¿QUIÉN DECIDE LAS LEYES DE LA GUERRA?
Charlie Savage
The New York Times News Service/Syndicate
27 de enero de
2013
WASHINGTON. Hasta hace poco tiempo, ningún abogado uniformado contaba con más
favor del gobierno de Barack Obama que el general brigadier Mark S. Martins,
fiscal académico del sistema de comisiones militares, que encabeza el caso
contra Khalid Sheikh Mohammed y otros cuatro detenidos en Guantánamo, acusados
de haber ayudado en los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.
Becario Rhodes que se graduó en el primer lugar de su generación en West
Point y obtuvo un título de derecho en Harvard al lado del joven Barack Obama,
Martins estuvo cinco años en Irak y Afganistán, ayudó a revisar las políticas
respecto de los detenidos para Obama en 2009 y fue designado para reiniciar las
comisiones, con la esperanza de que su imagen y conducta convencieran al mundo
de respetar la legitimidad del resultado del juicio por el 11 de septiembre, en
el que los fiscales están pidiendo la pena de muerte.
Pero la próxima semana, cuando Martins regrese al ojo público en las
audiencias previas del juicio por el 11 de septiembre, él podría dar la
impresión de haberse salido del redil. En efecto, él se ha enzarzado en una
disputa cada vez más pública con el gobierno, centrada en una cuestión incómoda
que él se niega a hacer a un lado: ¿Es válido que Estados Unidos use los
tribunales para acusar por delitos idiosincráticamente estadounidenses como
“conspiración”, cuando éstos no están reconocidos en el derecho internacional
como crímenes de guerra?
El enfrentamiento de Martins con el gobierno está escribiendo un nuevo
capítulo de una historia conocida: desde los ataques terroristas de 2001, los
abogados militares del Cuerpo del Juez Abogado General han chocado repetidas
veces con abogados nombrados políticamente respecto de las leyes de la
guerra.
Durante el gobierno de George W. Bush, los abogados militares rechazaron a
los funcionarios civiles respecto de la aplicabilidad de las convenciones de
Ginebra en la guerra contra el terrorismo, la tortura y la protección de los
acusados en los tribunales. Entonces, como ahora, los abogados uniformados
adoptaron una interpretación rígida de las reglas de la guerra, considerándolas
como políticas gubernamentales obligatorias. Los abogados civiles, por su parte,
gravitaban hacia conceptos más flexibles (o expeditos).
La disputa actual se remonta a un fallo de la corte de apelaciones de
octubre, que anuló el veredicto de un tribunal en 2008 en contra de un chofer de
Al Qaeda, pues su delito, “apoyo material para el terrorismo”, no era un delito
de guerra reconocido en el derecho internacional al momento de sus acciones. Los
jueces rechazaron el argumento del Departamento de Justicia de que, no obstante,
la acusación era válida dentro del “derecho común de guerra” estadounidense y
porque el Congreso había tipificado esa acción como delito ante los tribunales
en un estatuto de 2006.
El fallo planteó la cuestión de qué hacer respecto de los otros casos con el
mismo defecto, como la apelación de un propagandista condenado de Al Qaeda,
entre cuyos cargos estaba el de “conspiración”. Como quedó dicho, éste no es un
delito dentro del derecho internacional pero a lo largo de la historia de
Estados Unidos ha sido aplicado por los tribunales, como en algunos casos de la
segunda guerra mundial y de la guerra civil.
Martins presionó para abandonar la condena del propagandista y regresar a los
cargos que fueran juzgables en una comisión militar, alegando que en caso de
seguir insistiendo con argumentos viciados se podría deslegitimizar el sistema y
arrojar sombras de duda sobre el proceso del 11 de septiembre. Pero el
procurador general Eric Holder decidió seguir adelante y defendió la condena del
propagandista y la validez de la conspiración como cargo penal, por lo que se
produjo el cisma.
Martins se negó a firmar el expediente del Departamento de Justicia del caso
del propagandista y anunció que trataría de que se desechara la conspiración de
la lista de cargos en el caso del 11 de septiembre, para centrarse en los
“legalmente sustentables”, como el clásico crimen de guerra: ataque a civiles.
Pero el funcionario del Pentágono que supervisa los tribunales se negó a retirar
el cargo de conspiración, citando el precedente del Departamento de justicia.
Martins respondió que sus fiscales no alegarían en contra de la moción de la
defensa y le pidió a un juez que la echara a pique.
“En verdad es asombroso”, consideró Gary Solis, juez militar retirado que
enseña derecho marítimo en las universidades George Washington y Georgetown.
“Trajeron a Martins para que cuadrara las cosas, y todo el mundo dijo que si
alguien podría hacerlo, sería Martins. Pero cuando Martins ofreció su mejor
consejo, lo rechazaron.”
En cierto sentido, la disputa actual es más compleja y abstracta que las
luchas por las leyes de la guerra en tiempos de Bush. Pero hay una preocupación
común que las relaciona: la reciprocidad, o el principio de que las fuerzas
armadas debe tratar a sus prisioneros de guerra del mismo modo que quieran que
sus adversarios traten a sus soldados.
David Glazier, oficial naval retirado que enseña las leyes de la guerra en la
Escuela de Derecho Loyola en Los Ángeles, planteó la cuestión: Si Irán algún día
derriba a un piloto estadounidense, ¿las fuerzas armadas iraníes podrían
juzgarlo y ejecutarlo – citando la postura del gobierno – por un crimen de
guerra idiosincrático derivado de la tradición persa y no del derecho
internacional?
“Lo que estamos viendo es que para los civiles en el gobierno, que están en
el poder por un tiempo relativamente corto, es fácil tener una visión estrecha
en un caso o situación particular”, indicó. “Pero la forma en que maneje Estados
Unidos estos casos va a influir en la forma en que otros países, en guerras
futuras, traten a los prisioneros estadounidenses.”
Existen complicaciones. No es de esperarse que los grupos terroristas
obedezcan las leyes de la guerra, sin importar el ejemplo que ponga Estados
Unidos. Los argumentos del gobierno se han centrado en la estrategia de
litigación tanto como en los principios. Algunos funcionarios civiles han
apoyado a Martins, mientras que algunos abogados militares están en desacuerdo
con él.
Y reducir la lista de cargos para los tribunales podría significar que menos
detenidos en Guantánamo fueran a juicio en lugar de seguir en detención
indefinidamente. En 2009, una revisión consideró que unas tres docenas de
detenidas podrían tener derecho a juicio, pero sólo una tercera parte de ellos
estaban vinculados con ataques específicos, han precisado los funcionarios.
Otros detenidos juzgables podrían ser acusados de conspirar con Al Qaeda
conforme la ley nacional, pero el Congreso prohibió juzgarlos en tribunales
civiles. Con esos antecedentes, Eugene R. Fidell, que enseña derecho militar en
la Escuela de Derecho de Yale, sostuvo que el drama podría no ser tanto por los
individuos sino por las instituciones, que luchan para que el sistema funcione a
pesar de los impedimentos.
“Es tentador pensar que esto gira en torno del general Martins, pero no es
así”, precisó. “Las decisiones de juzgar a los detenidos se han vuelto más cosa
de lo que es factible y no tanto de lo que es racional. Las restricciones
impuestas por el Congreso están obligando a los oficiales a adoptar posturas que
son particularmente incómodas para los abogados militares, que no quieren ni
acercarse al controvertido tema de acabar con la reciprocidad.”
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