Retenes de alcoholemia reportan altas ganancias
Investigación revela que las confiscaciones en los puntos de control en 2009
generaron unos $40 millones por servicios de remolque y multas
- Ryan Gabrielson / California Watch |
- 2010-02-14
- | La Opinión
Las revisiones a los coductores para saber si han bebido alcohol es una
práctica común en California. J. Emilio Flores/La Opinión
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Los retenes de sobriedad en California se están convirtiendo cada vez más en
operaciones rentables para los departamentos de policía locales, mismos que
tienen una probabilidad mucho mayor de confiscar automóviles de conductores sin
licencia que de atrapar a choferes ebrios.
Una investigación realizada por el Programa de Informes de Investigaciones de
UC Berkeley y California Watch encontró que las confiscaciones en los puntos de
control en 2009 generaron aproximadamente 40 millones de dólares en cargos por
servicios de remolque y multas de la policía, ingresos que las ciudades reparten
con las empresas de servicio de remolque.
Además, los agentes de policía recibieron unos 30 millones de dólares en
horas extra por las operaciones de DUI (manejar bajo la influencia del alcohol o
narcóticos), financiadas por la Oficina de Seguridad en el Tránsito de
California.
En docenas de entrevistas en los últimos tres meses, las autoridades del
orden público y las empresas de servicios de remolque señalaron que los
vehículos incautados provienen principalmente de conductores de minorías, a
menudo inmigrantes indocumentados.
En el curso de su examen, el Programa de Informes de Investigaciones revisó
cientos de páginas de registros financieros de la ciudad e informes policiales y
analizó datos que documentaban los resultados de cada punto de control que
recibió fondos estatales durante los últimos dos años. Estos son algunos de los
resultados:
La seguridad en las carreteras es uno de los objetivos que se buscan con los
retenes. J. Emilio Flores/La Opinión |
• Con frecuencia, los puntos de control de alcoholemia inspeccionan el
tránsito dentro o cerca de los vecindarios hispanos. En las ciudades donde los
hispanos representan la mayoría de la población se confisca el triple de
automóviles que en las ciudades con pequeñas poblaciones de minorías. En South
Gate, una ciudad del condado Los Ángeles donde los hispanos representan el 92%
de la población, la policía confiscó un promedio de 86 vehículos por operación
el último año fiscal.
En los puntos de control en ciudades donde los hispanos representan la
porción más grande de la población fueron incautados 34 automóviles por
operación, un índice tres veces mayor al de las ciudades con poca población
hispana, indica el análisis del programa de Informes de Investigaciones.
• Las incautaciones parecen desafiar el dictamen realizado en 2005 por un
tribunal federal de apelaciones en el que se determinó que la policía no podía
confiscar automóviles solamente porque el conductor no poseía una licencia. De
hecho, la policía ha aumentado la cantidad de incautaciones de vehículos en todo
el estado. El año pasado, los agentes confiscaron más de 24,000 automóviles y
camiones en los puntos de control. Ese total es aproximadamente siete veces
mayor a los 3,200 arrestos por conducir en estado de ebriedad que se efectuaran
en las operaciones en autopistas y carreteras. El porcentaje de incautaciones de
vehículos aumentó 53% en comparación con 2007. Los vehículos son llevados
generalmente a un estacionamiento para vehículos en infracción. La empresa de
servicios de remolque es la que habitualmente vende los autos que no son
recuperados por sus dueños y se queda con el dinero recaudado.
• Con frecuencia los departamentos asignan exceso de personal en los puntos
de control, y los agentes ganan horas extra. El Departamento de Policía de
Moreno Valley en el condado Riverside tuvo como promedio 38 agentes en cada
operación el año pasado, seis veces más que lo que se establece como necesario
en las pautas federales. Otros casi 50 departamentos locales de la Policía y del
Sheriff promediaron 20 o más agentes por punto de control, operaciones que
promediaron tres arrestos por noche por manejar en estado de ebriedad.
Los agentes del orden público afirman que los datos demográficos no afectan
la decisión de la policía sobre dónde establecer los puntos de control.
De hecho, el análisis del Programa de Informes de Investigaciones no encontró
pruebas de que los departamentos de policía establecieran puntos de control
dirigidos especialmente a los vecindarios hispanos. Las operaciones generalmente
tienen lugar en vías públicas importantes cerca de autopistas, y los conductores
de minorías generalmente son atrapados en la red del punto de control.
"Todo lo que buscamos es controlar la sobriedad y si la persona cuenta con
una licencia de conducir", señala el capitán Ralph Newcomb del Departamento de
Policía de Montebello. "Nunca se toma en consideración el origen de la persona o
su situación".
Asimismo, el dictamen del tribunal de apelaciones pronunciado en 2005 incluye
ciertas excepciones, las que permiten a la policía a confiscar automóviles de
conductores sin licencia, en los casos en que abandonar el vehículo plantee una
amenaza a la seguridad pública.
Pero observadores que concurrieron a los puntos de control en Sacramento,
Hayward y Los Ángeles vieron a agentes confiscando automóviles que no parecían
presentar ningún peligro.
También observaron que muchos de los choferes que perdían sus vehículos en
dichos puntos de control eran inmigrantes indocumentados, según las entrevistas
realizadas con los conductores y la policía. Estas personas rara vez recusaban
la incautación del vehículo o contaban con el dinero en efectivo para recuperar
su automóvil, según indican los estudios y las entrevistas.
Algunas autoridades de las empresas de servicios de remolque compartieron
historias de madres inmigrantes que llegaban al estacionamiento de automóviles
en infracción para retirar el asiento de seguridad infantil o para recobrar
algún juguete de los niños antes de ceder el vehículo a la empresa de
remolque.
"Tengo que estar aquí durante días y ver cómo rescatan toda su vida de los
vehículos", dijo Mattea Ezgar, encargada administrativa de la empresa de
remolques Terra Linda Towing, en San Rafael.
Esto no es lo que los legisladores buscaban cuando aprobaron la ley de
confiscaciones hace 15 años, la misma ley que el tribunal federal ha cuestionado
desde entonces, señala David Roberti, antiguo presidente del Senado estatal.
"Cuando algo tiene tanto éxito, quizás indica que es demasiado fácil obtener
una confiscación, lo que debería ser más bien un caso excepcional pasa a ser la
regla", dijo Roberti.
La ley de confiscaciones le otorgó a la policía la autoridad de confiscar los
automóviles de los conductores sin licencia durante 30 días. La Oficina del
Procurador General de California señaló en una declaración por escrito que la
ley estatal no es clara en lo que respecta a permitir o no la incautación de
vehículos de conductores sin licencia.
La policía generalmente no confisca los automóviles de los conductores
arrestados por conducir en estado de ebriedad, lo que significa que los
propietarios pueden recuperar sus vehículos al día siguiente, según las
autoridades del orden público.
Con el apoyo de grupos como Mothers Against Drunk Driving, California ha
aumentado a más del doble la cantidad de puntos de control de alcoholemia en los
últimos tres años.
Es claro que los retenes de DUI han salvado una infinidad de vidas en las
autopistas del país y han hecho que miles de conductores ebrios sean llevados
ante la justicia. Además, al inspeccionar las licencias de conducir, la policía
atrapa a choferes que conducen ilegalmente, generalmente sin seguro, y los
retira provisoriamente de las calles.
Las autoridades del estado declararon que 2010 será el "año de los retenes".
La policía piensa llevar a cabo 2,500 operaciones en cada región de California.
Algunos departamentos comenzaron a ampliar la definición de los retenes de
alcoholemia para incluir el control de los conductores sin licencia.
Para recuperar un vehículo confiscado, el propietario debe pagar entre 1,000
y 4,000 dólares en servicios de remolque y estacionamiento, además de multas
impuestas por el gobierno local, según indican los registros financieros
municipales.
Aproximadamente el 70% de las veces los propietarios dejan abandonados sus
automóviles en los estacionamientos de vehículos en infracción, señala Perry
Shusta, propietario de la empresa de servicios de remolque Arrowhead Towing en
Antioch y vicepresidente de la Asociación de Remolque de California. Las
empresas de remolque venden muchos de los vehículos abandonados y se quedan con
el dinero recaudado.
Se observa gran disparidad entre el número de arrestos por manejar en estado
de ebriedad y el de vehículos incautados en las ciudades.
Los puntos de control de DUI de la ciudad de Montebello son los menos
eficaces en California a la hora de retirar conductores ebrios de las calles y
autopistas, indicó el Programa de Informes de Investigaciones.
El año pasado, los agentes no realizaron ni una prueba de sobriedad en tres
de cinco operaciones en autopistas de la ciudad, señalan los registros
estatales.
Montebello recaudó más de 95,000 dólares durante el último año fiscal en
puntos de control, incluyendo dinero de subsidios para las horas extra de los
policías.
La Oficina para la Seguridad en el Tránsito de California, administrada en
parte por autoridades de UC Berkeley, continúa financiando las operaciones de
Montebello, proporcionando un nuevo subsidio de 37,000 dólares para este
año.
La mayoría de los 3,200 controles del estado en los últimos dos años
ocurrieron dentro o cerca de vecindarios hispanos, indica el análisis del
Programa de Informes de Investigaciones.
Asimismo, la policía confiscó la mayor cantidad de automóviles por punto de
control en ciudades donde los hispanos representan la mayoría de la población,
según las estadísticas de seguridad en el tráfico del estado y los datos del
Censo de EEUU.
Los agentes no preguntan sobre el estado migratorio del conductor. Tampoco se
comunican con la Oficina de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) cuando
sospechan que el conductor sin licencia se encuentra en el país en forma
ilegal.
El estado no recolecta datos en forma sistemática sobre los lugares donde los
departamentos de policía implementan los puntos de control. La mayoría de los
organismos del orden público de California se negaron a divulgar registros donde
se indicara las intersecciones que buscan controlar, o lo que ocurrió en los
puntos de control, lo que dificultó llevar a cabo un análisis estadístico de las
incautaciones en comunidades con un alto índice de minorías.
Pero las ciudades en todo el estado operan puntos de control en comunidades
con gran densidad de minorías, señaló el Programa de Informes de Investigaciones
a partir de los datos demográficos y más de tres docenas de entrevistas
realizadas con autoridades del orden público durante operaciones de control de
DUI.
Existe una disparidad entre las confiscaciones de vehículos y los arrestos
por conducir en estado de ebriedad en prácticamente todas las regiones de
California.
En San Rafael, 10 de los 12 puntos de control de sobriedad de la ciudad
tuvieron lugar en los últimos dos años en calles aledañas a los vecindarios con
alta densidad de residentes hispanos.
Dichas operaciones tuvieron como resultado cuatro arrestos por conducir en
estado de ebriedad y 121 automóviles confiscados por infracciones asociadas con
la licencia de conducir.
El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) promedió seis arrestos por
conducir alcoholizado por punto de control en 2009, según indican los datos del
estado, más que la mayoría de los departamentos en California.
La cantidad de confiscaciones por licencia de conducir de LAPD se duplicó en
los últimos dos años. Una operación en diciembre tuvo como resultado la
incautación de 64 vehículos y cuatro arrestos por conducir en estado de
ebriedad.
MANEJO RESPONSABLE
El gobierno federal proporciona a la Oficina de Seguridad en el Tráfico de
California unos 100 millones de dólares cada año para promover un manejo
responsable que reduzca la cantidad de fatalidades en las calles y autopistas.
De ese dinero, 30 millones se destinan a programas que financian operaciones
para el control de conductores en estado de ebriedad, específicamente a puntos
de control.
Las hora extra de la policía representa más del 90% de los gastos asociados
con los retenes de alcoholemia. Los organismos del orden público tienden a usar
más agentes de lo que requiere el punto de control, según las pautas
establecidas por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las
Autopistas.
En todo el estado, los departamentos de policía asignan un promedio de 18
agentes en cada punto de control, según los datos del estado. El organismo
federal de seguridad en el tráfico recomienda que la policía puede establecer
puntos de control con solo seis agentes.
La docena adicional de agentes que se asigna típicamente en las operaciones
de rutas en California le costó a los contribuyentes del gobierno estatal y
federal otros 5.5 millones de dólares durante el año fiscal 2008-2009, según el
análisis del Programa de Informes de Investigaciones.
El LAPD asignó en promedio 35 agentes a cada operación para el control de
sobriedad.
Al menos una docena de agentes pasaron horas sentados y charlando en una
operación a comienzos de enero en el centro de Los Ángeles. Un par de agentes
fumó cigarrillos mientras observaba a los automóviles que pasaban por el
control.
Los agentes confiscaron 22 automóviles esa noche e hicieron un arresto por
conducir en estado de ebriedad.
Los datos del estado indican que durante el año fiscal anterior, el LAPD
gastó 16,200 dólares por punto de control, y todo ese dinero se destinó a horas
extra.
SURGEN INQUIETUDES
Hace 15 años que la policía de California incauta automóviles de conductores
sin licencia de conducir, conforme a la ley estatal que le permite confiscar
dichos vehículos durante 30 días.
Pero en 2005, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito
dictaminó en un caso de Oregon que el organismo de orden público no puede
confiscar un vehículo si la única infracción es no tener licencia de conducir.
Dicha confiscación representaría una violación a la Cuarta Enmienda, que protege
a todas las personas que se encuentran físicamente dentro de Estados Unidos,
sean o no residentes permanentes.
Una excepción se denomina la doctrina "del cuidado de la comunidad", que le
permite a la policía confiscar un vehículo si presenta una amenaza a la
seguridad pública, se encuentra estacionado ilegalmente o sufrirá actos de
vandalismo en forma inminente si se deja en ese lugar.
El dictamen alteró dramáticamente la ley sobre la confiscación de vehículos.
En respuesta, el Consejo Legislativo de California cuestionó en 2007 la
legalidad de los procedimientos de confiscación del estado.
La demanda judicial que recusa la constitucionalidad de la ley de
confiscaciones de California espera presentar sus alegaciones en forma oral ante
el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito a fines de este año. El
estado y varias ciudades acusadas sostienen que las confiscaciones son multas
por infracciones penales, y por lo tanto los propietarios de los automóviles no
están sujetos a la protección de la Cuarta Enmienda.
Roberti, antiguo senador del estado y entonces presidente del Comité Judicial
del Senado, afirmó que él y sus legisladores no tomaron en cuenta la forma en
que la ley de confiscaciones podría afectar a los conductores sin licencia.
"Se ha vuelto un control mucho más enérgico de lo que ninguno de nosotros se
había imaginado en aquel momento", señaló.
Ryan Gabrielson, ganador del Premio Pulitzer 2009 por Periodismo Local, es
periodista y miembro del Programa de Informes de Investigaciones de UC Berkeley
bajo la dirección de Lowell Bergman, uno de los fundadores del Centro para la
Elaboración de Informes de Investigación.
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