Obama y el Senado llegan a nuevos extremos en
Guantánamo con detenciones indefinidas y prohibiciones de traslados.
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El presidente Obama está cumpliendo una de las
grandes ilusiones de Dick Cheney, gobernado sobre una prisión en la que una
abrumadora mayoría de los 174 prisioneros permanecerá, con toda probabilidad,
detenido indefinidamente. |
30 de diciembre 2010
Andy
Worthington
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
22 de enero de
2011
A solo dos semanas del noveno aniversario de la apertura de la prisión de la
“Guerra contra el terror” en Guantánamo, casi todas la personas con un puesto de
autoridad han fallado a la hora de resolver de manera satisfactoria el amargo
legado dejado por la administración Bush. De hecho, a juzgar por dos hechos
recientes, todo lo que suene a progreso en el tema de Guantánamo está ahora en
su momento más bajo desde el 27 de junio de 2007, el día antes de que la Corte
Suprema concediera a los
prisioneros los derechos de habeas corpus, destrozando el secretismo
requerido para mantener Guantánamo como una prisión fuera de la ley donde los
interrogatorios coercitivos, las torturas y la experimentación humana podían
tener lugar.
Si piensas que parece una exageración ten en cuenta que el Senado acaba de
aprobar una legislación para asegurarse que cada uno de los prisioneros que está
actualmente en Guantánamo permanezca allí durante el próximo año y que no sea
llevado a juicio o liberado, incluso aunque la Fuerza Especial de Revisión de
Guantánamo (Task Force Review Guantánamo) del presidente Obama, compuesta
por “más de 60 profesionales de carrera, incluyendo analistas de inteligencia,
agentes de la ley, abogados, y elaborada por el Departamento de Justicia, el
Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, el Departamento de Seguridad
Nacional, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de
Investigación y otros organismos dentro de los servicios de inteligencia” concluyera
el año pasado que 33 de los prisioneros restantes deberían ser llevados a
juicio y que otros 90 deberían ser liberados.
Sin embargo, en su deseo de afectar a la autoridad del presidente, los
legisladores insertaron dentro de la ley anual de autorización de defensa, que
ha sido aprobada por el Senado y la Casa de Representantes el miércoles pasado y
cuyos funestos efectos durarán los próximos 12 meses, tres provisiones motivadas
políticamente.
La primera prohibición se refiere al uso de los fondos para traer a alguno de
los prisioneros de Guantánamo a los EE.UU., incluso cuando tenga que enfrentarse
a un juicio. Esto sobrepasa
las leyes aprobadas en 2009 cuando el Congreso prohibió el traslado de los
prisioneros por cualquier motivo excepto para ir a juicio. Su motivación
política puede observarse en la redacción
del proyecto de ley aprobado a principios de este mes, que apropiaba 1,1
billones de dólares, y en el que se decía que “ninguno de los fondos adjudicados
en esta o en cualquier ley anterior puede usarse para trasladar, liberar o
asistir en el traslado o liberación en o dentro de los EE.UU., sus territorios,
o posesiones, a Khalid Sheikh Mohammed o a cualquier otro detenido que (1) no
sea un ciudadano de los EE.UU. o un miembro de las Fuerzas Armadas de los
EE.UU.; y (2) esté o haya estado detenido por el Departamento de Defensa el o a
partir del 24 de junio de 2009 en la Base Naval de los EE.UU. en la bahía de
Guantánamo, Cuba”.
Esta referencia particular a Khalid Sheikh Mohammed fue muy intencionada,
como una manifestación del deseo de una parte importante de los legisladores
para prevenir que algún prisionero fuera traído a los EE.UU. para enfrentarse a
juicio oponiéndose
así a los planes, anunciados el pasado noviembre por el Fiscal General Eric
Holder, de traer a Mohammed, el supuesto autor intelectual de los ataques del
11-S, y a otros cuatro supuestos colaboradores a Nueva York para enfrentarse a
un juicio.
Esta decisión, por supuesto, ha inflamado a los liberales pero también ha
provocado la crítica mordaz de los republicanos. En un artículo de opinión en el
Wall
Street Journal, por ejemplo, David B. Rivkin Jr. y Lee A. Casey,
abogados que sirvieron en el Departamento de Justicia bajo Ronald Reagan y
George H.W. Bush, calificaron de forma acertada la disposición como
inconstitucional.
Rivkin y Casey comienzan diciendo de forma poco prometedora que “llevar
prisioneros de al-Qaeda, talibanes o terroristas aliados a las cortes civiles
estadounidenses es una mala idea”, para después añadir que la “casi absolución”
de Ahmed Khalfan Ghailani, un antiguo prisionero de Guantánamo y “prisionero
fantasma” de la CIA, que fue condenado
por una corte federal en Nueva York el mes pasado por su participación en
los ataques con bombas en 1998 a embajadas africanas, pero solo por uno de los
285 cargos a los que se enfrentaba, “prueba mucho”. A partir de este momento,
sin embargo, su análisis se vuelve mucho más interesante.
“Pero una mala idea no sirve de excusa para otra.”, escribieron, para añadir
después, “los esfuerzos del Congreso por bloquear los futuros juicios imponiendo
para ello restricciones en el gasto al presidente son inconstitucionales y
deberían ser abandonados”.
También escribieron:
El lenguaje prohíbe bajo cualquier concepto el uso de los fondos del
gobierno para trasladar a los EE.UU a detenidos que se encuentren en Guantánamo.
Ya que las cortes federales se encuentran únicamente en territorio
estadounidense y ya que los acusados deben estar físicamente en la jurisdicción
de la corte para los juicios, el propósito aparente de esta disposición es
evitar que el presidente Obama lleve a estos detenidos ante una corte
federal.
Este es un paso que va demasiado lejos. El presidente es el jefe oficial
de la policía federal y del fiscal. Cómo, cuándo y si debemos presentar una
acusación particular se encuentra en el centro mismo del poder constitucional.
Disponer de los créditos federales para forzar al presidente a ejercer su
discrecionalidad procesal de acuerdo con los deseos del Congreso antes que de
los suyos, viola la separación de poderes de la Constitución.
Esta es una crítica de gran alcance y se aplica por igual a las dos otras
disposiciones introducidas en el proyecto de ley del Congreso.
La primera de éstas prohíbe el uso de fondos para comprar o construir
cualquier instalación en territorio estadounidense que sirva para albergar a los
prisioneros que se encuentran en Guantánamo, y es, de nuevo, una respuesta
directa al anuncio de la administración el último diciembre de la intención
de comprar el desalojado Centro Correccional Thomson en Illinois para este
propósito.
La segunda evita que el presidente libere a cualquier prisionero “a menos que
el Secretario de Defensa Robert M. Gates termine con la seguridad de hacer eso”
tal y como el New
York Times los describe. En un informe
anterior, se dijo que esta disposición estaba específicamente diseñada para
evitar la liberación y el envío de alguno de los prisioneros a algún país
considerado por los legisladores como peligroso, incluyendo Afganistán, Pakistán
o Yemen. De nuevo, este es un asalto injustificado e inconstitucional a los
poderes presidenciales, aunque en este caso solo refuerza los que ya
existía.
En julio cuando un prisionero afgano fue
liberado en España, me vi obligado a sacar la conclusión de que esto solo
había ocurrido por la oposición del Congreso a liberarle en su país de origen,
aunque nunca había sido mencionado en ningún medio de comunicación, y esta es la
primera vez que he tenido a bien mencionarlo. Sobre Yemen, sin embargo, el
presidente Obama ya está en marcha. Uno de los principales obstáculos para
cerrar la prisión es su decisión, el pasado enero, de anunciar
una moratoria abierta para la liberación de prisioneros yemeníes que siguió
la histeria tras el atentado fallido a un avión el día de Navidad (Umar Farouk
Abdulmutallab, el autor, había sido reclutado en Yemen) incluso aunque esto,
como el anuncio de la nueva prohibición del Congreso, culpe a las personas por
su nacionalidad. 58 de los 90 prisioneros declarados aptos para la liberación
por la Fuerza Especial de Revisión de Guantánamo son yemeníes.
El único punto sobre el que el Congreso parece haber retrocedido en sus
actividades inconstitucionales en relación a Guantánamo afecta a los intentos de
prohibición para liberar prisioneros cuya liberación haya sido ordenada por
jueces de la Corte del Distrito que han garantizado seis peticiones de habeas
corpus. El año pasado, los legisladores aprobaron una disposición permitiéndoles
15 días para revisar los casos para cualquier prisionero que el presidente Obama
quisiera liberar. El pasado julio despertaron la ira del teniente coronel David
Frakt, el abogado militar defensor de Mohamed Jawad, un afgano que acababa de ganar
su petición de habeas, cuando insistieron en revisar su caso antes de su
liberación. Según explicó
el teniente coronel Frakt:
Considero que este requisito de notificación del Congreso es claramente
inconstitucional ya que viola la separación de poderes. En el caso Jawad, esto
significa que después de que el poder ejecutivo y el judicial hayan concluido
que no había base legal para que los militares retengan a Mohamed Jawad (una vez
que el Departamento de Justicia concedió en última instancia la petición de
habeas corpus), se obligó a los militares a continuar con su detención en
Guantánamo por mandato del Congreso. Como expliqué en la Corte Federal del
Distrito, esto colocaba a Jawad como “prisionero del Congreso”, un estatus para
el que no existe autoridad constitucional.
También explicó:
Puede ser que, en el caso de que los EE.UU. quieran liberar completamente
a un detenido para el que tiene la base legal de detener según las leyes de la
guerra, el Congreso puede condicionar legalmente los fondos para liberarlo, en
la disposición de esta notificación al Congreso. Pero para aquellos detenidos a
los que se les detiene ilegalmente, esta ley simplemente arbitraria extiende su
ilegalidad hasta Guantánamo. Esta disposición, junto con la negativa a autorizar
fondos para que los detenidos sean recolocados en EE.UU., (incluso aquellos que
son inocentes y que podrían
pedir asilo político), muestra el grado de depravación del Congreso sobre
las cuestiones relacionadas con los detenidos.
Los legisladores, presumiblemente, han tenido en cuenta las críticas del
teniente coronel Frakt, pero desafortunadamente, cuando se refiere a liberar
prisioneros cuya liberación fue ordenada por jueces después de haber ganado sus
peticiones de habeas corpus, el problema mayor es la propia administración
Obama.
A pesar de que los jueces en la Corte del Distrito en Wahington D.C. han
juzgado sobre 57 peticiones de habeas corpus desde que la Corte
Suprema confirmó, en junio 2008, que los prisioneros tenían
constitucionalmente garantizados sus derechos de habeas, y de haber sentenciado
a favor de 38
de estos casos, la administración retrocedió apelando a las muchas
peticiones exitosas y aprobando una definición más amplia para los estándares de
la detención en curso, lo que ha encontrado
apoyo en el más que conservador distrito judicial del D.C.
Esto, combinado con la evidente falta de voluntad del presidente Obama y del
Secretario de Justicia Eric Holder para dar orientación a los abogados del
Departamento de Justicia que trabajan en los casos de Guantánamo, como, por
ejemplo, hacer cualquier tipo de revisión de casos que deban ser impugnado en
los tribunales, es suficientemente preocupante. Pero lo que es también claro es
que la administración Obama ha considerado desde el principio la objetividad de
los jueces de la Corte del Distrito como algo menos importante que las
decisiones hechas por la Fuerza Especial de Revisión de Guantánamo, que operaba
en secreto y, esencialmente, al margen de los tribunales.
Aunque esto habría sido disculpable si la Fuerza Especial de Revisión se
hubiera contentado con la aprobación de prisioneros solo para la liberación o el
juicio, el informe final también contenía
la recomendación de que 48 de los 174 presos restantes permanecieran
recluidos indefinidamente sin cargos o juicios, ya que “el enjuiciamiento no es
factible en ninguna corte federal o comisión militar”.
La Fuerza Especial de Revisión trató de explicar que “los principales
obstáculos al enjuiciamiento en estos casos considerados inviables por la Fuerza
Especial de Revisión de Guantánamo normalmente no se deriva de la preocupación
por la protección de fuentes confidenciales o los métodos de de divulgación, o
la preocupación de que las pruebas contra los detenidos estuvieran
contaminadas”, pero sus explicaciones no fueron convincentes. Detrás de las
quejas de que “las labores de inteligencia sobre ellos pueden ser precisas y de
confianza”, a pesar de que se hayan recogido en circunstancias dudosas y de que
en muchos casos, “no hay testigos disponibles para testificar en los
procedimientos contra ellos”, se encuentra una contundente verdad, como expliqué
en su momento: “que la inteligencia, y la disponibilidad de los testigos
cualquiera que sea, están a la vez contaminados por las circunstancias en las
que las “recolecciones de la inteligencia” tuvieron lugar: los interrogatorios
coercitivos y, en algunos casos, la tortura de los propios prisioneros o de sus
compañeros prisioneros.”
Para demostrarlo, volví a las peticiones de habeas examinadas por jueces en
la Corte del Distrito en Washington D.C., constatando:
Esos problemas has sido señalados una y otra vez por los jueces, con una
objetividad que eludió la Fuerza Especial de Revisión como, por ejemplo, en los
casos de Fouad
al-Rabiah, un kuwaití llevado a juicio ante una comisión militar por el
presidente Bush y que fue puesto en libertad después de que el juez dictaminara
que todo el caso contra él descansaba en un testimonio falso que apareció tras
tortura y amenazas. Y para citar solo dos ejemplos más, Alla
Ali Bin ali Ahmed, un yemení capturado en una residencia de estudiantes en
Pakistán, y Mohammed
El-Gharani, de Chad, que tenía 14 años cuando fue capturado en una mezquita
en Pakistán. En ambos casos fueron liberados después de que los jueces
dictaminaran que los testigos del gobierno, los compañeros de los prisioneros,
eran muy poco fiables, y que habían sido, si no objeto de violencia, sobornados
para presentar falso testimonio.
Por tanto, es falso que la Fuerza Especial de Revisión dijera que “el
principal obstáculo para el enjuiciamiento” de estos 48 hombres “no viene de la
preocupación de que las pruebas contra ellos estén contaminadas”, cuando, para
ser sinceros, el registro está repleto de casos probando lo
contrario.
Sin embargo, el presidente Obama eligió aceptar las conclusiones de la Fuerza
Especial de Revisión de Guantánamo y, la semana pasada, se sumó a la posición
inconstitucional tomada por el Congreso en relación a los presos liberados y los
recomendados para ir a juicio, cuando los oficiales dijeron al Washington
Post que estaban cerca de finalizar una orden ejecutiva que
“formalizaría la detención indefinida sin juicio para algunos detenidos en la
prisión militar de Guantánamo, Cuba, pero permitía a aquellos detenidos y a sus
abogados impugnar la base del encarcelamiento continuado”.
Teniendo en cuenta la realidad de la situación, un proceso de revisión que
“permitiera a los detenidos impugnar su encarcelación periódicamente,
posiblemente cada año”, y tener una representación legal, es mejor que una
detención indefinida sin ninguna revisión. Es también posible simpatizar con el
funcionario que dijo en el Post que“cuando el panel de la revisión pone a
alguien en la categoría de detenido de larga duración, como las 48 personas,
¿Qué sucede entonces? ¿Se quedan allí hasta el final de sus vidas? ¿Cuál es el
mecanismo de revisión? ¿Cuál es su grado de imparcialidad? ¿Tienen posibilidades
de oponerse? Todas estas preguntas merecen ser contestadas. Y hemos estado
trabajando en una orden ejecutiva empleada por este cuerpo”.
Aun así, visto como una
parte de un cuadro más grande, el propósito de una orden ejecutiva no es
algo para celebrar, y es de momento el mal menor, porque la detención indefinida
sin cargos o juicio no debería ser nunca contemplada en primer lugar. Tom
Malinowski, la cabeza de la oficina en Washington de Human Rights Watch,
estaba en lo correcto al decir al Post que hay una “gran diferencia entre
usar una orden ejecutiva, que puede rescindirse, para manejar un selecto grupo
de detenidos heredados por Obama, y legislar un esquema para la detención
indefinida”, pero es inaceptable que la administración tenga al margen de forma
tan clara a los jueces de la Corte del Distrito en Washington D.C. que han
estado tomando sus propias decisiones sobre si los detenidos deben quedarse o
ser liberados. Por otra parte, es incluso más decepcionante que las noticias de
la inminente orden ejecutiva (dejando la suerte de los 48 prisioneros restantes
a merced de un proceso de revisión sin especificar) llegara en la misma semana
en la que 123 de los 126 prisioneros restantes (todos excepto los tres
mantenidos después de los
juicios de la Comisión Militar) recibieran la noticia del Congreso de que
sus oportunidades de ser juzgados o liberados se habían casi evaporado.
Al aproximarse el noveno aniversario de la apertura de Guantánamo, y el
primer aniversario del fallido
ultimátum de Obama para cerrar la prisión, es suficiente para darse cuenta
de que, lejos de cerrar Guantánamo y eliminar esta mancha en la reputación
estadounidense, el presidente Obama está completando una de las grandes
ilusiones de Dick Cheney, al presidir una prisión en la que la abrumadora
mayoría de los 174 prisioneros que permanecen, continuarán, casi con toda
probabilidad, encerrados indefinidamente.
Promete ser un sombrío Año Nuevo.
Andy Worthington es el autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in
America’s Illegal Prison.
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