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Veintiséis prisioneros siguen detenidos en Guantánamo sin
acusación o juicio
Según Trump, los detenidos de Guantánamo pueden seguir allí
cien años más
Shilpa Jindia
The Intercept
16 de julio de 2108
Traducido del inglés para Rebelión por Sinfo Fernández
Montando guardia frente al Campo Delta, en el centro de detención de la
Bahía de Guantánamo, Cuba, 5 de junio de 2018. Foto: Ramón
Espinosa/AP (revisada por los oficiales del ejército de EE.UU.)
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El miércoles, un tribunal federal de Washington D.C. escuchó el primer gran
desafío a la política de la administración Trump respecto a la Bahía de
Guantánamo: un caso en el que se rebate la detención actual de ocho de los
cuarenta musulmanes que aún quedan en la prisión de la isla. La decisión del
juez sobre el caso podría afectar a cualquier intento futuro de trasladar a
detenidos a ese centro de detención y tortura, convirtiéndose en un juicio sobre
la interminable guerra contra el terror de Estados Unidos.
Veintiséis prisioneros siguen detenidos en Guantánamo sin acusación o juicio,
incluidos los ocho hombres representados el miércoles en el tribunal, que llevan
en Guantánamo entre diez y dieciséis años. Un panel de revisión del gobierno ha
declarado que dos de ellos deben ser liberados. Los abogados del Centro para los
Derechos Constitucionales (CCR, por sus siglas en inglés), junto con otros
juristas, están impugnando la detención de los prisioneros por violación del
proceso debido y de las leyes de la guerra, en base a la autorización para el
uso de la fuerza militar o AUMF
(por sus siglas en inglés).
Aprobada por el Congreso en 2011, la AUMF concedía licencia a la rama del
ejecutivo para “utilizar toda la fuerza necesaria y apropiada” contra individuos
o grupos responsables de los ataques del 11-S o quienes les ayudaron. Los
críticos dicen que la ley está siendo ahora estirada hasta tal punto que se ha
vuelto del todo irreconocible con tal de legalizar cualquier acción militar en
cualquier lugar del planeta, incluso contra grupos que no existían en 2001.
Si bien el gobierno utilizó inicialmente los amplios poderes que le concedía
la AUMF para justificar la detención de sus clientes, los abogados del CCR
sostienen que esta autoridad se ha “desenredado” desde entonces. Bajo la AUMF,
las detenciones limitadas se justificaban con el discutible propósito de impedir
que los detenidos volvieran al campo de batalla. Al llamar hoy en día guerra
contra el terror a un “pantano amorfo e interminable” y a “un conflicto
desconectado de la realidad”, el CCR instó al tribunal a reconocer el paisaje
tan enormemente diferente ahora de cuando el Congreso aprobó la AUMF.
El gobierno contraargumentó alegando que mientras continúen las operaciones
contra Al Qaeda y los talibanes en Afganistán, el teatro original de la guerra
contra el terrorismo, aún se mantiene la autoridad que apuntala al AUMF. Cuando
el juez Thomas Hogan preguntó si en opinión del gobierno la guerra podría durar
100 años, el abogado del Departamento de Justicia Ronald Wiltsie dijo: "Sí,
podríamos retenerlos durante 100 años si el conflicto dura 100 años".
Baher Azmy, del CCR, en una entrevista con The Intercept, descartó la
idea de que estos detenidos vayan a volver al campo de batalla. “Ninguno va a
ser devuelto a Afganistán”, dijo. “Por ejemplo, dos de los peticionarios cuya
puesta en libertad se ha autorizado serían liberados en Marruecos y Arabia
Saudí, en función de acuerdos de seguridad o bajo custodia”.
Azmy señaló también que el gobierno había remitido al tribunal las
evaluaciones de generales que describían cómo se ha “limitado la eficacia de Al
Qaida”, y que ahora presiden las operaciones antidroga contra los talibanes, que
han “perdido su base ideológica”. Aunque EE. UU. sigue involucrado en
operaciones de combate en Afganistán, a finales de 2014 puso fin a la Operación
Libertad Duradera que lanzó la guerra contra el terror en octubre de 2001.
Mientras los presidentes Barack Obama y George W. Bush liberaron a casi 750
hombres en el transcurso de sus mandatos, sólo se ha trasladado a un hombre,
Ahmed al-Darbi, fuera de Guantánamo durante el mandato del presidente Donald
Trump, en función de los acuerdos pergeñados después de que se declarara
culpable de crímenes de guerra en 2014. Aunque sus clientes han renunciado a la
violencia, Azmy preguntó al tribunal si también necesitarían confesar crímenes
de guerra para abandonar la prisión.
Los abogados de los detenidos también argumentaron que la administración de
Trump ha tomado la decisión de carácter general de no trasladar a los
prisioneros fuera de Guantánamo, en consonancia con los comentarios que hizo el
presidente antes de llegar al poder. Aunque la orden ejecutiva de enero de Trump
sobre la prisión otorgaba poder al secretario de Defensa Jim Mattis para
transferir detenidos, este admitió el mes pasado en una entrevista
con la CNN que no estaba "trabajando en ese asunto".
Pardiss Kebriaei, un abogado del CCR que compareció en nombre de los
detenidos, dijo antes de la audiencia que "las declaraciones de Trump y sus
acciones... demuestran que estas detenciones no tienen nada que ver, en general,
con ninguna amenaza real, sino que son arbitrarias y que simplemente se les
retiene por animadversión y castigo".
Los abogados presentaron el caso de hábeas en enero, en el decimosexto
aniversario de la apertura de la prisión. En los meses transcurridos desde
entonces, la Casa Blanca anunció nuevos
criterios , elaborados por el Departamento de Defensa, para trasladar a
nuevos detenidos a Guantánamo si "representan una amenaza continua y
significativa para la seguridad de los Estados Unidos". Los guardias de la
prisión hicieron recientemente un simulacro de recibir
a un nuevo detenido , y se están discutiendo propuestas para el
primer acuartelamiento permanente y un ala de hospital para la población
carcelaria inmersa en un proceso de envejecimiento. Si bien Obama nunca cumplió
su promesa de campaña de cerrar Guantánamo, permaneció nominalmente comprometido
con ella durante todo su mandato. Bajo Trump, por el contrario, un comandante de
la Fuerza de Trabajo Conjunta de Guantánamo dijo
recientemente a los periodistas: "Vamos a durar y a plantarnos aquí durante
bastante tiempo".
Cualquier intento de llevar a la base a nuevos presos -como los detenidos del
Estado Islámico que actualmente están en manos de fuerzas aliadas de EE. UU. en
Siria e Iraq- probablemente suscitaría desafíos legales, por lo que el juicio de
Hogan en este caso podría proporcionar un referéndum importante sobre esos
traslados. Hogan expresó su solidaridad con los detenidos en Guantánamo y señaló
que habían pasado ya mucho tiempo en prisión. Podría ordenar su liberación. Pero
también indicó que no puede ofrecer ningún pronunciamiento audaz que pueda
contradecir o reinterpretar sentencias anteriores sobre los poderes de guerra
del presidente, incluidas las dictadas por Brett
Kavanaugh , el candidato de Trump para el Tribunal Supremo.
Shilpa Jindia es una periodista independiente cuyos trabajos cubren
cuestiones relativas al conflicto, seguridad e impunidad dentro de EE. UU. y en
el exterior.
Fuente:
http://theintercept.com/2018/07/12/trump-guantanamo-detainees-release/
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