Administración Obama enfrenta creciente presión para rendir cuentas por la tortura
Ali Watkins
huffingtonpost
11 de mayo de 2015
Activistas de derechos humanos protestan frente a la Casa
Blanca en Washington el 11 de junio de 2010. Jacquelyn Martin / AP
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El gobierno de Obama se enfrenta a renovadas presiones para responder por
su trayectoria sobre la tortura después de la relativa calma que siguió la
publicación del condenatorio resumen ejecutivo del informe del Senado relativo al tema en diciembre.
En una carta a la fiscala general Loretta Lynch este viernes, el grupo de
derechos humanos Amnistía Internacional presiona al Departamento de Justicia
para que reconsidere su decisión de no procesar a ex funcionarios de la CIA y del
gobierno de George W. Bush por haber participado en el programa de tortura de
la CIA posterior al 11 de septiembre. Salil Shetty, secretario general de
Amnistía Internacional, dice en la carta que la nueva evidencia del informe
elaborado por el Comité Selecto del Senado sobre la Inteligencia merece una
nueva lectura.
La carta, que se espera llegue al escritorio de Lynch este lunes, dice: “Como
nueva Fiscala General, usted tiene la crítica responsabilidad de garantizar que
EE.UU. cumpla con sus obligaciones internacionales de derechos humanos de
investigar efectivamente la evidencia de crímenes de derecho internacional y
llevar a los presuntos autores ante la justicia”. Agrega: “Le instamos examinar
personalmente el informe completo y ordenar de inmediato un ‘examen preliminar’
de violaciones de las leyes federales e internacionales, con miras a poner fin
a la impunidad, que se ha convertido en el sello distintivo de este programa ilegal.”
El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a una solicitud de
comentarios el lunes.
El Departamento dijo en diciembre que no volvería a abrir ninguna
investigación sobre el programa de tortura ya desaparecido, el cual incluyó el
uso de técnicas de interrogatorio como el ahogamiento simulado,
la alimentación rectal y posiciones de estrés. El Departamento
citó su propia investigación de 2009, dirigido por el fiscal federal John
Durham. En 2012, el entonces fiscal general, Eric Holder, anunció que la investigación de Durham no encontró motivos de presentar cargos.
Pero los críticos han argumentado por mucho tiempo que Durham y su equipo
no condujeron una investigación exhaustiva, y ahora dicen que la evidencia en
el informe del Senado –un documento que incluso el presidente Barack Obama ha dicho que demuestra que hubo tortura, la
cual es ilegal bajo las leyes estadounidenses e internacionales– le da motivo para
una nueva revisión.
El Departamento de Justicia también se ha negado a indicar si alguien haya
leído en realidad el informe completo de la Comisión de Inteligencia, que
consta de 6.900 páginas y sigue siendo mayoritariamente clasificado. En documentos
presentados a la corte en enero, el gobierno indicó que nadie del Departamento
de Justicia ha abierto la copia del informe completo, lo que plantea
interrogantes en cuanto a cómo, exactamente, se había llegado a la decisión de
no procesar a los funcionarios mencionados en el estudio.
El Departamento se ha negado sistemáticamente a aclarar esa posición,
citando una demanda actual bajo la Ley de Libertad de Información que pide
tener el informe completo.
Esta se perfila como una semana incómoda para el gobierno de Obama en lo que se refiere a cuestiones de
la tortura y la rendición de cuentas. La madrugada del lunes, EE.UU. apareció ante el Consejo
de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos como parte de su revisión
periódica, su primera aparición desde que estalló la controversia sobre el informe
del Senado en 2014.
Ante un jurado de sus pares, amigos y no tan amigos, se le presionó a
EE.UU. a responder por su historial en cuanto a los derechos humanos, y más de
una docena de estados miembros le cuestionaron específicamente por qué no ha hecho
rendir cuentas a ningún funcionario involucrado en el programa de tortura de la CIA.
Varios países, como Eslovenia y la República Checa, habían presentado
preguntas ante EE.UU. sobre su incapacidad de procesar a los ex torturadores o a
sus superiores, así como la falta de una respuesta legislativa al informe.
Laura Pitter, principal asesora de seguridad nacional de Human Rights
Watch, le dijo a The Huffington Post en un correo electrónico: “Lo que nos gustaría ver es que EE.UU. dijera que va a
nombrar un fiscal especial para llevar a cabo una investigación sobre la
tortura a la luz del informe del Senado” Agregó: “Tenemos una nueva fiscala
general, quien al ser interrogada en torno a si el submarino fuera tortura,
contestó afirmativamente y dijo que se trataba de un crimen. Así que tal vez
veamos una reacción diferente esta vez a las recomendaciones de los países de
que los EE.UU. investigue la tortura de manera correcta y creíble”.
La administración de Obama conoce bien qué es ser criticado por la ONU, en
particular respecto a su falta de hacer que los funcionarios de la
administración anterior rindan cuentas por el programa de tortura. En noviembre,
el Comité de la ONU contra la Tortura criticó duramente la administración de Obama por su gran
demora en emitir el informe del Senado. Los funcionarios de la ONU también han criticado la
investigación de Durham por ser descuidada e inadecuada.
(Con información de The Huffington Post. Traducción de Cubadebate y El Mundo no
Puede Esperar)
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