Procesen a los capos de la tortura
Interrogadores de la CIA utilizaron 266 veces tácticas de ahogo en dos
sospechosos, según documentos del Departamento de Justicia. El Fiscal General de
los Estados Unidos ha declarado públicamente que dichas tácticas de ahogo son
consideras tortura. Y, aún así, estas 266 (y contando) violaciones del Tratado
de la Convención de Ginebra no han logrado que ni el Fiscal General ni el
Congreso cumplan con su deber: nombrar a un fiscal especial.
A menudo, los Estados Unidos han condenado la tortura en otras naciones y
tomado acción para que los autores fugitivos en el país enfrenten a la justicia
en el extranjero. ¿Por qué no puede el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ)
y el Congreso exigirle lo mismo a nuestra nación?
En cambio, el presidente Obama ha protegido a agentes de la CIA que
condujeron torturas, porque sus superiores les dijeron que su conducta era
legal. Los memorandos que ofrecieron malos consejos legales deben generar
preocupación, no un desquite, ha dicho Obama.
No estamos de acuerdo. Nos aterra que Obama trate de hacer ver exigencias de
justicia como venganza. La rendición de cuentas por crímenes cometidos por
quienes están en el poder es parte del sistema judicial de EE.UU. no un tipo
equivocado de campaña, motivada por política.
Aceptemos, por el bien del argumento, la enredada posición de Obama y
permitir que a quienes estaban "siguiendo órdenes" no se les puede exigir que
rindan cuentas por sus crímenes- el mismo argumento presentado por los nazis en
Nuremberg y rechazado por los EE.UU. y el mundo. Pero, ¿y qué de quienes
formularon la política e impartieron las órdenes? ¿Qué hacer con los capos de la
tortura?
Al permitir la tortura, el gobierno de Bush violó la Constitución y el
derecho internacional -en repetidas ocasiones y flagrantemente. Un juez español
está investigando la posibilidad de presentar cargos contra ex funcionarios del
gobierno de EE.UU. Y sin agua en la boca, el ponente de las Naciones Unidas
sobre tortura indicó que la falta de investigación o proceso de este delito es
una violación a la Convención de la ONU contra la Tortura.
Como la American Civil Liberties Union (ACLU) lo describe, los abogados del
Departamento de Justicia autorizaron a los interrogadores a utilizar los más
bárbaros métodos, incluidos métodos que una vez los EE.UU. procesó con orgullo
como crímenes de guerra.
Nos sumamos a la ACLU para pedir que el Departamento de Justicia nombre a un
fiscal independiente que pueda investigar la tortura surgida bajo el gobierno de
Bush. Este gobierno y el Congreso tiene hacer frente a crímenes de guerra para
que generaciones futuras de estadounidenses puedan decir, una vez más, que los
Estados Unidos practica lo que predica sobre los derechos humanos.
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