Retiren los cargos contra Edward Snowden
KENNETH ROTH y SALIL SHETTY
New York Times.es
19 de septiembre de 2016
Edward J. Snowden hablando a una audiencia
del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en julio. Credit Kayana Szymczak para The New York Times
|
Read in English
Edward Snowden es el estadounidense que probablemente haya dejado la huella
más profunda en el debate político durante los años del gobierno de Obama.
Snowden, quien dejó la Agencia Nacional de Seguridad tras entregar
documentos secretos que detallaban los programas de vigilancia masiva de
Estados Unidos a varios periodistas, se enfrenta a una acusación por espionaje
aunque el propio presidente ha reconocido que sus revelaciones desataron un
debate público importante.
Las filtraciones de Snowden provocaron reacciones en todos los niveles del
gobierno. La justicia decidió que el gobierno no debía utilizar la Patriot Act
para justificar la recopilación masiva de datos. El congreso sustituyó aquella
ley por la USA Freedom Act que se supone que mejora la transparencia de la
vigilancia realizada por el gobierno y limita su capacidad para almacenar
cierta información. El presidente ha nombrado un grupo de personas
independientes para que la examinen y ese grupo ya ha emitido recomendaciones
importantes para su modificación.
Eso solo en lo que atañe al gobierno de Estados Unidos. Los periódicos que
publicaron las revelaciones de Snowden ganaron el Pulitzer. Las Naciones Unidas
aprobaron resoluciones para la protección de la privacidad digital y crearon el
mandato que defiende el derecho a la privacidad. Muchas empresas tecnológicas,
que se han visto criticadas por su supuesta complicidad en la vigilancia
masiva, comenzaron a ofrecer encriptación de uno a otro usuario. Cuando han
pasado tres años, los medios siguen hablando de las revelaciones de Snowden. Lo
que hizo ha incrementado la conciencia de los riesgos que sufre la privacidad
en la era digital y los derechos que dependen de la privacidad.
Pero el presidente Obama y los candidatos que le sucedan no han enfatizado
el servicio público de Snowden sino la importancia de presentar cargos contra
él. Hillary Clinton ha dicho que Snowden no debería regresar a casa “sin
enfrentarse a consecuencias”. Donald Trump ha dicho: “Creo que es un traidor y
le trataría con dureza”.
Eric H. Holder Jr. utilizó un tono mucho más mesurado en mayo, al dejar su
cargo como fiscal general de Obama. Reconoció que aunque Snowden violó la ley,
“cumplió un servicio público” al abrir el debate sobre las prácticas de
vigilancia.
La ley que la administración Obama quiere usar para perseguirlo no se fija
en que revelar esa información fue un servicio público. Según la —anticuada—
ley de espionaje de 1917 el único tema sería que información de la “defensa
nacional” llegara a alguien no autorizado para recibirla. No importa si los
secretos revelados implicaran un comportamiento incorrecto o si ponían en
peligro la defensa nacional o si se pasó la información a un periodista de
Estados Unidos o a un enemigo extranjero.
Hay, obviamente, un interés público en permitir que el gobierno mantenga la
información de seguridad nacional en secreto. Pero según el derecho
internacional humanitario, el interés público —y no el de gobierno alguno— es
crucial. Nadie debería ser perseguido por exponer violaciones a los derechos
humanos. Al menos, debería tener una oportunidad real de defenderse en nombre
del interés público.
El enorme valor de las revelaciones de Snowden está claro. ¿Qué daño hizo?
Las declaraciones de varios funcionarios, durísimas contra él, marcan el
camino. Algunos han advertido que las actividades de algunos grupos terroristas
se han vuelto más difíciles de rastrear, pero los adversarios más peligrosos
siempre han sabido protegerse de la vigilancia. Al menos un estudio
independiente muestra que las revelaciones de Snowden han tenido poco impacto.
Lo que ha cambiado es que desde que se supo que el gobierno vigilaba, el
público reclama más privacidad y las empresas han comenzado a ofrecerla en
diversas plataformas. Sin duda, entre los millones de usuarios de tecnología de
cifrado hay algunas que protegen la comisión de delitos. Pero el resto solo
quiere que le devuelvan su privacidad.
Desde que Estados Unidos canceló su pasaporte, dejándolo atrapado en el
aeropuerto de Moscú, Snowden ha continuado demostrando los principios que le
llevaron a publicar el alcance de la vigilancia. Lidera un grupo de derechos
humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa. Ayuda a desarrollar tecnología para
proteger a los periodistas en zonas de riesgo por la vigilancia gubernamental
que pueda ponerlos en peligro y ha criticado con frecuencia las políticas
tecnológicas y de derechos humanos de Rusia, el único país que se interpone
entre él y una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos.
Desde la época de George Washington, el poder de perdonar ha permitido que
los presidentes defiendan el interés nacional. Quienes filtran información
pueden jugar un papel fundamental en la defensa de los derechos humanos y
aquellos que publican la información protegida por el secreto gubernamental. En
palabras de Snowden: “Si la gente que informa de cosas mal hechas, de la peor
naturaleza, tiene que prenderse fuego, vamos a encontrarnos sin voluntarios
cuando la sociedad más lo necesite”.
En su Twitter, Snowden dice: “Trabajé para el gobierno, ahora trabajo para
la gente”. Eso no debería ser algo que te encierre en prisión de por vida o te
obligue a vivir en el exilio. El presidente tiene la oportunidad de corregir
esa injusticia. Es hora de perdonar a Snowden y traerlo de vuelta a casa, no
para que se enfrente a las consecuencias de sus actos sino para trabajar por la
seguridad y la privacidad de todos.
Kenneth Roth es el director ejecutivo de Human Rights Watch. Salil Shetty es secretario
general de Amnistía Internacional.
¡Hazte voluntario para traducir al español otros artículos como este! manda un correo electrónico a espagnol@worldcantwait.net y escribe "voluntario para traducción" en la línea de memo.
E-mail:
espagnol@worldcantwait.net
| 
