El misterioso caso de Joe Biden y el futuro de las guerras con drones
La gestión del ataque en Kabul es una señal
ominosa de que, aunque Biden se ha comprometido a revisar el programa de
drones, sigue estando arraigado un prolongado mecanismo de autoexoneración.
Jeremy Scahill, The
Intercept, 15/12/2021 Traducido del inglés por Sinfo Fernández, Tlaxcala
Durante el último año, el número de ataques con aviones no tripulados de
los que se ha informado ha caído en picado. El presidente Joe Biden no autorizó
ni un solo ataque conocido durante los primeros seis meses de su presidencia
antes de romper
la racha con una serie de ataques con drones contra Al Shabab en Somalia en
julio. A pesar de la notable reducción, al menos dos de los ataques llevados a
cabo bajo el mandato de Biden han acabado con la vida de civiles, incluido el
ya famoso ataque del 29 de agosto en Kabul, Afganistán, que asesinó a 10
civiles, siete de ellos niños. Aunque el conjunto de datos sobre los ataques
con drones de Biden es minúsculo, el resultado de sus ataques conocidos
presenta una tasa de mortalidad civil espantosa. En el caso del golpe en
Afganistán, el 100% de las víctimas fueron civiles.
Familiares y vecinos de la familia Ahmadi se reúnen en torno a la carcasa
incinerada de su vehículo, blanco del ataque de un dron estadounidense, en
Kabul, Afganistán, el 30 de agosto de 2021. (Foto: Marcus Yam/Los Angeles Times
vía Getty Images)
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Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué Biden ha decidido aparentemente
frenar una herramienta de guerra que él y el presidente Barack Obama adoptaron
con tanto entusiasmo? Desde hace casi un año, el gobierno de Biden está
llevando a cabo una revisión exhaustiva del uso de los ataques con aviones no
tripulados como parte de una evaluación más amplia de la política
“antiterrorista” que se espera esté terminada a finales de este año o en algún
momento a principios de 2022. “Creo que la Casa Blanca es apropiadamente
cautelosa sobre los ataques con drones”, dijo Rosa Brooks, una exfuncionaria de
la administración Obama que trabajó para el Pentágono como consejera del
subsecretario de Defensa para la política de 2009 a 2011. “Mi sensación es que
se toman en serio la revisión y están tratando de minimizar los ataques con
drones al menos hasta que haya total claridad en las políticas internas”.
El predecesor de Biden, Donald Trump, eliminó la mayoría de las “normas”
que la administración Obama había elaborado en lo que Obama caracterizó como un
esfuerzo por aumentar la transparencia, reducir las muertes de civiles y
establecer directrices que pudieran dar algún sentido de legitimidad a lo que
era, en realidad, un programa de asesinatos. Biden podría haberse detenido en
la anulación de las revocaciones de Trump y luego reanudar el curso de los
ataques regulares con drones según las normas desarrolladas principalmente en
el segundo mandato de Obama. Pero no lo ha hecho. En cambio, el día de la toma
de posesión de Biden, su asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan, emitió
“discretamente” una orden para anular
la flexibilización de las normas de Trump en torno a los ataques con drones
que otorgaba a los mandos militares, en concreto, la facultad de autorizar
dichos ataques en zonas de guerra no declaradas, como Somalia y Yemen, sin
permiso directo de la Casa Blanca. El gobierno de Biden aún no ha indicado si
retomará las directrices de la época de Obama para los ataques o si elaborará
una nueva política con normas más estrictas, especialmente en lo que respecta a
la muerte de civiles.
“En casi todos los conflictos activos de Estados Unidos, hemos visto una
fuerte caída de las acciones militares declaradas por Estados Unidos bajo el
mandato de Joe Biden, incluso con drones, en Irak, Siria, Somalia, Yemen y
Libia”, dijo Chris Woods, director de la organización no gubernamental
británica Airwars, que rastrea los ataques aéreos estadounidenses y las muertes
de civiles en muchas naciones donde Estados Unidos participa militarmente.
Woods señala que los ataques ya estaban disminuyendo en la última mitad de la
presidencia de Trump y que la temprana moratoria de Biden sobre los ataques, y
su decisión hasta ahora de limitar su uso, han reducido en gran medida las
muertes de civiles a manos de las fuerzas estadounidenses en varios países. “Lo
que aún no sabemos es si van a mantener estas tendencias. La administración
todavía tiene que articular su estrategia a nivel público”, dijo. “En privado,
estamos escuchando la aparición de un enfoque híbrido Trump-Obama, que, de ser
cierto, podría significar menos protecciones en vigor para los civiles que
durante la última parte de Obama. Eso es preocupante”. Un portavoz del Consejo
de Seguridad Nacional no respondió a las solicitudes de comentarios.
Durante años, un grupo importante de miembros del Congreso, en su mayoría
progresistas, ha tratado constantemente de encontrar soluciones legislativas al
excesivo secretismo que rodea a los ataques con drones y de elaborar leyes que
exijan más transparencia al Pentágono sobre las “bajas” civiles. Estos
esfuerzos, que comenzaron durante el mandato de Obama, se intensificaron bajo
el mandato de Trump, quien dejó claro que no le importaban las muertes de
civiles y, en la campaña de 2016, alentó activamente el asesinato de las
familias de presuntos terroristas. También fueron una respuesta a un renovado
aumento, a partir de 2018, de las muertes de civiles en Afganistán. “En 2019,
mientras la administración Trump intentaba forzar a los talibanes a la mesa de
negociaciones, vimos el máximo histórico de muertes de civiles” -unas 700 como
resultado de ataques estadounidenses- “y se lanzaron más bombas ese año que en
cualquier otro anterior”, dijo Marc Garlasco, exjefe de objetivos de alto valor
en el Pentágono y ahora asesor militar de PAX, una organización holandesa de
protección civil.
En 2019 la Ley de Autorización de la Defensa Nacional estableció
el requisito de que un civil de alto nivel dentro del Departamento de
Defensa estuviera facultado para “desarrollar, coordinar y supervisar el cumplimiento
de la política del Departamento relacionada con las víctimas civiles
resultantes de las operaciones militares de los Estados Unidos”. Entre las
funciones de este funcionario estarían las de desarrollar y difundir las
“mejores prácticas” para reducir las muertes de civiles; establecer un
mecanismo público, basado en Internet, para que las personas presenten
denuncias de daños a civiles; garantizar que existan políticas estandarizadas
para que el Pentágono reconozca la responsabilidad de las muertes causadas por
las operaciones militares de Estados Unidos; y decidir si se dan pagos
“ex gratia” a las familias de los civiles muertos, así como a los heridos,
por las operaciones de Estados Unidos. La administración Trump retrasó la
creación del sistema y nunca lo implementó de manera efectiva.
Incluso antes de asumir el cargo, la campaña de Biden había prometido
revisar el uso de los ataques con aviones no tripulados como parte de su
enfoque antiterrorista. “Durante el año pasado, un consorcio de ONG (incluida
PAX) asesoró al Departamento de Defensa sobre las medidas que debía tomar para
mejorar el sistema de selección de objetivos, crear una oficina del Departamento
de Defensa sobre daños a civiles, volver a realizar investigaciones y ofrecer
reparaciones a los damnificados”, dijo Garlasco a The Intercept por correo
electrónico. Tanto él como otros miembros de la comunidad de derechos humanos y
protección de civiles esperaban que el subsecretario de Defensa, Colin Kahl,
hiciera un anuncio el verano pasado, pero se retrasó cuando salieron a la luz
los horribles resultados del ataque con drones del 29 de agosto en Kabul.
“Ahora languidece en su mesa mientras la comunidad espera”, dijo Garlasco. El
proyecto de ley de gastos de defensa aprobado por el Senado el miércoles sí
contiene una disposición para continuar con la práctica de hacer
pagos irrisorios a las víctimas civiles y a las familias de las víctimas.
Garlasco advierte que, aunque no espera que este marco para abordar las muertes
y lesiones de civiles “resuelva todos los problemas del sistema de objetivos,
lo considero un primer paso necesario para abordar la cuestión de los daños a
los civiles”. Pero a él y a otros miembros de la comunidad de ONG de protección
civil “les preocupa que no vaya lo suficientemente lejos”, dijo a The Intercept,
“teniendo en cuenta la reciente oleada de incidentes con víctimas civiles”.
Mientras que Garlasco y otros miembros de la comunidad jurídica y de las
ONG se esfuerzan por conseguir una mayor responsabilidad en las operaciones con
drones, los activistas antiguerra y antidrones de toda la vida no tienen la
esperanza de que los retoques del sistema, como ocurrió con Obama, vayan a
cambiar algo de forma fundamental. “Los drones, en particular, son un arma
intrínsecamente indiscriminada. No tienen cabida en nuestro mundo”, dijo Medea
Benjamin, cofundadora del grupo activista Code Pink, que ha viajado
regularmente a países objeto de ataques con drones. “Estados Unidos debería
dejar de utilizar los drones armados y trabajar a través de la ONU por un
tratado multilateral para desterrarlos de la faz de la Tierra, en pleno
reconocimiento de su responsabilidad por haber desatado este terror sobre la
humanidad”. Hay una campaña para abolir las armas autónomas, pero esto no va lo
suficientemente lejos. Hay que prohibir toda la guerra de drones”.
Como mínimo, dijo Benjamin, “la administración Biden debería reanudar
inmediatamente la publicación de los resúmenes mensuales del poder aéreo
interrumpidos por Trump y, de hecho, ampliarlos desde Afganistán, Iraq y Siria
para incluir todos los ‘lanzamientos de armas’ de Estados Unidos en todos los
países. También deberían ser más exhaustivos, para incluir todos los tipos de
aeronaves, incluidos los helicópteros, todas las ramas del ejército
estadounidense y la CIA y otras agencias”. Aunque Benjamin y otros activistas
se han centrado constantemente en los aviones no tripulados, también reconocen
que los ataques con drones representan un pequeño número del total de los
ataques aéreos de Estados Unidos. Señala las últimas estadísticas de Airwars,
que indican que desde que Biden asumió el cargo, ha habido 25 ataques aéreos
estadounidenses en Irak y 14 en Siria, la mayoría de ellos realizados por
aviones convencionales, no por drones. En Somalia, según Airwars, los 16
ataques de Biden hasta la fecha ya han superado la media de Obama de 7,5 al
año, aunque están muy lejos de la media anual de Trump de 69. “Así pues, Biden
parece estar llevando a cabo ya el doble de ataques que Obama en ese país, un
patrón que muy probablemente se mantiene también en otras partes de África”,
afirmó Benjamin.
Woods señala que, a pesar de la continuación de los ataques, “las víctimas
civiles también han disminuido en gran medida bajo el mandato de Biden, con
probablemente ninguna hasta ahora en... Libia, Yemen o Somalia desde que asumió
el cargo”. La excepción, dice, ha sido Afganistán. Woods acusa al Mando Central
de Estados Unidos y a la Fuerza Aérea de “seguir ocultando las cifras reales”
de muertes de civiles por ataques estadounidenses en Afganistán bajo Biden.
“Hubo un aumento bien informado de los ataques estadounidenses en 2021 cuando
los talibanes hicieron avances relámpago en todo el país”, dijo. “Muchos de
ellos fueron acciones de apoyo aéreo cercano para tratar de reforzar a los
aliados [del Ejército Nacional Afgano] sobre el terreno, lo que siempre
conlleva mayores riesgos para los civiles”. El tristemente célebre ataque de
Kabul de agosto puede haber sido parte de una tendencia reciente más amplia”.
Mohammed Ali Abdallah al-Ameri sostiene una foto de su hijo de 12 años, que
murió, junto con su sobrino, en un ataque aéreo estadounidense en 2012, en
Sanaa, Yemen, el 15 de enero de 2014. Ameri sufrió heridas de metralla en otro
ataque con drones contra el convoy de la boda de un familiar. (Foto: Abigail
Hauslhner/The Washington Post vía Getty Images
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Ese ataque con drones del 29 de agosto fue un aterrador recuerdo de los
casos de bodas y funerales atacados en la época de Obama. Algunos analistas
creen que puede haber influido la retirada de las fuerzas terrestres de Estados
Unidos en Afganistán. “Los operadores de drones no tenían el beneficio de la
información que habían tenido antes procedente de las fuerzas terrestres”, dijo
Hugh Gusterson, profesor de antropología y experto en drones de la Universidad
de Columbia Británica. “Los drones estadounidenses se vieron obligados a volar
distancias más largas desde bases aéreas lejanas, lo que redujo la cantidad de
combustible y el tiempo que tenían para realizar el reconocimiento aéreo antes
de atacar”. Gusterson dice que este será un factor a vigilar a la luz de la
promesa de Biden de continuar con esas operaciones “a largo plazo” en
Afganistán. “Una razón obvia por la que ahora hay menos ataques con drones,
supongo, es que Estados Unidos se ha retirado de Afganistán. En un momento
dado, bajo el mandato de Obama, la mitad de todos los ataques con drones de
Estados Unidos se produjeron en Afganistán”, añadió. “Uno solo puede pensar que
la retirada de las fuerzas terrestres de Estados Unidos en Afganistán y la
cesión del país a los talibanes reduciría el número en gran medida ahora;
incluso admitiendo el interés de Estados Unidos en golpear al ISIS en Afganistán”.
Garlasco, antiguo especialista en objetivos de alto valor del Pentágono,
afirma que es importante comprender las diferencias entre los dos tipos
principales de ataques aéreos estadounidenses: los deliberados y los dinámicos.
“Los ataques deliberados se planifican con mucha antelación, tienen numerosas
comprobaciones, como un análisis profundo y estructurado de los daños
colaterales, utilizan un análisis de patrones de vida para determinar si hay
civiles y tienen una incidencia relativamente baja de víctimas civiles”, dijo.
“Los ataques dinámicos, como los objetivos urgentes, se llevan a cabo cuando el
atacante tiene una pequeña ventana de oportunidad para atacar un objetivo móvil
de gran valor”. Garlasco afirma que los ataques con mayor número de víctimas
han sido el resultado de operaciones “dinámicas” que no se basan en información
confirmada de inteligencia, sino en especulaciones sobre los movimientos y las
relaciones de los posibles objetivos o, en algunos casos, la marca y el modelo
de un coche. “En un ataque dinámico rara vez hay tiempo para realizar un
análisis del patrón de vida, un análisis estructurado de los daños colaterales
y todas las comprobaciones que normalmente se realizan. Además, los ataques
dinámicos a menudo sufren de un sesgo de confirmación, como se vio en el ataque
de Kabul. Buscaban un Toyota blanco y lo encontraron, por lo que todas las
acciones realizadas por el conductor encajaban con el resultado deseado. Cuando
se busca un objetivo, se tiende a encontrarlo”.
El lunes, el Pentágono anunció que
ningún militar se enfrentaría a medidas disciplinarias por el ataque con
drones en Kabul. “Lo que vimos ahí fue un fallo en el proceso y en la ejecución
de los acontecimientos de procedimiento, no el resultado de la negligencia, no
el resultado de la mala conducta, no el resultado de un mal liderazgo”, dijo el
contralmirante retirado John Kirby, el portavoz del Pentágono. “No preveo que
haya cuestiones de responsabilidad personal con respecto al ataque aéreo del 29
de agosto”.
La gestión del ataque con aviones no tripulados en Kabul es una señal
ominosa de que, aunque Biden se ha comprometido a revisar la eficacia y el
impacto de los ataques con aviones no tripulados, sigue arraigado un mecanismo
de autoexoneración de larga data, señaló Garlasco. “No hay rendición de cuentas
por las acciones de Estados Unidos”, dijo. “El gran número de civiles muertos
por ataques estadounidenses sin nada más que un tirón de orejas refuerza la
percepción de impunidad... ¿Cómo podemos ver a una familia destruida por un
ataque de dron en Kabul y seguir diciendo que no hubo negligencia?” dijo
Garlasco. “Es una negligencia seguir matando civiles después de 20 años sin
reformar nada. La larga lista de familias muertas es una acusación condenatoria
del compromiso de Estados Unidos de proteger a los civiles. Si no se sancionan
las acciones que conducen a la muerte de civiles, es difícil ver cómo pueden
mejorar las cosas”.
Kathy Kelly, fundadora del grupo antibélico Voices for Creative
Nonviolence, dijo que acoge con satisfacción la reducción de los ataques con
aviones no tripulados en el extenso Oriente Medio, pero teme que pueda ser una
tregua artificial inducida por otras prioridades emergentes del Pentágono. “Con
los funcionarios del Pentágono, los contratistas militares y los especuladores
de la guerra cada vez más interesados en la capacidad de Estados Unidos para
competir con China, los ataques con drones de Estados Unidos en Afganistán,
Yemen, Siria y otras zonas de guerra pueden parecer una distracción no deseada,
especialmente si los medios de comunicación internacionales cubren la matanza
de inocentes, incluidos los niños”, dijo a The Intercept. Kelly, que lleva
viajando a las zonas de guerra de Estados Unidos desde la Guerra del Golfo de
1991 en solidaridad con las víctimas de los bombardeos estadounidenses, es
también una de las coordinadoras del grupo Ban Killer Drones. Pide a la
administración que evite, a través de la diplomacia, la posible propagación de
la guerra asimétrica. “Creo que la administración Biden debería buscar la
cooperación y la colaboración con China para hacer frente a las mayores
amenazas a las que todos nos enfrentamos: los terrores de la catástrofe
climática y las pandemias”, dijo. “Estados Unidos debería liderar la búsqueda
de un tratado internacional que prohíba los drones armados. Debe reconocer la
responsabilidad de cada uno de los ataques con drones estadounidenses que han
matado a civiles, revelando todos los detalles sobre las circunstancias y las
víctimas de cada ataque”.
Otro coordinador de Ban Killer Drones, Nick Mottern, rechazó la idea de que
el descenso de los ataques con aviones no tripulados esté relacionado con
cualquier cuestión de moralidad o preocupación por la proliferación de aviones
no tripulados armados. “No veo prueba alguna de que haya una pausa o alguna
valoración fundamental sobre si este programa debe continuar, lo cual, por
supuesto, es un grave error. Toda esta charla sobre la pausa no es más que una
mera fachada, y punto”, dijo Mottern a The Intercept. Declaró que le preocupa
que durante un período con relativamente pocos ataques con drones, la
administración esté avanzando con los planes de larga data para aumentar el uso
de la inteligencia artificial que facilite la orientación de los ataques con
drones sobre la base de patrones de vida y otras determinaciones de amenaza
automatizadas. “Parece que Biden está llevando a cabo el desarrollo de una
variedad de aviones no tripulados que serán cada vez más guiados por la
inteligencia artificial hasta que crucemos el umbral hacia ataques totalmente
controlados por esa inteligencia artificial. Este proceso tiene que detenerse,
y la única manera de detenerlo es prohibir los drones armados”, dijo. “Los
militares y los políticos nunca reconocerán el grado en que se ha entregado el
control de los drones” a la inteligencia artificial. “China parece ser la única
nación con los recursos humanos y en dólares para competir con Estados Unidos
en esta esfera”, añadió Mottern, “lo que hace que estas armas sean aún más
amenazantes, dada la compulsión de Estados Unidos para desafiar a China militarmente”.
El periodista independiente Spencer Ackerman, autor de “Reign
of Terror: How the 9/11 Era Destabilized America and Produced Trump”, ha
argumentado que la reciente reducción de los ataques con drones contradice la
antigua afirmación de Estados Unidos de que esos ataques hacen que los
estadounidenses estén más seguros. “¿Acaso la cuasi pausa no demuestra la
vacuidad de cualquier afirmación de Estados Unidos de que la seguridad nacional
requiere los ataques con drones? Resulta que bombardear a gente al azar en el
otro extremo del mundo no evita en realidad las muertes masivas de estadounidenses”,
escribió Ackerman. “La revisión antiterrorista de Biden dará un paso monumental
hacia el fin real de las guerras eternas, o desperdiciará la oportunidad. A
pesar de todas sus reducciones en los ataques con aviones no tripulados, Biden,
especialmente durante la retirada de Afganistán, cometió el típico error
liberal de presentar los ataques con aviones no tripulados como una protección
contra -es decir, una alternativa a- una guerra más amplia”.
Brooks, exfuncionario del Pentágono de la era Obama, sostiene que la
administración de Biden debería establecer una entidad independiente fuera del
poder ejecutivo para revisar los ataques con drones en países con los que
Estados Unidos no esté oficialmente en guerra. “La revisión debería llevarse a
cabo tras el hecho”, dijo Brooks, añadiendo que dicho organismo debería adoptar
un enfoque más exhaustivo “ex ante” para evaluar las posibles consecuencias
civiles de dichos ataques en el futuro. “El órgano de revisión, ya sea
judicial, del Congreso o algún tipo de órgano designado por el Congreso,
debería emitir informes públicos”, dijo. “Ahora mismo, sigue habiendo poca
transparencia y menos aún responsabilidad cuando las cosas van mal y, desde mi
punto de vista, eso es inaceptable”.
Garlasco está de acuerdo en que es necesario establecer un organismo
independiente que supervise el uso de los aviones no tripulados, especialmente
en lo que respecta a la cuestión de las muertes de civiles. Si el “daño a los
civiles” fuera una prioridad de la administración Biden, Estados Unidos
“llevaría a cabo investigaciones significativas que no se basaran únicamente en
la inteligencia estadounidense que valida sus propios ataques; acogería con
agrado los informes y la información de las ONG y de las Naciones Unidas en
lugar de ponerlos en entredicho”, dijo. “Informaría de forma transparente sobre
los ataques aéreos y otras acciones militares que provocan daños; trabajaría
para aprender de sus errores pasados y de los claros patrones de ataques
anteriores que han provocado daños a la población civil y aplicaría cambios
sistémicos en el proceso de selección de objetivos”. Garlasco añadió:
“Lamentablemente, Estados Unidos no está dando prioridad a los daños causados a
los civiles”.
Kelly y Mottern afirman que la creación de un organismo independiente para
revisar los ataques no iría lo suficientemente lejos y podría ofrecer un barniz
endeble de responsabilidad. “El Congreso debe emprender una investigación sobre
el número y la identidad de las personas muertas por los aviones no tripulados
de Estados Unidos desde 2001 y ofrecer una reparación adecuada”, dijo Mottern.
Sostuvo que el punto de partida para la compensación financiera a las víctimas
de los ataques debería ser los 3 millones de dólares pagados a la familia de un
trabajador humanitario italiano muerto accidentalmente en un ataque con drones
de Estados Unidos en enero de 2015. En los últimos años, estos pagos a las
víctimas de ataques estadounidenses en Irak y Afganistán han sido mínimos: en
2019, oscilaron entre 131 y 35.000 dólares por incidente. “El Congreso de
Estados Unidos destina 3 millones de dólares anuales a los pagos graciables
para las víctimas de la guerra”, dijo Garlasco. “En 2020 no se destinó ni un
solo dólar a los civiles perjudicados por EE.UU. Cuando ni siquiera se reparte
nada de los míseros 3 millones de dólares reservados para las víctimas a una
sola víctima, eso dice mucho. Las acciones del Departamento de Defensa están
diciendo a las víctimas que su vida no nos importa”. Kelly afirma que el
proceso de rendición de cuentas debe ir más allá de los pagos de condolencias a
las víctimas y sus familias. “Estados Unidos debe reparar no solo con
compensaciones económicas, sino también en forma de desmantelamiento de los
sistemas militares que causan tanto sufrimiento, desplazamiento y estragos”, dijo.
Gusterson, autor de “Drone: Remote Control Warfare”, distingue entre la
guerra de drones “pura” y la “mixta”. “La guerra de drones mixta se produce
cuando las tropas estadounidenses están sobre el terreno en una guerra
declarada y los drones están en la mezcla como una de las muchas tecnologías de
lucha contra la guerra”, dijo. “La guerra de drones pura - lo que vemos en
Somalia- es cuando Estados Unidos no ha declarado hostilidades contra un país
pero sus drones atacan de improviso objetivos en ese país en ataques de
urgencia”. Señala que los expertos legales parecen estar de acuerdo en que la
guerra “mixta” con drones es más defendible bajo el derecho internacional. “Soy
antropólogo, no abogado, pero para mí se parece mucho al terrorismo cuando
destrozas a la gente sobre el terreno en un país con el que dices no estar en
guerra”, dijo a The Intercept. “Me gustaría que el gobierno de Biden afirmara
que ha decidido que la guerra de aviones no tripulados pura -los ataques de
improviso contra países con los que no se está en guerra- es ilegal según el
derecho internacional, y que Estados Unidos no va a participar nunca más en
esos ataques. Bueno, siempre se puede soñar, ¿no?”.
Jeremy Scahill es corresponsal y editor general (uno de los tres editores fundadores)
de The Intercept. Es reportero de investigación, corresponsal de guerra y
autor de los best-sellers internacionales: “Dirty Wars: The World Is a
Battlefield” y “Blackwater: The Rise of the World's Most Powerful Mercenary
Army”. Ha informado desde Afganistán, Iraq,
Somalia, Yemen, Nigeria, la antigua Yugoslavia y otros lugares del mundo.
Scahill ha sido corresponsal de seguridad nacional para The Nation y Democracy
Now! El trabajo de Scahill ha desencadenado varias investigaciones en el
Congreso y ha ganado algunos de los más altos honores del periodismo. Recibió
dos veces el prestigioso premio George Polk, en 1998, por sus reportajes sobre
el extranjero y, en 2008, por “Blackwater”. Scahill es productor y guionista de
la premiada película “Dirty Wars”, estrenada en el Festival de Cine de Sundance
de 2013 y nominada al Oscar.
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