Tras 14 meses en prisión, juicio a la activista indígena
Amber Ortega por protestar contra el muro de Trump
Ryan Devereaux, The Intercept,
3/11/2021
Traducido del inglés por Sinfo
Fernández, Tlaxcala
Ryan Devereaux es un galardonado periodista usamericano de investigación que cubre
temas de justicia penal, aplicación de la ley de inmigración y seguridad
nacional. Ha informado sobre la guerra contra el narcotráfico en México y fue
uno de los principales reporteros de la premiada serie de The Intercept “Drone
Papers”, en la que sacó a la luz una campaña antiterrorista de EE. UU. en el
noreste de Afganistán que tuvo graves consecuencias para los civiles sobre el
terreno. Ganador del Premio de Periodismo Online 2017 a la mejor redacción de
reportajes para una pequeña redacción, Devereaux ha informado sobre las prácticas
policiales desde la ciudad de Nueva York hasta Ferguson, Missouri. Devereaux
recibió el premio 2020 del Deadline Club al mejor reportaje periodístico o
digital por “Bodies in the Borderlands” (Cuerpos en la frontera), una
investigación de un año sobre la represión de la administración Trump contra
los voluntarios de ayuda humanitaria que prestan asistencia a los migrantes en
el desierto de Arizona. Ha informado ampliamente sobre el Departamento de
Seguridad Nacional y, en 2019, reveló una operación conjunta de recopilación de
inteligencia entre EE. UU. y México dirigida contra periodistas, abogados y
defensores de la inmigración en la frontera entre ambos países; ha hecho el
seguimiento de las protestas por la separación de familias por parte de una
empresa de inteligencia privada; y se ha infiltrado en un grupo secreto y
profundamente controvertido de Facebook utilizado por miles de agentes actuales
y antiguos de la Patrulla Fronteriza, incluido el jefe de esta. Antes de
colaborar con The Intercept, Devereaux trabajó en el Guardian
US. Sus trabajos se han publicado también en Rolling Stone, The
Nation y Village Voice. Vive en Brooklyn, Nueva York.
Amber Ortega fue detenida por bloquear la construcción en tierras sagradas del sur de
Arizona. Ahora se enfrenta a un juicio en Tucson.
Amber Ortega, una activista de la tribu hia ced o’odham y tohono o’odham posa ante el
Monumento Nacional Organ Pipe Cactus el 9 de noviembre de 2019. (Foto: Kitra
Cahana/MAPS para The Intercept) |
Han pasado cuatro meses desde que Amber Ortega, miembr@ de la tribu hia ced
o'odham, de 35 años, fue detenida por bloquear la construcción del muro
fronterizo que amenazaba un oasis sagrado del desierto en el sur de Arizona.
Ortega fue detenida junto con Nellie Jo David, otra mujer hia ced o'odham, en
el manantial de Quitobaquito Springs, un ecosistema de fama mundial situado en
el extremo sur del Monumento Nacional Organ Pipe Cactus que ha sido un centro
de tradición cultural y espiritual para los o'odham durante miles de años.
Bajo el mandato del presidente Donald Trump y para abrir paso al muro, los contratistas del gobierno atravesaron el prístino hábitat
desértico de Organ Pipe en vehículos de varias toneladas, bombeando cientos de
miles de galones de agua del acuífero que sustenta los manantiales y destrozando
secciones de un cementerio cercano con potentes explosivos. En septiembre
de 2020, Ortega y David estaban rezando en los manantiales cuando se
encontraron con uno de los equipos de construcción. La pareja se sentó encima
de los vehículos del equipo y les dijo que no eran bienvenidos. Los
trabajadores llamaron a los equipos tácticos de los agentes de la Patrulla
Fronteriza y de la policía del parque, y Ortega y David fueron detenidas.
Por un delito menor que normalmente se resuelve con una
multa por allanamiento, las dos mujeres fueron desnudadas, encadenadas y
conducidas a una cárcel gestionada con carácter privado a unos 210 kilómetros
de distancia, donde las mantuvieron incomunicadas,
sin poder acceder a un abogado, durante casi 24 horas. Al principio de su
caso, un abogado designado por el tribunal le dijo a Ortega que era probable
que los esfuerzos para luchar contra sus cargos, que conllevan una condena
máxima de seis meses, pudieran acabar en fracaso. Ortega decidió no seguir con
ese abogado. Aunque comprende su opinión, no luchar no era una opción para ella.
“Quería seguir adelante para concienciar sobre la
opresión que hemos sufrido los nativos, los o'odham. Siempre nos han negado
tener voz”, dijo Ortega a The Intercept. “El gobierno de Estados
Unidos nos ha arrebatado nuestros derechos y el acceso a las tierras, a los
lugares sagrados, y esto ha venido sucediendo desde la colonización”.
El jueves, Ortega se declarará no culpable en su caso y
argumentará ante un tribunal de Tucson que las acciones por las que fue
detenida estaban arraigadas en creencias espirituales profundamente enraizadas.
El nuevo abogado de Ortega, Paul Gattone, abogado de derechos civiles con sede
en Tucson, cree que su caso es sólido. “Es una joven indígena que tiene
creencias muy arraigadas, religiosas y culturales, por eso estaba allí”, dijo
Gattone a The Intercept. “Debido a esas creencias culturales y
religiosas, se sintió obligada a actuar, y eso es lo que hizo”.
El juicio marca la primera instancia de la administración
de Biden, que prosigue con la persecución de la era de Trump contra una
defensora de las tierras fronterizas en Arizona, y la segunda vez en los
últimos años en la que una activista del estado ha articulado una defensa de la
libertad religiosa en respuesta a los cargos de alto perfil vinculados al
aparato de seguridad fronteriza del gobierno. El trabajador humanitario Scott
Warren, a quien la administración de Trump acusó de contrabando de personas por
proporcionar ayuda a los migrantes en el desierto, realizó una exitosa defensa de la libertad religiosa contra
dos intentos de procesamiento federal en 2019. Sustentado por el Servicio de
Parques Nacionales, el caso de Ortega hace que el Departamento del Interior la
procese por intentar detener la misma construcción contra la que la propia
funcionaria principal de la agencia, y primera secretaria nativa americana, Deb
Haaland, se había manifestado ya como miembr@ del Congreso.
Aunque el presidente Joe Biden prometió que
“no se construirá ni un metro más de muro” bajo su administración, su historial
respecto la ambición de Trump ha sido mixto. En el sur de Texas se están
construyendo nuevos tramos de muro;
en Arizona, el Departamento de Justicia está inmerso en una batalla legal con el fiscal general del Estado, que argumenta
que, al detener la construcción del muro en ese estado, el presidente está
llevando a cabo un proyecto de “aumento de población”
destinado a inundar el país de extranjeros. En una
reciente audiencia de confirmación en el Senado, el jefe de policía de Tucson,
Chris Magnus, elegido por Biden para el cargo de comisionado de Aduanas y
Protección Fronteriza, dijo que apoyaría la ampliación de la construcción del
muro en algunas zonas de la frontera. El Comité de Finanzas del Senado votará hoy el nombramiento de Magnus.
En el centro de la decisión de Ortega de luchar contra el caso está lo que ella describe como una “aterradora batalla espiritual” contra
el borrado cultural. Con la compra de Gadsden en 1854 y el trazado de la
moderna línea divisoria entre Estados Unidos y México, los o'odham, que
significa “pueblo” e incluye múltiples tribus, vieron su mundo físico dividido
en dos. En los últimos años, las tierras de los o'odham en el sur de Arizona se
han convertido en el escenario de una explosión sin precedentes de militarización de la
frontera. A la vez que lidiaban con el aumento de la
vigilancia y la aplicación de la ley, los hia ced o'odham, la más pequeña de
las tribus o'odham, emprendieron una lucha de tres décadas para obtener el
reconocimiento formal de su existencia por parte del sistema tribal más amplio.
Esos esfuerzos dieron sus frutos en 2013, cuando los hia ced o'odham se unieron oficialmente
a la nación tohono o'odham, aunque Ortega sostiene que el tratamiento que el gobierno federal sigue dando a las tierras
de los o'odham como zona de guerra que necesita ser fortificada representa otro
fracaso para los hia ced como pueblo.
Durante miles de años, el raro acuífero del desierto de Sonora que alimenta Quitobaquito Springs ha proporcionado la única fuente de
agua dulce en cientos de kilómetros a la redonda, lo que lo convierte en una
fuente vital de vida y refugio para las plantas, los animales y las personas de
la región. Para mezclar el hormigón para el muro y rociar los caminos de tierra
utilizados por las cuadrillas de construcción de Trump, los contratistas del
gobierno aprovecharon el acuífero y extrajeron cientos de miles de galones de
agua. En julio de 2020, apenas dos meses antes de la detención de Ortega y
David, National Geographic informó
de que, en un lapso de pocos meses, el flujo de agua en los manantiales
había disminuido en un 30%, lo que llevó al nivel de agua más bajo en más de
una década. Es dudoso que el oasis pueda recuperarse por completo.
“Ha sido inquietante, pero tenemos que hablar de estas cosas porque son nuestras voces y nuestra gente. Es por nuestra unidad por lo
que estamos luchando”, dijo Ortega. “No soy solo yo. No estoy pasando por esto
sola. Estoy pasando por esto junto a mi pueblo. Esto es generacional. Es la
memoria de nuestros antepasados. Es nuestra historia. Es nuestra forma de vida”.
Nellie Jo David mete la mano en un pequeño arroyo junto a
los manantiales de Quitobaquito en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus el 9
de noviembre de 2019. (Foto: Kitra Cahana/MAPS para The Intercept) |
El camino hasta el juicio de esta semana ha sido inmensamente difícil para Ortega y David. En entrevistas con The
Intercept, las dos mujeres describieron cómo los acontecimientos
traumáticos que acompañaron a sus detenciones se prolongaron durante meses. El
arresto en sí mismo “representó ya una situación extremadamente insegura”, dijo
Ortega. Con los hombres armados del gobierno de Estados Unidos afirmando su
autoridad sobre la tierra y las mujeres nativas americanas de pie ante ellos,
el momento estaba cargado de oscuros matices históricos. En un vídeo de la
escena, se podía oír a Ortega implorando a los agentes que retiraran sus armas.
“Esto es algo con lo que nosotr@s, como o'odham, estamos
familiarizados. Hacen estas cosas”, dijo Ortega. “Lo más importante es que
somos una generación traumatizada y hemos vivido estos traumas".
Durante su detención en el Centro Correccional de Florencia, un centro federal de mediana seguridad propiedad de la empresa
penitenciaria privada CoreCivic y gestionado por ella, Ortega y David, de 38
años, fueron alojadas inicialmente en una zona reservada para hombres, sin que
se les dijera a qué cargos se enfrentaban ni cuánto tiempo iban a estar
encerradas. “Era como si quisieran hacer un espectáculo con nosotras. Sabían
que éramos mujeres”, dijo Ortega. “Nos llevaron a una zona de hombres, nos
condujeron a nuestra propia jaula, rodeadas de hombres, y cuando Nellie pidió
usar el baño, dijeron: ‘Ah, pero si sois mujeres’. Y entonces nos dejaron
salir”. CoreCivic negó la afirmación.
Una vez en libertad, la pareja fue puesta bajo la estricta supervisión de la oficina de servicios previos al juicio del Tribunal
de Distrito de Arizona. Por su negativa a abandonar las tierras que los o'odham
han pisado desde antes de que existiera Estados Unidos, el gobierno ordenó a
las mujeres que se sometieran a inspecciones domiciliarias voluntariamente, a
repetidos análisis de muestras de orina y a estrictas prohibiciones de viajar.
Si no daban su consentimiento, el gobierno podía emitir órdenes de arresto.
Al principio, dijo David, pidió visitar Puerto Peñasco, una ciudad mexicana en el mar de Cortés de donde son sus familiares, para rezar
y ordenar sus pensamientos. “Quería ir al mar, cerca de los Pinacates, y rezar
allí”, dijo. “Sentí que eso ayudaría mucho cuando tanto se había profanado”. El
gobierno denegó la petición. Según David, la situación empeoró a partir de ahí.
“Todo este año han tratado mi cuerpo como si fuera de su propiedad”, dijo.
“Como si lo que hicimos hubiera puesto mi cuerpo a su disposición las 24 horas
del día, algo que me parece intolerable”.
Las restricciones de movimiento, los constantes controles, las repetidas peticiones de análisis de orina y la amenaza de que cualquier
incumplimiento supondría la negación total de su libertad le han parecido a
David una extensión nueva e intensificada de la vigilancia fronteriza que ha
conformado gran parte de la experiencia moderna de los o'odham. “Hemos vivido
toda nuestra vida bajo esta fuerte vigilancia”, dijo. “Estaban utilizando
nuestro trauma contra nosotros”. David dejó la facultad de Derecho para
gestionar las continuas exigencias del tribunal, pero no fue suficiente. La
presión del caso empezó a hacer mella en su salud mental, desencadenando
recuerdos dolorosos y reflexiones inquietantes sobre la relación histórica
entre las mujeres nativas americanas y el gobierno de Estados Unidos.
“Definitivamente necesitaba ayuda mental”, dijo David. “Hablaba de ello con
todos mis conocidos”.
Al principio, a Ortega y a David se les dijo que el juicio sería en un par de meses. Pero eso no sucedió. “Así es como finalmente
consiguieron desgastarme”, dijo David. En junio se declaró culpable de los
cargos derivados de la detención de 2020. Se le impuso una multa de 200 dólares.
Amber Ortega se sienta en la parte trasera de una
camioneta después de protestar junto al recién construido muro fronterizo entre
Estados Unidos y México en el Monumento Nacional Organ Pipe Cactus el 9 de
noviembre de 2019. (Foto: Kitra Cahana/MAPS para The Intercept) |
Ortega, que decidió seguir adelante, describió estar igualmente marcada por su experiencia con el aparato de vigilancia del gobierno
antes del juicio. “Tiemblo cuando los llamo”, dijo. “Sé que no estoy haciendo
nada malo, pero me pongo literalmente a temblar”.
En el último año, Ortega ha sido detenida varias veces
por varias agencias gubernamentales mientras hacía recados y visitaba a su
familia en la reserva o'odham. No duda de que los encuentros están relacionados
con su activismo. Las paradas en su pueblo natal son especialmente
inquietantes. “He crecido en el pueblo”, dijo Ortega. “Saben quién soy”.
La presión resultante de su caso llegó a ser tan intensa
que Ortega también se tomó un semestre libre para hacer frente a la situación.
“Llegó un momento en el que parecía que cada movimiento,
cada semana, ahí estaban de alguna manera: al teléfono solicitando una visita a
domicilio, una muestra de análisis de orina, una visita en la oficina”, dijo.
“Era una cosa tras otra”.
A menudo, en las video llamadas con su oficial de servicios
previos al juicio, se ordenaba a Ortega que proporcionara una visita guiada a
su espacio vital. Vio cómo su capacidad para participar en las ceremonias
tribales se veía estrangulada por la intromisión del gobierno en su vida
cotidiana. “Era como si tuviera que estar en un trabajo y demostrarlo y
fichar”, dijo. Ante la proximidad de su juicio, los recuerdos de su detención y
lo que significó ese momento han permanecido en la mente de Ortega. “El día que
me detuvieron, fue un recordatorio de lo que ya se ha hecho”, dijo. “Los
desplazamientos. Los traslados. Fue doloroso pasar por eso, entender la
historia y luego pasar por eso”.
“El trauma generacional existe, es terrible”, dijo
Ortega. “Somos gente buena. Gente humilde. Pero también nos enfadamos. Y nos sentimos heridos”.
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