En el caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra
Israel, EE.UU. es el conspirador que no se nombra
Voces del Mundo
Jeremy Scahill, The Intercept, 11 enero 2024
Traducido del inglés por Sinfo Fernández
«Sudáfrica ha reconocido la Nakba en curso contra el pueblo palestino».
Con estas palabras, Vusimuzi Madonsela, embajador de Sudáfrica en los Países Bajos, abrió la
histórica demanda de su gobierno ante la Corte Internacional de Justicia de La
Haya, Países Bajos, acusando al Estado de Israel de múltiples violaciones de la
Convención sobre el Genocidio durante su asedio de tres meses a Gaza.
Sudáfrica, nación cuya población sufrió durante décadas un régimen de apartheid respaldado por Estados
Unidos, ha emprendido su histórico esfuerzo por procesar a Israel por su guerra
genocida contra la población de Gaza. Su presentación de 84 páginas en la CIJ
es un documento desgarrador. Con meticuloso
detalle, ofrece una visión general de una campaña asesina emprendida contra una
población civil bajo la fraudulenta cobertura de la «legítima defensa». Expone
el espantoso alcance de la destrucción por Israel en Gaza de vidas humanas,
infraestructuras civiles, historia y cultura, y pinta un panorama devastador de
las graves condiciones a las que se enfrentan los palestinos que han logrado sobrevivir.
Los cargos describen «una campaña militar excepcionalmente brutal por parte de Israel en Gaza, que es
extensa y continua, y que Israel pretende intensificar aún más», argumentaron
los abogados de Sudáfrica. «Israel ha participado en actos y medidas genocidas
y no los ha impedido ni castigado, lo que constituye una violación flagrante de
las obligaciones de Israel», en virtud de la Convención sobre el Genocidio.
La presentación de Sudáfrica cita decenas de declaraciones genocidas realizadas por funcionarios
del gobierno y militares israelíes, legisladores y exfuncionarios que describen
las intenciones de Israel en Gaza desde el 7 de octubre. Abarca unas nueve
páginas. Es difícil imaginar un argumento que sea honesto de que la suma de
estas declaraciones -incluido el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu
invocando el relato bíblico de la matanza colectiva por los israelitas de los
hombres, mujeres, niños y ganado de Amalec- no constituye un anuncio de
intención genocida.
Sin embargo, eso es precisamente lo que los funcionarios estadounidenses quieren hacer creer a la
opinión pública. «Sí, he leído la acusación», dijo el portavoz del Consejo de
Seguridad Nacional, almirante John Kirby. «No le encontramos mérito alguno. Nos
parece contraproducente. Y ahí lo dejo».
Si viviéramos en una sociedad justa, que se rigiera por un Estado de derecho aplicado de forma
equitativa y justa a todas las naciones, las autoridades estadounidenses
estarían compareciendo ante tribunales internacionales por crímenes de guerra
junto a los dirigentes israelíes cuyas acciones criminales están facilitando de
todas las formas posibles. Pero eso nunca ocurrirá. Desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos ha actuado como un
emperador en cuestiones de derecho internacional, emitiendo edictos sobre quién
puede y quién no puede ser considerado responsable de los crímenes más graves.
Existe incluso una ley, conocida como Ley de Invasión de La Haya, que autoriza al
presidente estadounidense a utilizar la fuerza para liberar a cualquier
personal estadounidense o aliado llevado ante un tribunal internacional acusado
de crímenes de guerra.
En asuntos relacionados con Israel, Estados Unidos ha funcionado como su defensor canalla en una cuestión
de ortodoxia bipartidista, vetando o bloqueando todos y cada uno de
los esfuerzos -a menudo apoyados por la gran mayoría de las naciones del mundo-
para responsabilizar a Israel por sus crímenes contra los palestinos.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, durante su última visita a Tel Aviv, Israel, el
martes, continuó con su actuación kabuki de un mes de duración, interpretando
simultáneamente el papel de propagandista dedicado y facilitador del desenfreno
de Israel y el de observador que espera que Israel considere la posibilidad de
matar algunos civiles menos y dejar entrar más ayuda humanitaria. «Estamos
trabajando urgentemente para forjar un camino hacia la paz y la seguridad
duraderas en esta región», declaró Blinken junto al presidente de Israel.
«Creemos que la presentación contra Israel ante el Tribunal Internacional de
Justicia distrae al mundo de todos estos importantes esfuerzos. Y, además, la
acusación de genocidio carece de fundamento».
Se ha convertido en un macabro ritual para Blinken fingir dolor por los niños muertos de Gaza mientras
simultáneamente elude al Congreso para agilizar el envío «de emergencia» de
armas a un gobierno cuyos funcionarios públicos y legisladores han pasado los
últimos tres meses declarando abiertamente su intención de aniquilar Gaza como
territorio palestino.
A medida que la guerra de aniquilación de Israel contra el pueblo de Gaza entra en su cuarto mes, la
administración Biden ha cimentado su legado como principal patrocinador
político y militar de la campaña de asesinatos en masa. Ninguna cantidad de
perogrulladas vacías ofrecidas por Blinken y otros altos funcionarios estadounidenses
en favor de los civiles de Gaza limpiará la sangre de las manos de esa administración.
Familias
palestinas corren desde el lugar de un ataque aéreo israelí contra un edificio
residencial al oeste del Hospital Nasser en Jan Yunis, sur de Gaza, el 11 de
enero de 2024. (Foto: Ahmad Salem/Bloomberg vía Getty Images)
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Un juicio a Israel por genocidio, si los jueces de la CIJ deciden que el caso tiene fundamento, podría
durar años. Pero Sudáfrica ha sostenido también que el tribunal debe dictar
medidas provisionales de emergencia para proteger a los palestinos de Gaza
contra los ataques en curso, citando voluminosas pruebas de que Israel está
implicado en violaciones continuas de la Convención sobre el Genocidio. «Israel
ha cometido, está cometiendo y corre el riesgo de seguir cometiendo actos
genocidas contra el pueblo palestino de Gaza», argumenta Sudáfrica en su
demanda. La CIJ debe ordenar a Israel que «suspenda inmediatamente sus
operaciones militares en y contra Gaza». Basándose en casos anteriores, tales
órdenes podrían emitirse en cuestión de semanas.
La abogada sudafricana Adila Hassim acusó a Israel de haber incurrido en un «patrón sistemático de
conducta del que puede inferirse genocidio». Dijo que Israel había sometido a
la población de Gaza a «una de las campañas de bombardeos convencionales más
intensas de la historia de la guerra moderna» por tierra, mar y aire. «El nivel
de la matanza israelí es tan amplio que no hay ningún lugar seguro en Gaza»,
añadió. «Israel ha matado a un número de civiles sin parangón ni precedentes
con pleno conocimiento de cuántas vidas se cobrará con cada bomba. La
devastación pretende, y ha conseguido, arrasar Gaza».
Además de citar las numerosas muertes y lesiones de civiles causadas por Israel en Gaza, los
abogados de Sudáfrica argumentaron que las órdenes iniciales de «evacuación» de
Israel eran genocidas en sí mismas, pues exigían la huida inmediata de un
millón de personas, incluidos los pacientes de los hospitales. Hassim citó
estadísticas de la ONU que indican que Israel ha forzado el desplazamiento del
85% de los palestinos de Gaza. La orden emitida por Israel el 13 de octubre,
que exigía que más de un millón de palestinos huyeran de sus hogares y
hospitales, era en sí misma genocida, afirmó.
Hassim presentó pruebas de las presuntas violaciones específicas por parte de Israel de los artículos 2A,
2B, 2C y 2D de la Convención sobre el Genocidio, que prohíben
matar, mutilar y destruir el modo de vida y la capacidad de dar a luz de
cualquier grupo racial, étnico o religioso, por el mero hecho de pertenecer a
ese grupo. «Todos estos actos, individual y colectivamente, forman una pauta
calculada de conducta por parte de Israel que indica una intención genocida»,
afirmó Hassim.
Más allá de las acciones claramente genocidas llevadas a cabo por Israel, Tembeka Ngcukaitobi, otro
abogado de Sudáfrica, abordó la cuestión de la intención genocida. «¿Qué Estado
admitiría una intención genocida?». preguntó Ngcukaitobi. El rasgo distintivo
de este caso no ha sido el silencio de Israel, argumentó, sino la repetición
del discurso genocida en todas las esferas de la sociedad israelí, encabezada
por su primer ministro, presidente, ministro de Defensa y otros altos cargos.
Ngcukaitobi proyectó un vídeo con declaraciones de Netanyahu y otros altos cargos y observó que un
elemento «extraordinario» de la guerra de Israel contra Gaza es que los
funcionarios y dirigentes israelíes han declarado sistemática y públicamente su
deseo de eliminar a los palestinos de Gaza.
Ngcukaitobi dijo que la declaración de Netanyahu al principio de la guerra, invocando el relato bíblico
de la destrucción de Amalec por los israelitas, fue adoptada por los soldados
israelíes sobre el terreno para «dirigir sus acciones y objetivos». «Debéis
recordar lo que Amalec os ha hecho, dice nuestra sagrada Biblia», declaró
Netanyahu. «Y lo recordamos». El versículo del Libro de 1 Samuel describe una
orden de Dios a Israel: «Ahora ve, ataca a los amalecitas y destruye totalmente
todo lo que les pertenece. No tengas piedad de ellos; da muerte a hombres y
mujeres, niños y bebés, ganado y ovejas, camellos y asnos».
Las declaraciones de funcionarios israelíes como prueba de la intención genocida han sido
ampliamente difundidas. Pero el hecho de que se recitaran y a veces se
reprodujeran en vídeo ante un tribunal internacional de crímenes de guerra deja
claro que Netanyahu y otros funcionarios se sintieron cómodos pronunciando unas
declaraciones tan escandalosas al creer que nunca se les exigirían
responsabilidades. De hecho, Israel es muy consciente de que Estados Unidos ya
ha descartado preventivamente la veracidad de las acusaciones de Sudáfrica.
John Dugard, abogado sudafricano y ex relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos
humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, presentó el argumento de
Sudáfrica en favor de la jurisdicción legal. «¿Qué más pruebas podrían
necesitarse?» preguntó Dugard. «Es precisamente por una situación de este tipo
que afecta a la comunidad internacional en su conjunto» por lo que la CIJ tiene
jurisdicción para ordenar provisionalmente el cese de presuntas acciones genocidas.
«Lo que está ocurriendo ahora en Gaza no se puede enmarcar de forma correcta como un simple conflicto
entre dos partes», argumentó otro abogado sudafricano, Max du Plessis. Du
Plessis presentó el argumento jurídico de que la CIJ debe emitir órdenes
provisionales a Israel para que detenga sus operaciones ante la sospecha de que
pueda estar ocurriendo un genocidio en Gaza, que es la norma según el mandato
del tribunal. Dijo que la CIJ debe dictar medidas provisionales para detener
los ataques de Israel contra Gaza basándose en que Israel puede ser condenado
finalmente por genocidio y que no detenerlo ahora representaría una grave
violación de los derechos de los palestinos que aún viven.
Israel, acusó, «ha sometido al pueblo palestino a una opresiva y prolongada violación de su derecho a la
autodeterminación durante más de medio siglo. Esas violaciones se producen en
un mundo en el que Israel ha considerado durante años que está más allá y por
encima de la ley».
La abogada irlandesa Blinne Ní Ghrálaigh, que también representaba a Sudáfrica, ofreció una brutal
descripción del alcance del sufrimiento humano y la destrucción en curso,
declarando sin rodeos que «enormes franjas de Gaza… están siendo borradas del
mapa». Cada día, dijo, citando cifras de Save the Children, 10 niños
palestinos sufrirán la amputación de uno o más miembros, a menudo sin
anestesia; se cavarán más fosas comunes, se bombardearán cementerios y se
exhumarán cadáveres. Se bombardeará a personas en lugares a los que se les ha
ordenado evacuar; familias enteras serán arrasadas.
La CIJ ha emitido históricamente órdenes provisionales a naciones, incluidas Rusia y Serbia, para
detener operaciones militares pasadas, señaló. «Esto está ocurriendo en Gaza a
una escala mucho mayor [contra] una población asediada, atrapada y aterrorizada
que no tiene ningún lugar seguro al que ir», afirmó.
«Israel sigue negando que sea responsable de la crisis humanitaria que ha creado, incluso mientras Gaza
se muere de hambre», afirmó Ní Ghrálaigh, advirtiendo a los jueces de la CIJ de
que sería grave no ordenar el cese provisional de los ataques de Israel contra
Gaza. «La propia reputación del derecho internacional, su capacidad y voluntad
de obligar y proteger a todos los pueblos por igual, pende de un hilo».
En una apasionada conclusión de su alegato, declaró: «A pesar del horror del genocidio contra el
pueblo palestino que se retransmite en directo desde Gaza a nuestros teléfonos
móviles, ordenadores y pantallas de televisión -el primer genocidio de la historia
en el que sus víctimas retransmiten su propia destrucción en tiempo real con la
esperanza desesperada, y hasta ahora vana, de que el mundo pueda hacer algo-,
Gaza representa nada menos que todo un fracaso moral».
Palestinos se reúnen en la plaza Nelson Mandela de Ramala, Cisjordania, para manifestarse
en apoyo del caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel ante la
Corte Internacional de Justicia el 10 de enero de 2024. (Foto: Issam
Rimawi/Anadolu vía Getty Images)
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Israel, que ha acusado a Sudáfrica de «libelo de sangre«, presentará su defensa el
viernes. El último abogado de la defensa sudafricana, Vaughan Lowe, se encargó
de anticipar los posibles argumentos de Israel. El veterano abogado británico
se adelantó al intento de Israel de desviar la atención hacia Hamás y el 7 de
octubre: «Este caso se refiere a los ataques de Israel en Gaza», dijo. «Hamás
no es un Estado y no puede ser parte de la Convención contra el Genocidio». Hay
otros procesos legales que emprender contra Hamás y otros actores, dijo.
Lowe rechazó las afirmaciones de Israel de estar actuando en «defensa propia» y citó las
resoluciones de la ONU según las cuales Gaza sigue siendo un territorio ocupado
debido al control sustancial que Israel sigue ejerciendo sobre su tierra, aire,
mar y acceso a las necesidades vitales básicas. «Por monstruoso o atroz que sea
un ataque o una provocación, el genocidio nunca es una respuesta permitida»,
afirmó Lowe. «Todo uso de la fuerza, ya sea en defensa propia o para imponer
una ocupación u operaciones policiales, debe mantenerse dentro de los límites
establecidos por el derecho internacional».
Al abogar también por que la CIJ ordene el cese inmediato de los ataques de Israel contra Gaza, Lowe
afirmó: «Si cualquier operación militar -por cuidadosa que sea- se lleva a cabo
con la intención de destruir a un pueblo, en todo o en parte, viola la
Convención sobre el Genocidio y debe cesar». Israel no puede eludir las
sentencias del tribunal, dijo, simplemente declarando unilateralmente que está
siguiendo el derecho internacional, citando «la aparente incapacidad de Israel para
ver que ha hecho algo terrible al arrasar Gaza y su pueblo».
Madonsela, embajadora de Sudáfrica en Holanda, cerró la audiencia leyendo las demandas de Sudáfrica para
que la CIJ ordene el cese de los ataques de Israel contra Gaza. «Sudáfrica ha
acudido a este tribunal para impedir un genocidio», dijo. Pidió al tribunal que
ordene provisionalmente a Israel que detenga sus operaciones militares en Gaza
y que preserve las pruebas para un posible juicio futuro.
Aunque no se menciona a Estados Unidos en el caso de Sudáfrica, este país ha apoyado y armado la
campaña de Israel de forma abierta y entusiasta, por lo que debería ser
considerado un cómplice que no se nombra de las acciones de Israel. Aunque es
posible que el proceso ante la CIJ no haga nada para detener la matanza israelí
en Gaza, una sentencia favorable a Sudáfrica aumentaría la presión sobre los
países de todo el mundo para que dejaran claras sus posturas. También serviría
para comprobar si las naciones, en concreto los aliados de Estados Unidos en
Europa, creen en la defensa de las leyes y convenciones internacionales o si
aceptan a Estados Unidos como el señor supremo que impone su propio conjunto de
normas aplicadas de forma desigual.
Foto de portada: Agentes de policía dispersan a manifestantes en apoyo de Palestina
durante una audiencia en la Corte Internacional de Justicia por la denuncia de
genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel en La Haya, Países Bajos, el
11 de enero de 2024. (ANP/AFP vía Getty Images)
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