Blanqueo de torturas: La exhaustiva averiguación
de dos asesinatos de la CIA concluye la investigación de la administración de
Obama sobre el programa global de tortura de Bush
Andy Worthington
10 de julio de 2011
Traducido del inglés por
El Mundo No Puede Esperar
22 de julio de
2011
¿Cuán conveniente es que una puerta se cierre al programa global de la
administración Bush de entregas extraordinarias y la tortura, precisamente
cuando el complejo militar-industrial de Estados Unidos juega la sillita musical
dejando a Robert Gates, ruinosa reliquia republicana como secretario de Defensa,
para ser reemplazado por Leon Panetta, quien ha pasado los últimos dos años como
director de la CIA, mientras que el general David Petraeus, comandante militar
en Afganistán, asume el papel de Panetta en la CIA?
La respuesta tiene que ser que sería difícil imaginar un ejemplo más nítido
de cómo los militares y las agencias de inteligencia–o la CIA, por lo
menos-están en el corazón mismo del gobierno.
La puerta que se está cerrando la responsabilidad por los numerosos
prisioneros sometidos a las "entregas extraordinarias", y, en algunos casos, el
asesinato en el programa "alto valor del detenido" de la administración de Bush.
Esto implicó la
creación de cárceles secretas de tortura en Tailandia, Polonia, Rumania y
Lituania y, por un tiempo, en Guantánamo, así como también otras en Afganistán
e Irak, la entrega de prisioneros entre estas instalaciones, y también a las
mazmorras de los aliados en Jordania, Egipto, Siria y Marruecos.
El programa del gobierno de Bush también comprendió la elaboración de cínicos
memorandos que pretenden redefinir la tortura de manera que la CIA pudiera
practicarla. Estas notas, que serán conocidas por siempre
como "memorandos sobre la tortura" -fueron escritas en la Oficina de
Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia (Office of Legal Counsel, OLC)
por John Yoo, y aprobados por su jefe, Jay S. Bybee. Yoo fue parte de un equipo
de abogados agrupados en torno del vicepresidente Dick Cheney, responsables de
encontrar la manera de justificar el programa de tortura en el que también
estuvieron involucrados el presidente Bush y el secretario de Defensa Donald
Rumsfeld, así como también otros altos funcionarios, incluso Condoleezza Rice.
Los otros abogados fueron: David Addington, ex jefe de gabinete de Cheney y el
asesor legal William J. Haynes II, ex consejero general del Pentágono, su
adjunto, Daniel Dell'Orto, ex abogadode la Casa Blanca (y más tarde Fiscal
General), Alberto Gonzales y su adjunto, Tim Flanigan.
En los Estados Unidos de Obama, donde el propio Presidente llegó al poder al
declarar su "convicción
de que tenemos que mirar hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás,"
ninguno de estos hombres hatenido que rendir cuentaspor sus acciones. Lo cierto
es que, como ya expliqué en un
artículo la semana pasada, el Presidente ha hecho todo lo posible para
asegurarse de que quienes autorizaron la torturao trataron de justificar su uso
han sido blindados contra la posibilidad de rendir cuentas de sus actos. Como lo
escribí:
Obama se limitó a observar cómo en febrero del año pasado, una investigación
interna de cuatro años John Yoo y Jay S. Bybee, abogados de la Oficina de
Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia fue anulada
cínicamente por un negociador del Departamento de Justicia, David Margolis.
Yoo había escrito los
famosos “memorandos sobre la tortura", emitidos el 1 de agosto de 2002, que
pretendía redefinir la tortura para que pudiera ser utilizada por la CIA, y
Bybee los había aprobado, pero cuando la investigación llegó a la conclusión de
que ambos hombres habían sido culpables de "mala conducta profesional", Margolis
decidió, en cambio, que sólo habían ejercido "mal juicio".
Obama también se mantuvo al margen en septiembre pasado, cuando cinco hombres
sometidos a las "entregas extraordinarias" y la tortura por la CIA, entre ellos
los residentes británicos Binyam
Mohamed y Bisher
al-Rawi, introdujeron una demanda contra Jeppesen Dataplan Inc., una
subsidiaria de Boeing que había funcionado como agente de viaje de la CIA,
bloqueada por la administración, y por el Tribunal
9 º Circuito de de la Corte de Apelaciones, que acordó con el Departamento
de Justicia de Obama que era adecuado utilizar la doctrina "secretos de Estado",
poco conocida y poco utilizada, para bloquear cualquier intento de exponer la
verdad en cualquier tribunal de EE.UU. sobre la base de que pondría en peligro
la "seguridad nacional" - una decisión que fue confirmada por la
Corte Suprema el mes pasado.
En diciembre pasado, también descubrimos, a través de WikiLeaks, que la
Administración Obama había ejercido presión sobre el gobierno español para que
impidiera
que los tribunales de España prosiguieran una investigación sobre seis ex
abogados del gobierno de Bush: David Addington, William J. Haynes II, Alberto
Gonzales, Jay Bybee, John Yoo y Douglas Feith, ex subsecretario de Defensa para
la política por "crear un marco legal que supuestamente permitió la
tortura".
Como resultado, la noticia de que el fiscal especial John Durham ha
completado una investigación de dos años en 101 casos relacionados con el
tratamiento de la CIA a los detenidos, y ha concluido que sólo dos se merecen la
continuación de acusaciones procesos penales, es verdaderamente deprimente. El
presidente Bush, como hemos visto en febrero, no
puede viajar fuera de Estados Unidos, ya que, después de que él se jactara
en su autobiografía de que había autorizado la tortura (el submarino de
Khalid Sheikh Mohammed), los abogados lo
demandarán por tortura donde quiera que vaya, pero en los EE.UU. los únicos
que se enfrentan a un proceso penal son aquellos cuyas acciones se consideran
que han superado los parámetros establecidos por John Yoo y Jay S. Bybee
Para ser justos con John Durham, su investigación fue obstaculizado desde el
principio, debido a los límites que le impusieron. Como Eric Holder explicó en
un comunicado que anunciaba las
conclusiones de Durham:
El 24 de agosto de 2009, sobre la base de la información recibida del
Departamento relacionada con presuntos malos tratos a los detenidos de la CIA,
anuncié que se había ampliado el mandato del señor Durham [desde enero de 2008,
cuando el Procurador General de Bush, Michael Mukasey, lo designó para
investigar la destrucción de cintas de vídeo que muestran la tortura de los
"detenidos de alto valor"] para realizar un examen preliminar para determinar si
se violaron las leyes federales en relación con el interrogatorio de los
detenidos en lugares específicos en el extranjero. Aclaréé en ese momento que el
Departamento no procesaría a nadie que haya actuado de buena fe y en el ámbito
de la orientación jurídica dada por la Oficina de Asesor amiento Legal en
relación con el interrogatorio de los detenidos. En consecuencia, la revisión
del señor Durham examina principalmente si las técnicas de interrogatorio
autorizadas fueron utilizadas por los interrogadores de la CIA, y en caso
afirmativo, si tales técnicas pueden constituir violaciones de la Ley contra la
tortura o cualquier otra aplicable.
Esos comentarios particulares de que el Departamento de Justicia no
procesaría a nadie que hubiese actuado de buena fe y en el ámbito de la
orientación jurídica dada por la Oficina de Asesoramiento Legal sobre el
interrogatorio de los detenidos es la clave para el blanqueo que ha
ocurrido, y es tan importante que lo repitió en agosto
de 2009 Robert Gibbs, secretario de prensa de la Casa Blanca cuando el
nombramiento de Durham fue anunciado. Gibbs señaló que "el Presidente
está de acuerdo con la Procuraduría General en que los que actuaron de buena fe
y en el ámbito de la orientación jurídica no deben ser procesados."
Lo que nadie ha explicado aún es quien autorizó la revisión de las
conclusiones de una investigación interna de cuatro años en la "guía legal"
proporcionado por Yoo y Bybee. Como ya lo señalé anteriormente, esa
investigación concluyó en que Yoo y Bybee eran culpables de "mala conducta
profesional", lo que les hubiera permitido ser investigados por sus colegios de
abogados, y podría haber abierto un camino claro a la Casa Blanca, pero a David
Margolis, veterano del Departamento de Justicia, le fue permitido anular las
conclusiones de la investigación, con la excusa de que los dos abogados
simplemente habían ejercido un "mal juicio".
Esto fue en enero de 2010, pero la designación de Durham como titular en
agosto de 2009, y sus comentarios en el momento, así como los de la Casa Blanca,
indican que todos los involucrados ya sabían que los resultados de la
investigación OPR podrían ser reescritos para que Yoo y Bybee fueran exculpados.
Las preguntas pendientes, por lo tanto, son las siguientes: ¿Alguien ejerció
presión sobre el gobierno de Obama para encubrir a Yoo y Bybee? y, ¿pasó eso
como parte de un acuerdo entre la administración y la CIA anterior al 17 de
abril de 2009?
Esa fue la fecha en que el Presidente lanzó cuatro "memorandos sobre la
tortura" clasificados OLC previamente de 2002 a 2005 como parte de un
proceso judicial, además de que también declaró
de forma explícita: "Al dar a conocer estos memos, es nuestra intención asegurar
a quienes llevaron a cabo sus tareas confiando de buena fe en el asesoramiento
legal del Departamento de Justicia que no van a ser objeto de
enjuiciamiento”.
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Por si sirve de algo, los procesos penales recomendados por John Durham y
aprobados por Eric Holder investigarán el asesinato de noviembre de 2003 en la
tristemente célebre prisión de Abu Ghraib en Irak, de Manadel al-Jamadi, también
conocido como "el Hombre de Hielo" (lo que fue recientemente informado por Adam
Zagorin de Time,
como ya comenté aquí),
y el asesinato de noviembre de 2002, en la prisión secreta en Afganistán
conocida como el "Pozo de Sal", de Gul Rahman. Esta historia fue reportada
inicialmente por Dana Priest en el Washington
Post en marzo de 2005, pero no fue hasta marzo de 2010 que Adam Goldman,
de la Associated Press reveló
su nombre y dio detalles cruciales acerca de las circunstancias de su
muerte.
En ambos casos, hay razones para el optimismo extremadamente cauteloso de que
el procesamiento no sólo va a sacrificar a unos cuantos funcionarios de menor
jerarquía como "manzanas podridas", sino que también se verán algunas muescas en
la cadena de mando, como Marcy Wheeler lo ha estado informando en FireDogLake.
En general, sin embargo, el anuncio de Eric Holder es una mala noticia para la
rendición de cuentas, ya que sugiere que el proceso de "mirar hacia adelante en
lugar de mirar hacia atrás" es casi completo, con sólo un par de cabos sueltos
por atar antes de que todos estemos obligados a seguir adelante, siempre que
envíe al olvido cualquier demanda pendiente que pudiéramos, como un relato
completo de lo que se llevó a cabo en el "detenido
de alto valor" del programa, y lo que pasó con los que no terminan en
Guantánamo, y, lo más importante, otra pregunta, formulada repetidamente hasta
que se le dé una respuesta satisfactoria: ¿cómo puede ser que los altos
funcionarios de la administración Bush y sus abogados rompieran la ley contra la
tortura de EE.UU., que requiere que los torturadores sean procesados, y se hayan
salido las suyas?
El 30 de junio de 2011 pasará a la historia como un día gris y deprimente
para la justicia en los Estados Unidos.
Andy Worthington es el autor de The Guantánamo Files: The Stories of the 774 Detainees in
America’s Illegal Prison (Los Archivos de Guantánamo: Los Relatos de
los 774 Detenidos en la Ilegal Prisión (publicado por Pluto Press, distribuido
por Macmillan en los Estados Unidos y disponible en Amazon hacer click en los
siguientes para US y UK y otros dos libros: Stonehenge: Celebration and Subversion y The Battle of the Beanfield. Para recibir más artículos en
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Vea también mi lista definitiva de prisioneros de Guantánamo, actualizada en
junio de 2011 detalles sobre el nuevo film documental “Outside the Law: Stories from Guantánamo”, con la subdirección
de Polly Nash y Andy Worthington, de gira en la UK en 2011 y disponible en DVD
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