración Bush.
¿Y la respuesta que ha sido obvia todo el tiempo? Es la siguiente: Si tu enemigo es un combatiente, capturado en tiempo
de guerra, entonces lo retienes como prisionero de guerra de acuerdo con las
Convenciones de Ginebra, que prohíben el trato inhumano y los interrogatorios
bajo coacción, hasta el final de las hostilidades. Y si tu enemigo es un
terrorista, entonces lo entregas a interrogadores que saben cómo hacer hablar a
un hombre sin utilizar la tortura, de acuerdo con las protecciones procésales
de la Carta de Derechos, y lo sometes a juicio en un tribunal federal.
Así de sencillo.
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