Un supervisor de la ONU podría entrar por primera vez a una zona secreta de Guantánamo
Los abogados de uno de los acusados por complicidad en el 11-S han pedido que el juez permita la
entrada al Camp 7, donde están los detenidos de la CIA, al relator especial de
Naciones Unidas sobre la tortura
Crece la presión para que Estados Unidos acepte esta supervisión y despeje las constantes dudas
sobre malos tratos y torturas en la prisión
SPENCER ACKERMAN- Nueva York
The Guardian
13 de mayo de 2016
EFE
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El rincón más secreto de Guantánamo podría abrirse por primera vez al supervisor de la tortura de la ONU, si una audaz maniobra legal
sale adelante. Los abogados de Ammar Al Baluchi, uno de los acusados por
complicidad en el 11-S que se enfrentan a un tribunal militar en el penal
estadounidense, solicita que el juez del caso permita el acceso a
Camp 7 –el campo de Guantánamo en el que residen casi incomunicados tanto él
como otros detenidos que estuvieron bajo custodia brutal de la CIA– al relator
especial de la ONU sobre la Tortura, Juan Méndez.
Sostienen que prohibir a Méndez el acceso a Camp 7 también impide que Baluchi obtenga pruebas que son relevantes para su defensa,
que incluye acusaciones de tortura, ya que busca evitar que se usen contra él
en el juicio las declaraciones que hizo bajo detención y que, según él, se
consiguieron bajo coacción. Un respetado diplomático estadounidense, el
exasesor jurídico principal de la Armada de EEUU y un conocido abogado
británico de derechos humanos apoyan la petición.
Méndez ha solicitado durante su mandato el acceso ilimitado a Guantánamo, pero el Gobierno de Obama se lo ha denegado. El
relator, que dejará pronto el cargo, ha rechazado ofertas del Ejecutivo para
visitar las partes relativamente abiertas del centro de detención bajo estricta
supervisión militar, algo que el Ejército permite a dignatarios y periodistas.
Al contrario que el Comité Internacional de la Cruz Roja, que consigue acceso a prisioneros de todo el mundo a cambio de silencio, a
Méndez no se le permitiría entrevistar a detenidos en una visita así, un
elemento clave del mandato que le enconmienda la ONU. Su perspectiva es única:
el propio Méndez sobrevivió a la tortura de manos de la dictadura militar
argentina en los años 70.
"Es esencial para mi mandato asegurarme de que las
instituciones del Estado, incluido el centro de Guantánamo, mantienen
inequívocamente una política de tolerancia cero contra la tortura y los malos
tratos y se esfuerzan en eliminar el riesgo de maltrato y de uso excesivo de la
fuerza por parte de las autoridades de detención", dice Méndez en una
declaración dirigida a la comisión militar.
Los abogados de Baluchi –que fue torturado por la CIA en sus prisiones clandestinas, tal y como está documentado
en un informe del Senado de 2014– apuestan por
que Méndez pueda lograr el apoyo del juez militar de su caso, el coronel James
Pohl, para eludir las constantes acusaciones de tortura en Guantánamo.
Golpes en la cabeza y privación del sueño
Los detenidos, sus abogados y los observadores de derechos humanos sostienen que el proceso del Ejército de alimentación
forzada por sonda a los detenidos en huelga de hambre es suficientemente
doloroso para constituir tortura. El Ejército lo niega con vehemencia.
Los detenidos de Camp 7 en particular argumentan que sus condiciones de incomunicación son similares a la tortura que experimentaron de
manos de la CIA. Uno de los acusados que acompañan a Baluchi, Ramzi bin Al
Shibh, declaró hace poco al tribunal militar que su reclusión en Camp 4 lo
somete a "sonidos y vibraciones" como método de privación del sueño.
Otros detenidos de Camp 4 –incluido un hombre que sufrió lo que el informe del
Senado denomina "prolapso rectal sintomático"– sostienen que no
reciben suficiente tratamiento médico por su tortura, que les
supone revivir las condiciones de "indefensión aprendida" que
les infligieron.
Entre ellos está Baluchi, que en una carta escrita en Guantánamo
el 6 de agosto de 2015 –proporcionada a the Guardian– relató las operaciones de la CIA en el centro clandestino
en el que lo detuvieron, donde le "golpeaban la cabeza contra la pared
reiteradamente", hasta el punto en que "veía chispas de luces en los
ojos". "A medida que crecía la intensidad de esas chispas por los
golpes continuos, de repente sentí una fuerte sacudida eléctrica en la cabeza y
luego no veía nada", escribió Baluchi. "Todo se volvió oscuro y perdí
el conocimiento".
Baluchi contó que la tortura –que, según dice, ocurrió entre finales de mayo y principios de junio de 2003, algo coherente con el
relato del informe del Senado– tuvo un efecto permanente. "Después de esa
lesión concreta en mi cabeza, perdí la capacidad de dormir. No podía tener
un sueño normal ni profundo. Sigo reviviendo las pesadillas de ese momento todas
las noches, cada vez que intento cerrar los ojos aparece, y esta fue solo una
de las muchas cosas que pasaron", escribió.
"Dadas las circunstancias, creo que Ammar ha sufrido probablemente una lesión cerebral traumática, y he recomendado una
resonancia para mayor evaluación", asegura a the Guardian Stephen
Xenakis, el general de brigada retirado y psiquiatra que asesora al equipo de defensa.
Los abogados de Baluchi sostienen que permitir el acceso a Méndez es un elemento clave para investigar las dudas sobre las condiciones
de Camp 7, que vienen de lejos, y abordarlas si se encuentra que son válidas.
También argumentan que unas acusaciones de tortura validadas serían relevantes
durante la fase de imposición de condena del tribunal del 11-S, retrasada
durante años, en este caso en el que cabe la pena de muerte.
El juez a cargo, bajo amenaza de recusación
Su apuesta es audaz. Como miembro de las comisiones militares, Pohl está fuera de la cadena de mando del centro de
detención, gestionado por una unidad militar que responde ante el mando a
cargo de las operaciones en Sudamérica y el Caribe, que está en Florida. En el
pasado, Pohl ha podido influir en la unidad responsable de Guantánamo en
cuestiones relacionadas con el traslado de detenidos a su juzgado, pero la
estrategia del equipo de Baluchi pondría a prueba la relación entre esos
responsables y los tribunales militares.
Pohl está ahora sometido a una nueva e inesperada presión de distinta procedencia. Los abogados de otro acusado, Khalid Sheikh Mohammed,
están pidiendo la recusación de Pohl del tribunal del 11-S. Lo acusan de
confabular presuntamente con la Fiscalía para destruir en secreto pruebas
relevantes para la defensa de Mohammed. Esta acusación podría acabar
con un polémico tribunal que lleva años de retrasos de
procedimiento sin acercarse a la fase de juicio.
Los abogados de Baluchi tienen el apoyo de miembros relevantes de las élites de la seguridad nacional estadounidense y de los
derechos humanos a nivel internacional. Alberto Mora, que fue responsable del servicio
jurídico de la Armada y se enfrentó al Pentágono de Donald Rumsfeld por las
torturas en Guantánamo, declarará al tribunal que las preocupaciones sobre
torturas o malos tratos actuales en el penal son "extremadamente
inquietantes". "Una visita del relator especial Méndez ayudaría o
bien a identificar cualquier maltrato o a desmentir que se esté dando
eso", escribe Mora en una declaración para el juzgado.
Thomas Pickering, antiguo embajador estadounidense y alto cargo del Departamento de Estado, manifestará ante el juzgado que restringir el
acceso de Méndez a Guantánamo "es perjudicial para nuestra seguridad
nacional", al evitar que el relator garantice el cumplimiento de los
estándares internacionales contra la tortura. Nigel Simon Rodley, uno de los predecesores
de Méndez en el cargo de la ONU, cuenta que solía recibir apoyo de Estados
Unidos contra países que le impedían el acceso a los reclusos.
"El Gobierno que, según el presidente, es el más transparente de la historia sigue evitando cualquier investigación sobre la
tortura en Guantánamo", explica Alka Pradhan, uno de los abogados de
Baluchi. "Para mí, la única razón posible para eso es que sigue habiendo
fuego bajo 14 años de humo".
El comandante Gary Ross, portavoz del Pentágono sobre Guantánamo, señala: "No sería apropiado que yo hiciera declaraciones sobre
un expediente que no se ha remitido a la Comisión". Y zanja el asunto
con esta explicación del procedimiento legal: "Cuando
cualquier expediente se envíe apropiadamente a la Comisión, el juez militar
tomará la decisión final sobre el asunto".
Traducción de Jaime Sevilla Lorenzo
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