La amenaza del acopio de inteligencia
Michael Ratner*
La Jornada
3 de abril de 2014
Las más recientes revelaciones de Edward Snowden –entre
ellas, que Julian Assange figura en un cronograma de cacería humana y la
posible clasificación de Wikileaks como agente malicioso externo–
demuestran a las claras que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus
siglas en inglés) de Estados Unidos equipara el periodismo y la denuncia
ciudadana con el terrorismo.
Si el lector ha buscado alguna vez Wikileaks en Internet, es probable que la
inteligencia británica y la NSA lo tengan identificado.
Hace unas semanas, documentos revelados por el denunciante ciudadano Edward Snowden
y publicados por The Intercept mostraron
que el Centro Operativo de Comunicaciones Gubernamentales (GCHQ, por sus siglas
en inglés) del Reino Unido, equivalente británico a la NSA, recabó las
direcciones IP de personas que buscaron o visitaron Wikileaks, como
parte del esfuerzo de la agencia por acopiar información sobre la red
humana que apoya el sitio de publicaciones. Pero los documentos también exponen serias
repercusiones potenciales para la libertad y para la prensa en conjunto.
Todo comienza con el director de Wikileaks, Julian Assange, mi cliente. Los
documentos revelados por The Intercept muestran que la NSA designó a
Assange como objetivo, en el mismo nivel que los miembros de Al Qaeda; que la
agencia presionó a países aliados para que intentaran someterlo a juicio penal,
y que evaluó catalogar a Wikileaks como actor
extranjero malicioso, lo cual expondría a cualquiera que tenga contacto con el
sitio –desde lectores pasivos hasta voluntarios, incluidos ciudadanos
estadounidenses– a ser vigilado. Semejantes tácticas dejan ver con claridad que
Assange tuvo razón en solicitar asilo y Ecuador estuvo justificado al concederlo.
La NSA colocó a Assange en lo que llama un cronograma de cacería humana. Las
personas en esa lista son objetivos que la agencia busca ubicar, perseguir,
capturar o matar, entre ellos miembros de Al Qaeda. Que Assange, un individuo
que publicó información de denunciantes ciudadanos, se encuentre en tal lista
indica que la agencia no teme usar su autoridad de acopio de inteligencia para
impedir el libre flujo de información.
En el caso de Assange, el documento detalla la forma en que el gobierno de Barack
Obama apremió a sus aliados –entre ellos Australia, Reino Unido, Islandia y
Alemania– para enjuiciarlo por publicar documentos secretos de la guerra de
Afganistán. Y eso fue antes de que Wikileaks difundiera documentos de la guerra
de Irak y la serie de cables diplomáticos que llegó a ser conocida como Cablegate. No
hace falta mucha credulidad para pensar que tales esfuerzos debieron de haberse
intensificado luego de la serie de publicaciones de alto perfil que vino
después de 2010 (fecha del documento recientemente divulgado), y que Estados
Unidos debió de continuar abusando de su poder para inducir a otras personas
con el fin de que presionaran a Assange y le impidieran seguir publicando.
Clasificar a Wikileaks como actor malicioso extranjero lo
sujetaría, junto con sus lectores y colaboradores, a la vigilancia más amplia
posible, y permitiría espiar a ciudadanos estadounidenses que forman parte de
su equipo, incluidos abogados como yo.
Estas revelaciones hacen más que ilustrar el uso de una vigilancia extendida para
perseguir a divulgadores como Assange. También exponen a otras instituciones
noticiosas, como The Guardian, The New York Times yThe Washington Post, que
han trabajado con Assange para publicar documentos presentados en Wikileaks. La
red de la NSA podría expandirse hasta ellos, en particular considerando que la
agencia ha vacilado poco en vigilar a ciudadanos estadounidenses.
También en fechas recientes, la Suprema Corte británica ratificó la decisión del
gobierno de ese país de detener en Heathrow a David Miranda, pareja del
periodista Glenn Greenwald, y retenerlo durante horas para interrogarlo con
fundamento en la ley británica sobre terrorismo, pese a que el viaje formaba
parte de actividades periodísticas. Miranda llevaba documentos para ser
entregados a The Guardian en
el camino de regreso a su visita a la periodista Laura Poitras en Alemania. La
corte resolvió que la libertad de prensa era superada por la ley sobre el
terrorismo, lo cual abre una puerta peligrosa para impedir las actividades de
una prensa libre en nombre del antiterrorismo.
Una comunidad de inteligencia cada vez más poderosa, que recibe semejante carta
blanca de los gobiernos, no es buena noticia para el cuarto poder. No puede
haber prensa libre bajo esas condiciones, y sin prensa libre no puede haber un
verdadero sistema democrático. La luz que esas revelaciones arroja sobre las
actividades de la NSA sólo sirve para alargar la sombra de la agencia y nos
muestra cuánto no sabemos sobre las prácticas empleadas en el acopio de
inteligencia.
Sabemos que la NSA y el gobierno estadounidense lanzaron un programa para desacreditar
y destruir a Wikileaks. No sabemos cómo planea el gobierno continuar con ese programa.
Sabemos que la inteligencia británica es capaz de realizar programas de vigilancia a
los lectores y patrocinadores de Wikileaks en tiempo real, y que lo ha hecho
anteriormente. No sabemos si esos programas terminaron o continúan actualmente.
Sabemos que la NSA colocó a Assange entre terroristas en un cronograma
de cacería humana. No sabemos si la designación de Wikileaks como agente
extranjero malicioso significa que la actividad de la NSA ha vuelto a ser
decidida por los agentes interesados en ejercer la vigilancia más amplia
posible del sitio web.
Sabemos que en Virginia se convocó un gran jurado para investigar a Wikileaks,
y que funcionarios del gobierno federal dijeron que la investigación continuaría.
No sabemos si Assange ha sido consignado (pero creemos que tal vez sí), lo que
lo obligaría a continuar viviendo en aislamiento en la embajada ecuatoriana en
Londres.
Sabemos que los tribunales británicos no temen reducir la libertad de prensa. No
sabemos hasta dónde llegarán esas restricciones.
Y si los denunciantes ciudadanos, divulgadores y periodistas siguen siendo
silenciados y perseguidos, bien puede ser que nunca lo sepamos.
*Michael Ratner es presidente emérito del Centro por los Derechos
Constitucionales, que representa a Wikileaks y a Julian Assange, así como a otros
periodistas y organizaciones de noticias que buscan hacer públicos documentos
del juicio de Chelsea Manning.
Publicado originalmente en Truthout
Traducción: Jorge Anaya
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