El desierto del aborto del Valle del Río Bravo
Stephania Taladrid, The New Yorker, 18/12/2021
Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
La nueva ley de Texas es la culminación de
décadas de restricciones legales y recortes presupuestarios que han dejado a
las mujeres de una de las regiones más pobres del país con escaso acceso al aborto.
La ley 8 prohíbe el aborto después
de aproximadamente seis semanas de embarazo y permite que ciudadanos privados
puedan presentar demandas civiles contra cualquiera que ayude a una mujer a
obtener el procedimiento. (Foto: Jennifer Whitney/NYT/Redux)
|
La única clínica de abortos que queda a lo largo de la frontera de Texas con México es un edificio
poco atractivo de una sola planta situado en el corazón de McAllen. Su antigua
recepcionista, Andrea Ferrigno, una mujer enérgica de cuarenta años, recuerda
vívidamente una época, en los años noventa, en la que funcionaba tranquilamente
y sin obstáculos. Su tío, el Dr. Pedro Kowalyszyn, uno de los ginecólogos más
respetados de la ciudad, era el propietario y administrador. “Todo el mundo
sabía que se podía abortar en la clínica del centro”, dice Ferrigno. Mientras
estudiaba, vivía con su tío y trabajaba en la clínica a tiempo parcial. “Me
presentaron el operativo como un procedimiento médico”, dijo Ferrigno,
añadiendo que los abortos eran uno de los muchos servicios ginecológicos que su
tío proporcionaba. “Él daba a luz a muchas de las personas a las que luego
ofrecía la atención del aborto”.
A principios de 2000, Kowalyszyn vendió la clínica a Amy Hagstrom Miller, que la rebautizó como sede en el sur de Texas
para su nueva organización, Whole Woman's Health. Al igual que otras ciudades
del Valle del Río Bravo [llamado Rio Grande Valley/Valle del Río Grande en
los USA, NdE], McAllen tenía uno de los índices más altos del país de
personas empobrecidas y sin seguro médico. Al mantener la clínica abierta,
Hagstrom Miller quería ofrecer a las residentes de la zona un lugar donde
pudieran acceder al procedimiento de forma segura. “Poco a poco, empezamos a
cambiar la consulta”, recuerda Ferrigno. “Antes, era muy parecido a ‘Aquí está
el formulario de consentimiento. ¿Conoce los riesgos? ¿Las complicaciones?
¿Alguien la está obligando?’” La nueva propietaria de la clínica quería
empoderar a las mujeres y fomentar un enfoque más holístico. A las pacientes se
les ofrecían sesiones de asesoramiento durante su visita; las paredes de la
clínica estaban pintadas de color malva y llenas de citas de Frida Kahlo y
otras personas notables; sonaba música relajante de fondo y cada habitación
tenía un tenue aroma a lavanda. Hagstrom Miller creía que nadie se quedaba
embarazada para abortar, por lo que era necesario que hubiera un lugar donde
las mujeres pudieran hablar libremente de sus decisiones y emociones.
“No nos arrepentimos de lo que hacíamos”, recuerda Ferrigno. Cuando el derecho al aborto se convirtió en una amarga
batalla política a nivel nacional, el ambiente dentro y fuera de la clínica de
McAllen cambió. Mientras que antes solo eran dos o tres piquetes los que se
reunían cada semana frente a la consulta del Dr. Kowalyszyn, la clínica pronto
se convirtió en un lugar de encuentro para los manifestantes. Un grupo local
conocido como Los Caballeros de San Miguel se reunía en círculo, cantando
oraciones frente a una cuna llena de figuras de bebés. Con el tiempo, otros
intentaron intimidar al personal pinchando las ruedas de sus coches,
amenazándoles con un hacha y gritando los nombres de sus hijos. “Se les puede
escuchar desde el interior”, dice Ferrigno sobre los piquetes. “Tienen
megáfonos”. La clínica ha recibido numerosas amenazas de bomba; hace unos años,
alguien intentó incendiar el lugar en plena noche. Sin embargo, el personal ha
intentado mantener un ambiente acogedor. Un mural en la fachada norte del
edificio muestra a un grupo de mujeres de color, con las manos enlazadas, en un
frondoso valle. Las palabras “dignidad, empoderamiento, compasión y justicia” están escritas en la parte superior.
En septiembre entró en vigor la ley S.B. 8 de Texas, que prohíbe los abortos
después de aproximadamente seis semanas de embarazo y permite a los ciudadanos
privados interponer demandas civiles contra cualquiera que ayude a una mujer a obtener el procedimiento.
Nadie, ni siquiera una víctima de violación o incesto, está exenta de la ley.
Ferrigno, que ahora es vicepresidenta de Whole Woman's Health, estimó que la
clínica estaba atendiendo a una cuarta parte de las pacientes que trataba antes
de la S.B. 8. Cada día, las nuevas restricciones obligaban al personal de la
clínica a rechazar a docenas de pacientes, incluidas adolescentes. “Es agotador
decir que no”, dijo. “Te consume”. Recientemente, la clínica tuvo que rechazar
a una migrante de catorce años procedente de Guatemala que había cruzado la
frontera sur por su cuenta y ahora estaba bajo custodia del gobierno. La niña
había sido violada en su viaje hacia el norte: estaba en su séptima semana de embarazo,
una semana más allá del nuevo límite estatal. “Hace un par de meses habríamos
podido ayudarla”, explica Verónica Hernández, que acaba de asumir la dirección
de la clínica, donde trabaja desde hace doce años. “Pero ya no podemos
ayudarla. No podemos hacer nada por esas pacientes”.
Incluso antes de la S.B. 8, las nuevas leyes y los recortes presupuestarios promulgados por la legislatura de Texas en las
décadas anteriores han restringido constantemente el acceso de las mujeres a un
aborto en el estado. En 2000, los legisladores aprobaron la Ley del Derecho de
la Mujer a Saber, también conocida como H.B. 15, que obligaba a las mujeres que
querían abortar a esperar veinticuatro horas antes de someterse al
procedimiento, sin hacer excepciones en el caso de los embarazos resultantes de
violación o incesto. El personal de las clínicas también se vio obligado a
entregar a las pacientes un paquete de lectura exigido por el Estado que
incluía fotografías en color de fetos e información sobre la relación, largamente
desmentida, entre los abortos y el riesgo de cáncer de mama. El mandato hizo
que el tío de Ferrigno, que había seguido trabajando como director médico de la
clínica, se retirara, después de treinta años. “Ese fue el catalizador”, dijo Ferrigno.
La ley estatal exige una ecografía antes de abortar. Eso
significa dos viajes a una clínica, una dificultad para muchas pacientes de
aborto, la mayoría de las cuales ya son madres.
(Foto: Jennifer Whitney/NYT/Redux
|
En 2011 la legislatura estatal revisó la ley para exigir a los médicos que
realizaran una ecografía antes de un aborto, lo que significaba que las
pacientes tenían que hacer al menos dos viajes a una clínica. “Eso cambió
realmente las cosas”, dijo Ferrigno, añadiendo que la gran mayoría de las
pacientes de su clínica ya eran madres, al igual que la mayoría de las
pacientes de aborto en todo el país. Muchas no podían permitirse ausentarse del
trabajo o dejar a sus hijos sin vigilancia. También se ordenó a las clínicas
que se aseguraran de que el mismo médico que realizaba la ecografía llevara a
cabo el procedimiento. “Fue una pesadilla logística”, recuerda Ferrigno. Solo
un médico local estaba dispuesto a trabajar para la clínica; todos los demás
médicos eran de fuera de la ciudad y tenían trabajos en otros lugares, y la
capacidad de la clínica para practicar abortos estaba limitada por sus
horarios. Al cabo de dos años, otra ley aprobada por la legislatura estatal, la
H.B. 2, exigía que las clínicas cumplieran las normas de un centro quirúrgico
ambulatorio y que sus médicos tuvieran privilegios de admisión en un hospital
cercano. Los legisladores afirmaron que el proyecto de ley pretendía garantizar
la seguridad de las mujeres. Pero Hagstrom Miller, que por entonces dirigía
clínicas en otras cuatro ciudades de Texas, tenía una opinión diferente. Demandó
al Estado.
El caso Whole Woman's Health v. Hellerstedt fue serpenteando por los tribunales hasta el verano de
2016, cuando el Corte Supremo dictaminó, en una votación de 5-3, que las
restricciones de Texas suponían “un obstáculo sustancial para una mujer que
quisiera abortar”. La decisión fue vista como una extraordinaria victoria
de Roe v. Wade, que en 1973 había establecido el derecho
constitucional al procedimiento. Pero Ferrigno reconoció que el movimiento
antiabortista estaba ganando terreno. El número de clínicas de aborto en Texas
había descendido de cuarenta y cuatro a menos de diez en los tres años
anteriores a la sentencia del Tribunal Supremo. La clínica de McAllen se había
visto obligada a cerrar durante casi un año, después de que todos los
hospitales situados en un radio de cincuenta kilómetros de Whole Woman's Health
se negaran a conceder a sus médicos privilegios de admisión. El personal tuvo
que explicar a las pacientes no solo el cierre, sino también las restricciones
que limitaban constantemente sus derechos. “Creo que lo más importante que
hemos sacrificado es la relación entre el paciente y el prestador de la
atención”, dijo Ferrigno. “Seguimos haciendo lo que sea necesario para
protegerla en la medida de lo posible, pero se ha visto mermada por todos esos
requisitos. Nos hemos convertido en ejecutores de lo que odiamos”.
Cinco años más tarde, Ferrigno espera que el Corte Supremo anule Roe confirmando una ley de Mississippi que prohíbe la mayoría de los abortos después de las quince semanas
de embarazo, un fallo que probablemente hará que más de veinte estados del Sur
y del Medio Oeste prohíban casi todos los abortos. “Este desmantelamiento de
Roe -que va recortando nuestros derechos- ha ido sucediendo progresivamente y
cada vez va a peor”, dijo Ferrigno. “Y realmente siento que el momento es
ahora: hay que actuar ya”. Está segura de que las mujeres del Valle están
tomando cartas en el asunto. “La gente va a intentar hacer lo que cree que es
mejor”, dijo Ferrigno. “No necesariamente lo que es más seguro”. Las palabras
de una paciente, a la que Ferrigno tuvo que rechazar, se quedaron grabadas en
su mente: “¿Y si le digo lo que tengo en el armario de la cocina y usted me
dice lo que puedo hacer?”.
En 2008 Yolanda Chapa, una de las primeras piqueteras frente a la clínica, abrió el Centro de Embarazo de McAllen, a pocas
cuadras de Whole Woman's Health. “El Señor estaba realmente tratando de
decirnos que necesitábamos un centro de embarazo aquí en McAllen”, dijo Chapa,
en un video promocional. Chapa lanzó la organización después de recibir cien
mil dólares en donaciones de la herencia de un devoto católico local, según una publicación en su sitio web. En una entrevista de 2012 con un canal de televisión
en español, una monja que realizaba ecografías en el centro dijo que apelaba a
las creencias religiosas de las mujeres embarazadas. “El miedo viene del
diablo”, dijo la mujer, identificada como Sor Julia. “Pero, si se tiene mucha
fe, se puede llegar al final con una sonrisa y un bebé en los brazos”. Una
década después de su fundación, el centro se trasladó a un local en South Main
Street, a solo tres puertas de Whole Woman's Health.
Sobre el papel, el centro de Chapa ofrece ecografías, pruebas de embarazo, asesoramiento, comida, ropa,
pañales y juguetes sin coste alguno para las mujeres a las que atiende. Pero
sus críticos sostienen que, en realidad, está ayudando a atraer a la gente
hacia embarazos no deseados. El interior del centro se parece a la consulta de
un médico. Las mujeres embarazadas entran en una pequeña zona de recepción,
donde se les pide que rellenen el papeleo y esperen a que se les llame por su
nombre. Chapa y el resto del personal llevan batas blancas, y las
recepcionistas y asesoras van vestidas con batas. A la pregunta de un periodista
de por qué llevaban batas blancas, Chapa respondió: “Solo para que parezcamos
profesionales”. El centro cuenta con una pequeña capilla y un espacio
denominado “Boutique del Cielo”, donde las mujeres pueden elegir entre cientos
de artículos donados, que van desde fórmulas para bebés hasta camisetas con la
cara de Elmo. En los comentarios online, muchas de las clientas del
centro elogian sus servicios. Sin embargo, Ferrigno afirma que las mujeres que
han acudido a la clínica para abortar le han contado que les informaron
erróneamente de que un aborto las expondría a un mayor riesgo de desarrollar
cáncer de mama; una de ellas dijo que la instaron a pedir perdón ante el altar
de la capilla.
Un martes reciente, Chapa acompañó a una joven a la salida de una sala de asesoramiento. Parecía estar al final de la
adolescencia, tenía una expresión cenicienta y llevaba una cesta llena de
artículos para bebés, incluyendo un oso de peluche y pañales con la palabra
“¡Hola!”. Tras abrazar a la muchacha, Chapa me dijo que tenía que reunirse con
otra clienta y que no estaría disponible para nuestra entrevista. El centro
afirma haber ayudado a más de diez mil mujeres desde su apertura. Es una de las
más de doscientas instituciones similares de Texas, muchas de las cuales, como
el Centro de Embarazo de McAllen, reciben financiación estatal. Gran parte del
dinero estatal procede de un programa llamado Alternativas al Aborto.
Establecido por la legislatura de Texas hace quince años, tiene un presupuesto
que ha pasado de cuatro a cien millones de dólares. El año pasado, el Centro de
Embarazo de McAllen recibió un cuarto de millón de dólares del programa. A lo
largo de los años, los legisladores han desviado fondos del presupuesto estatal
de planificación familiar para financiar los programas, y hoy Texas tiene el
mayor número de centros de embarazo del país. En todo el país, hay más de dos
mil centros de embarazo en funcionamiento; ahora superan ampliamente en número
a las clínicas de aborto.
Tras la aprobación de la S.B. 8, dijo Hernández, los voluntarios de la organización de Chapa empezaron a
decir a las pacientes que llegaban a Whole Woman's Health que la clínica estaba
cerrada porque el aborto ya no era legal. Hernández y su personal empezaron a
notar que un número inusual de pacientes faltaba a sus consultas. “Las
llamábamos y les decíamos: ‘Su cita estaba programada para esta mañana. ¿Va a
venir?’” recuerda Hernández. “A lo que respondían: ¡Ya estoy aquí! Y resultó
que en realidad estaban al lado”. Algunas de las pacientes fueron retenidas
durante horas por la organización de Chapa, lo que Hernández vio como un
intento de hacerles perder sus citas. Hernández dijo que las pacientes le
contaron que la gente del centro les dijo a las mujeres que estaban más
avanzadas en sus embarazos de lo que realmente estaban, un aparente intento de
hacerles creer que habían perdido el límite de las seis semanas. (El centro se
negó a hacer comentarios en repetidas ocasiones.) Hernández se empeñó en hacer
saber a las pacientes que la clínica seguía funcionando. Pegado a la pared,
encima de la puerta principal de la clínica, vigilada por cámaras y con
cristales tintados, hay un cartel que dice “El aborto es legal. Nuestra clínica
está abierta”.
|
Cuando el derecho al aborto se convirtió en una amarga
disputa a nivel nacional, la clínica de McAllen, Texas, se convirtió en un
lugar de encuentro para los manifestantes antiabortistas.
(Foto: Ilana Panich-Linsman / The Washington Post / Redux)
Hace cuatro años, Paula Saldaña comenzó a trabajar como coordinadora de campo en el Valle con el Instituto Nacional de
Latinas para la Justicia Reproductiva. Con un equipo de voluntarios, fue de
puerta en puerta, hablando con la gente que vive en las colonias -barrios
de bajos ingresos donde cientos de miles de personas en todo
el estado viven en chozas improvisadas, remolques y casas sin acceso a los
servicios básicos-. “Algunas de esas colonias ni siquiera se
pueden encontrar en un mapa”, recuerda Lucy Felix, directora asociada del
Instituto. Al principio, muchas residentes se negaban a abrir sus puertas. Pero
poco a poco, en el transcurso de varios años, los ojos de la gente empezaron a
asomarse por las ventanas, y finalmente permitieron a las voluntarias entrar en
sus casas. Las necesidades de las residentes eran urgentes: algunas que se
habían encontrado un bulto sospechoso en el pecho, y cuyas madres habían muerto
de cáncer de mama, necesitaban inmediatamente una mamografía; otras nunca se
habían hecho una prueba de Papanicolaou, o nunca habían oído hablar de la
clínica de abortos de McAllen. Saldaña, Félix y otros les dijeron a las mujeres
cómo y dónde buscar una atención asequible. Con el tiempo, llegaron a ser
conocidas entre la comunidad como “las poderosas”.
Nacida y criada en el Valle del Río Bravo, a Saldaña le gusta prologar sus conversaciones sobre salud reproductiva hablando
de Rosie Jiménez, una mujer de McAllen que murió de una infección causada por
un aborto chapucero, en 1977. Es la primera víctima conocida de la Enmienda
Hyde, legislación federal aprobada un año antes de su muerte, que restringía el
uso de fondos de Medicaid para abortos. Jiménez, que tenía veintisiete años y
estaba criando a una hija sola, no podía pagar a un médico titulado y buscó la
ayuda de una comadrona. Murió a los pocos días de un fallo orgánico.
El principal catalizador del trabajo de Saldaña es la experiencia de su primer embarazo, a los dieciséis años. “Ni
siquiera recordaba cuándo había tenido la última regla”, recuerda. Su madre la
llevó a una clínica de Planned Parenthood en Brownsville, donde a Saldaña se le
presentaron tres opciones: abortar, tener al niño y darlo en adopción, o dar a
luz e inscribirse en un programa de cuidado de niños. Ella y su novio eligieron
esta última opción y tuvieron un hijo. Más tarde, a Saldaña le recetaron
Norplant, un anticonceptivo. “Gracias a eso, pude planificar mi siguiente
embarazo, e ir a la escuela”, dijo Saldaña, añadiendo que ella y su novio
estuvieron juntos durante veintiséis años. “No puedo imaginar lo que debe estar
pasando ahora una chica en mi misma situación”.
Cada vez que Texas recorta la financiación de las clínicas de aborto, también se reducen otros servicios sanitarios para las
mujeres. En 2011 los legisladores recortaron el presupuesto estatal de
planificación familiar en dos tercios. Como resultado, las mujeres perdieron el
acceso a los servicios preventivos, incluidos los exámenes de cáncer y los
métodos anticonceptivos. Más tarde se recuperó parte de la financiación, pero
el daño financiero era irreversible. Una de cada cuatro clínicas de salud del
Valle, con una población de más de un millón de habitantes, se vio obligada a
cerrar sus puertas. Saldaña, que se había incorporado a la clínica de Planned
Parenthood en Brownsville como trabajadora sanitaria, fue despedida cuando ésta
también cerró. Pero ella sentía que su trabajo debía continuar. “Vengo de una
comunidad de inmigrantes, y quiero decir que la mayoría de ellas son
indocumentadas”, dijo Saldaña. “Están convencidas de que no tienen derechos”.
Cuando la única otra clínica de aborto en el sur de Texas cerró, en 2013, Saldaña comenzó a remitir a los miembros de la
comunidad a Whole Woman's Health, en McAllen. “Siempre supe que estaba ahí”,
dijo de la clínica. “Pero nunca hubo necesidad de ir tan lejos”. Su trabajo
pasó a consistir en asegurarse de que las personas que buscaban atención para
el aborto, algunas de las cuales vivían a unos 45 kilómetros de distancia,
pudieran llegar a la clínica dos veces, como exige la ley. Muchas no tenían
coche o les preocupaba que su vehículo se estropeara. Otras cobraban por horas,
en metálico: perder tiempo en el trabajo significaba menos dinero para
alimentar a sus hijos y mantener a sus familias. Los defensores locales del
derecho al aborto empezaron a recaudar dinero para ayudar a las mujeres que
querían someterse al procedimiento. Al mismo tiempo, en las colonias,
Saldaña empezó a encontrarse con representantes de la organización de Yolanda
Chapa en un centro comunitario local. “La gente se quedaba después de hora para
asistir a nuestras charlas”, dijo Saldaña. “Más tarde nos enteramos de que a un
centro de embarazadas le habían prestado un espacio de oficinas allí”. Su
enfoque reflejaba el trabajo de Chapa en South Main Street: ofrecían pruebas de
embarazo gratuitas, ropa y artículos para bebés. “La necesidad está ahí, así
que la gente gravitará hacia quien ofrezca ayuda”, dijo Saldaña.
A medida que se promulgan restricciones como
la S.B. 8, Saldaña y otras tienen que explicar las nuevas leyes en las
colonias; en cierto sentido, hay que volver a empezar la conversación.
Tras la aprobación de la ley, se extendió el rumor de que el aborto en Texas
había sido declarado completamente ilegal. “Tenemos que volver a educar a la
comunidad”, dijo Saldaña, añadiendo que la pandemia les había obligado a hacer la mayor parte de su trabajo por teléfono.
“Nuestro miedo, cuando ya no hay opciones sobre la mesa, es no saber a dónde
acudirá la gente”. Cathy Torres, directora de organización de Frontera Fund,
una organización local que ofrece apoyo financiero a mujeres de bajos ingresos
e indocumentadas en el Valle que buscan atención al aborto, dijo que su
organización comenzó a recibir menos llamadas. “La ley 8 fue escrita para
confundir a la comunidad”, dijo. “Ocho de cada diez personas que llaman han
pedido cita fuera del estado”. Pero la falta de dinero o de documentos impide
que un número desconocido de mujeres del Valle pueda viajar a otros estados. A
cien millas al norte de McAllen, hay un puesto de control de la Patrulla
Fronteriza, lo que significa que muchas indocumentadas no pueden ni siquiera
llegar a San Antonio, donde está la siguiente clínica de aborto más cercana, o
buscar ayuda en otro estado. En resumen, están atrapadas en el desierto del
aborto del Valle del Río Bravo.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
|
