Restauran respaldo legal a inmigrantes
Tendrán derecho a abogado quienes enfrenten proceso de deportación
Los inmigrantes que enfrentan una posible deportación de Estados Unidos
volverán a contar con el derecho a ser asesorados por un abogado calificado,
gracias a la resolución anunciada ayer por el Departamento de Justicia (DOJ) que
revierte la prohibición, implementada por el gobierno de George W. Bush.
Eric Holder, titular del DOJ, dijo que la orden emitida por su antecesor,
Michael Mukasey, será anulada, y que la dependencia a su cargo determinará si es
preciso elaborar una nueva norma en este sentido.
El 7 de enero pasado, durante los últimos días de la administración de George
W. Bush, Mukasey emitió una decisión en la cual se señala que la Constitución no
otorga a un candidato a la deportación el derecho de apelar argumentando que su
abogado no hizo bien su trabajo.
"La integridad de los procesos de inmigración depende en parte de la
posibilidad de establecer quejas por la ayuda poco eficiente de quien está
otorgando asesoría", dijo el procurador Holder, quien consideró que Mukasey no
dio oportunidad a que existiera un debate público sobre el tema. "Es importante
que el pueblo estadounidense tenga la oportunidad de participar en la
formulación de los procedimientos correspondientes a esta área", señaló.
Tan pronto se dio a conocer la información, las organizaciones activistas que
habían protestado por esta medida celebraron la decisión del nuevo gobierno.
"Dado el alto índice de fraude y asistencia inefectiva que sufre la comunidad
inmigrante a manos de abogados y notarios inescrupulosos, celebramos la decisión
del procurador general Holder porque restaura el debido proceso para los
inmigrantes que confrontan la deportación por errores de un abogado inepto",
comentó Angélica Salas, directora de la Coalición pro Derechos Humanos del
Inmigrante en Los Ángeles (CHIRLA).
"La posibilidad de reconsiderar un caso significa la diferencia entre separar
injustamente a una familia con la deportación, o tener una segunda oportunidad
de permanecer en el país libres de miedo", agregó Salas, quien describió la
orden dada por Mukasey como "una bofetada a la Constitución que aboga por el
respeto a los derechos de todo ser humano, sin importar si está a punto de ser
deportado o no".
Representantes de la American Immigration Law Foundation (AILF) aseguraron
que la decisión de último minuto del gobierno de Bush afectó a miles de personas
que ahora enfrentan consecuencias que les afectarán de por vida, y consideraron
que la decisión del procurador restablecerá la legalidad para las víctimas de
asesoría fraudulenta.
AILF fue una de las 130 organizaciones que en febrero de 2009 solicitaron a
Holder tomar medidas sobre este tema. "Nos sentimos muy alentados al ver que el
procurador general Holder valora la importancia de los derechos de los
inmigrantes en los procesos de deportación", comentó la directora del Centro de
Acción Legal de AILF, Nadine Wettstein, quien aseguró que la decisión de
Mukasey, de haber prevalecido, habría dado por resultado años de confusión entre
las cortes federales y de inmigración.
Charles Kuck, presidente de la Asociación Americana de Abogados de
Inmigración, calificó la medida como "el principio de la restauración del
proceso adecuado en el sistema de inmigración", y dijo que la decisión de Holder
"reconoce que no se puede tratar a los inmigrantes de manera diferente a
nosotros mismos, si es que esperamos recibir los mismos beneficios que otorga la
Constitución".
La decisión emitida en enero pasado establece que la Constitución no otorga a
alguien que enfrenta un proceso de deportación el derecho a que su caso se
reabra con base en un trabajo deficiente por parte de su abogado, y anula dos
precedentes judiciales (Matter of Lozada, 19 I&N Dec. 637 BIA 1988, y Matter
of Assaad 23 I&N Dec. 553 BIA 2003) que habían servido como base para que
los casos de inmigración pudieran ser apelados debido a las inconsistencias de
la defensa.
En el documento se señala que los extranjeros en proceso de deportación
tienen derecho a la defensa, pero no a expensas del gobierno, y que de acuerdo
con la Sexta Enmienda de la Constitución no tienen el derecho de defensor
público porque no se trata de asuntos criminales, ya que los casos de
inmigración son de naturaleza civil.
Aunque en otro apartado también se señala que los funcionarios del DOJ pueden
ejercer su discrecionalidad para reabrir casos de este tipo cuando lo consideren
conveniente, los grupos activistas pro inmigrantes cuestionaron la decisión
desde el principio, argumentando que los inmigrantes enfrentando una deportación
son particularmente susceptibles a ser víctimas de fraudes de este tipo.
La decisión de Mukasey se dio tras haberse registrado una serie de casos en
los cuales los inmigrantes que habían recibido una orden de deportación pedían
la reapertura de sus casos por haber contado con una asesoría legal deficiente;
sin embargo, las cortes de inmigración no cuentan hasta el momento con un
seguimiento de cuántos inmigrantes buscan reabrir su caso en estas
condiciones.
Con información de agencias
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