LOS PSICÓLOGOS Y LAS TORTURAS
¿Porqué no habría habido torturas sin los psicólogos?
Por Steven Reisner 2
Sicoanalista
13 de diciembre de 2014
Las mayores organizaciones de médicos, psiquiatras y enfermeras
determinaron que sus obligaciones éticas prohibían a sus miembros la
participación en estos interrogatorios, por ende ¿qué estaba hacienda la
Asociación Psicológica Americana?
Gracias a las revelaciones en el reciente informe del Comité Senatorial sobre
Inteligencia, ahora es ampliamente conocido que el programa de torturas de la
CIA fue creado, supervisado e implantado por dos psicólogos clínicos –
James Mitchell y Bruce Jessen –a quienes se les pagaron millones de dólares por sus
esfuerzos.
Menos conocido es el hecho que la operación de torturas de la administración Bush,
tanto de la CIA como del Pentágono – en “agujeros negros” y en Guantánamo – fue
diseñada y supervisada fundamentalmente por psicólogos clínicos. Estos
psicólogos emplearon sus conocimientos del funcionamiento de la mente humana y
las investigaciones sobre el “control mental”, para producir “indefensión
aprendida”3 y “debilidad, dependencia y temor” que apuntan a destruir las
mentes de los detenidos con la esperanza de que podría obtenerse de ese
quebranto “inteligencia operativa” e “información sobre amenazas críticas”.
Los psicólogos resultaron vitales para el programa de torturas por una razón
adicional: la Oficina de Asesoría Legal (OAL) del Departamento de Justicia de
los EUA había determinado que la presencia de psicólogos y médicos,
monitoreando el estado y las condiciones de los prisioneros torturados,
brindaría protección a los jerarcas de la CIA y la administración Bush contra
demandas potenciales por las torturas. Más tarde, la OAL aplicó las mismas
reglas al “programa de interrogatorios potenciados o mejorados” (“enhanced
interrogation program”) del Departamento de Defensa, el que de acuerdo con una
investigación del Comité Senatorial de Servicios Armados, fue creado y
supervisado por un equipo dirigido por un psicólogo clínico y en adelante
exclusivamente supervisado por psicólogos clínicos.
Sin embargo, este escándalo no ha sido totalmente expuesto ni se ha concluido.
Parece que para que los psicólogos fueran capaces de hacer la tarea para la
administración Bush y supervisar la tortura de los detenidos, requirieron no
solamente indemnizaciones para cubrirse de futuras demandas judiciales (a
Mitchell y Jessen, la CIA les prometió 5 millones de dólares como “fondo para financiar
su defensa”) sino que también exigieron indemnizaciones de otra fuente, de una
autoridad superior si se quiere. Los profesionales médicos están atados a sus
respectivos códigos de ética. Los psicólogos involucrados en las “técnicas de
interrogatorio potenciadas” (“enhanced interrogation techniques”) – lo que la mayoría de nosotros denomina tortura –
estaban preocupados por la posibilidad de ser acusados por violaciones éticas.
Si fueran encontrados culpables de violaciones éticas, estos psicólogos podrían
perder la habilitación para el ejercicio de su profesión y en ese caso, de
acuerdo con los reglamentos de la CIA y del Departamento de Defensa, podrían
perder sus puestos y su capacidad para trabajos profesionales en el futuro. Lo
mismo sucede ahora en la medida en que el monitoreo sigue siendo un component
esencial del apoyo de la administración Obama al nuevo Manual de Operaciones
del Ejército, con su propio conjunto de “técnicas de interrogatorio mejoradas”.
Las recientes revelaciones de James Risen4 en su nuevo libro “Pay Any Price: Greed, Power, and Endless
War” agregan una nueva dimensión a esta historia: parece que los miembros principales de la
Asociación Psicológica Americana, la mayor organización de psicólogos del
mundo, se confabuló con psicólogos de los organismos de seguridad nacional de
la CIA, el Pentágono y la Casa Blanca, para adaptar las disposiciones de ética
de la APA de modo que se compadecieran con las necesidades de los psicólogos
interrogadores.
En este momento, la APA bajo una enorme presión generada por las revelaciones de
Risen, se ha avenido a someterse a una investigación independiente que será
conducida por David Hoffman, un antiguo inspector general y fiscal federal.
Todo parece indicar que se tratará de una rara oportunidad para escudriñar el
interior del mundo secreto de la confabulación entre la APA y la
contrainteligencia. La APA parece haber actuado en colusión con la CIA para que
las reglamentaciones de la ética profesional puedan permitir la tortura.
Risen basó sus acusaciones en correos electrónicos que fueron encontrados en la computadora personal de Scott
Gerwehr, un investigador de la Corporación Rand y según parece consultor de la
CIA, que se mató en un accidente motociclístico en el 2008. Gerwehr había establecido
una estrecha colaboración funcional con un grupo de “psicólogos de seguridad
nacional que tenían influencia sobre el escenario de instituciones claves por
todo Washington”.
Entre ellos estaba Susan Brandon, consultora sobre ciencias de la conducta de la Casa
Blanca en la administración Bush (ahora es científica en jefe sobre
interrogatorios para la administración de Obama) y Kirk Hubbard, el jefe de los
científicos conductistas de la CIA, que ha admitido públicamente que fue él
quien trajo a Mitchell y a Jessen a la agencia para diseñar su programa
“interrogatorios mejorados”.
Brandon, Hubbard, Gerwehr y Geoff Mumford (el director de política científica de la APA)
venían trabajando juntos desde muy poco después que los ataques del 11 de
setiembre conjuntaran a psicólogos investigadores con psicólogos operativos
para colaborar en asuntos relativos a interrogatorios de seguridad nacional y a
la investigación sobre dichos interrogatorios. Mitchell y Jessen figuraron
entre los operativos presentes en esas reuniones a las cuales se asistía
exclusivamente por invitación. En julio del 2004, meses antes que tomara estado
público el papel de los psicólogos en la tortura cuando un informe del Comité
Internacional de la Cruz Roja sobre Guantánamo se filtrara a The New York
Times, Hubbard, Gerwehr y personal de la CIA y del Pentágono fueron invitados
por Mumford y el director de ética de la APA, Stephen Behnke, a una reunión
secreta.
Públicamente la APA había manifestado en varios sitios que el encuentro era para evaluar
desafíos que enfrentaban las investigaciones legales domésticas. Sin embargo,
el verdadero objetivo, de acuerdo con los correos electrónicos obtenidos por
Risen, era “reunir a gente que tenía interés en interrogatorios de seguridad
nacional”, preguntar a los individuos involucrados en ese trabajo cuales eran
los asuntos relevantes y suministrar orientaciones sobre las cuestiones éticas
que podrían surgir en relación con dichos interrogatorios: se trataba de los
mismos nauseabundos interrogatorios descritos en el informe del Senado.
Podríamos colegir algunas de las motivaciones inmediatas para la convocatoria de esta
reunión a partir de la información desvelada esta semana en el informe del
Comité del Senado. El informe cita una revisión del Inspector General de la
CIA, fechada el 7 de mayo de 2004, que daba cuenta que los psicólogos de la CIA
estaban planteando cuestiones de ética acerca de la forma en que Mitchell y
Jessen desarrollaban los interrogatorios: “los psicólogos objetaban el empleo
de psicólogos en el campo como interrogadores y planteaban conflictos de
intereses y preocupaciones éticas. Según la información, las cuestiones se
sustentaban en la preocupación que los psicólogos de campo que estaban
administrando las técnicas “mejoradas” de la CIA, participaran en las
evaluaciones asesorando sobre la eficacia y el impacto de las “técnicas de
interrogatorio” sobre los detenidos. ¿No sería que esos temores fueran los
mismos que impulsaron a Hubbard, Mumford y Behnke para hacer una tormenta de
cerebros sobre la ética de la APA y la seguridad nacional?
Como resultado directo de esta reunión secreta Mumford y Behnke propusieron la
creación de un grupo de trabajo (task force) para determinar los lineamientos
éticos de la APA acerca de la participación de los psicólogos en los
interrogatorios de seguridad nacional. El grupo de trabajo se reunió en junio
del 2005 y decidió que “es consistente con el Código de Ética de la APA que los
psicólogos sirvan como consultores en los interrogatorios y en los procedimientos
para reunir información con propósitos relacionados con la seguridad nacional.
Al adoptar esta decisión la APA quedó sola entre las profesiones de la salud.
Todas las otras grandes organizaciones nacionales de médicos, psiquiatras y
enfermeras, establecieron que sus obligaciones éticas prohibían a sus miembros
participar en esos interrogatorios. Pero la APA no solo concluyó que era ético
que los psicólogos participaran sino que su dirigencia manifestó que la
presencia de los psicólogos era necesaria para que los interrogatorios de
seguridad nacional se mantuvieran “seguros, legales, éticos y efectivos”, un
papel que las otras profesiones de la salud consideraban conflictivo, no ético
e imposible de ser desempeñado responsablemente.
Desde hace tiempo los miembros de la APA sospechaban que el grupo de trabajo era un
sello de goma de la CIA y el Departamento de Defensa para que sus políticas
fueran aprobadas porque la mayoría de sus miembros fueron reclutados
directamente en unidades de la CIA y del Pentágono que estaban involucradas en
los interrogatorios de seguridad nacional y en la investigación sobre los
mismos. Entonces solamente había evidencia circunstancial de que sus miembros
habían sido elegidos para lo que aparecía como un hecho consumado orquestado
por la CIA y el Departamento de Defensa.
Con la publicación de los correos electrónicos de Gerwehr, Risen ha aportado la prueba
del delito. Es indudable que ese intercambio de mensajes entre Mumford de la
APA y Hubbard de la CIA, fue el que presionó a la APA para avenirse ahora a una
investigación independiente. El 5 de julio del 2005 – el día en que el grupo de
trabajo emitió su informe, Mumford le envió a Hubbard una copia del mismo y le
escribió: “también deseo, en forma semi pública, reconocer su contribución
personal… para hacer que este esfuerzo despegara… Sus puntos de vista
estuvieron bien representados por los miembros, muy cuidadosamente
seleccionados, del grupo de trabajo”. El mensaje continúa revelando que Susan
Brandon había servido como “observadora” en la reunión del grupo de trabajo
(los nombres de los observadores no se hicieron públicos) y ayudó a incluir
algún lenguaje relativo a la investigación en el informe.
Entonces Risen puso en evidencia otra bomba: en la época en que Mumford produjo su nota
de agradecimiento, Hubbard se había retirado de la CIA y estaba trabajando para Mitchell Jessen and Associates,
la compañía creada en el 2005 por los dos psicólogos
con el propósito específico de venderle sus servicios a la CIA. Entre el 2005 y
el 2009, la empresa recibió 81 millones de dólares de la CIA por esos
servicios.
Desde que se libró el informe del grupo de trabajo, los miembros de la APA han
luchado para rescindirlo y mantener a los psicólogos fuera de los
interrogatorios. Sin embargo, cada vez que se propone o aprueba una política en
este sentido, la dirigencia de la APA ha encontrado la forma de anular esos
intentos. En el 2008, un grupo de miembros de la APA recurrió a la totalidad de
los afiliados mediante un referéndum para prohibir que los psicólogos
participaran en cualquier operación que violara la Convención de Ginebra o la
Convención de las Naciones Unidas Contra la Tortura5 . El referéndum obtuvo
una amplia mayoría y en febrero del 2009 se transformó en una política oficial
de la APA. Sin embargo, hasta la fecha la dirigencia de la APA se ha resistido
a su puesta en práctica aduciendo que la Asociación no puede determinar cuándo
una política de seguridad nacional de los EUA viola una ley internacional. La
APA se aferra a esta posición aún ante pronunciamientos del Comité de las
Naciones Unidas Contra la Tortura, referidos por ejemplo al estatus ilegal de
las detenciones indefinidas en Guantánamo.
Esperamos los resultados de una investigación independiente. Mientras tanto existen tres
preguntas que los estadounidenses y la profesión de la psicología deben
responder simultáneamente: ¿por qué la APA ha dedicado sus recursos para
garantizar la presencia de psicólogos en estas operaciones criminales? ¿cómo es
que el gobierno de los EUA ha permitido la militarización de la psicología? Y
¿cómo podemos hacer que los psicólogos que aparentemente crearon, justificaron,
supervisaron e implantaron la tortura y la asociación profesional que parece
haberlos apoyado, son llamados a rendir cuentas?
Notas:
1. Publicado el 12 de diciembre de 2014 en: http://www.slate.com/
articles/news_and_politics/politics/2014/12/psychologists_role_in_the_cia_s_torture_
why_these_medical_professionals.html
Traducido por Fernando Britos V.
2. Steven Reisner es psicoanalista y uno de los fundadores de la Coalición para una
Psicología Ética, candidato a la presidencia de la APA y asesor en temas de
ética y psicología de Médicos por los Derechos Humanos.
3. La “indefensión aprendida” fue desarrollada por Martin P. Seligman mediante atroces experimentos
torturando perros y después aplicada para quebrar prisioneros. Seligman ha
pedido disculpas y se ha reciclado para presentarse desde hace poco como
promotor de la “psicología positiva”.
4. James Risen es un premiado y perseguido periodista de investigación, tal vez el más importante de los
Estados Unidos en la actualidad, que escribe en The New York Times.
5. La Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes fue adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984, y
entró en vigor el 26 de junio de 1987, al haber sido alcanzado las
ratificaciones necesario. Su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre
la protección de todas las personas contra la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes aprobada por la Asamblea de General de
Naciones Unidas el 9 de diciembre de 1975.
Fuente :http://fernandobritosv.blogspot.com/
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