Torturas de la CIA: ¿Es peor investigar a medias que no hacerlo en
absoluto?
- El proceso puede llevar a la protección de los torturadores que obraron de
buena fe
- La semirresponsabilidad da pie a que se vuelvan a utilizar torturas como
método
DAHLIA LITHWICK* (SLATE)
27-08-2009
La publicación el pasado lunes de un informe
del inspector general de la CIA y la noticia simultánea de que el fiscal
general de EEUU, Eric Holder, ha encargado al fiscal federal John Durham
investigar cerca de una docena de casos en que miembros de la CIA infringieron
la ley al torturar a prisioneros ha dividido al país en dos facciones claramente
reconocibles. Los partidarios de la tortura despiadada (ahora
algunos incluso se jactan de ser justamente eso) insisten en declarar que ésta
funciona y que, en
palabras de Dick Cheney, quienes llevaron a cabo los interrogatorios
"merecen nuestra gratitud " y no "ser el blanco de investigaciones o acusaciones
políticas". Entre tanto, a la mayoría de quienes se oponen a la tortura
les indigna que la orden dada a Durham sea investigar tan sólo unos cuantos
casos deplorables sin que se vaya a examinar con lupa a los juristas y
políticos que sembraron un clima político donde obtener información
relevante para la seguridad del Estado llegó a ser más importante que cumplir la
ley. Como escribió la noche del pasado lunes Glenn
Greenwald :
(EFE) |
La CIA amenazó a presos con taladradoras.
"Que nada de esto ocurrió por accidente es un hecho manifiesto. Tal como se
observa constantemente en el informe de la CIA, todos estos métodos
constituyeron severas desviaciones de directrices (si no prácticas) que la CIA
aplica desde hace mucho tiempo. Y todo pasó porque los más altos funcionarios
del gobierno de EEUU dijeron que era permisible, que la protección que
contemplaba la Convención de Ginebra era 'pintoresca', obsoleta e inaplicable y
que estaba plenamente justificado que EEUU hiciera lo que quiera que estuviera
en su mano en nombre de la lucha antiterrorista."
En cierto sentido es admirable que Holder esté luchando por seguir apelando a
"la ley" ante la decisión política de su jefe de dejar en paz a los torturadores
y la insistencia de sus detractores de que él solito está llevando
a Estados Unidos a ser menos seguro. Holder merece que un reconocimiento por
el hecho de que en sus declaraciones anunciando que designaba a un fiscal
especial no se dignó a abordar la cuestión de si la tortura 'funcionaba', puesto
que para él no se trataba, ni jamás se trató, de una cuestión
legal.
Todo esto es muy loable: Holder está entregado a proteger la integridad de la
legalidad vigente a pesar de la fortísima presión política que empuja a ignorar
el pasado y a aunar esfuerzos para lograr un futuro más amable y moderado.
Se niega a ser arrastrado a una disquisición sin sentido sobre si las
disposiciones legales tal vez cuenten menos porque se haya demostrado que
violarlas puede reportar algún beneficio. Pero, por otra parte, Holder
ha caído presa de la misma especie de pensamiento legal mágico que impregna todo
el informe de la CIA: la presunción de que, si hay un informe legal, éste ha de
ser legal.
Holder parte de la peligrosa idea de que la investigación de Durham ha de
apoyarse en lo legalmente dispuesto en los conocidos como informes de la tortura
de la Oficina de Asesoramiento Legal del Departamento de Justicia (tejido a
partir de información mala y precedentes aleatorios). Sugerir, como hizo ayer
Holder, que "cualquiera que actuara de buena fe y conforme a la orientación
jurídica del Departamento de Justicia de EEUU (OLC) en los interrogatorios a
detenidos" quedaría impune es sugerir que los funcionarios de la CIA de
bajo rango y el personal contratado que actuaron mal sobre el terreno son
legalmente culpables mientras que aquellos que dieron una mala orientación legal
no lo son. En otras palabras, ahora se está protegiendo a los
torturadores que actuaron de buena fe.
Esto no sólo está mal: es vergonzoso. Ratifica el aspecto más dañino
de toda la batalla legal contra el terror: que todo está permitido si va
acompañado de un informe. Si tu mala conducta se ciñe a lo que pone en
un documento con notas a pie de página y justificaciones —incluso una vez
consumados los hechos— puedes hacer lo que te plazca. Que se interpongan
acciones judiciales contra quienes se descarriaron pasándose de la raya con las
nuevas normas y no tener en cuenta la culpabilidad de quienes se desviaron de la
ley al crear dichas nuevas normas significaría que, en Estados Unidos, un título
en Derecho viene a ser lo mismo que una defensa asegurada. El
congresista republicano Jerry Nadler lo explicó de la siguiente forma este mismo
mes cuando advirtió que no tenía ningún sentido procesar al tipo que cogió un
cuarto de litro de agua para torturar con la técnica de asfixia simulada y no al
jurista que dijo que esta práctica era legal si se empleaban 100 ml de agua. O
miramos a ambas caras del fracaso legal posterior al 11-S o a ninguna. La
alternativa es buscar un chivo expiatorio, como ocurrió tras lo de Abu
Ghraib.
Por eso es tan grave que el Departamento de Justicia estadounidense haya
dejado una vez más de hacer público otro informe de la Oficina de
Responsabilidad Profesional (OPC), uno que implicaba a quienes
efectivamente torturaron, incluyendo a John Yoo y a otros abogados del
Departamento de Justicia, por violar los deberes que les impone su código ético
profesional al redactar los informes originales que dieron base legal a la
tortura. Al establecer una diferencia entre la conducta de los miembros
de alto rango de la CIA y quienes condujeron los interrogatorios, el
Departamento de Justicia de EEUU está perpetuando el mito según el cual "cumplir
órdenes nada más" constituye una defensa legal e insulta a tantos y tantos
miembros de la CIA que se
opusieron a las nuevas normas, rehusando participar en la cámara de los
horrores que un puñado de superiores había diseñado. Todo lo que se dice hoy
sobre hundir
a la CIA investigando cómo se transgreden internamente las normas es
ridículo. Ya se intentó corromper un informe elaborado por el inspector general
de la CIA con afirmaciones inconsistentes de que las normas habían dejado de ser
las normas.
(EFE) |
¿Se volverán a instaurar los principios de tortura de la era Bush?
El sistema legal estadounidense no va tan sólo de crimen y castigo. Es un
conjunto de pautas para conducirnos en el futuro y dar al resto del mundo un
mensaje sobre nuestros valores. Este propuesto régimen Holder-Durham de
semirresponsabilidad —lamentamos todo este asunto de las torturas pero no lo
suficiente como para investigar a fondo cómo llegó a suceder— es un arma de
doble filo peligrosa: da paso a que se vuelvan a instaurar los
fundamentos para la tortura de la era Bush, por si volvieran a hacer falta en el
futuro, y permite aconsejar a nuestros aliados y enemigos que, bajo
circunstancias desesperadas, es plausible que hagan otro tanto. Optar
por ser responsable sólo a medias supone, llevando un poco más lejos el mismo
argumento, que la tortura es únicamente reprobable en parte. Ta-Nehisi
Coates sostiene que "realmente no alberga duda alguna de que podríamos
comenzar a torturar de nuevo (y, de hecho, lo haríamos) si se perpetrara otro
ataque terrorista." Si no desmontamos la base del régimen de la tortura, estará
en lo cierto.
El fiscal general Holder es lo suficientemente perspicaz como para saber que
los fiscales especiales tienden a destapar asuntos sucios y que incluso con la
orden limitada que ha dado a Durham, pronto se dará de cabezazos contra esa dura
pared que constituyen los informes de la tortura. Prácticamente
cualquier investigación en torno a si un prisionero fue sometido a asfixia
simulada 'adecuadamente' se enfrentará a la absurda pregunta de por qué Estados
Unidos puso en práctica esta tortura en primer lugar. O Durham pasa por
el aro de Holder de que cualquier cosa aprobada por los informes del
Departamento de Justicia fue legal per se o su investigación le llevará
a formular las mismas preguntas a las que acabará dando respuesta el propio
informe del Departamento de Justicia: ¿cómo conseguir información a
cualquier precio se convirtió en la respuesta legal en lugar de ser la pregunta
legal?
Cuesta imaginar quién está más avergonzado: la CIA, el Departamento de
Justicia, su Oficina de Asesoramiento Legal o el presidente.
Cuesta imaginar quién está más hundido y avergonzado ahora: la CIA, el
Departamento de Justicia o su Oficina de Asesoramiento Legal o el presidente.
Pero la transparencia y la falta de responsabilidad son vergonzosas. Tal vez
éste no sea un proceso que pudiera dejar a nadie contento, pero sentirse bien no
es el único objetivo.
Al presidente Obama le avergüenza tener que llamar a declarar sus
propios empleados. Eric Holder se avergüenza de tener que avergonzar a
su jefe. A la CIA le avergüenza que unos cuantos de sus funcionarios y agentes
contratados se dejaran llevar ciegamente por Dick Cheney hacia el lado oscuro.
Y la mayoría de los estadounidenses están avergonzados de leer que en
los días más negros que siguieron al 11-S, el gobierno amenazó a prisioneros con
taladradoras y con violar a familias para sonsacar información mala.
Todo es vergonzoso. Pero Estados Unidos va a tener que hacer las paces con su
coqueteo con el maltrato a prisioneros de alguna forma. Esto puede implicar lo
que estamos haciendo: airear nuestros trapos sucios por separado o designar a
una comisión o un fiscal especial para hacerlo bien. O puede tan solo quiera
suponga sumarse a Dick Cheney en su convencimiento de que las leyes contra la
tortura están ahora obsoletas. Pretender que estamos investigando y restringir
un programa de tortura no es tan distinto de pretender que no torturamos desde
un principio.
*Artículo
originalmente publicado en el medio digital estadounidense Slate.
(Traducción: Carola Paredes)
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