¿Qué empresas bananeras podrían responder por crímenes
de lesa humanidad?
La Fiscalía declaró como crimen de lesa
humanidad la financiación voluntaria que hicieron algunos bananeros a grupos
paramilitares del Urabá antioqueño, evitando así que prescriban en el tiempo.
VerdadAbierta.com presenta los casos de las empresas más sonadas en Justicia y
Paz.
El 2 de febrero la Fiscalía General de la Nación tipificó como delito de lesa
humanidad la financiación de grupos armados ilegales. Foto: archivo Semana. |
Se van a cumplir diez años desde que la multinacional
Chiquita Brands se declaró culpable de financiar a las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc) y pagara una multa de 25 millones de dólares al Departamento de
Justicia de Estados Unidos. Diez años también desde que, una vez en marcha la
Ley de Justicia y Paz, los exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso; Hebert
Veloza, conocido como ‘HH, y Raúl Hasbún insistieron en que los bananeros
pagaron tres centavos de dólar por caja de banano exportada. Sin embargo, es
poco lo que estas investigaciones han avanzado en Colombia. (Ver: Esta es la lista de empresarios que entregó
Raúl Hasbún a la Fiscalía)
Aunque desde los despachos de la Unidad Nacional para la
Justicia y la Paz, ahora Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de
Justicia Transicional, se hicieron compulsas de copias para que se iniciaran
las investigaciones ante la justicia ordinaria, estas tuvieron escasas
respuestas. Incluso, en 2012 un fiscal decidió cerrar las procesos contra Chiquita Brands y sus filiales.
Ante esos señalamientos, los empresarios han argumentado
en diversos escenarios que no financiaron a los paramilitares, sino a las
‘Convivir’, cooperativas de seguridad y vigilancia creadas por decreto en 1994
durante la presidencia de César Gaviria (1990-1994). Sin embargo, la fiscal
encargada de investigar al Bloque Bananero insistió en que estas cooperativas
fueron la ‘fachada’ para canalizar recursos hacia las Auc y así lo ratificó la
sentencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá en
contra de alias ‘HH’ en octubre de 2013.
A finales de 2015, la Fiscalía le apostó entonces a un cambio de estrategia:
las investigaciones sobre terceros que financiaron el conflicto no serían
repartidos a otras direcciones, sino que continuarían en la Dirección de
Justicia Transicional. Tras una revisión detallada de las versiones, en
particular de la entregada por el exparamilitar Hasbún Mendoza, cerebro del
modelo de financiación con recursos de las empresas bananeras del Urabá
antioqueño, llevó a los investigadores a calificar ese hecho como delito de
lesa humanidad por cuanto con esos dineros aportados a las Auc, “no solo se
garantizó el funcionamiento, permanencia y crecimiento del grupo armado al
margen de la ley en la zona, sino que con dichos recursos se compraron las
armas que posteriormente fueron utilizadas para ejecutar toda suerte de delitos
como los antes mencionados”.
Uno de los casos que ejemplifica el uso de los recursos
en armas ocurrió el 7 de noviembre de 2001, “cuando en la terminal de carga del
puerto de Urabá y de propiedad de una comercializadora frutícola (Banadex), se
descargaron y almacenaron por el término de cuatro días” armas y municiones
provenientes de Centroamérica.
En su decisión, la Fiscalía fue drástica al advertir que
“surge diáfano que el empresariado bananero, financió de forma voluntaria a un
grupo armado ilegal con el fin específico de garantizarse seguridad sin
importar el precio o el método utilizado, lo que lleva a esta Fiscalía Delegada
a sostener que ciertamente existió ese acuerdo de voluntades necesario para la
tipificación de la conducta punible relacionada en el artículo 340 inciso 3ro
del Código Penal (Concierto para delinquir)”.
Aunque se trata de hechos que ocurrieron entre 1996 y
2004, periodo en el cual los empresarios hicieron sus aportes según el
exparamilitar Hasbún Mendoza, con esta decisión el Ente Investigador evita que
prescriban las investigaciones de concierto para delinquir contra varias
empresas que aún tienen negocios en esa región del país. Lo más probable es que
estas indagaciones lleguen ante la Jurisdicción Especial para la Paz, que no
sólo va a juzgar a guerrilleros y agentes del Estado, sino a terceros que
financiaron el conflicto.
La decisión sienta un precedente que puede ser tenido en
cuenta en otras investigaciones sobre financiación de grupos ilegales, por
cuanto no se restringe solo a las Auc. A juicio de la Fiscalía, “es posible
sostener que igual tratamiento de concierto para delinquir agravado como crimen
de lesa humanidad, deberá darse y habrán de soportar aquellos empresarios
bananeros, ganaderos y/o industriales que, en la denominada zona del Urabá
Antioqueño, por convicción y/o convivencia, contribuyeron y financiaron
voluntariamente a grupos armados al margen de la ley, entiéndase FARC, EPL, ELN
y la Corriente de Renovación Socialista (CRS)”. (Ver más en comunicado)
Para una mayor comprensión de la decisión,
VerdadAbierta.com hace una lista de las empresas bananeras que han sido
mencionadas como financiadoras de las Auc ante los tribunales de Justicia y Paz.
Chiquita Brands y su filial
Este caso fue definitivo para que la Fiscalía determinará
que la financiación estaba directamente relacionada con los crímenes que
cometieron las Auc en Urabá. Especialmente por lo ocurrido el 7 de noviembre de
2010, cuando en la terminal de carga del puerto de Urabá, propiedad de la
Banadex, se descargaron y almacenaron por el término de cuatro días, la
cantidad de 3.400 fusiles AK 47, además de cuatro millones de cartuchos 7.65,
cargamento de armas y municiones que venía desde Nicaragua. (Ver: Por tráfico de armas, ordenan investigar a
Banadex S.A.). Sin embargo, este caso que es emblemático cumple casi
10 años de investigación sin resultados aparentes.
En marzo de 2007 esta multinacional admitió los pagos que
realizó a grupos paramilitares y guerrilleros en Colombia y pagó una multa de
25 millones de dólares al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ese
país también cursa un tipo de demanda conocida como Acción de Clase interpuesta
por varias víctimas de Urabá -cuyos familiares murieron a manos de los grupos
paramilitares financiados por Chiquita Brands-. (Ver: Chiquita Brands podrá ser juzgada en Estados Unidos)
Ese mismo año, la Fiscalía en Colombia abrió también una
investigación por los mismos hechos. Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido
en Estados Unidos, en marzo de 2013 un fiscal especializado de Medellín decidió
precluir la investigación a favor de un grupo de empresarios bananeros de las
firmas Chiquita Brands, de su filial en Colombia (Banadex) y de la
comercializadora Banacol. Argumentó que los pagos a las ‘Convivir’ se
dieron "dentro de un contexto de buena fe y confianza, generado por el
respaldo estatal que tenían este tipo de organizaciones de seguridad en el país".
Esto a pesar de los hallazgosdel National Security
Archive, una organización no gubernamental de Estados Unidos que logró
desclasificar los documentos del Departamento de Justicia. Esta investigación
publicada en 2011 por VerdadAbierta.com encontró pruebas de que Chiquita pagó a
los paramilitares, entre 1997 y 2004, más de 1,7 millones de dólares no sólo
por vacunas y sobornos extorsivos, sino también por 'seguridad activa'.
La decisión de la Fiscalía fue apelada por el exjefe
paramilitar del Frente Arlex Hurtado, Raúl Hasbún, y por los representantes de
las víctimas. En respuesta, en diciembre de 2012, el entonces vicefiscal
general de la Nación, Jorge Perdomo, revocó la preclusión y ordenó continuar
con la investigación.
En 2016, como publicó VerdadAbierta.com, la teoría de la
Fiscalía apuntaba a que, de acuerdo con los testimonios aportados por
exparamilitares como Raúl Hasbún Mendoza, alias ‘Pedro Bonito’, y Hebert Veloza
García, alias ‘HH’, “probablemente hubo un acuerdo de voluntades” entre los
empresarios bananeros y los jefes de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y
Urabá (Accu), para “promover, organizar, financiar, armar o promocionar grupos
al margen de la ley”.
Banacol
Una investigación reciente de la Comisión Intereclestial
de Justicia y Paz asegura que Banacol “es la continuidad de Chiquita Brands en
Colombia, a pesar de la versión de la multinacional de su salida del país en
2004, luego de las graves acusaciones por financiar grupos paramilitares (…) la
empresa ha continuado comprando banano en el país”. (Lea el informe aquí)
Por ser la comercializadora de Chiquita Brands, Banacol
está relacionada con procesos judiciales antes citados. De acuerdo con el
informe de la Comisión. Su presidente, Víctor Manuel Henríquez Velásquez, en la
actualidad es investigado por concierto para delinquir agravado por la
financiación, promoción y organización de grupos armados ilegales. Juan Diego
Trujillo Botero, quien es el segundo suplente del presidente y secretario
general de Banacol, comparte imputaciones con Henríquez.
Uniban
Esta que es la principal comercializadora internacional
de Urabá está compuesta por varias sociedades, entre esas está Probán y la
Agrícola Santamaría. La primera fue mencionada por Salvatore Mancuso en versión
libre como una de las financiadoras y apareció referenciada en los listados
entregados por Hasbún.
Entre los principales accionistas de Uniban está la
familia Gaviria Correa, también relacionada en una sentencia de tierras
proferida por el Tribunal de Cartagena, que determinó que Agropecuaria Carmen
de Bolívar no probó “la buena fe exenta de culpa” en un caso de compra de
tierras en la región de los Montes de María. A esta familia pertenecen el
exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín Aníbal Gaviria Correa y Sofía
Gaviria Correa, actual senadora de la República por el Partido Liberal.
Agrícola Santa María, como lo documentó
VerdadAbierta.com, está asociado al exsenador Jaime y Guillermo [fallecido]
Henríquez Gallo. Según los listados que Hasbún le entregó a la Fiscalía, la
Agrícola aportó dinero de 14 fincas explotadas por la empresa a las
cuestionadas cooperativas de vigilancia y seguridad privada conocidas Convivir.
(Lea:Los cuestionamientos a bananeros detrás del No).
Banafrut
Sobre la comercializadora Banafrut, el informe de la
Comisión Intereclestial de Justicia y Paz asegura que tiene 33 fincas en el
Urabá antioqueño, que suman 3 mil 500 hectáreas, y de cuya junta directiva hace
parte Nicolás Echavarría Mesa.
Este bananero, que gerenció la recta final de la campaña
a la Presidencia de la República de Óscar Iván Zuluaga en 2014 y fue embajador
de Colombia en Bélgica, aparece en el listado entregado por el exjefe
paramilitar Hasbún. De acuerdo con el documento, Echavarría Mesa habría hecho
aportes por 8 fincas explotadas por diferentes Agrícolas como Bahamas Ltda.,
Galápagos, Antillas, Luisa Fernanda, Hacienda Velaba Ltda. y Otraparte E.U., asociadas
a la comercializadora Banafrut. (Ver lista)
El nombre de esta comercializadora también aparece
referenciado en la sentencia de Justicia y Paz del 31 de julio de 2015 contra
José Gregorio Mangones Lugo, alias ‘Carlos Tijeras’, exjefe paramilitar del
Frente William Rivas del Bloque Norte de las Auc. “Los grupos paramilitares
encontraron en las compañías extranjeras (como Chiquita Brands) y las comercializadoras
nacionales de banano (como Sunisa S.A., Conserva S.A., Tropical, Uniban S.A,
Proban, Banafrut, Bagatela S.A., y Agrícola Rioverde), una fuente permanente de
apoyo logístico y financiero que les permitió no sólo expandirse
territorialmente, sino también lograr por las vías de hecho que la producción y
exportación de guineo no se paralizara por efecto de las huelgas, paros
laborales y acciones de saboteo promovidos por la insurgencia”. (Lea sentencia, página 549)
El empresario Echavarría ha asegurado que no hizo pagos a
Hasbún y que no hay investigaciones en su contra por estos hechos.
C.I. Conserb, filial de Fresh Del Monte
Esta es la filial en Colombia de la multinacional Fresh
Del Monte que opera en Urabá Antioqueño y Bajo Atrato. Del Monte también ha
sido denunciada por contribuir con la financiación del paramilitarismo. “Todas
las empresas en la región bananera pagaron. Por ejemplo, Dole y Del Monte que,
creo, son compañías de EE.UU.”, dijo a medios de comunicación el jefe
paramilitar desmovilizado Salvatore Mancuso.
Los bananeros de Magdalen, un capítulo menos explorado
Aunque esta decisión de la Fiscalía se refiere a empresas
de Urabá, la misma advierte que puede tener efectos para otras empresas que
financiaron grupos ilegales. En los estrados de Justicia y Paz, los
paramilitares de Frente William Rivas, que hizo parte del Bloque Norte de las
Auc, han dicho que les cobraron a los empresarios bananeros una tarifa anual de
70 mil pesos por hectárea cultivada. Este grupo operó en los municipios de
Ciénaga, Zona Bananera, Fundación y Aracataca.
De acuerdo con la sentencia de Justicia y Paz contra los
integrantes de este frente, los paramilitares les proveían seguridad a las
fincas y “en ocasiones, para no correr el riesgo de detener la producción,
asesinaban a los trabajadores y capataces que presuntamente estuvieran
auspiciando huelgas, protestas laborales o cualquier tipo de “molestia” a los
dueños de las fincas”.
El documento cita, además, el caso de la Fincas Las
Franciscas en el Zona Bananera, Magdalena. De acuerdo con las versiones de los
postulados, empresarios cercanos a la compañía multinacional Técnicas Baltime
de Colombia (DOLE) les pagaron para desplazar a las 52 familias que allí
vivían, porque requerían de esas tierras para impulsar las exportaciones de
banano”.
Fuente: http://www.verdadabierta.com/otros-negocios-criminales/6538-que-empresas-bananeras-podrian-responder-por-crimenes-de-lesa-humanidad
3 de febrero de 2017
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