Un juez destruye las comisiones militares de
Guantánamo y dictamina que los interrogatorios del "equipo limpio" no
pueden anular los efectos de la tortura
28 de agosto de 2023
Andy Worthington
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 31 de agosto de 2023
Abd al-Rahim al-Nashiri, fotografiado antes de su captura, y su juez de instrucción en las
comisiones militares de Guantánamo, el coronel Lanny J. Acosta Jr.
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En una
extraordinaria sentencia de 50 páginas dictada en las comisiones militares
de Guantánamo, el coronel Lanny J. Acosta Jr, el juez del caso de Abd al-Rahim
al-Nashiri, ciudadano saudita de ascendencia yemení, acusado de ser el cerebro
del atentado terrorista contra el USS Cole en 2000, en el que murieron 17
marineros estadounidenses, se ha negado a permitir que los fiscales utilicen
las declaraciones autoinculpatorias que al-Nashiri hizo a un denominado
"equipo limpio" formado por tres agentes del FBI, el NCIS y la
Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea los días 31 de enero y
1 y 2 de febrero de 2007, cinco meses después de ser trasladado a Guantánamo,
tras haber pasado casi cuatro años en "sitios negros" de la CIA,
donde fue sometido a horrendas torturas.
En el núcleo del medido y devastador dictamen del coronel Acosta se encuentra el reconocimiento
consternado de que el alcance de la tortura de al-Nashiri, y su ubicación con
un sistema diseñado para doblegarlo y hacerlo totalmente dependiente de los
caprichos de sus interrogadores para evitar nuevas torturas, hicieron imposible
que hubiera prestado ningún tipo de declaración autoinculpatoria no coaccionada
al "equipo limpio" que lo entrevistó en 2007.
Para llegar a esta conclusión, el coronel Acosta reconstruye minuciosamente un relato de la tortura de al-Nashiri que cuenta
esta brutal historia con más detalles agonizantes y forenses que ningún otro
relato anterior, basándose en gran medida en los relatos de la tortura de
al-Nashiri en el revelador resumen
no clasificado de 500 páginas del informe del Comité de Inteligencia del
Senado sobre el programa de tortura de la CIA -técnicamente, el programa
Entrega, detención e interrogatorio (RDI por sus siglas en inglés)- que se publicó en
diciembre de 2014, en el testimonio de numerosos expertos convocados por el
equipo de la defensa en audiencias celebradas entre julio de 2022 y junio de
2023, y en el testimonio de James Mitchell y Bruce Jessen, dos psicólogos de
plantilla de la escuela SERE de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, que fueron
contratados para dirigir el programa de tortura sobre el terreno.
SERE son las siglas de "Survival, Evasion, Resistance, and Escape" (Supervivencia, Evasión,
Resistencia y Escape) y, como explica el coronel Acosta, en las escuelas SERE
los miembros del servicio estadounidense son "sometidos a ejemplos de
trato duro y al uso de técnicas de interrogatorio coercitivas" para
"equiparlos con la capacidad de resistir en caso de ser hechos
cautivos". Sin embargo, como también señala, "ni Mitchell ni Jessen
eran interrogadores entrenados".
En el relato del coronel Acosta se echa notablemente en falta cualquier contribución
significativa del equipo de la acusación en el caso de al-Nashiri. Toda la
sentencia parece algo que hubiera escrito su equipo de defensa, o un abogado de
derechos humanos de una destacada ONG, lo cual es apropiado, ya que el gobierno
no puede esperar poder defender ningún aspecto del programa de tortura.
Sin embargo, es a la vez aleccionador y escalofriante darse cuenta de que incluso el juez del caso
de al-Nashiri tuvo que basarse en el informe del Senado -para el que la CIA y
el gobierno tuvieron que proporcionar millones de páginas de documentos a
menudo incriminatorios en los que se contaban los detalles del programa de
torturas, que de otro modo serían en gran medida desconocidos- porque los
fiscales no han proporcionado casi nada voluntariamente en las comisiones
militares, que, desde su punto de vista, parecen existir en un mundo paralelo,
en el que el condenatorio informe del Senado puede ser ignorado, y en el que
años de audiencias previas al juicio han retumbado de forma inconclusa porque
los equipos de defensa se han visto obligados a luchar en todos los frentes
imaginables para conseguir casi cualquier información.
A Mitchell y Jessen se les atribuye con razón -o se les condena podría ser una palabra más apropiada-
la creación y el mantenimiento de la crueldad central del programa de tortura:
la de un "contrato" entre los interrogadores y sus prisioneros,
basado en el entendimiento de que la tortura de los prisioneros, aplicada antes
de que comenzara cualquier interrogatorio, llegaría a su fin si se percibía que
eran obedientes durante sus interrogatorios posteriores, pero se reanudaría si
se percibía que esa obediencia había decaído.
Sin embargo, el coronel Acosta deja claro que Mitchell y Jessen -aunque bien recompensados
económicamente- eran meros contratistas, y que fue la CIA la que
"desarrolló, con la aprobación del Departamento de Justicia (DOJ), una
lista de 'Técnicas de Interrogatorio Mejoradas' (EIT) para ser utilizadas
durante los interrogatorios de sospechosos de terrorismo", incluyendo el
submarino (ahogamiento controlado), la privación prolongada del sueño, el
confinamiento en espacios reducidos y varias posiciones de estrés agonizante.
Señalando que se trata de "los tipos de técnicas de interrogatorio coercitivas que han sido empleadas en el pasado por
adversarios comunistas como Corea del Norte, la Unión Soviética y China",
el coronel Acosta explica lo que debería haber sido obvio para la CIA y el
gobierno de EE.UU.: que el uso de estas técnicas por un enemigo hostil
"era para obtener la conformidad de los sujetos, más que para reunir
inteligencia útil". También señala que, para estos regímenes, las "técnicas
duras" se utilizaban específicamente "para extraer confesiones
falsas", y que "el submarino y la privación del sueño, que se
remontan a la antigüedad, se han utilizado en persecuciones políticas o
religiosas para obtener retractaciones o confesiones", y añade,
señaladamente: "Tales técnicas no obtienen información fiable."
La tortura de Al-Nashiri en los "sitios negros"
En once desgarradoras páginas de su sentencia, el coronel Acosta repasa las torturas infligidas a
Al-Nashiri en los "sitios negros". Acosta repasa las torturas
infligidas a al-Nashiri en un espeluznante recorrido por casi todos los
"sitios negros": en Afganistán, en el lugar conocido por los
prisioneros como "la prisión oscura", que Jessen describió en su
testimonio de abril como "deplorable" y "medieval", y donde
un prisionero, Gul Rahman, "murió expuesto... en Tailandia, donde estuvo
recluido durante tres semanas junto a Abu Zubaydah,
el primer prisionero del "sitio negro", y donde fue sometido
a submarino, que Jessen describió en su testimonio como "visual y
psicológicamente muy incómodo para todos los implicados", y también
describió "una sesión de submarino de Abu Zubaydah en la que algunos
observadores de la sala lloraron mientras veían el procedimiento"; en
Polonia; y en el "sitio negro" de Guantánamo que existió desde
finales de 2003 hasta principios de 2004, donde emprendió una huelga de hambre,
a la que "la CIA respondió ... alimentándole a la fuerza por vía
rectal" con Ensure. Evidentemente, el coronel Acosta encontró esto
particularmente atroz, ya que señala que "desde principios del siglo XX,
los conocimientos médicos han concluido que no hay ninguna razón médica para
llevar a cabo la llamada 'alimentación rectal'. Aunque los líquidos pueden
absorberse a través del recto en casos de emergencia, los alimentos o la
nutrición no."
Desde Guantánamo, donde el "lugar negro", como él mismo señala, se cerró "en
previsión de la posible sentencia del Corte Supremo de Estados Unidos
relacionada con los detenidos en el caso Rasul contra Bush", al-Nashiri
fue trasladado a otros "sitios negros" en Rumanía, Lituania y otra
prisión en Afganistán antes de su traslado final a Guantánamo. En 2005, era
evidente que luchaba por mantener la cordura. En junio de 2005, el "jefe
de la base" de Rumanía "suspendió los interrogatorios del acusado
porque era raro que reconociera las fotografías que se le mostraban y porque la
repetición de los interrogatorios a menudo provocaba arrebatos", y en
julio "la CIA estaba preocupada porque estaba deprimido, no cooperaba y
estaba 'al borde de un ataque de nervios'".
En el momento del traslado final de al-Nashiri a Guantánamo, como señala el coronel Acosta,
"los funcionarios de la CIA le diagnosticaron ansiedad y trastorno
depresivo mayor" y, como también explica, "durante todo el tiempo que
permaneció en los sitios negros, no tuvo contacto con nadie que no fuera
empleado o agente de Estados Unidos u otro detenido. [Nunca supo dónde estaba y
estuvo prácticamente incomunicado durante la mayor parte de cuatro años".
También termina su relato de los años de "sitio negro" de al-Nashiri con una conclusión
adecuadamente sombría. "Entre 2002 y 2006, en el programa RDI",
afirma, "la Comisión concluye que el acusado fue sometido por la CIA a
coacción física y abusos equivalentes a tortura, así como a condiciones de vida
que constituían trato cruel, inhumano y degradante".
Por el camino, el relato del coronel Acosta sobre los años de los "sitios negros"
también revela hasta qué punto los funcionarios sobre el terreno eran
regularmente desautorizados por el cuartel general de la CIA en Langley cuando
querían dejar de torturar a al-Nashiri porque lo consideraban complaciente
(ocurrió en Tailandia y en Polonia), y cómo, en Polonia, un agente deshonesto
socavó la coherencia que pudiera haber en el plan de Mitchell y Jessen para el
cumplimiento, aunque queda claro en todo momento que Mitchell y Jessen
mantuvieron en gran medida su control.
Como explica el coronel Acosta, en Polonia, en un interrogatorio con una analista,
"Mitchell asistió al interrogatorio y animó al acusado a cooperar,
recordándole que querían evitar más 'tiempos difíciles' si no cooperaba",
y durante su encarcelamiento Mitchell o Jessen realizaban "visitas de
mantenimiento" para "recordar a los detenidos que debían ser
obedientes y facilitar información a los interrogadores cuando se les
pedía". Como añade el coronel Acosta, "las visitas de mantenimiento
servían para recordar al acusado que la falta de cooperación supondría el
incumplimiento del contrato y la posibilidad de volver a los 'tiempos difíciles',
la reimplantación de las IET". Mitchell y Jessen creían que su sola
presencia, dado que ellos mismos habían participado en la implantación de las
IET, era suficiente para fomentar el cumplimiento [y] también supervisarían las
sesiones informativas, entrando y saliendo a veces de la sala."
En cuanto al agente corrupto, como explica el coronel Acosta, este individuo en particular, identificado como NX2,
"se hizo cargo del interrogatorio del acusado, supervisando a varios
interrogadores que utilizaron una serie de técnicas no autorizadas. Lo
colocaron en una posición de tensión de pie con las manos por encima de la
cabeza durante aproximadamente dos días y medio. Le pusieron una pistola en la
cabeza y también le amenazaron con un taladro eléctrico... Al menos uno de los
interrogadores le dijo que podían traer a su madre y abusar sexualmente de ella
mientras le obligaban a mirar. [Le lavaron y frotaron a la fuerza, incluidas
las nalgas y los genitales, con un cepillo de cerdas duras que luego le
metieron a la fuerza en la boca". Más tarde declaró a la Dra. Sondra
Crosby, experta en el tratamiento de víctimas de tortura, a quien se permitió
visitarlo en Guantánamo y reunirse con él durante 30 horas, "que fue
sodomizado con el cepillo."
En su informe posterior, la doctora Crosby describió a al-Nashiri como "una de
las personas más gravemente traumatizadas que he visto nunca", y sus
conclusiones desempeñaron un papel fundamental en la elaboración de un dictamen
devastador sobre al-Nashiri que emitió el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la
Detención Arbitraria hace tres meses, y sobre el que escribí en un artículo
titulado La
ONU condena la detención arbitraria del prisionero de Guantánamo y víctima de
tortura Abd Al-Rahim Al-Nashiri y hace un llamado para su liberación.
Se podría argumentar que todas las torturas no aprobadas que se han mencionado anteriormente desvían
la atención central de la obsesión de Mitchell y Jessen por el condicionamiento
y la conformidad, pero en realidad sirven a un propósito importante al poner de
relieve cómo un sistema supuestamente controlado de tortura específica era
también salvaje e inexplicablemente brutal, lo que se sumaba a la impotencia
experimentada por al-Nashiri. El coronel Acosta no simpatiza con al-Nashiri a
título personal, pero es evidente a lo largo de su relato que está
verdaderamente consternado por la forma en que un individuo puede ser tan profundamente
brutalizado, deshumanizado y traumatizado por representantes de su propio
gobierno, de modo que acabe tan destrozado que sea incapaz de ejercer su libre
albedrío, cuando más tarde se le pide que se autoinculpe sin coacción.
Guantánamo y el "equipo limpio"
Tras su traslado a Guantánamo, como explica el coronel Acosta, al-Nashiri, y los otros 13
"detenidos de alto valor", tuvieron por fin su "primer contacto
con una persona que no era agente o empleado de Estados Unidos" desde su
captura, cuando "se les permitió reunirse con el Comité Internacional de
la Cruz Roja", y "todos ellos proporcionaron relatos detallados
similares sobre el programa RDI."
Ese informe, presentado a la CIA el 14 de febrero de 2007, se filtró
en 2009, pero en el momento de su presentación las autoridades estadounidenses
habían cerrado firmemente la puerta a cualquier otra injerencia exterior, al
haber emprendido ya el interrogatorio del "equipo limpio" que
esperaban facilitara el procesamiento de Al Nashiri.
Los tres agentes especiales eran Steve Gaudin, del FBI, Robert McFadden, del NCIS, y Kristen
(Sendlein) Lange, de la Oficina de Investigaciones Especiales de las Fuerzas
Aéreas, aunque, como señala el coronel Acosta, ya en 2002 Gaudin había estado
"presente en el lugar durante la aplicación de las IET a Abu
Zubaydah" tras su captura, y había "participado en los
interrogatorios", de lo que se deduce claramente que, en consecuencia, no
debería haber formado parte del "equipo limpio". El coronel Acosta
también señala que el equipo de interrogatorios "tenía asignado" un
abogado del DOJ, que "supervisaba el interrogatorio y consultaba con los
agentes en los descansos."
Todo lo relacionado con la entrevista se preparó para que pareciera voluntaria, aunque el coronel
Acosta señala que "[n]o hay pruebas en el expediente de que se diera al
acusado la opción de reunirse o no inicialmente con los agentes", y
también señala: "Los agentes recibieron instrucciones de no leer los
derechos Miranda a los detenidos... lo que Gaudin describió como 'no normal'.
Sin embargo, los agentes recibieron instrucciones de obtener una declaración
que pudiera ser utilizada en un proceso penal o policial en un tribunal
militar." Y añade: "La Comisión concluye que los agentes recibieron
instrucciones de no realizar las advertencias tradicionales de Miranda para
aumentar la probabilidad de obtener información incriminatoria de los detenidos
que estaban siendo considerados para posibles cargos penales y juicio."
Además, "los agentes recibieron instrucciones de que, en caso de que el
acusado pidiera un abogado, le dijeran que no tenía derecho a uno."
Como también explica el coronel Acosta, "los agentes declararon que no trabajaban para ninguna
organización que hubiera retenido anteriormente al acusado y que eran
independientes de ella", y "le dijeron que estaba bajo la custodia
legal del Departamento de Defensa (DOD) y que no volvería con sus anteriores
captores". Sin embargo, sin que los agentes lo supieran, después de que
los 14 HVD, incluido el acusado, llegaran al NSGB [Guantánamo] en septiembre de
2006, fueron mantenidos separados de los demás detenidos y permanecieron bajo
el control operativo de la CIA".
Resulta alarmante que "ninguno de los interrogatorios de los acusados se grabó por medios
sonoros o visuales. Además, no se realizó ninguna trascripción de la
entrevista. El único registro de lo ocurrido durante las entrevistas es el
Memorando con Membrete (LHM) preparado por los agentes, que resume lo que el
Acusado dijo durante las entrevistas, así como las notas individuales de los agentes."
Según el LHM, como explica el coronel Acosta, "durante los tres días de entrevistas, el
Acusado se autoincriminó directamente, proporcionando amplios detalles sobre su
papel directo en la conspiración que culminó en el ataque al USS COLE", y
al final del tercer día "dijo a los agentes que no quería continuar las
entrevistas, ya que no tenía nada más que decir."
Durante las entrevistas, también habló de sus torturas. Afirmó que había sido torturado y
mencionó específicamente el submarino. Afirmó que le habían colgado
del techo durante largos periodos de tiempo, que le habían dejado desnudo para
que se ensuciara y que le habían sumergido en agua hasta el punto de que sentía
que se ahogaba". Los agentes, sin embargo, no le dijeron que habían
recibido "instrucciones de incluir cualquier alegación de malos tratos por
parte de los detenidos en un documento aparte grabado en un ordenador
aparte". Tampoco, y esto es crucial, le dijeron que "las
declaraciones previas que hizo mientras estaba bajo custodia de la CIA y
mientras sufría malos tratos por parte de los interrogadores de la CIA no
podían utilizarse en su contra ante un tribunal."
Aunque los principales medios de comunicación prestaron atención brevemente a la decisión del coronel
Acosta, ninguno pareció darse cuenta de que estaba respondiendo a una petición
de la defensa no sólo para que se suprimieran las declaraciones de su
"equipo limpio", sino también para que se suprimiera la declaración
que hizo el 14 de marzo de 2007 ante un Tribunal de Revisión del Estatus de
Combatiente (CSRT), que el coronel Acosta describió como
"un hecho real". Acosta describió como "un procedimiento de
determinación de los hechos que se celebra para que los miembros del tribunal
puedan determinar si un detenido debe ser clasificado como combatiente
enemigo", una designación que era necesaria para proceder a cualquier
procesamiento en las comisiones militares.
En contraste con la "confesión" en su interrogatorio del "equipo limpio",
al-Nashiri declaró ante el CSRT, a través de una declaración preparada que leyó
su representante personal (un militar asignado a él), que fue "torturado
para que confesara y que, una vez que confesó, sus captores se alegraron y
dejaron de torturarlo", y también "afirmó que se inventó historias
durante la tortura para conseguir que cesara".
También, en concreto, "negó cualquier implicación en el atentado contra el USS COLE" y,
"[s]i bien admitió que conocía a personas implicadas en el atentado contra
el USS COLE, insistió en que sólo tenía una relación de negocios con ellas y
que no sabía lo que planeaban hacer".
Derecho y análisis
En su análisis, el coronel Acosta comienza destacando cómo la Ley de Comisiones Militares
establece, sin lugar a dudas, que "[n]inguna declaración obtenida mediante
el uso de la tortura o mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes... será
admisible en una comisión militar", antes de repasar otros precedentes
jurídicos relacionados con la tortura, como Brown v. Mississippi (1936), en el
que el Corte Supremo sostuvo que "era un error que el tribunal de primera
instancia recibiera como prueba declaraciones obtenidas de los acusados
mediante tortura". Mississippi (1936), en el que el Corte Supremo sostuvo
que era un error que el tribunal recibiera como prueba declaraciones obtenidas
de los acusados mediante tortura" - en ese caso, siendo "azotados sin
piedad por una turba que incluía a un ayudante del sheriff hasta que sus
espaldas fueron 'cortadas en pedazos con una correa de cuero con hebillas'".
El Cnel. Acosta cita además la sentencia, señalando que a los acusados "el mencionado ayudante
del sheriff les hizo entender definitivamente que los azotes continuarían a
menos que confesaran y hasta que lo hicieran, y no sólo confesaron, sino que
confesaron con todo lujo de detalles tal y como exigían los presentes...".
Una vez obtenidas las confesiones en la forma y contenido exactos deseados por
la muchedumbre, se marcharon con la advertencia de que, si los acusados
cambiaban su historia en cualquier momento respecto a la última declarada, los
perpetradores del ultraje les administrarían el mismo tratamiento o uno
igualmente efectivo."
Al día siguiente, como explica el coronel Acosta, "dos oficiales vinieron a oír la confesión
libre y voluntaria de estos miserables y abyectos acusados", que
posteriormente "se utilizaron en el tribunal para establecer las supuestas confesiones."
Como señaló el Corte Supremo en Brown, con palpable disgusto, "en aspectos pertinentes la
trascripción se parece más a páginas arrancadas de algún relato medieval que a
un registro hecho dentro de los confines de una civilización moderna que aspira
a un gobierno constitucional ilustrado."
El Cnel. A continuación, el coronel Acosta compara valientemente el caso Brown con el de
al-Nashiri, señalando que la "diferencia significativa" entre ambos
casos es "el lapso de cuatro años transcurrido entre el peor de los abusos
sufridos por el acusado y los interrogatorios y diligencias que condujeron a
las declaraciones ofrecidas por el Gobierno", que, según ellos,
"deberían ser admisibles en juicio porque no se obtuvieron mediante
tortura o coacción y porque las circunstancias que rodearon la realización de esas
declaraciones están suficientemente atenuadas de la mancha de los abusos
infligidos al acusado entre 2002-2006."
Como el coronel Acosta se atreve a explicar: "La posición del Gobierno plantea la cuestión de si,
si los acusados Brown hubieran seguido detenidos en la cárcel durante cuatro
años, sin acceso a un abogado ni a nadie más que a los miembros del
departamento del sheriff, mientras recibían periódicamente 'visitas de
mantenimiento' de la mafia que los torturó para recordarles que más les valía seguir
respondiendo a las preguntas o arriesgarse a volver a los 'tiempos difíciles',
confesiones similares hechas a un ayudante del sheriff diferente, con un
asesoramiento mínimo en materia de derechos, estarían suficientemente atenuadas
de la tortura."
Sorprendentemente para el gobierno, el coronel Acosta concluye que, dado el alcance de la tortura de
al-Nashiri y el "condicionamiento" de Mitchell y Jessen, es
completamente irrazonable suponer que sea posible atenuar la mancha de la
tortura. Como explica: "Como parte del programa IET basado en la
psicología, el acusado fue condicionado mediante la tortura y otros métodos
inhumanos y coercitivos por psicólogos formados que también participaron en la
tortura para que se mostrara sumiso durante los interrogatorios y las sesiones
informativas. Este condicionamiento continuó mediante repetidas visitas de
mantenimiento para asegurarse de que [él] seguía siendo obediente. Por lo
tanto, aunque las IET pueden haber cesado en 2003, el acusado fue sometido a
constantes recordatorios por sus torturadores originales del contrato no
escrito, y el hecho de que la falta de cooperación con los interrogadores a
petición podría conducir a un retorno a los "tiempos difíciles". Como
era de esperar, el acusado siguió haciendo declaraciones mientras estuvo bajo
custodia de la CIA desde finales de 2002 hasta septiembre de 2006. Estas
declaraciones, realizadas en el transcurso de decenas de interrogatorios y
sesiones informativas a lo largo de cuatro años, no sólo no fueron advertidas, sino
que en realidad fueron coaccionadas, con la amenaza constante de "tiempos
difíciles" si el acusado no cumplía su parte del
"contrato"".
Y añade: "El Gobierno no ha demostrado que existiera un alivio significativo de esas
condiciones antes de la entrevista con el FBI", y "Habiendo
constatado que el acusado fue sometido a tortura y otros abusos físicos y
mentales que crearon las condiciones coercitivas en las que prestó numerosas
declaraciones incriminatorias a la CIA durante cuatro años, cualquier declaración
posterior realizada por el acusado está presumiblemente contaminada por las
declaraciones anteriores obtenidas mediante tortura".
Como también explica: "Tras cuatro años de reclusión en régimen de aislamiento en una serie de
centros clandestinos controlados por la CIA, incluido el mismo lugar en el que
se tomó la declaración de la LHM, el acusado fue transferido a la custodia del
Departamento de Defensa en septiembre de 2006. La LHM se tomó cuatro meses
después. Cuatro meses es una cantidad de tiempo considerable; sin embargo, es
una pequeña fracción de tiempo en comparación con los años que el Acusado pasó
incomunicado en condiciones de vida inhumanas y degradantes."
"Además", señala, "las condiciones de reclusión del acusado sólo mejoraron de forma gradual
y en pequeñas proporciones desde que estuvo bajo custodia de la CIA hasta que
estuvo bajo custodia del Departamento de Defensa. Aparte de dos visitas con el
CICR una vez que fue devuelto al NSGB, el acusado seguía estando recluido en el
mismo lugar que el antiguo centro clandestino de la CIA en el que había estado
recluido anteriormente y había sido sometido a alimentación rectal forzada.
Además, seguía bajo el completo dominio y control de sus captores, como lo
demuestran las extracciones forzadas de celdas y el aseo forzado [que tuvieron
lugar entre septiembre de 2006 y enero de 2007]. En esas circunstancias, es
difícil concebir cómo el acusado podría haber creído que sus circunstancias
habían cambiado significativamente o que el "contrato" no seguía
plenamente vigente."
En un pasaje sorprendente que resume la finalidad del interrogatorio del "equipo
limpio", el coronel Acosta señala lo cuidadosa y cínicamente que se
elaboró. Según afirma, "los agentes de las fuerzas de seguridad
estadounidenses llegaron en enero de 2007 con el propósito de obtener
declaraciones incriminatorias del acusado. Ya existía un equipo de fiscales que
probablemente sabía que [sus] declaraciones anteriores durante el programa RDI
nunca serían admisibles en ningún juicio. La solución a ese problema era
obtener nuevas declaraciones incriminatorias. Para obtener nuevas declaraciones
que pudieran ser utilizadas en juicio, el equipo de la acusación ideó una
advertencia de derechos para que los agentes se la proporcionaran al acusado,
que fue cuidadosamente elaborada para lograr un equilibrio entre evitar la
coacción directa pero también dejar al acusado en la oscuridad en varios
aspectos importantes. A pesar de haber demostrado, en numerosas ocasiones, la
capacidad de proporcionar un asesoramiento completo sobre derechos a otros
detenidos en países extranjeros, incluso durante los interrogatorios de los
presuntos agentes de Qaeda Owhali, Badawi y Quso [en relación con los atentados
de la Embajada de África de 1998], el Gobierno estadounidense, incluidos el
Departamento de Justicia y la CIA, optaron por crear un asesoramiento
específico y limitado sobre derechos para el acusado. Por ejemplo, no se le
informó de que podía consultar a un abogado. Ese derecho tendría que esperar
hasta después de que se autoinculpara y el Gobierno llegara a acusarle de
delitos. Además, el aviso de derechos falló en un aspecto importante: no le
notificó que sus declaraciones anteriores, obtenidas mediante tortura, no
podrían utilizarse en su contra en ningún juicio futuro".
Sí, ha leído bien: a al-Nashiri "no... se le informó de que podía consultar a un abogado",
porque "ese derecho tendría que esperar hasta después de que se
autoinculpara y el Gobierno llegara a imputarle delitos".
En un párrafo posterior, el coronel Acosta explica vívidamente que al-Nashiri no tenía forma
de saber que sus antiguos torturadores no le estaban esperando para tenderle
una nueva emboscada. Como afirma: "El Gobierno insta a la Comisión a
concluir que el acusado debería haber sido o era consciente de que sus
condiciones habían cambiado de alguna manera significativa. Si bien es cierto y
la Comisión considera que los agentes que llevaron a cabo sus declaraciones de
enero-febrero de 2007 trataron al acusado con equidad y respeto y no le
sometieron a ninguna forma de coacción, este echo por sí solo no borra
necesariamente todo lo que había ocurrido antes. El acusado, al haber tenido
que responder a las preguntas de varios interrogadores a lo largo de los años
bajo la amenaza de volver a los "tiempos difíciles", no podía esperar
saber si los agentes Gaudin, McFadden y Sendlein pertenecían en realidad a una
agencia distinta de la que le había torturado durante años. No estaba en
condiciones de saber si los doctores Mitchell y/o Jessen estaban observando los
interrogatorios en la sala contigua y preparados para intervenir con un trato
más abusivo en caso de que incumpliera el contrato. No tenía motivos para dudar
de que, de repente y sin previo aviso, le enviaran de nuevo a un calabozo como los
que habían vivido antes. No tenía motivos reales para saber si NX2 acechaba
cerca con una pistola, un taladro o un palo de escoba en la mano en caso de que
decidiera guardar silencio u ofrecer versiones de los hechos que difirieran de
lo que había contado a sus interrogadores anteriores".
En conclusión, el coronel Acosta afirma: "La Comisión considera que el Gobierno no ha
cumplido con su carga de demostrar que las declaraciones hechas por el acusado
entre el 31 de enero de 2007 y el 2 de febrero de 2007 se hicieron
voluntariamente." En una de las pocas frases recogidas por los principales
medios de comunicación, añade: "Incluso si las declaraciones de 2007 no se
obtuvieron mediante tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, se
derivaron de ella."
Como también señala, "la exclusión de tales pruebas no está exenta de costes sociales. Sin
embargo, permitir la admisión de pruebas obtenidas mediante tortura o derivadas
de ella por el mismo gobierno que pretende procesar y ejecutar al acusado puede
tener costes sociales aún mayores. Permitir la admisión de estas pruebas
socavaría en gran medida la imparcialidad real y aparente del proceso penal
contra el acusado en este caso e infectaría el juicio con la injusticia
suficiente para hacer que cualquier condena resultante sea una negación de
cualquier proceso que sea debido".
Al final de su sentencia, el coronel Acosta añade que, aunque suprime las declaraciones del
"equipo limpio", permite la declaración que hizo al-Nashiri ante su
CSRT, porque, en ese momento, estaba claro que creía que "ya no corría
peligro por parte de sus antiguos interrogadores", ya que "negó gran
parte de lo que había dicho anteriormente a los interrogadores e investigadores
entre 2002 y 2007", por ejemplo, "tener algo que ver con el atentado
contra el USS COLE" y "ser miembro de Al Qaeda".
Pedir un acuerdo de culpabilidad para al-Nashiri
Queda por ver si los fiscales impugnarán el dictamen, pero parece una vana esperanza que la opinión
del coronel Acosta pueda ser fácilmente anulada, basándose, como lo hace, en
tantos testimonios de expertos durante el último año.
Sus implicaciones no sólo parecen descarrilar el procesamiento de al-Nashiri; también proyectan una
sombra sobre el procesamiento de los cinco hombres acusados de participar en
los atentados del 11-S, que también fueron sometidos a interrogatorios del
"equipo limpio" tras su llegada a Guantánamo procedentes de los
"sitios negros".
La salida a esta demostración definitiva de que la tortura no puede ser desinfectada debe ser,
sin duda, que las autoridades acepten finalmente y sin condiciones que los
juicios son insostenibles, y se centren en cambio en los acuerdos de
culpabilidad que ya
están en marcha para los acusados del 11-S desde el año
pasado, retirando la pena de muerte de la mesa, y constituyendo un
reconocimiento por parte de los fiscales de que, por mucho que deseen lo
contrario, el uso de la tortura ha hecho que su caso sea imposible de ganar.
Tras la decisión del coronel Acosta, parece evidente que las negociaciones para
la declaración de culpabilidad también deben comenzar en el caso de al-Nashiri.
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