17 años desde los notorios “memos de tortura” de Yoo-Bybee. Estados Unidos todavía
es incapaz de enjuiciar de manera exitosa a los hombres que torturaron.
John Yoo, Jay S. Bybee y presos en un avión entrega. |
Por Andy Worthington
4 de agosto del 2019
Traducido del inglés para El Mundo no Puede Esperar 17 de agosto de 2019
El 1 de agosto fue el aniversario número diecisiete de
un evento particularmente grotesco y desesperanzador en la historia moderna de EE.UU.
Un evento que tiene ramificaciones que se sienten hasta el día de hoy, aunque
ha pasado completamente desapercibido, o ignorado, por la prensa
estadounidense.
El primero de agosto del 2002 Jay S. Bybee, el
entonces asistente del fiscal general de la Oficina de Consejo Legal (OLC por
sus siglas en inglés), la rama del Departamento de Justicia responsable por
aconsejar a la rama ejecutiva acerca de lo que es y no es legal, firmó descara
e ilegalmente dos memos escritos por el abogado John Yoo, de la OCL, que
intentaban re definir la tortura y que demostraron su uso con Abu Zubaydah, un prisionero de la “guerra contra el terror” que EE.UU. declaró
después de los ataques del 11 de septiembre del 2002, quien fue mantenido en
una prisión secreta, un “sito negro”, manejada por la CIA.
Los memos se mantuvieron secretos hasta junio del
2004, cuando, después del escándalo de Abu Ghraib, cuando las fotos de tortura
de la prisión estadounidense en Irak fueron publicadas. Uno de los memos de Yoo-Bybee también fue
publicado, provocando enorme indignación aún cuando Yoo y Bybee escaparon
intactos de la crítica. Por sus servicios, Bybee fue nombrado juez de la Corte
de Apelaciones del Noveno Distrito y Yoo mantuvo su trabajo como profesor de
derecho en la Universidad de Berkeley.
Después se supo que el sucesor de Bybee, Jack
Goldsmith, retiró los memos, concluyendo que contenían “argumentos legales
precipitados y unilaterales”, como explicó en su libro publicado en el 2007 The Terror Presidency. Pero en el 2005 la nueva
cabeza de la OLC, Steven G. Bradbury, nuevamente aprobó el uso de la tortura
vía memos que no fueron liberados hasta
el 2009 con el presidente Obama, cuando el segundo memo Yoo-Bybee
fue también publicado.
En otros lados, los reporteros comenzaron a investigar
el programa de tortura, revelando su existencia en noviembre del 2005 mientras
el escándalo crecía. La Suprema Corte le dio un recordatorio poderoso al
gobierno con Hamden v. Rumsfeld, en septiempre del 2006 con
el artículo 3 común de la
Convenios de Ginebra en donde específicamente se prohíbe la
tortura, el trato cruel, humillante y degradante, aplicado a todos los
prisioneros bajo custodia estadounidense.
En respuesta, en septiembre del 2006, George W. Bush
anunció que los “sitios negros”, cuya existencia, hasta ese punto, había negado
de manera extenuante, que existían pero que ya estaban cerrados, que los
catorce “detenidos de alto valor” que permanecían ahí (de
los 119 hombres, por lo menos, que en total estuvieron ahí) habían sido
transferidos a Guantánamo (aunque después resultó que parte del programa de los
“sitios negros” todavía existía en Guantánamo para quienes fueron transferidos
en 2007 y 2008).
Mientras que sucedía todo este desenlace, el FBI se
distanció del programa de tortura, diciendo que habían sacado a sus agentes del
“sitio negro” en donde Abu Zubaydahj estaba detenido por preocupaciones de
que un agente mencionó que era “casi tortura” lo que le estaban haciendo, como
está explicado en el reporte de la participación
del FBI en interrogaciones que fue publicado por la Oficina del
Inspector General del Departamento de Justicia en el 2008.
A finales de julio o agosto del 2002, antes de o cerca
de que se escribieran los “memos de tortura”, el Asistente del Director de
Contraterrorismo del FBI, Pasquale D’Amuro, se reunió con Michael Chertoff,
quien en ese entonces era Asistente del Fiscal General para la División
Criminal del Departamento de Justicia.
El reporte declaraba que, después de la reunión, D’Amuro se
vio con el director del FBI Robert Mueller y “recomendó que el FBI no se
involucrara en entrevistas en las que se utilizaban técnicas agresivas de
interrogación (tortura)”. Como decía el reporte de la OIG, “Declaró que sus
palabras exactas a Mueller fueron “no hacemos eso” y que algún día el FBI sería
llamado a testificar y quería ser capaz de decir que el FBI no participó en
este tipo de actividad”. El reporte añadió que “D’Amuro dijo que el director
estuvo de acuerdo”.
En cambio, continúa la historia, mientras que la CIA
seguía con su programa de tortura, el FBI solo se involucró después de que los
14 “detenidos de gran valor” restantes fueran transferidos a Guantánamo,
cuando, en respuesta al reconocimiento tardío de la administración de Bush del
uso de la tortura había hecho que los enjuiciamientos exitosos fueran poco
probables, si es que no imposibles, porque la evidencia derivada a través del
uso de la tortura es inadmisible en las cortes estadounidenses, las autoridades
enviaron “equipos limpios” de agentes del FBI para interrogar prisioneros sin torturarlos.
La intención del gobierno fue poder decir que las
confesiones de los prisioneros en cuestión eran válidas porque fueron extraídas
sin maltrato, aunque, desde el principio, sus abogados afirmaron que el proceso
del “equipo limpio” no podría eliminar los efectos duraderos de la tortura.
En lugar de probar su punto, el pasado agosto, antes de que abruptamente resignara como Juez en jefe del sistema de juicios de las
Comisiones Militares, el Coronel de la Armada James L Pohl, de 67 años, quien
fue nombrado en el 2008 y que, desde el 2012 también había sido juez en el caso
contra cinco hombres acusados de estar involucrados en los ataques del 11/9, se
negó a permitir al gobierno “introducir declaraciones de cualquier equipo
limpio del FBI de ninguno de los acusados para ningún propósito” en ese juicio.
La abrupta partida del coronel Pohl pareció demostrar cómo todos terminan desgastados al punto de quedar exhaustos por la naturaleza
rota del sistema de comisiones militares, en el cual los fiscales buscan sin
cesar, esconder evidencia de tortura mientras que los abogados defensores insisten
que ningún juicio justo puede suceder sin poder ser transmitido públicamente y
casi un años después, la controversia del uso de la evidencia del “equipo
limpio” no muestra señal de ser suprimida.
Los “equipos limpios” no fueron tan limpios después de todo
El 29 de julio, solo tres días antes del aniversario
de “memo de tortura” el New York Times publicó un artículo de Carol Rosenberg,
"Lawyers Press Case That 9/11 Confessions Given to FBI Are Tainted"
(“Abogados presionan caso de que las confesiones del 11/9 dadas al FBI están
contaminadas”), actualizando la historia con reclamos por parte de los abogados
defensores de que “tienen evidencias de que el FBI jugó un papel en las
interrogaciones durante los años en los que los sospechosos estuvieron en
prisiones secretas entregándoles preguntas a la CIA y que la Agencia se mantuvo
involucrada en los casos después de que los prisioneros fueron enviados a
Guantánamo”, situación que, sostienen, constituye “líneas borradas que
debilitan la aserción de que las confesiones extraídas después de la tortura
podrían ser legalmente separadas de aquellas dadas por [Khalid Sheikh]
Mohammed, [la supuesta mente maestra de los ataques del 11/9] y sus cuatro
supuestos cómplices del FBI a Guantánamo”.
Las declaraciones del equipo de defensa están basadas
en documentos que les fueron entregados bajo órdenes de la corte, el primero involucraba
el caso de diciembre del 2017 de Mustafa al Hawsawi, un nacional saudí acusado
de ayudar a los secuestradores del 11/9 con viajes y finanzas. En la audiencia,
que revisaba si al-Hawsawi debería de ser juzgado en una corte federal en lugar
de una comisión militar, Abigail L. Perkins, una agente especial retirada del
FBI, como lo describió el Times, dijo que “había revisado algunas de las
declaraciones del Sr. Hawsawi a la CIA antes de que ella lo interrogara en
enero del 2007 como miembro de nuestro equipo limpio, cuatro meses después de
su transferencia a Guantánamo en septiembre del 2006”. También dijo que
“mientras el Sr. Hawsawi fue mantenido incomunicado en sitios obscuros de la
CIA, el FBI le dio preguntas a la Agencia para que sus interrogadores las
hicieran a los cautivos”.
Además, como explicó el Times, “una transcripción parcialmente redactada de una audiencia de seguridad nacional que
tuvo lugar el verano pasado en Guantánamo, también muestra que agentes del FBI
interrogaron al Sr. Hawsawi durante su tiempo en un sitio negro de la CIA, pero
escondieron su procedencia”. En la audiencia, el Times también explicó,
un abogado “desglosó la información que el gobierno les dio a los abogados
defensores para prepararse para el juicio mezclando la información del FBI y la
CIA de los sitios negros, dando la impresión de que todo venía de la Agencia”.
Respondiendo a las revelaciones, Cheryl Bormann, la abogada de Walid bin Attash, un saudí acusado de ser el adjunto de KSM, dijo:
“Los equipos limpios eran ficción desde el principio. No había diferencia. Todo
es un mismo equipo grande”.
La decisión de aceptar o no la evidencia del “equipo limpio” ahora será del nuevo juez de las comisiones, el Col. W. Shane Cohen de
la Fuerza Aérea, que tomó el puesto en junio. Después de la renuncia del Col.
Pohl, el fiscal Jeffrey D. Groharing, que llamó a las interrogaciones del
“equipo limpio” “la evidencia más crítica en este caso”, persuadió al juez
interino que entró en lugar de Pohl, el Col. de la Marina Jeffrey D. Groharing
para reinstalarlos, pero ahora será revisado nuevamente por Cohen, en
audiencias que “podrían empezar en septiembre y terminar hasta marzo del 2020”,
postergando cualquier fecha de juicio por lo menos hasta el 2021, veinte años
después de los ataques del 11/9.
Antes de las audiencias, sin embargo, como lo puso el Times, el Col. Cohen deberá “decidir la delicada cuestión de cuánto testimonio
tomar de los ex trabajadores de los sitios negros, incluyendo agentes y
contratistas cuyas identidades están selladas por la CIA, que invoca privilegio
de seguridad nacional”. Los abogados defensores “quieren que el juez mantenga
una exhaustiva audiencia acerca de lo que sucedió en la red de prisiones de la
CIA entre el 2002 y 2006 como base para decidir si las declaraciones del equipo
limpio son admisibles”.
Las audiencias probablemente serán en vivo. En junio,en la primera audiencia de Cohen, James Harrington, quien representa al
supuesto planeador del 11/9 Ramzi bin al-Shibh “regaño al juez por referirse a
las interrogaciones del FBI como “declaraciones de limpieza””. Harrington
insistió que había “un asunto de voluntad con respecto a esas declaraciones” y
que, como lo describió el Times, “ofrecían un argumento de defensa de
que todo lo que el Sr. Mohammed y otros sospechosos dijeron en Guantánamo era,
esencialmente, una respuesta “Pavloviana” taladrada en los acusados en
sus tres y cuatro años de tortura en los sitios negros en donde los abogados
calculan que, con abuso, entrenaron los acusados para después decirle a los
agentes del FBI lo que los de la CIA les habían obligado a decir”.
Desde las revelaciones el año pasado, sin embargo, la posición de los abogados defensores ha cambiado al acercamiento notado por
Cheryl Bormann. Como James G. Connell III, quien representa al sobrino de KSM,
Ammar al-Baluchi, describió, explicando que tiene una lista de 112 testigos,
“nuestra posición no es que la CIA torturó o ejecutó trato cruel, inhumano o
degradante y que el FBI hizo alto diferente. Nuestra posición es que, los
Estados Unidos, como un todo, tenía un plan, un esquema o programa, como
quieras describirlo, para obtener declaraciones del Sr. al-Baluchif (y, por
extensión, de los otros acusados el 11/9) con tortura y trato cruel, inhumano y degradante”.
Una larga batalla legal todavía espera. Si solo todos los oficiales de la administración de Bush inmersos en tortura hubieran pensado
en los problemas legales que estaban creando cuando se embarcaron en el brutal
programa de tortura sin sentido hace 17 años…
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