Una bomba silenciosa
Por Juan Gelman
23 de agosto de 2009
Pocos tal vez recuerden que Laura Bush ejerció de feminista extrema cuando
abogó por guerrear en Afganistán para terminar con “la opresión de las mujeres”
bajo los talibán. Hubo toda una campaña internacional previa en favor de los
derechos pisoteados de la mujer afgana y su “liberación” fue uno de los
argumentos que EE.UU. y sus aliados reiteraron para invadir Afganistán el 7 de
octubre de 2001. Como es notorio, el régimen talibán fue derrocado en noviembre,
y en diciembre se estableció un gobierno de transición encabezado por Hamid
Karzai, elegido presidente por el voto popular en 2004 y tal vez reelecto en las
elecciones del jueves pasado.
Era más que duro y humillante el estatuto de la mujer afgana bajo el régimen
talibán. Desde los 8 años tenían prohibido entrar en contacto con un hombre,
excepto que fuera un familiar. Las mujeres no debían andar solas por la calle ni
hablar en voz alta en público ni podían asomarse al balcón de su casa ni
estudiar ni trabajar ni andar en bicicleta o en motocicleta o en taxi con el
rostro descubierto, tenían que vestir burkas y de hecho vivían en arresto
domiciliario. El castigo a las que violaban estas normas era público y cruel. A
ocho años casi de tumbado el sistema, las cosas no han mejorado mucho.
Es cierto que algunas mujeres ocupan bancas en el Parlamento afgano y que
millones de niñas asisten ya a la escuela primaria. Pero las restricciones
aumentan para cursar la secundaria: sólo el 4 por ciento alcanza a terminarla.
“La violencia contra las mujeres es endémica, son amenazadas en público y varias
han sido asesinadas” (The Washington Post, 18.8.09). El “democrático” Karzai ha
empeorado esta condición.
El 27 de julio último, quizás aprovechando los estrépitos de la guerra, puso
una bomba silenciosa: la ley del estatuto personal chiíta, que faculta a los
chiítas hombres a privar a sus mujeres de alimentación y sustento si éstas se
niegan a obedecer sus demandas sexuales cuando las exijan. Los derechos de
custodia de los niños quedan en manos de los padres y los abuelos y ellas deben
pedir permiso a los maridos para trabajar. Las mujeres sólo pueden abandonar su
domicilio si existe “un motivo legal urgente”. Esta ley rige para la minoría
chiíta del país y viola el artículo 22 de la nueva Constitución afgana, que
declara que hombres y mujeres “tienen los mismos derechos y obligaciones ante la
ley”. También transgrede la Convención de las Naciones Unidas sobre la
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la que
Afganistán es Estado Parte. Y más, claro: reimpone un régimen hogareño que los
talibán aplaudirían a rabiar.
Karzai produjo un primer intento de promulgar estas regulaciones a comienzos
de abril de este año, pero la protesta internacional lo obligó a prometer su
modificación y, en efecto, se introdujeron algunas correcciones. Más bien en su
redacción: “Expertos en la ley islámica y activistas de derechos humanos
declaran que, aunque se ha cambiado el lenguaje de la ley anterior, permanecen
muchas de las disposiciones que alarmaron a los grupos pro derechos de la mujer”
(The Guardian, 15.8.09). Por ejemplo, la del tamkeen –señalada más arriba– que
califica de “desobediente” a la mujer que no muestra prontitud en satisfacer el
deseo sexual de su marido y que recibe entonces la penalidad consecuente: no hay
sexo, no hay comida.
El presidente afgano destinó esta movida a ganarse el apoyo electoral de los
chiítas ante el aumento alarmante de la popularidad de su contrincante más
cercano, Abdulá Abdulá, que pasó en dos meses del 7 al 26 por ciento de la
intención de voto. A pesar de sus promesas de mejorar la situación de las
afganas, Karzai optó por satisfacer a quienes piensan todavía que la mujer es un
objeto desechable. Durante la campaña electoral cortejó al ayatolá Mosheni, que
se considera a sí mismo el líder de los chiítas del país, y a otros dirigentes
musulmanes de línea dura. La consecuencia sería esta ley.
“Karzai ha cerrado el trato impensable de vender a las mujeres afganas a
cambio del apoyo de los fundamentalistas en las elecciones del 20 de agosto”,
señaló Brad Adams, director para Asia de Human Rights Watch (Reuters, 14.8.09).
“Se suponía que esta clase de leyes bárbaras –agregó–- había sido relegada al
pasado con el derrocamiento de los talibán en 2001.” Muchos críticos de la ley
han recibido amenazas de muerte que se cumplieron con Sitara Achkzai, una
prominente defensora de los derechos de la mujer que fue asesinada a balazos en
Kandahar (www.hrw.org, 15.4.09). Pero Occidente aún no ha reaccionado ante las
nuevas disposiciones. Tal vez porque Obama subrayó que la guerra en Afganistán
no sólo es justa, también es necesaria.
Link a la nota:
http://www.pagina12.com.ar/imprimir/diario/contratapa/13-130439-2009-08-23.html
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