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El silencio más impenetrable rodea las inmorales investigaciones de la
CIA
Los horrores de la investigación en Guatemala y la hipocresía
estadounidense
Stephen Soldz
CounterPunch
7 de octubre de 2010
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Según altos funcionarios estadounidenses, abusar de las personas sin su
permiso en aras de una investigación es algo horrible, realmente horrible. De
hecho, es tan horrible que ha sido necesario que pidan perdón dos funcionarias
del gabinete presidencial. Es decir, los abusos se perpetraron hace tanto tiempo
que los investigadores que los llevaron a cabo ya no están entre nosotros para
exigirles responsabilidades y hay un gobierno extranjero amigo que es probable
que se sienta indignado por los abusos. Sin embargo, los funcionarios
estadounidenses habían guardado hasta ahora un silencio total sobre una
investigación espantosa e inmoral dirigida en el pasado siglo por investigadores
del gobierno de EEUU.
Hace poco, la Secretaria de Estado, Hillary Clinton, y la Secretaria de
Sanidad y Servicios Humanos, Kathleen Sebelius, se deshicieron en disculpas por un estudio que había dirigido el
Servicio de Sanidad Pública estadounidense y en el que casi 700 presos y
soldados en Guatemala fueron, sin su conocimiento, deliberadamente infectados
con sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual para comprobar si la
penicilina podía impedir la infección. Mediante un comunicado, las dos
Secretarias del gabinete expresaron su indignación por “tan reprobable
investigación”. De hecho, tan afectado está el gobierno estadounidense que, al
parecer, el Presidente Obama va a llamar al presidente guatemalteco para pedir
de nuevo perdón.
Esta investigación violó los principios éticos fundamentales que se supone
tienen que guiar cualquier investigación hecha con seres humanos –“investigación
a partir de sujetos humanos”, según la jerga profesional- desde la II Guerra
Mundial. Esos principios quedaron plasmados a nivel internacional en el Código
de Nuremberg, que contiene los fundamentos jurídicos desarrollados para los
juicios celebrados contra los médicos alemanes que dirigieron horrendos
experimentos en los campos de concentración nazis, y el número uno de esos
principios es el del consentimiento informado:
“Es absolutamente imprescindible que el sujeto humano dé su consentimiento
voluntario. Esto significa que la persona implicada debe tener capacidad legal
para dar su consentimiento; su situación debe ser tal que pueda ser capaz de
ejercer una elección libre, sin intervención de cualquier elemento de fuerza,
fraude, engaño, coacción u otra forma de constreñimiento o coerción; debe tener
suficiente conocimiento y comprensión de los elementos implicados que le
capaciten para hacer una decisión razonable e ilustrada. Este último elemento
requiere que antes de que el sujeto de experimentación acepte una decisión
afirmativa, debe conocer la naturaleza, duración y fines del experimento, el
método y los medios con los que será realizado; todos los inconvenientes y
riesgos que pueden ser esperados razonablemente y los efectos sobre su salud y
persona que pueden posiblemente originarse de su participación en el
experimento…”
Un poco más adelante, el Código de Nuremberg afirma la obligación de los
investigadores médicos de minimizar los daños provenientes de los procedimientos
de la experimentación:
“El experimento debe ser realizado de forma tal que se evite todo sufrimiento
físico y mental innecesario y cualquier daño.”
“No debe realizarse ningún experimento cuando exista una razón a priori que
lleve a creer que puede sobrevenir muerte o daño que produzca incapacitación,
excepto, quizás, en aquellos experimentos en que los médicos experimentales
sirven también como sujetos.”
El estudio realizado en Guatemala violó gravemente ambos principios y merece
el más absoluto oprobio. Más que consentimiento informado, el objetivo del
estudio era ocultar deliberadamente el objeto, medios y fines del mismo a los
infectados. Se infectó a aquellas personas con enfermedades peligrosas, a menudo
letales. Esa investigación fue terrible, condenable, incluso espantosa, y nunca
debió de considerarse y mucho menos llevarse a cabo. Me complace que haya pasado
poco tiempo desde que la historiadora Susan M. Reverby, del Wellesley College,
revelara los abusos en un documento que está a punto de publicarse –del que se
puede disponer ya en la página en Internet de Reberby-, para que los funcionarios del gobierno
estadounidense lo condenaran a gritos.
Pero el gobierno de EEUU no necesita mirar hacia atrás casi 65 años para
encontrar horrendas investigaciones realizadas por sus investigadores. En junio
de 2010, la organización Médicos por los Derechos Humanos (PHR, por su siglas en
inglés) publicó un informe: “Experiments in Torture: Human Subject Research
and Experimentation in the ‘Enhanced’ Interrogation Program”, que
documentaba la investigación y experimentación llevadas a cabo en el presente
siglo por los médicos y psicólogos de la CIA en relación con las técnicas
abusivas utilizadas como parte del programa de torturas con técnicas
mejoradas de interrogatorio.
Esos investigadores observaron las torturas a los prisioneros de la CIA en
los denominados “sitios negros” y registraron sus respuestas. Prestaron especial
atención a la posibilidad de que la tortura pudiera acabar con sus vidas. A
veces recomendaban determinados cambios en las técnicas de tortura, como añadir
sal al agua utilizada en la técnica de ahogamiento parcial conocida como
“ahogamiento simulado”, para impedir que se produjera la muerte por
desequilibrio inducido de electrolitos. Este cambio en el procedimiento permitió
sumergir muchas docenas de veces a los prisioneros mientras se les impedía que
escapasen hacia la muerte. Como el PHR sostuvo, la principal razón de esta
investigación, supuestamente relacionada con la seguridad, no era proteger a los
prisioneros sino proporcionar cobertura legal a los torturadores y a quienes
tomaban la decisión de torturar al permitirles afirmar que los profesionales
médicos estaban garantizando la seguridad de los prisioneros.
PHR informó de esos abusos en el informe sobre el comportamiento de sus
colegas del mes de junio (Soy uno de los autores de ese informe). Se notificó
por carta de los mismos a la Secretaria de Sanidad y Servicios Humanos Kathleen
Sebelius, abusos que violan la ética de los mismos principios de investigación
–consentimiento informado y minimización del daño- que en la investigación
guatemalteca. Pero, en vez de expresar su indignación ante tan “reprobable
investigación”, la Secretaria Sebelius guardó silencio, al igual que todos y
cada uno de los funcionarios del gobierno, además del portavoz de prensa de la
CIA, que negó nuestras afirmaciones sin presentar ni la más ligera sombra de
prueba. El departamento de la Secretaria Sebelius remitió una queja oficial
sobre la deshonesta investigación de la CIA a la… mismísima CIA, que había ya
negado públicamente las acusaciones. Hasta ahora, ninguna agencia del gobierno
se ha comprometido a investigar esos abusos de la CIA, perpetrados mucho más
recientemente que los horrores de Guatemala.
En respuesta a los antiguos abusos de hace sesenta años sobre el grupo de
guatemaltecos, las Secretarias de Estado y Sanidad anunciaron la creación de una
comisión que tratará de asegurar que todas las investigaciones a partir de
sujetos humanos llevadas a cabo por investigadores estadounidenses cumplan los
más altos estándares éticos. Como NBC News informó:
“Además de pedir perdón, EEUU está creando comisiones para asegurar que las
investigaciones médicas a partir de seres humanos por todo el planeta cumplan
‘rigurosos niveles de ética’. Los funcionarios estadounidenses están también
poniendo en marcha una serie de investigaciones para descubrir exactamente lo
ocurrido durante los experimentos.”
Si el objetivo de tales comisiones fuera realmente “asegurar que las
investigaciones…..”, no puede haber dobles raseros. Las mismas reglas deben
aplicarse a todos los investigadores, en todas partes y a todos los sujetos de
las investigaciones, quienquiera que puedan ser. La ética está para proteger a
los humillados y desamparados, no sólo a los que puedan merecerlo. Esos
investigadores que ayudan a la CIA o cualquier otra actividad secreta no pueden
jamás obtener patente de corso. Estamos en un momento muy importante: o se
investigan las inmorales e ilegales investigaciones de la CIA y se exigen
responsabilidades a sus autores o todo el sistema para impedir las
investigaciones sin ética que se ha venido desarrollando desde que el mundo fue
consciente de los horrores nazis, no será sino mera hipocresía. No podemos
permitir que eso suceda.
Stephen Soldz es
psicoanalista, psicólogo, investigador de la sanidad pública y forma parte del
cuerpo docente de la Boston
Graduate School of Psychoanalysis. Es editor del blog Psyche,
Sciencie and Society. Fue uno de los fundadores de la Coalición por una
Psicología Ética, una de las organizaciones que trabajan para cambiar la
política de participación de la Asociación Americana de Psicología en
interrogatorios abusivos. Es Presidente de Psychologists for Social Responsibility [PsySR, por sus siglas
en inglés] y asesor de Physicians for Human Rights. Fue coautor del informe Experiments in
Torture: Human Subject Research and Experimentation in the “Enhanced”
Interrogation Program del PHR.
Fuente:
http://www.counterpunch.org/soldz10042010.html
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