Miles de veteranos de guerra están gravemente enfermos por inhalar basura tóxica en Irak
Joseph Hickman
VICE News en español
7 de marzo de 2016
Cuando arrancaron los conflictos armados de Estados Unidos en Irak y
Afganistán, los comandantes militares tuvieron que enfrentarse a un problema
que parecía irrelevante: ¿cómo deshacerse del rastro de amasijos y de escombros
que dejaban tras de sí todos los bombardeos y todas las refriegas en el campo de batalla?
No parecía un gran problema, especialmente para un ejército acostumbrado a
deshacerse también de los deshechos y la basura generada por sus más de 100.000
integrantes. Sin embargo, el problema empezó a crecer como una bola de nieve,
hasta convertirse en un asunto incuestionablemente grave — se estimó entonces
que cada soldado estaría produciendo alrededor de 4,5 kilos de basura al día —.
Entonces, el departamento de Defensa de Estados Unidos tuvo la insalubre idea
de construir enormes incineradoras al aire libre en las bases militares, para
quemar las ingentes cantidades de basura acumulada.
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El Pentágono decidió entonces contratar a la firma Kellog, Brown y Root
(KBR) para que se encargara del asunto. Para mayo de 2003 el ejército
estadounidense había desplegado ya más de 270 incineradoras por sus bases
militares de Irak y de Afganistán. Algunas de ellas eran enormes — extensiones
de hasta diez acres de terreno en la que se podían quemar cerca de 50 de
toneladas de basura al día. La mayoría de los vertederos en llamas, de los
gigantescos ardientes descampados, operaban las 24 horas del día, siete días a
la semana, en los aledaños de las barracas donde dormían y trabajaban muchísimos
soldados. El pútrido olor y las cenizas de las fogatas se convirtieron muy
pronto en un permanente quebradero de cabeza para las tropas.
Entre 2002 y 2009 no existió ningún tipo de regulación sobre qué podía
quemarse y qué no. De tal forma, la KBR quemó toneladas y más toneladas de
poliestireno, plásticos, neumáticos, contenedores de pesticidas, pilas,
deshechos médicos e, incluso, de partes de cuerpos humanos. En 2010 un informe
del departamento de Responsabilidad Gubernamental cifró que
las incineradoras habrían absorbido al menos 1.000 toxinas y productos cancerígenos.
Los soldados no tardaron mucho en caer enfermos. A principios de 2004,
empezaron a manifestarse los primeros casos entre los que habían regresado de
Oriente Medio. La sintomatología arrancaba en la mayoría de los casos con
alguna clase de malestar — congestión permanente y moqueo severo. El problema
era que los síntomas, lejos de desaparecer, empeorarían. Al poco tiempo se
convirtieron en manifiestas dificultades respiratorias, dolor permanente e
incapacidad para trabajar.
De entre los veteranos que fueron golpeados con más contundencia, muchos
fueron diagnosticados con distintos tipos de cáncer. Muchos de ellos
terminarían muriendo.
Parecía que la oleada de enfermedades fueron engendradas por idéntica
causa; esto es, que miles de hombres y de mujeres del ejército estadounidense
estaban cayendo enfermo por haber inhalado las emanaciones de las
incineradoras. A lo largo de los últimos años me he entrevistado con 150 de
ellos, y he podido comprobar por mí mismo las nocivas secuelas producidas por
aquella exposición.
Y, sin embargo a todo, el departamento de Defensa ha negado que los enormes
vertederos en llamas sean ningún peligro para la salud. Y lo que es peor, se ha
dedicado durante años a impedir que los veteranos recibieran la asistencia
médica y las compensaciones que requerían. Lo peor de todo es que parece que el
único motivo por el que lo habrían hecho no es otro que proteger a la formidable
corporación KBR y a sus millonarios gestores.
'Los abogados creen
que se ha tramado un sofisticado y deliberado vacío legal para impedir que se
puedan exigir responsabilidades'.
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A partir de 2014, los militares empezaron a caer enfermos víctimas de extrañas
y misteriosas enfermedades bronquiales y de distintas formas de cáncer. Los
soldados — la mayoría de los cuales estaban en perfectas condiciones de salud
antes de ser destinados a Oriente Medio —, llegaron a la conclusión de que sus
enfermedades solo podían explicarse por su exposición a los basureros en
llamas. Sin embargo, cuando acudieron en busca de ayuda a la Administración de
Veteranos (VA en sus siglas inglesas), e interpusieron las demandas necesarias
para acogerse a las pertinentes pensiones por discapacidad, se encontraron con
que el departamento de Defensa negaba que las incineradoras supusieran ningún
peligro para la salud.
Para terminar de complicar la situación, la Administración de Veteranos
decidió alinearse con la cartera ministerial que lo protege. Prácticamente
todos y cada uno de los veteranos y de las veteranas de guerra que exigieron
ser compensados por haber estado expuestos al humo tóxico de las incineradoras,
vieron como se les denegaba su petición. Sucede que, legalmente, resulta muy
duro probar cualquier herida de guerra que no sea producto de la artillería
enemiga o de una granada.
Los veteranos, en vista de la situación, decidieron tomar acciones legales.
Sucede, además, que existe una ley federal a la que se conoce como a la
doctrina Farris, que dictamina que los veteranos o las veteranas de guerra
estadounidenses no podrán denunciar al Pentágono en caso de lesión o de muerte.
De tal forma, un grupo de veteranos decidió interponer una demanda colectiva y
denunciar a la empresa KBR. La denuncia de los militares esgrimía que la
multinacional había levantado las incineradoras a sabiendas de que estaban
demasiado cerca de las residencias de los soldados, y que la compañía conocía
perfectamente el carácter nocivo de las emanaciones.
Por su parte, desde KBR alegaron que el responsable de elegir la ubicación
de las dos incineradoras fue el ejército, de la misma manera que fue también el
mismo ejército de Estados Unidos el único responsable de decidir qué se quemaba
y qué no. Por su parte, el departamento de Defensa decidió guardar un
inquietante silencio, de manera que ni apoyó ni rechazo los alegatos de KBR.
Muchos de los abogados con los que me he entrevistado consideran que el caso ha
sido desplegado alrededor de un sofisticado y deliberado entramado cuyo único
propósito ha sido el de generar un vacío legal. De tal manera, la asociación
entre KBR y el ministerio del interior estadounidense está adecuadamente
calibrada para que nadie pueda ser responsabilizado legalmente cuando las cosas
se complican.
Han pasado ya 14 años desde que arrancaron los conflictos armados en
Oriente Medio, y todavía quedan decenas de miles de veteranos enfermos. Muchos
de ellos están muriendo por las secuelas de haber inhalado humos tóxicos
mientras defendían a su país en Oriente Medio. Y son muy pocos los que han sido
compensados por la Administración de Veteranos por sus gravísimas dolencias. A
día de hoy muchos de ellos están demasiado enfermos como para trabajar y están
física y económicamente arruinados. Y, mientras ello sucede, el departamento de
Defensa, lejos de cumplir con su obligación de amparo, les tiene completamente abandonados.
Lo que ya es indiscutible a día de hoy es que la ristra de enfermedades
delatan un patrón, un contagio colectivo que la Administración de Veteranos
debería de haber identificado hace ya años, en lugar de resistirse a aceptar la
evidencia y de hacer algo al respecto. Igualmente, el departamento de Defensa
tiene que asumir su responsabilidad y dejar de seguir negando su implicación en
la creación de las incineradoras, y reconocer que la exposición a las mismas
entrañaba un incontestable peligro para la salud. Por su parte, la compañía KBR
tiene que indemnizar a los veteranos enfermos. Al menos, eso es lo que les debe
a las tropas del ejército que fueron a la guerra para defender a su país,
Estados Unidos.
El ex sargento del ejército estadounidense Joseph
Hickman es el autor del libro The Burn Pits: The Poisoning of America's Soldiers.
Síguele en Twitter: @JosephHickman0
Imagen vía DVIDS
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