La empresa dueña de Monsanto y autoridades de EEUU
presionaron a México para revertir el veto del polémico pesticida glifosato
Fotografía
que muestra una mujer indígena Tzotzil de la comunidad de La Sidra en el estado
mexicano de Chiapas mientras trabaja en su siembra de maíz. EFE/Mario
Guzmán/Archivo |
Carey Gillam
elDiario.es
17 de febrero de 2021
Correos electrónicos internos del Gobierno estadounidense revelan que Bayer AG,
propietaria de Monsanto y CropLife América, el lobby del sector, han trabajado estrechamente
junto a las autoridades estadounidenses para presionar a México con el objetivo
de que abandonara sus planes para prohibir el pesticida glifosato, componente principal
del herbicida Roundup de Monsanto y vinculado al cáncer, según algunos estudios.
Las maniobras para proteger los envíos de glifosato a México han transcurrido durante los
últimos 18 meses, mientras Bayer negociaba un acuerdo por valor de 11.000
millones de dólares en relación a demandas legales de personas que viven en
Estados Unidos y dicen que han desarrollado linfoma no Hodgkin debido a la
exposición a los productos elaborados con glifosato que fabrica la empresa.
La presión sobre México es similar a las acciones de Bayer y los grupos de presión de la
industria química para acabar con una prohibición del glifosato que Tailandia planeaba
poner en marcha en 2019. Las autoridades tailandesas también mencionaron su
preocupación por la salud pública como argumento para tratar de prohibir el
herbicida. Dieron marcha atrás tras las amenazas de Estados Unidos sobre una
posible interrupción del comercio.
Los planes de México
Hasta ahora, esa campaña conjunta para conseguir que el Gobierno mexicano dé marcha atrás en
su decisión no parece estar funcionando.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha marcado un plazo hasta
2024 para que el campo mexicano abandone el glifosato. El 31 de diciembre,
México publicó un decreto que no solo exige el fin del uso del
glifosato, sino también la eliminación gradual de la siembra y el consumo de
maíz transgénico, un producto que, en muchas ocasiones, los agricultores rocían
con glifosato. Es habitual que esa práctica deje residuos del pesticida en el
producto alimentario final.
El Gobierno mexicano argumenta que su decisión "busca contribuir a la seguridad y
soberanía alimentarias" así como a la "salud de los hombres y las
mujeres de México". Pero la preocupación que México muestra por la salud
de sus ciudadanos ha desatado temores en Estados Unidos por las exportaciones
agrícolas, sobre todo de los productos con glifosato que produce Bayer.
El
herbicida RoundUp es uno de los más vendidos del mundo / Mike Mozart |
Los correos electrónicos a los que ha tenido acceso The Guardian proceden de la Oficina del
Representante Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) y
otras agencias estadounidenses. En ellos se detalla la preocupación y
frustración por la posición del Gobierno mexicano. Uno de los correos se
refiere al personal de la administración de López Obrador como "activistas manifiestamente contrarios a la biotecnología"
y otro de los correos afirma que la autoridad sanitaria mexicana, la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se está convirtiendo en un "problema serio".
Las comunicaciones internas del USTR muestran cómo la industria agroquímica está
"presionando" para que se "incluya esta cuestión" en el marco del
acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA), que entró en
vigor el 1 de julio. Los archivos muestran que ya en aquel momento Estados
Unidos hizo exactamente eso. Comunicó a México que sus medidas relacionadas con
el glifosato y los cultivos modificados genéticamente preocupan "en lo
referente al cumplimiento" del USMCA.
Citando sus conversaciones con CropLife, la Agencia de Protección del Medio Ambiente de
Estados Unidos (EPA) se unió al intento, comentando en un correo electrónico entre
agencias "cómo podemos utilizar el USMCA para tratar estos temas".
Los documentos sobre el caso de México a los que The Guardian ha tenido acceso fueron obtenidos a través de una
solicitud de acceso a la información pública por el Centro para la Diversidad
Biológica (CBD por sus siglas en inglés).
"Vemos cada vez más cómo el sector de los pesticidas se sirve del Gobierno de Estados
Unidos para imponer de manera agresiva su estrategia en la escena internacional
y anular todo intento por parte de la población de otros países para hacerse
con el control de su cadena alimentaria", dice Nathan Doley, biólogo de la
organización conservacionista CBD.
Alarma creciente
Los archivos muestran que la alarma comenzó a crecer a finales de 2019, cuando México dijo
que rechazaba importar glifosato desde China. Al denegar el permiso de
importación de un cargamento, las autoridades mexicanas se basaron en el
"principio de precaución" que habitualmente hace referencia a una
política destinada a evitar daños ante el uso de sustancias sobre las
cuales existe alguna preocupación entre la comunidad científica o
disputa sobre su seguridad.
Un correo electrónico de Stephanie Murphy, responsable de relaciones con los gobiernos de
Bayer dirigido a Leslie Yang, directora de comercio internacional y política
medioambiental del USTR, mencionó el rechazo del envío de glifosato y dijo que
México "alegaba que el glifosato representa un riesgo medioambiental alto
dada una presunción creíble de que su uso puede provocar graves daños
medioambientales y daños irreversibles a la salud…".
Murphy preguntó si podía "hablar más a fondo de la situación" con el USTR para ver si
existía "una oportunidad de involucrarse a en el marco del USMCA".
Dijo que CropLife América, el grupo de presión de la industria, se estaba
poniendo en contacto con el Servicio de Agricultura en el Extranjero del
Departamento de Agricultura (FAS por sus siglas en inglés) y que los
responsables de Bayer estaban "trabajando estrechamente con el FAS"
en la embajada de Estados Unidos en México.
"A día de hoy, Bayer no ha sufrido ningún impacto en sus importaciones", pero la
empresa esperaba problemas en el futuro, dice Murphy en un correo electrónico el día 5 de diciembre de 2019.
En enero de 2020 hubo una reunión entre autoridades mexicanas y estadounidenses. El USTR
preparó un "documento informativo" que incluía la cuestión del
glifosato como una preocupación clave que tenía que tratarse con Luz María de la
Mora, subsecretaria de Comercio exterior del Gobierno mexicano. El documento
especificaba que uno de los temas a tratar era la preocupación por parte de
Estados Unidos por que las importaciones de glifosato se estaban rechazando
"sin ninguna justificación científica clara".
En febrero de 2020, Murphy contactó de nuevo con Yang, responsable del USTR, en nombre de
Bayer. Le reenvió información que, según ella, se había recabado en una reunión
en la que el Ministerio mexicano de Medio ambiente y Recursos naturales
"asegura disponer de evidencia científica sobre los peligros del glifosato
y también planea efectuar un estudio para el caso mexicano con ayuda de
organizaciones internacionales".
En marzo, las medidas mexicanas sobre el glifosato y los cultivos transgénicos necesitaban
"atención urgente", según una carta enviada por Chris Novak,
presidente de CropLife, a Robert Lighthizer, embajador del USTR. La carta,
enviada con copia a los responsables de USDA y la EPA, decía que las medidas de
México eran "incompatibles con las obligaciones mexicanas bajo el USMCA".
CropLife está financiado por Bayer y otras empresas agroquímicas.
Murphy, de Bayer, continuó la correspondencia con más correos electrónicos a Yang, del
USTR. En ellos hacía referencia a la necesidad de "compromiso político al
más alto nivel".
Más tarde, en mayo, Lighthizer escribió a Graciela Márquez Colín, ministra de
Economía de México diciendo que los temas relacionados con los cultivos
modificados genéticamente y el glifosato amenazaban con socavar "la
fortaleza de nuestra relación bilateral".
Novak, de CropLife, envió una carta en agosto de 2020 en la que agradecía "todo su
apoyo" a los cargos del Gobierno, pero decía que se necesitaba más, porque
México "prácticamente ha dejado de procesar los registros de nuevos
productos pesticidas".
No peligra solo el glifosato
A lo largo de meses de correspondencia, los directivos del sector comunicaron al Gobierno de
EEUU que temían que una restricción al glifosato llevara a la imposición de
límites a otros pesticidas y pudiera sentar un precedente para que otros países
hagan lo mismo. Según algunos responsables de la industria, México podría,
además, reducir los niveles de residuos de pesticidas permitidos en los alimentos.
"Si México amplía el principio de precaución" a los niveles de residuos de pesticida
en los alimentos "se pondrán en peligro 20.000 millones de dólares en
exportaciones agrícolas anuales de Estados Unidos a México". Eso se lee en
una de las cartas que Novak escribió a las autoridades estadounidenses.
La exportaciones de maíz y soja a México correrían un riesgo más concreto si el
país dejara de permitir los residuos de glifosato en los alimentos, según
recogen las comunicaciones internas entre el sector y el USTR.
La industria agroquímica y los organismos reguladores de Estados Unidos sostienen que los
niveles actuales de pesticidas en los alimentos no son perjudiciales, pero
muchos científicos no están de acuerdo y dicen que incluso las trazas más
pequeñas pueden ser peligrosas.
México es un socio comercial fundamental para Estados Unidos, que representa 614.500
millones de dólares en bienes totales exportados e importados en 2019. Las
exportaciones más importantes a México incluyen unos 3.000 millones de dólares
en exportaciones de maíz. Teniendo en cuenta que casi el 90% de la producción
estadounidense de maíz es transgénico, una prohibición a esos productos sería
un fuerte revés para los agricultores de EEUU.
No está claro si la administración Biden continúa ejerciendo presión sobre México para que
modifique su política. El USTR no ha respondido a las preguntas de The Guardian.
Bayer tampoco ha respondido a las preguntas sobre las acciones de la empresa respecto a
México, pero dice que el glifosato y los cultivos modificados
genéticamente son seguros y que una restricción de México "causaría
una gran perturbación" para los agricultores mexicanos e impactaría en la
seguridad alimentaria en México.
Un portavoz de EPA dice que la agencia mantiene contactos periódicos con las autoridades
mexicanas y "no ha tomado ninguna medida regulatoria contra las decisiones
de México sobre el glifosato o el maíz transgénico". Según el portavoz, la
agencia se ha ofrecido a compartir con el Gobierno de México sus hallazgos científicos.
El responsable de CropLife, Novak, ha dicho a The Guardian que las medidas de México para prohibir el glifosato
sientan "un precedente peligroso" que pasa por alto las necesidades
de los agricultores y "debilita la integridad de los estándares
científicos como pilar del comercio internacional".
Traducido por Alberto Arce
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