Más de la mitad de los prisioneros
de Guantánamo han sido aprobados para ser liberados, ahora que la Junta de
Revisión Periódica aprobó a Ghassan Al-Sharbi
13.2.22
Andy Worthington
Traducido del inglés por El Mundo No Puede Esperar 28 de marzo de 2022
Amanecer en Guantánamo en el 2013 (no existen fotografías de Ghassan al-Sharbi).
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En más noticias de Guantánamo, Ghassan al-Sharbi, un
saudí de 47 años que ha estado encarcelado por casi 20 años en la prisión, ha
sido aprobado para ser liberado por la Junta de Revisión Periódica o Periodic Review Board,
(PRB por sus siglas en inglés) un proceso tipo libertad condicional establecido
por Obama. Su aprobación significa que el gobierno estadounidense ha aceptado
que más de la mitad de los detenidos — 20 de los 39 todavía
encarcelados — deberían ser libres, 15 de ellos que tiene lugar
bajo Biden en el último año.
Ha sido un largo camino para llegar al punto en el que
un panel de oficiale estadounidenses — de los departamentos de Estado, Defensa,
Justicia y Seguridad Nacional, así como la oficina del director de Inteligencia
Nacional y la oficina de jefes del Estado Mayor Conjunto — han aprobado a
al-Sharbi para ser liberado.
Al-Sharbi fue capturado el 28 de marzo del 2002 junto
con otros hombres que terminaron en Guantánamo (la mayoría ya fue liberada) en
una redada en una casa en Faisalabad, Pakistán en la que también fue capturado Abu Zubaydah, para
quien fue desarrollado el programa de tortura del gobierno estadounidense.
En Guantánamo, durante el primer término de la
presidencia de George W. Bush, cuando su gobierno comenzó a pescar prisioneros
para ponerlos en juicios bajo comisiones militares, al-Sharbi fue uno de los
diez hombres acusados (en noviembre del 2005) y pareció, aparentemente, un
candidato apropiado para enjuiciamiento.
Como describieron
las autoridades estadounidenses “se graduó con licenciatura en ingeniería
eléctrica en aviación de la Universidad Aeronáutica Embry-Riddle en Prescott,
Arizona” en el 2000, era fluido en inglés y también había, supuestamente,
“tomado clases de vuelo en una escuela estadounidense en donde se relacionó con
dos secuestradores del 11/9”. Todo lo anterior hubiera sido suficiente para que
fuera definido como alguien conectado con los ataques planeados en los Estados
Unidos, y puedo sólo imaginar lo mal que fue tratado y las interrogaciones
rigurosas en sus primeros años en Guantánamo.
En relación a los cargos en su contra en el 2005,
supuestamente él y otros tres prisioneros fueron parte de una célula de
al-Qaeda que hacía bombas. Como describieron las autoridades estadounidenses,
“construyó circuitos eléctricos en Pakistán para dispositivos explosivos
improvisados (IED por sus siglas en inglés) para atacar a las Fuerzas de Coalición”.
Al-Sharbi contesta ambas a través de la resistencia —
insistió en representarse
a sí mismo, en lugar de aceptar un abogado defensor estadounidense — y,
también, aparentemente, al caer en manos del gobierno estadounidense. En la
audiencia previa al juicio en abril del 2006, le dijo al juez “luché contra
Estados Unidos. Se los voy a poner fácil: estoy orgulloso de lo que hice”.
A pesar de esta aparente confesión, los cargos en su
contra desaparecieron dos meses después cuando la Suprema Corte, en Hamdan v. Rumsfeld, falló
que las comisiones militares eran ilegales. El congreso, sin embargo, revivió
las comisiones tres meses más adelante y en mayo del 2008 al-Sharbi fue acusado
nuevamente (junto con otros dos hombres) de dar apoyo material para terrorismo
y conspiración. Para octubre del 2006, sin embargo, nuevamente se retiraron los
cargos, en un escándalo poco recordado que sumió a las comisiones, cuando el
fiscal, teniente coronel Darrel Vandeveld renunció, acusando a los arquitectos
de las comisiones de crear un sistema diseñado para prevenir la divulgación de
evidencia esencial para la defensa.
La renuncia de Vandeveld estaba específicamente
conectada con el caso de Mohamed Jawad, un afgano y ex detenido niño que, como expliqué
en su momento, “supuestamente arrojó una granada contra un jeep que tenía a
dos soldados estadounidenses y un traductor afgano dentro”. Sin embargo,
Vandeveld “descubrió que el acusado tenía 16 ó 17 años al momento del ataque y,
más aún, que la evidencia que indicaba que fue drogado antes y que dos hombres
habían confesado haber cometido el crimen, había sido eliminada”.
Vandeveld, sin embargo, no era sólo el fiscal en el
caso de Jawad, sino que también era parte del caso en contra de al-Sharbi y
cuatro otros y, como expliqué también, las autoridades “estaban preocupadas de
que volviera a testificar para al defensa en otros cinco casos en los que era
responsable — revelando, posiblemente de manera más extraordinaria, historias
de evidencia eliminada y documentos incriminatorios con los que se haya
tropezado por error — que retiraron todos los cargos contra estos prisioneros
el 21 de octubre”.
De interés particular, en retrospectiva, es el rol que
jugó en estos casos por supuesta evidencia poco fiable de Abu Zubaydah, durante
largos años en los que fue torturado, que, incluyó waterboarding, una
vieja forma de tortura, en 83 ocasiones separadas.
Sorprendentemente al-Sharbi fue acusado
nuevamente, en los últimos días del gobierno de Bush, pero el caso fue
abandonado cuando el presidente Obama tomó el poder y bajo él, se convirtió en
uno de los 64 hombres elegibles para la Junta de Revisión Periódica, proceso
que finalmente lo aprobó para ser liberado.
Ghassan al-Sharbi y las Juntas de Revisión Periódicas
En junio del 2016, sin embargo, cuando su primera PRB se llevó a cabo, al-Sharbi
(identificado por las autoridades estadounidenses como Abdullah al-Sharbi)
continuó su resistencia al negarse
a participar en el proceso garantizando que los miembros de la junta
aprobarían su continuo encarcelamiento. Bajo Donald Trump, de nuevo se negó a
hacerlo cuando se llevó a cabo la segunda audiencia, aunque cuando sucedió no
obedecer era rutina entre prisioneros, que concluyeron correctamente que
bajo Trump el proceso completo era un engaño.
Dado todo lo anterior, podría parecer sorprendente que
al-Sharbi sea finalmente aprobado para ser liberado, pero como escribe Carol
Rosenberg para el New York Times, él “aparentemente se
ha suavizado en años recientes”.
Rosenberg citó a Sabrina P. Shroff, una defensora
pública federal que ha estado representando a al-Sharbi en su caso de habeas
corpus en el tribunal de distrito en Washington D.C el último año. Shoroff le
escribió a la Junta, para su última audiencia, el 7 de diciembre del 2021
declarando que ella cree que al-Sharbi “no representa amenaza alguna amenaza
para la seguridad nacional de los Estados Unidos” como lo describió el Times.
En su presentación, escribió que “él no tiene animadversión. Ha dicho
frecuentemente que tiene que ver hacia adelante y que la mejor manera es
hacerlo con los ojos claros y un corazón abierto y puro”.
También declaró que “está tan segura de su bondad” que
“lo recibiría en su casa” y le daría su dirección en Nueva York, aunque, como
dijo Rosenberg, “no es posible porque los ex detenidos en Guantánamo tienen
prohibido entrar a los Estados Unidos”.
En su audiencia, hade dos meses, su Representante
Personal (un oficial militar asignado para representar a los prisioneros en sus
PRB) destacó
que “estaba firme en estar presente para esta importante oportunidad” y también
dijo que, a través de largos años de encarcelamiento — cuando fue un
persistente huelguista de hambre — su saludo se había “deteriorado, haciendo
que fuera difícil para él moverse y doloroso viajar para reuniones y llamadas
telefónicas”. Sin embargo, en el último año “comenzó a trabajar con el staff
médico del Camp en un esfuerzo para mejorar su movilidad y salud en general”.
Como mencionó el Representante Personal, al-Sharbi
“atravesó el dolor para poder acudir a nuestra primera reunión” aunque “la
incomodidad física en la que estaba era evidente”, añadiendo que “me ha
impresionado en los últimos meses ver el gran esfuerzo que está haciendo para
ir a todas las reuniones que programé para prepararse para su PRB”.
También reconoció que “Ghassan sabe que la Junta tiene
preguntas acerca de su actitud y sus esperanzas para el futuro” y aseguró a los
miembros de la Junta que “está aquí para contestar todas sus preguntas”,
añadiendo que “creo que, con algo de ayuda para navegar el mercado laboral o
inscribirse en educación continua, Ghassan podría florecer en donde sea que sea enviado”.
Las propias declaraciones de al-Sharbi no se han hecho
públicas, pero en su “Determinación
final” el pasado 4 de febrero, los miembros de la Junta claramente
concluyeron que su cooperación justificaba aprobarlo para ser liberado. Dijeron
que “su falta de liderazgo o posición de facilitador en al-Qaeda o para los
talibanes” y “la eficiencia de los programas de rehabilitación y las medidas
que pueden tomar para mitigar cualquier amenaza futura” así como “el registro
de mejoría en la cooperación de al-Sharbi en detención,” su “compromiso en el
proceso de PRB para acudir a todas las reuniones establecidas por el
Representante Personal” y “su participación con el staff médico para mejorar
sus problemas de salud física y mental”. También recomendaron “la
implementación de un conjunto amplio de medidas de seguridad incluyendo monitoreo,
restricciones de viaje y el intercambio continuo de información”.
La necesidad de estos hombres aprobados para ser liberados de ser libres
Con la aprobación de al-Sharbi para liberación
poniendo al gobierno estadounidense en una posición en la que ahora ha aceptado
que más de la mitad de los prisioneros en Guantánamo deben ser liberados, la
justificación para la existencia de la prisión parece más delgada que nunca.
Por supuesto, necesitamos, más que nada, ver el progreso de liberaciones, pero
imagina los republicanos opositores a la propuesta de cierre de Guantánamo
intentar lidiar con el hecho de que, si todos estos hombres son liberados,
costará más de 25 millones de dólares anuales mantener detenidos a los
prisioneros que quedan.
Como un camino hacia el cierre de Guantánamo sin
atraer la histeria republicana, pareciera que el presidente Biden ha escogido
una ruta sabia — aunque debería de destacarse que utilizar un proceso
administrativo (PRB) en lugar de tribunal no es afrontar apropiadamente el
atolladero legal creado en Guantánamo y deberíamos de notar que la oposición
republicana no es lo que era antes, más que nada debido al fin de la guerra en Afganistán.
Habiendo dicho eso, Carol Rosenberg destacó ondas de
histeria republicana en relación a la reciente
decisión de la PRB de aprobar la repatriación de Mohammed al-Qahtani, quien
fue torturado en Guantánamo por su supuesto rol de ser el destinado veinteavo
secuestrador para los ataques del 11/9, pero cuya esquizofrenia, desde antes de
los intentos al-Qaeda para reclutarlo, fue demasiado severa para ser tratada en Guantánamo.
Carol Rosenberg destacó que “el viernes pasado, según
la gente familiarizada con este proceso, el Pentágono notificó al congreso que
el secretario de defensa Lloyd J. Austin III había firmado las garantías saudís
de seguridad para los arreglos del regreso del Sr. Qahtani”, una certificación de
que, como resultado de la agitación republicada durante la presidencia de
Obama, se requiere por ley de 30 días de aviso previo a la liberación de
cualquier prisionero. Rosenberg añadió que, aunque “la reacción inicial a la
decisión fue silenciada”, el lunes pasado el representativo de Alabama Mike D.
Rogers, el republicano senior del Comité de Servicios de la Casa Armada (House
Armed Services Committee), respondió a los plantes de transferir a al-Qahtani
para rehabilitación en Arabia Saudita acusando a la administración de Biden de
“una
terrible capitulación de la extrema izquierda”.
Esto podría salir bien para el grupo de fanáticos
republicanos pro Guantánamo, pero en el mundo real, la larga lucha para la
liberación de al-Qahtani de custodia estadounidense debido a sus profundos
problemas de salud mental va de acorde tanto con la Convención de Ginebra como
con la ley militar estadounidense y los jueces han reconocido eso en una serie
de números
de fallos en años recientes. Al oponerse a la liberación de
al-Qahtani, Rogers se ve menos como patriota que un patán con desprecio a la
ley y se espera mucho que, mientras algunos de los hombres aprobados sean
liberados, los republicanos reconocerán la necesidad de quedarse callados y de
no intentar justificar la continua existencia de una prisión en donde, después
de 20 años, la falta fundamental de ley permanece, un lugar en donde Estados
Unidos ha insistido que tiene derecho a detener, posiblemente para siempre, a
hombres que jamás han sido acusados de algún crimen.
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