El coronavirus y la población extraordinariamente vulnerable de
Guantánamo
Andy Worthington
EurasiaReview
4 de abril de 2020
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 23 de abril de 2020
Desde que el coronavirus comenzó a esparcirse de manera alarmante a nivel global,
aquellos que trabajan con y a favor de los prisioneros, ha sido consciente de
la amenaza que representa para aquellos encarcelados. Esto aplica, como han
mencionado los comentaristas, mientras piden acción urgente, a los millones de
prisioneros alrededor del mundo quienes se encuentran encarcelados después de
ser encontrados culpables, así como, en algunos países, a los prisioneros políticos.
En el Reino Unidos, abogados le piden al gobierno, inútilmente, que liberen
a Julian Assange, quien se encuentra en la prisión de máxima seguridad en
Belmarsh, Londres, luchando contra los esfuerzos del gobierno británico de
extraditarlo a los Estados Unidos para enfrentar cargos completamente
inapropiados de espionaje en relación a su trabajo con Wikileaks; y en los EE.
UU. también subrayando los peligros que enfrenta un país que tiene 2.2 millones
de prisioneros domésticos, la cantidad más grande por persona en el mundo,
algunos activistas han destacado los peligros que el virus representa para los 40 hombres que se
encuentran detenidos en la prisión de la bahía de Guantánamo, todos por
entre 12 y 18 años, y casi todos encerrados de manera indefinida sin cargos ni juicio.
La difícil situación de los prisioneros en Guantánamo fue particularmente
destacada hace ocho días, el pasado 24 de marzo, cuando la Marina
estadounidense anunció, en un comunicado de
prensa, que un marinero de la base había “salido positivo por COVID-19” y
se encontraba “actualmente bajo evaluación y tratamiento”. El desplegado de
prensa de la Marina añadió que el Departamento de la defensa había ya
“notificado a las autoridades de la salud pública acerca del resultado
positivo” y que habían “tomado las precauciones prudentes” para asegurar que el
miembro de servicio estuviera “recibiendo el cuidado apropiado”. También se
mencionó que le marinero estaba “en ese momento aislado en su hogar y
restringido en movimiento siguiendo las estipulaciones del Centro de Control de
Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) y de Lineamientos de Prevención” y
que los esfuerzos para rastrear recientes contactos que haya tenido el marino
se estaban llevando a cabo”.
El comunicado de prensa también mencionó que “la Estación Naval de la Bahía de Guantánamo ha
desarrollado una estrategia de mitigación agresiva para minimizar la expansión
del COVID-19 y para proteger la salud de nuestra fuerza” pero, como expliqué en
una anotación
en Facebook después de las noticias, “ninguna mención se hizo acerca de la
protección de la salud de los 40 detenidos a su cargo, que no es ninguna
sorpresa, pero es cruel”.
Añadí que “lo que debería suceder ahora es que los prisioneros que no estén
enfrentando un juicio, y que probablemente jamás lo hagan, podrían de ser
liberados, pero desafortunadamente es poco probable que sea llamativo para un
gobierno cuya cabeza es Donald Trump, a quien no le importa y quien no se le
puede hacer que le importe”.
Desafortunadamente creo que es verdad que Trump no
tendrá interés alguno en liberar a ninguno de estos hombres, pero me da gusto
mencionar que, ayer, Scott Roehm, director en Washington del Centro para
Víctimas de Tortura (o Center for Victims of Torture), escribió un artículo
para Just Security en el que hace un llamado para otras respuestas
prácticas que deberían de ser proporcionadas por el gobierno. Concretamente,
otorgarle a los prisioneros y a sus abogados “cualquier protocolo, plan o
lineamiento” para “prevenir que el COVID-19 llegue a las instalaciones de
detención” y para lidiar con él si esto llegara a suceder, dándoles a los
abogados los registros médicos (si el prisionero está de acuerdo), pidiéndole
al Congreso que permita que los prisioneros sean transferidos a territorio
estadounidense para cualquier emergencia médica”, evadir el aislamiento de los
prisioneros cuando sea posible y designando a un jefe médico como solicitó la
Ley Nacional de Autorización de la Defensa.
Se tiene toda la esperanza de que el gobierno ponga
atención y de que la prensa retome la importancia de intentar garantizar la
seguridad de los detenidos en Guantánamo durante la crisis del coronavirus,
especialmente porque, como lo explica Scott Roehm, varios prisioneros tienen
serios problemas de salud, lo que los hace particularmente vulnerables al
virus. Saifullah Paracha, el detenido más Viejo, cuyo caso he revisado de cerca
en los catorce años que llevo dedicándole mi vida a la cobertura de Guantánamo
y a lograr que cierre, y a quienes dediqué mi más reciente artículo publicado
la semana pasada titulado Uzair Paracha, víctima de
las mentiras torturadas del terrorismo es liberado de la prisión
estadounidense. ¿Por qué su padre continúa detenido en Guantánamo?. Nashwan
al-Tamir (también conocido como Abd al-Hadi al-Iraqi), un “detenido de alto
valor” que fue candidato para juicio, que sufre de problemas severos de espalda
que no han sido adecuadamente abordados con las cuatro operaciones realizadas
en Guantánamo en los últimos seis meses; Sharqawi Al-Hajj, de quien también he
escrito extensamente es un huelguista de hambre de mucho tiempo que intentó
quitarse la vida el año pasado y cuya salud está bastante en riesgo.
Apenas ayer, de hecho, mientras era publicado el
artículo de Scott Roehm, una
carta suya y de otro experto fue enviada al secretario de la defensa
Mark Esper, mencionando que “La salud del Sr. Al Hajj se ha deteriorado
significativamente de nuevo”, animado a que Esper “tome las medidas apropiadas
para mitigar la situación antes de que sea catastrófica”.
Como explicó en su artículo Scott Roehm, otro
desafortunado efecto del coronavirus ha sido que “acceso a abogados” ha sido
“severamente restringido debido al virus”, convirtiendo en algo “esencialmente
imposible” las visitas de abogados, cortando la única línea independiente de
vida para los prisioneros y también cercenando las pocas visitas permitidas
para expertos médicos independientes. Sumándole a esto, “se suspendió el sistema
de paquetería legal a y desde Guantánamo”, pero Roehm explica que la respuesta
a todos estos problemas, en estos tiempos difíciles, es que las autoridades
estén abiertas al uso de vídeo conferencias.
Entré en shock cuando me di cuenta de que los hombres
encerrados ahí están actualmente completamente desconectados del mundo exterior
debido al virus, que, para mí, significa que absolutamente esencial ejercer
presión sobre el gobierno de Trump para que responda a las exigencias de Scott
Roehm. Estuve analizando su artículo y si estás de acuerdo con que urge tomar
acción, por favor contacta a tus senadores y representantes si vives en los
Estados Unidos y escribe a los medios para pedir que cubran esta historia.
Las
precauciones en Guantánamo para el COVID-19 deben salvaguardar los derechos de
los detenidos
Scott Roehm, Just Security, 31 de marzo del 2020
Mi colega Daphne Eviatar escribió un excelente artículo
la semana pasada acerca de las implicaciones en derechos humanos de la “guerra”
contra el COVID-19, en el cual observa de manera correcta que “el medio billón
de dólares gastados por año en una prisión fuera del territorio para 40 hombres
a los cuales se les ha negado cargos justos o juicios sería mejor utilizado
ciertamente para proveer verdaderos “servicios esenciales” en los tiempos de
crisis nacional”. Por supuesto, Daphne se refería al centro de detención en la
bahía de Guantánamo.
¿Pero qué sucederá cuando el COVID-19 llegue a
Guantánamo? Tristemente eso ya pasó: el primer caso de COVID-19 fue reportado el
pasado 24 de marzo. Un miembro de la marina estadounidense en la base dio
positivo. Mientras que el marino aparentemente no está involucrado en
operaciones de detención, la presencia local del virus, aunado a ciertas
medidas que el Departamento de la Defensa está tomando para prevenir un brote
mayor, pone en peligro tanto a los detenidos como sus ya limitados derechos.
Los 40 detenidos que permanecen en Guantánamo están envejeciendo y su salud está
deteriorándose cada vez más, lo cual los hace particularmente vulnerables al virus.
Por ejemplo, Saifullah Paracha tiene 72 años, ha tenido dos ataques al corazón y
actualmente sufre de “diabetes, enfermedad coronaria arterial,
diverticulosis, gota, psoriasis y artritis”.
Nashwan al-Tamir ha tenido cuatro cirugías de columna
en los últimos 18 meses, no se ha recuperado completamente y continúa sufriendo.
Sharqawi Al Hajj, quien expertos médicos independientes
previamente han descrito como riesgo de “colapso corporal total” debido a una
combinación de efectos de las huelgas de hambre y la tortura de la CIA, intentó
suicidarse el año pasado y su salud ha comenzado a deteriorarse
nuevamente (al punto en que mi organización y los Médicos por los Derechos
Humanos le escribieron
hoy al Secretario de la Defensa Esper buscando una intervención de
emergencia. La lista sigue.
También existe la debilidad física y psicológica
asociada con casi dos décadas de detención indefinida que marca la población de
detenidos, así como la realidad de que muchos de los detenidos son
sobrevivientes de tortura que tienen daño físico y/o psicológico derivado de
esa práctica.
Si el COVID-19 atacara a esta población, las
consecuencias serían catastróficas, especialmente dada la bien
documentada falta de capacidades médicas en Guantánamo, incluyendo el
equipo y experiencia insuficientes para abordar las necesidades de salud atípicas.
Pero incluso si el virus no alcanzara a los detenidos,
algunas de las precauciones que en Guantánamo se están tomando, ausentes
esfuerzos para mitigar los aspectos del impacto, podría socavar los derechos de
los detenidos y comprometer su salud.
Un primer ejemplo es el acceso a consejo legal, que
ahora ha sido severamente restringido por el virus. Las visitas personales son
esencialmente imposibles, incluso si el abogado pudiera encontrar una manera de
volar a Guantánamo, se le pediría que estuviera en cuarentena por dos semanas
al llegar, después dos semanas para regresar a territorio nacional. Los
abogados no pueden representar a sus clientes el precio a pagar es visitas cada
cuatro semanas o habilidad perdida o reducida para otorgarles servicios
legales, sin mencionar los riesgos a su salud.
Más aún, el servicio postal jurídico desde y hacia
Guantánamo fue recientemente suspendido y, mientras que medidas temporales han
sido puestas en marcha, habrá un impacto tanto en privilegios como en
frecuencia del correo jurídico para los detenidos. Finalmente, el acceso remoto
es extremadamente limitado (especialmente para los detenidos de “alto valor”);
no porque sea técnicamente inviable, sino porque el Departamento de la Defensa
ya prohibido uso más amplio.
Las restricciones al consejo legal también tienen
consecuencias negativas sobre la salud de los detenidos, exacerbando
condiciones pre existentes que en Guantánamo se ha probado, con el paso del
tiempo, que no quieren abordar o no pueden hacerlo de manera adecuada, en todo,
eliminando el acceso a expertos médicos independientes.
El Sr. Al Hajj, mencionado anteriormente, es el punto
de esto. En agosto del año pasado, intentó
cortarse las muñecas con un trozo de vidrio roto durante una llamada
telefónica con su abogado. Amenazó con hacerse más daño al poco tiempo. Todo el
tiempo, dos psicólogos independientes con los cuales el Sr. Al Hajj estuvo en
contacto lo caracterizaron como “activamente” suicida.
Según el Sr. Al Hajj y su abogado, mientras que su cuidado eventualmente mejoraría,
la respuesta inicial del staff de Guantánamo fue peligrosamente inadecuado: el
Sr. Al Hajj dio que fue movido a “condiciones de aislamiento” en una celda
“congelada” y le negaron cobijas y ropa calientita, ambas cosas en contra de
las recomendaciones de sus doctores en Guantánamo.
El Sr. Al Hajj está, aparentemente, en crisis
nuevamente, pero en esta ocasión con la mínima capacidad para comunicarse con
el mundo exterior. Como sobreviviente
de tortura y,
especialmente, dado su historial de salud mental, el Sr. Al Hajj necesita
conexiones humanas de confianza. No puede formar esas conexiones con el staff
en Guantánamo, un
fenómeno que es común entre detenidos, tanto porque los Estados
Unidos son culpables de su tortura como porque el personal médico
estadounidense fue cómplice de la misma, en Guantánamo. Este nivel en aumento
de aislamiento podría, en tanto, acelerar su decline.
Las restricciones actuales también terminarán con las
visitas periódicas de expertos médicos independientes, para la minoría de los
detenidos que todavía son visitados periódicamente. Como expliqué aquí
previamente, los detenidos no habían sido capaces de tener expertos médicos
independientes sin el proceso de litigación y es por eso que el acceso de esos
expertos dependen del acceso legal.
Nada de esto es para decir que el Departamento de la
Defensa no debería de tomar medidas razonables y apropiadas, consistentes con
las recomendaciones de los expertos en salud pública, para proteger a todos en
Guantánamo de la exposición al COVID-19, pero ellos no necesitan ir más allá
para infringir los derechos de los detenidos en el nombre de la salud y de
mantenerlos a salvo. Para empezar, el Departamento de la Defensa debería,
inmediatamente:
- Entregarles a todos los detenidos y a sus
abogados (ambos, tanto de habeas como de comisiones militares) cualquier
protocolo, plan o lineamiento, incluidos las actualizaciones a tiempo si
existieran cuando ocurrieran, para prevenir que el COVID-19 llegue al
centro de detención, para identificar y hacer pruebas a potenciales
infectados y para poder darles un rango de cuidados que pudieran ser
necesarios si algún detenido sale positivo.
- Expandir dramáticamente el acceso remoto a
abogados y a expertos médicos independientes vía videoconferencia, en
particular, para todos los detenidos
- Sujeto al consentimiento de los detenidos,
proveer inmediatamente a sus abogados y a otras partes interesadas que
autoricen (especialmente a los expertos médicos independientes) copias
completas y sin censura de sus registros médicos, incluyendo toda la
información y actualizaciones
- Buscar que el Congreso transfiera a los detenidos
a los Estados Unidos para cuidados de urgencia
- Evitar el uso de aislamiento en la máxima
extensión posible consistente con el estándar de cuidado médico que el
presidente Donald Trump firmó como parte del año fiscal de la Ley de
Autorización de Defensa Nacional del 2020 (National Defense Authorization
Act (FY2020 NDAA)*) y con las recomendaciones de los expertos en salud
pública por cómo abordaron el COVID-19
- Designar un Oficial Médico en jefe como requiere
la sección 1046 del FY2020 NDAA
Algunos de estos puntos podrían parecer
medidas drásticas para aquellos que están inmersos en la historia de Guantánamo,
pero no lo son. Son medidas razonables y sensibles para la salvaguarda de los
derechos de los detenidos, de su salud y de la salud de todos en Guantánamo de
frente a la pandemia del COVID-19.
*Por sección 1046 del FY2020 NDAA, todos los detenidos
deben recibir “valoración y tratamiento que sea aceptado por expertos médicos y
reflejado en literatura médica revisada por colegas como el abordaje apropiado
médico para una condición, síntomas, enfermedad o padecimiento y que sea
ampliamente utilizado por profesionales del campo de cuidado de la salud”.
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