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Investigadores de la ONU protestan ante Estados Unidos por la atención sanitaria en Guantánamo

Los relatores presentaron la queja a Estados Unidos el 11 de enero, pero la mantuvieron confidencial hasta este fin de semana. Washington aún no ha respondido.


La clínica médica del Campo 5 en la Bahía de Guantánamo, Cuba, en 2019. Crédito...Doug Mills/The New York Times

Carol Rosenberg
The New York Times
26 de marzo de 2023

Traducido por El Mundo no Puede Esperar 15 de abril de 2023

Hace dos meses, siete investigadores de derechos humanos de las Naciones Unidas enviaron al gobierno de Estados Unidos una protesta sobre la atención sanitaria a los detenidos en Guantánamo en la que describían un trato preocupante a un preso iraquí que ahora es discapacitado.

Estados Unidos nunca contestó, y el fin de semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo público el informe de 18 páginas de los expertos, cuya única facultad es investigar y divulgar sus preocupaciones sobre cuestiones de derechos humanos relacionadas con la lucha antiterrorista, los discapacitados y los ancianos. Conocidos como relatores especiales, no tienen autoridad para hacer cumplir la ley.

El informe se centra en el caso de Abd Al-Hadi Al-Iraqi, ex comandante de insurgentes en Afganistán en tiempos de guerra, que tiene más de 60 años. Ha sufrido una enfermedad degenerativa de la columna vertebral durante sus 16 años bajo custodia estadounidense y, a pesar de seis cirugías de espalda y cuello en Guantánamo desde 2017, su salud está empeorando.

El informe cita descripciones de sus presuntos malos tratos, muchos de ellos recogidos en expedientes judiciales y transcripciones, en particular uno ocurrido en septiembre de 2021, después de que el Sr. Hadi informara al personal médico de un debilitamiento de sus extremidades inferiores. Dice que, poco después de que rechazara la propuesta de una enfermera de realizarle un tacto rectal, el médico jefe de la prisión le hizo una prueba, "ordenando a los guardias que lo sostuvieran erguido por los hombros y luego ordenándoles que lo soltaran para ver si podía mantenerse en pie." Se "desplomó inmediatamente al no tener fuerza para mantener erguido su propio cuerpo", dice el informe.

Ni el Pentágono ni el Departamento de Estado respondieron durante el fin de semana a una solicitud de comentarios sobre ese episodio en particular y sobre el informe en general. Fue entregado a un diplomático estadounidense en Ginebra el 11 de enero. El mes pasado, el médico que ahora supervisa la atención médica en la prisión del Sr. Hadi, llamada Campo 5, declaró en otro caso que su misión era proporcionar "atención primaria segura, legal y humana en la medida de nuestras posibilidades a los detenidos."

Tras la presentación del informe, la experta que dirigió el estudio, Fionnuala Ni Aolain, realizó un viaje de investigación a las operaciones de detención y habló con algunos presos recluidos desde hacía tiempo, pero no tuvo acceso al Sr. Hadi.

El Sr. Hadi se encuentra entre los más enfermos de los 31 detenidos en la Bahía de Guantánamo, y los investigadores se basaron en registros médicos y testimonios en procedimientos judiciales que se han centrado en gran medida en su capacidad para comparecer ante el tribunal desde que comenzó su crisis de salud en 2017. Se declaró culpable de crímenes de guerra el año pasado en un acuerdo que le permitiría ser transferido después de la sentencia a otro país mejor equipado para tratarlo, potencialmente en un centro de atención médica a largo plazo. Hasta ahora, ningún país ha aceptado acogerlo.

Según el informe, existen "deficiencias sistemáticas en cuanto a conocimientos médicos, equipamiento, tratamiento y alojamiento en el centro de detención y la estación naval de Guantánamo", que envía a Estados Unidos a miembros del ejército con problemas de salud complejos para que reciban tratamiento. El Congreso ha prohibido hacer lo mismo con los prisioneros.

El informe llega en un momento en que el Departamento de Defensa se enfrenta a cómo planificar el cuidado a largo plazo de los detenidos cuya puesta en libertad no está aprobada y que presentan las clásicas afecciones geriátricas, así como afecciones atribuidas a su tortura bajo custodia de la CIA.

En las conversaciones para llegar a un acuerdo en el caso sobre los atentados del 11 de septiembre de 2001, algunos de los acusados quieren que el gobierno de Biden acepte establecer un programa integral, dirigido por civiles, para atender a los presos como supervivientes de torturas que sufren diversas afecciones, como daños gastrointestinales, lesiones cerebrales y otros traumas.

Los abogados del Sr. Hadi, que dice llamarse en realidad Nashwan al-Tamir, han dejado claro que tuvo conocimiento de que padecía estenosis espinal, un estrechamiento de la columna vertebral que puede causar parálisis, antes de su captura en 2006.

Cuando llegó a la prisión, podía andar sin ayuda. Ahora depende de una silla de ruedas y un andador dentro de la prisión, y de una silla geriátrica acolchada para apoyarse en el tribunal. Los guardias también mantienen una cama de hospital dentro de la sala del tribunal, donde ha dormido cuando los fuertes analgésicos le hacían dar cabezadas.

Sus abogados declinaron hacer comentarios sobre su papel en el informe, que decía que el preso "expresa temor y desesperación por su actual estado de salud". También decía que el Sr. Hadi "está especialmente preocupado por el hecho de que el personal médico tenga una doble lealtad (hacia el ejército y hacia él) y que la presentación de cualquier queja pueda repercutir en su tratamiento médico."

El informe afirmaba que el centro de detención de Guantánamo tiene "sensibilidades políticas, sociales y culturales únicas", y calificaba de "suma importancia" que Estados Unidos "garantice un enfoque basado en los derechos humanos y sensible al género y la cultura en la prestación de servicios de atención médica a todos los detenidos, incluido el Sr. al-Tamir".

El informe estaba fechado el 11 de enero de 2023, 21 aniversario de la apertura del centro de detención de presuntos combatientes enemigos en la guerra contra el terrorismo. Se mantuvo confidencial durante dos meses y, tras no recibir respuesta, fue hecho público por la sección de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, sede de los relatores, que son expertos independientes en derechos humanos con mandatos para informar y asesorar sobre cuestiones específicas.


 

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