Las separaciones familiares de migrantes continúan aunque la política fue terminada
MIRIAM JORDAN y CAITLIN DICKERSON
The New York Times.es
11 de marzo de 2019
Silvia Maribel
Ramos llegó a Estados Unidos el mes pasado, ahí supo que su esposo había sido
deportado a Guatemala y que su hija de 3 años había sido separada de él. Crédito Jim Wilson/The New York Times
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OAKLAND, California — Casi nueve meses después de que el gobierno de Donald Trump
anunciara oficialmente el fin de su política de separación de familias
migrantes que cruzaron de manera ilegal la frontera, más de doscientos niños
han sido separados de sus padres y otros familiares; han sido enviados a sitios
de cuidado institucionales donde han estado meses en albergues u hogares de
acogida a miles de kilómetros de sus padres.
Los datos más recientes reportados por el juez federal que monitorea esa polémica
política del presidente Trump indican que 245 menores de edad fueron separados
de sus familias desde que la corte le ordenó al gobierno que detuviera el
procedimiento de la medida de “tolerancia cero” establecida a principios de
2018 en la frontera. Algunas de las nuevas separaciones fueron realizadas sin
la documentación necesaria para después ubicar a los menores.
La condena a la política expuesta a través de imágenes de madres y niños llorando
en la frontera estadounidense fue amplia en ese país; pero pese a la orden
ejecutiva del 20 de junio para suspender su aplicación la práctica nunca fue
suspendida por completo.
Con la medida original la mayoría de los menores fueron separados porque sus padres
estaban sujetos a persecución penal por haber cruzado de manera ilegal la
frontera. Las separaciones más recientes sucedieron sobre todo porque los
padres fueron acusados de fraude, de tener una enfermedad contagiosa o por un
historial criminal en muchos casos por haber cometido infracciones menores hace
mucho tiempo, de las que usualmente no derivan en la pérdida de custodia de sus hijos.
Las nuevas separaciones suceden al mismo tiempo que se registra un flujo sin
precedentes de familias migrantes por la frontera sur de Estados Unidos, el
cual ha dejado en claro los fracasos de las políticas de línea dura del
gobierno de Trump para desincentivar el viaje de los migrantes. La Patrulla
Fronteriza detuvo a 76.103 migrantes en febrero, la cifra más alta en
comparación a ese mismo mes en los últimos once años. Entre las personas
retenidas había 40.000 integrantes de familias, dos tercios más que la cantidad
detenida en enero.
Las separaciones familiares también sucedieron durante el gobierno de Barack Obama,
pero eran muy poco frecuentes y en casos extremos en los que la seguridad de
los menores parecía estar en riesgo.
Oficiales de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indican que las
separaciones más recientes son legales en los parámetros establecidos por el
tribunal que revisa los casos pues con ellas se pretende proteger a niños; los
funcionarios aseguran que estarían en riesgo de traficantes humanos o de
adultos que se hacen pasar por sus padres porque eso les ofrecería una ventaja
en relación con las leyes migratorias.
“CBP no declara que un padre representa un riesgo para un niño de manera arbitraria
o sin méritos”, aseguró la agencia en un comunicado. La misiva añade que “se
mantendrá la unidad familiar hasta donde sea operativamente factible” y que
separará a los menores solamente en presencia de “requisitos legales”
establecidos por una política escrita o por “una preocupación de seguridad
articulable que requiera esa medida”.
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“Me dijeron que no tenían idea de dónde estaba y que me iba a enterar cuando me soltaran”.
SILVIA MARIBEL RAMOS, SEPARADA DE SU HIJA MIENTRAS ESTABA EN DETENCIÓN MIGRATORIA
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La oposición a las nuevas separaciones ha estado aumentando dentro y fuera del
gobierno federal. En la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del
Departamento de Salud y Servicios Humanos, que supervisa los casos de menores
separados hasta que sean reunidos con sus familiares, algunos funcionarios han
intentado resistirse a mover o a recibir a niños que fueron referidos a la
agencia por la Patrulla Fronteriza.
De acuerdo con un oficial que no tenía autorización para discutir determinaciones
del gobierno y por tanto pidió el anonimato, varios funcionarios de la oficina
han exigido a la Patrulla Fronteriza dar más detalles sobre las separaciones si
no parecen ser justificadas. En algunos de esos casos, los agentes fronterizos
se han rehusado a dar información adicional, según el oficial, o envían
documentos relacionados que han sido editados y tachados de tal forma que son ilegibles.
El oficial, así como un funcionario del Departamento de Seguridad Interior
(secretaría que supervisa a la Patrulla Fronteriza), dijo que varias
separaciones han sido hechas sin notificación formal a la ORR.
Debido a los problemas con los registros sobre el paradero de los menores es probable
que más niños hayan sido separados de los 245 que aparecen en los documentos oficiales
al 20 de febrero.
The New York Times revisó los casos de varios niños separados desde que terminó la
política de tolerancia cero y se enteró de otros por medio de los abogados
migratorios que atendieron a las familias. La revisión arroja que varias de las
separaciones fueron porque alguno de los padres tenía una acusación de hace
años de manejar bajo la influencia del alcohol o una condena por hurto menor
sin violencia que data de hace veinte años. En un caso el padre había sido
imputado por posesión de una cantidad pequeña de marihuana.
Donna Abbott, vicepresidenta de servicios migratorios y para refugiados de Bethany
Christian Services —contratista del gobierno que moviliza a los niños a hogares
de acogida hasta que puedan ser reunificados—, dijo que en muchos casos no se
revela la razón específica de la separación por lo que es difícil evaluar si
fue apropiada.
En diciembre, una madre salvadoreña que hizo el trayecto con sus tres hijos fue
arrestada y metida en un autobús camino a un centro de detención migratoria en
Arizona; sus hijos, de 5, 8 y 15 años, fueron enviados a un albergue de menores
en Nueva York. La mujer salvadoreña, Deisy Ramírez, de 38 años, dijo que
pasaron seis semanas antes de que pudiera hablar con sus hijos.
El 1 de marzo, la hija más grande de Deisy fue transferida a un hospital porque
amenazó con suicidarse, de acuerdo con la hermana de Deisy, Silvia Ramírez,
quien intentó conseguir que el gobierno liberara a los menores para que
vivieran con ella en Seattle mientras Deisy estaba detenida. La hija
adolescente de Deisy se quedó en el hospital después de que la madre fuera
liberada la primera semana de marzo.
“No me imaginé que fuera a pasar esto”, dijo Deisy Ramírez el 8 de marzo. “Solo quiero
sostener a mis hijos y estar con ellos”.
Su abogado, Ricardo de Anda, comentó que aún no ha recibido una respuesta a su
solicitud formal para que le dijeran la razón por la separación. Cree que tiene
que ver con que Deisy fue deportada de Estados Unidos hace más de una década.
En Arizona, Ashley Ramos, de 3 años, fue separada de su padre por agentes
fronterizos después de su detención en febrero. Él fue deportado a Guatemala y
la niña fue enviada a un albergue.
La madre de Ramos, Silvia Maribel, había sido separado de su hija y su marido en
el trayecto desde Guatemala; policías mexicanos la retuvieron junto con otros
migrantes que iban en un camión. Silvia Maribel Ramos llegó a Arizona unos días
después de la detención de Ashley y de su esposo y fue ahí que descubrió que la
niña no estaba.
“Me dijeron que no tenían idea de dónde estaba y que me iba a enterar cuando me
soltaran”, dijo Ramos, quien ahora se está quedando con familiares en Oakland,
California.
Pasaron dos semanas antes de que ubicaran a la niña, de acuerdo con Ramos; su esposo contactó
a las autoridades guatemaltecas para que pudieran averiguarlo. Ahora Ramos está
en el proceso de presentar el papeleo para recuperar a Ashley. “Mi hija no
entiende, solo llora y suplica estar con nosotros otra vez”, dijo.
Desde el 20 de junio de 2018, cuando Trump puso fin a la separación familiar como
parte de su política de “tolerancia cero”, unos 2700 niños han sido
reunificados con sus padres. Pero no se sabe de miles más que fueron separados antes
de que la medida de separación familiar fuera impuesta oficialmente, de acuerdo
con la oficina del inspector general del Departamento de Salud y Servicios
Humanos. Los investigadores dijeron que no tienen un sistema efectivo de rastreo.
El viernes 8 de marzo, el juez Dana M. Sabraw estableció que
esos menores deben ser incluidos en la litigación pendiente sobre la protección
y reunificación de familias separadas.
“El distintivo de una sociedad civilizada se mide según cómo trata a su gente y a
quienes están dentro de sus fronteras”, escribió el juez.
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