La “revisión limitada” de la tortura es en
realidad un encubrimiento
Kenneth J. Theisen
28 de agosto de 2009
La administración de Obama ha entrado en aguas tempestuosas.
A comienzos de su reinado, Obama y otros de su administración declararon que
no iban a procesar a los que pueden haber violado las leyes contra la tortura si
estos se confiaran en la orientación o las órdenes de funcionarios superiores.
Obama, cuando se le presionó a hacer algo con respecto a las violaciones
sistemáticas de las leyes internacionales y nacionales contra la tortura, a
menudo repetía que prefería mirar adelante, y no hacia atrás.
Pero esta semana, el secretario de Justicia de Obama, Eric Holder, ordenó que
un fiscal federal condujera “una revisión preliminar” para determinar si es
necesaria una seria investigación penal de la conducta de los empleados y
contratistas de la CIA. (Ese mismo fiscal, John H. Durham, fue designado en
2008 por el régimen de Bush para investigar la destrucción de videocintas de la
CIA que mostraban la tortura a los presos. Los resultados de aquella
investigación aún no se han revelado y hasta ahora nadie ha sido
procesado.)
El Estado de Tortura estadounidense, que se amplió durante los años de Bush y
sigue hasta hoy, tiene que rendir cuentas y hay que procesar a todos los
responsables de ordenar o aplicar la tortura. Es más, cualquier continuación de
esas políticas, sin importar el nombre que se las dé, o cualquier intento de
encubrirlas, es igualmente culposo y un crimen.
El anuncio de Holder da la apariencia de que la administración de Obama se
preocupe por la práctica oficial de la tortura en el pasado, aunque en esencia
deja libres a los principales arquitectos de la tortura del régimen de Bush.
También oculta el hecho de que la administración de Obama todavía practica la
tortura en lugares como Bagram (Afganistán), Guantánamo y otras prisiones que
todavía encarcelan a miles de presos de la guerra estadounidense del terror.
Es obvio que el anuncio de Holder no tiene el propósito de responsabilizar a
los altos funcionarios del régimen de Bush por sus acciones delictivas. Como
máximo, como ocurrió con la investigación después de las revelaciones de
atrocidades en Abu Ghraib, sólo unos individuos de bajo nivel tendrán que
responder a alguna clase de "justicia". Los que tienen la responsabilidad final
por la tortura, como Bush, Cheney, Rice, Hadley, Addington, Yoo, etc. saldrán
impunes, si Obama logra imponer su política.
Para empezar, Holder anunció sólo una revisión preliminar con el fin de
"reunir información para determinar si hay una base suficiente que haga
necesaria una investigación plena de algún asunto." Además, limitó el alcance de
la revisión a los que no "actuaron de buena fe y dentro de los límites de la
orientación legal." Holder se refiere a los infames memorandos sobre la tortura
que escribieron John Yoo, David Addington (ex asesor legal al vicepresidente
Cheney), y Jay Bybee para el Oficina de Asesoría Jurídica (OLC, siglas en
inglés).
Esos memorandos les dieron mucha flexibilidad a la CIA y a otros en cuanto a
la tortura. Los llamados “límites a la tortura” en dichos memorandos todavía
permiten muchas formas de tortura. Se escribieron con el propósito de proveer
una “impunidad legal” a los que aplicaron, autorizaron y ordenaron la tortura.
Los altos funcionarios del régimen de Bush pidieron que la OLC elaborara los
memorandos con ese objetivo en mente. El Departamento de Justicia bajo Holder no
procesará a quienes, en buena fe, torturaron dentro de los límites de los
memorandos de la OLC; estos serán "protegidos del peligro de una acusación
judicial." (Los memorandos sobre la tortura de la OLC y otros documentos pueden
leerse en línea aquí.)
La revisión también se limita obviamente a los torturadores, propiamente
dichos, y de ellos, sólo a los que torturaron en exceso de lo permitido. Eso es
como absolver a Hitler de cualquier responsabilidad por el Holocausto porque no
fue él quien introdujo el gas a las cámaras de ejecución. Los que establecieron
las políticas e idearon el estado de tortura evitarán tener que rendir cuentas
si solo se lleven a cabo esta revisión y uno que otro procesamiento
limitado.
Pero hay riesgos políticos y legales en el camino que la administración de
Obama ha decidido tomar en estos momentos. Es bien conocido que en varias
ocasiones las discusiones sobre la tortura ocurrieron dentro de la Casa Blanca.
Asistieron a estas reuniones el vicepresidente Cheney, Rice, Powell, Rumsfeld,
Ashcroft, Gonzáles, Tenet, y otros latos funcionarios de régimen de Bush. No
solamente hablaron de la política de tortura, sino hablaron en detalle de formas
específicas de la tortura.
Bush confesó que sabía de esas reuniones y dio su aprobación a ellas y a las
decisiones tomadas. En mayo de este año, Cheney dijo en el programa televisivo
Face the Nation que Bush tenía conocimiento de la tortura usada durante
su administración: “(Bush) sabía mucho sobre el programa. Básicamente lo
autorizó. Quiero decir, fue una decisión de nivel presidencial. Y la decisión le
correspondió al presidente. Él la firmó”.
Importantes abogados del régimen de Bush también hablaron con regularidad
sobre la tortura, escribieron memorandos para darle un amparo legal, y dieron
orientación de otras formas sobre cómo evitar la responsabilidad por los varios
crímenes del régimen en cuanto a la tortura. Si sólo unos cuantos agentes
menores y contratistas de la CIA tienen que enfrentarse al procesamiento por los
crímenes del estado de tortura, el hedor del encubrimiento podría llegar a
envolver la administración de Obama también.
Además, existe el peligro de que una investigación supuestamente limitada
pueda exceder sus limitaciones. Es posible que los seleccionados para ser
"cabezas de turco" por los varios crímenes del estado de tortura no acepten con
gusto su papel y denuncien a sus superiores. Una investigación podría llegar a
la cumbre. Podría resultar en una auténtica investigación penal de las acciones
de las agencias de inteligencia y de los que les dan órdenes, como el presidente
del país.
Es posible también que la CIA no esté dispuesta a caerse sobre su espada como
ha hecho en el pasado. Las relaciones ya son tensas entre la CIA y la Casa
Blanca. La CIA se opuso a que la administración de Obama publicara los
memorandos y otros relatos de tortura. En cualquier investigación es posible que
la CIA, sea como una institución o sus empleados individuales, revele más
información de lo que se debía, con el fin de protegerse. Cuando George Tenet
era jefe de la CIA, siempre conseguía la aprobación de los que estaban al mando
político del régimen de Bush para muchas de las acciones ilegales de su agencia.
La CIA fue la agencia que solicitó “una orientación legal” sobre la tortura en
primer lugar. Se escribieron los memorandos de tortura como respuesta a esa
petición de la CIA. (Ver el libro del Tenet, At the Center of the Storm:
My Years at the CIA [En el Centro de la Tormenta: Mis Años en la CIA])
Es fácil imaginar que varios funcionarios del régimen de Bush puedan comenzar
a lanzar ataques mutuos si temen perderlo todo a consecuencia de una
investigación.
Para ver como una investigación puede irse de las manos, deberíamos recordar
los años 1970. En ese tiempo los comités Church y Pike del Congreso investigaron
abusos en el recabar de información. Por último esas investigaciones expusieron
el hecho de que las agencias de inteligencia estadounidenses y varias
administraciones, de Truman a Nixon, habían realizado una vigilancia ilegal
masiva, asesinatos, golpes, tortura, y otros delitos internacionales. Eso revela
una razón clave por la cual Obama y Holder están tratando de limitar la
investigación, pero es posible que no sean capaces de hacerlo una vez que la
caja de Pandora se abra, aunque sea un poquito. (Es interesante que los comités
de Church y Pike sacaron a la luz delitos similares a los cometidos bajo
Bush.)
No es ninguna coincidencia que más o menos al mismo tiempo que Holder hizo su
anuncio, la administración Obama tomó acciones relacionadas. También publicó el informe
de un inspector general de la CIA que catalogó el abuso de presos que la agencia
había cometido. No detallaré todos los abusos y tortura que describe el informe
redactado, pero claramente se violaron derechos internacionales y nacionales.)
Es importante darse cuenta que Obama no publicó ese informe simplemente por
voluntad propia. Como en otros casos cuando su administración ha publicado
memorandos sobre la tortura y otros temas, solo está revelando lo que pronto iba
a hacerse público de todos modos. Ese informe fue el objeto de una demanda federal entablada por la
ACLU y Amnistía Internacional, y el tribunal ordenó que se hiciera público. Es
probable que Holder pidió esta revisión limitada debido a la publicación del
informe del inspector general. El informe es suficientemente crítico para que la
administración Obama, al no pedir una investigación, quedara expuesta a
afirmaciones de un encubrimiento.
Simultáneamente la administración publicó memorandos que, según los
defensores de la tortura, atestiguan el éxito de los métodos de tortura de la
CIA. Los memorandos supuestamente justificaron la tortura, por lo menos para
gente como Dick Cheney. (Por supuesto, para Cheney la respuesta en cuanto a usar
o no usar el submarino como método de interrogación fue “obvia”).
El mismo día que se publicó el informe del inspector general de la CIA, la
administración de Obama también anunció la formación de una nueva unidad selecta
para interrogar a los detenidos "de alto valor" en la guerra de terror. Se
operará en el cuartel general del FBI en Washington y, según el portavoz de la
Casa Blanca Bill Burton, su estructura será mucho más amplia que durante la
administración de Bush. La nueva unidad funcionará dentro del FBI, pero bajo la
supervisión de un grupo interdepartamental que presidirá James Jones, asesor de
seguridad nacional de la Casa Blanca.
Burton elogió la CIA cuando habló a la prensa sobre la nueva unidad selecta.
Declaró: “La CIA obviamente desempeñará un papel muy importante con relación a
los interrogatorios. Ha realizado un trabajo excelente en recabar información
hasta ahora. Entonces lo que hace [la nueva unidad] es juntar todos estos
elementos diferentes en un solo grupo, para mejor llevar a cabo sus deberes. Un
funcionario de la comunidad de inteligencia estará en el grupo y obviamente la
CIA tendrá mucha participación en eso”. La administración, ¿solo está
reestructurando su aparato de tortura? En vez de prisiones secretas en el
extranjero, ¿ahora la tortura se hará en Washington, D.C.?
Pero todavía es posible que exporten la tortura. Esta semana la
administración dijo que continuará su programa de rendición, mediante el cual
llevan a los presos de la guerra estadounidense del terror a otros países para
ser torturados en nombre de Estados Unidos. Por supuesto la administración de
Obama no lo describió así. Al contrario, afirmó que conseguiría garantías de
esos países de no torturar a los presos. Pero el régimen de Bush dijo lo mismo
y, no obstante, torturó a muchos presos y a unos los mató.
Ah, bueno, pero Obama afirma que su administración no tortura. Lo dice con
una cara de palo aunque su administración le pidió al Congreso más dinero para
ampliar la prisión de Bagram en Afganistán. Bagram es una mazmorra que recluye a
más presos de la guerra estadounidense del terror que Gitmo. En Bagram las
autoridades estadounidenses no sólo torturan regularmente a los presos, sino que
también han asesinado a varios. La administración de Obama ha ido a los
tribunales repetidamente para sobreseer demandas, entabladas durante la
presidencia de Bush, que cuestionan la rendición extraordinaria, el derecho del
gobierno a detener a los presos indefinidamente sin permitirles ver a abogados o
valerse de otros derechos legales, el derecho del gobierno a negarles el hábeas
corpus, y muchos otros abusos del régimen de Bush y, ahora, de la administración
de Obama. En cada demanda que trata de seguridad nacional, el Departamento de
Justicia de Obama ha defendido el gobierno de seguridad nacional. En un caso
británico, el gobierno de Obama hasta presionó al gobierno allí para que no
revelara detalles de la tortura estadounidense, con la amenaza de no cooperar en
ciertos asuntos de inteligencia. La secretaria de Estado Clinton fue quien les
dio ese mensaje
a los británicos.
A pesar de que la administración de Obama defiende continuamente el gobierno
de seguridad nacional y obviamente pretende limitar cualquier revisión o
investigación a funcionarios menores del régimen de Bush, todo eso ha recibido
críticas intensas de los derechistas de la clase dominante. Como ocurre
frecuentemente, Dick Cheney estaba al frente del ataque. El 24 de agosto de
2009, Cheney afirmó que el informe del inspector general de la CIA demostró que
“los interrogatorios intensificados” llevaron a la "mayor parte de la
información que recabamos sobre Al-Qaida" y "salvaron vidas e impidieron ataques
terroristas." Cheney criticó incluso la revisión limitada. Dijo al Weekly
Standard que la investigación "sirve como recordatorio, si alguno fuera
necesario, de por qué tantos estadounidenses tienen dudas de la capacidad de
esta administración de responsabilizarse de nuestra seguridad nacional." Por
supuesto Cheney teme que cualquier investigación pueda sacar a flote sus propias
acciones delictivas.
Al día siguiente John Boehner, líder de la minoría en la Cámara de
Representantes, publicó una declaración en que afirmó: "Los hombres y las
mujeres que protegen este país nunca deberían tener que preocuparse por
enfrentarse al procesamiento judicial a consecuencia de una elección política.
La decisión de la administración de Obama parece más una caza de brujas con la
finalidad de satisfacer a sus aliados políticos que una estrategia para
protegerle al pueblo estadounidense."
Muchos han calado las afirmaciones de la administración de Obama y ven en sus
acciones una cortina de humo política para impedir ver que el encubrimiento de
los crímenes del régimen de Bush sigue adelante. El 25 de agosto, Tom Parker,
director de asuntos de terrorismo, contraterrorismo y derechos humanos de
Amnistía Internacional en EE.UU., se reunió con funcionarios de enlace con la
Casa Blanca. Le dijo a la Associated Press (AP) que los funcionarios revelaron
que Obama “no cree que será útil políticamente permitirse una investigación.”
Luego comparó la idea de procesar solo a los interrogadores a "perseguir a las
mulas de la droga y dejar en paz a los grandes capos del narcotráfico”.
La AP también entrevistó a Jameel Jaffer, director del proyecto de seguridad
nacional de la ACLU. Jaffer le dijo al reportero de AP: “Cualquier investigación
que no va más allá de los llamados interrogadores incontrolados será
completamente inadecuada, en vista de las pruebas que ya están en el dominio
público. Sabemos que altos funcionarios autorizaron la tortura y sabemos que los
abogados del DOJ facilitaron la tortura”.
El 24 de agosto, la oficina del senador Russ Feingold, en respuesta al
anuncio de Holder, publicó lo siguiente: “Los abusos que fueron sancionados
oficialmente equivalen a la tortura y los que ocuparon puestos altos y los
autorizaron, los ordenaron o procuraron proveer un amparo legal para ellos
deberían rendir cuentas." Feingold es el senador que lleva más años en el comité
de inteligencia y el judicial.
Como dijo Debra Sweet, de El Mundo no Puede Esperar: “La demanda de
llevar a la justicia a los responsables por la tortura – incluidos Bush y Cheney
– está lejos de ser muerta. Los de nosotros que hemos estado llamando por un fin
al Estado de Tortura estadounidense tenemos la razón, y deberíamos ser más
insistentes que nunca.”
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