DDHH-EEUU: Prisioneros de Bagram pueden apelar
Por William Fisher
IPS
3 de abril de 2009
NUEVA YORK - En una decisión histórica, un juez de Estados Unidos determinó
que los no afganos que su país mantiene prisioneros en la cárcel de Bagram, en
un base aérea cercana a Kabul, tienen derecho a apelar su detención en
tribunales civiles del país norteamericano.
El fallo del juez federal John Bates, el jueves en Washington, representa uno
de los rechazos más tajantes a las facultades ilimitadas en la materia que se
atribuye el Poder Ejecutivo desde la presidencia de George W. Bush (2001-2009),
postura que mantuvo su sucesor, Barack Obama.
Bates sentenció que el caso de tres de los cuatro demandantes detenidos en
Bagram es “virtualmente idéntico” al de los prisioneros en Guantánamo, y que,
por lo tanto, gozan de los mismos derechos reconocidos el año pasado por la
Corte Suprema de Justicia a los recluidos en esa base naval estadounidense en
Cuba.
Los tres detenidos declararon haber sido capturados fuera de Afganistán y
encarcelados durante años sin que mediara juicio. En consecuencia, reclamaron a
la justicia estadounidense el reconocimiento de su derecho a apelar la detención
y a que un juez evalúe las evidencias en su contra.
Ahora que el juez consagró el derecho, esperan lograr la libertad a través de
un recurso de habeas corpus, mecanismo que garantizar la libertad personal de
los ciudadanos al ordenar a los tribunales resolver si un detenido sin juicio
debe o no permanecer recluido.
La Corte Suprema estadounidense reconoció a los prisioneros en Guantánamo el
derecho constitucional al habeas corpus.
Ese derecho fue “forjado para proteger” a las personas de abusos del Poder
Ejecutivo, como el “arbitrario ejercicio del poder del gobierno para detener”,
escribió Bates, un juez designado en su cargo por Bush al frente del tribunal
federal del Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital.
El juez no falló sobre la situación del cuarto prisionero –un ciudadano
afgano que fue capturado fuera de Afganistán–, pero ordenó una investigación más
exhaustiva al respecto.
Bates sostuvo en su fallo de 53 páginas que la situación de cualquier
detenido en el exterior depende de un análisis caso por caso.
Entre los criterios que deben sopesarse figuran factores como la ciudadanía
del prisionero, el lugar de captura, la duración del confinamiento y el grado
del control militar estadounidense sobre las cárceles en cuestión, dijo.
En Bagram hay aproximadamente 600 detenidos, en su mayoría afganos. Pero, a
pesar de que un tribunal ordenó identificarlos, el gobierno no ha brindado aún
detalles.
En términos generales, los defensores de los derechos humanos aplaudieron la
decisión de Bates.
Barbara Olshansky, directora de litigios en la Red Internacional de Justicia,
organización sin fines de lucro que originalmente presentó la demanda judicial,
dijo sentirse “muy gratificada de ver que el Poder Judicial toma la iniciativa
de nuevo y continúa actuando en su rol crítico como controlador del Poder
Ejecutivo”.
“La opinión del juez Bates es una marca histórica del principio de que donde
sea que actuemos como gobierno en el mundo, debemos hacernos responsables de
nuestras acciones”, sostuvo.
El abogado constitucionalista David Cole, de la Universidad de Georgetown,
dijo a IPS que la decisión de Bates “descansa en el sólido principio de que no
debe permitirse que el Ejecutivo evada el escrutinio judicial enviando a sus
prisioneros a Bagram en vez de a Guantánamo, y nos lleva más cerca del estado de
derecho”.
Por otra parte, “un compromiso real del gobierno de Obama para ubicar a
Estados Unidos en el imperio de la ley no se limita a cerrar Guantánamo, sino
que debe involucrar la creatividad para adecuar todas sus prácticas de detención
a los requisitos de los derechos humanos y el derecho humanitario”, dijo a IPS
Sahr Muhammed Ally, de Human Rights First.
“No se debe permitir que Bagram sea una zona sin ley”, agregó.
Jonathan Hafetz, abogado del Proyecto de Seguridad Nacional de la Unión para
las Libertades Civiles (ACLU), dijo que la decisión de Bates es “otra reprimenda
al alegato del gobierno de que es libre de establecer zonas sin ley”.
“Estados Unidos no puede escapar a las protecciones o restricciones centrales
de la Constitución encarcelando a personas en Bagram y no en Guantánamo.
Solamente un completo restablecimiento del régimen de derecho en todas las
prisiones administradas por Estados Unidos puede lograr un retorno a la justicia
y a los valores estadounidenses”, declaró a IPS.
Hafetz también fue crítico para con el gobierno de Obama, que “adhiere al
enfoque del viejo gobierno al alegar que puede evitar la evaluación del habeas
corpus y por lo tanto controlar su poder de detención”.
“De muchas maneras, Bagram se convirtió en el nuevo Guantánamo, sólo que más
grave, porque el proceso que atraviesan los detenidos allí es inferior, el
tratamiento peor, y el escrutinio público aún más superficial. El nuevo gobierno
también parece estar siguiendo la lectura inverosímilmente estrecha del viejo
gobierno sobre la decisión más reciente de la Suprema Corte”, agregó.
De hecho, algunos críticos dicen que Bagram es el “Guantánamo de Obama”.
No está claro si el Departamento de Justicia (fiscalía general) apelará el
fallo de Bates. Un portavoz de esa dependencia dijo que todavía evalúa la
decisión.
La Red Internacional de Justicia es la única organización litigante en los
casos de detenidos que mantiene Estados Unidos en Afganistán. Presentó las
demandas en octubre de 2006, en nombre de los cuatro ciudadanos extranjeros
capturados fuera de Afganistán y llevados a Bagram, donde estuvieron prisioneros
más de seis años sin que se los acusara.
En febrero, el Departamento de Justicia le informó al juez Bates que mantenía
el mismo punto de vista que durante la presidencia de Bush, posición que
sorprendió y confundió a muchos defensores de los derechos humanos que habían
apoyado la candidatura de Obama.
El actual gobierno también ha seguido las posiciones de Bush en casos que
involucraron la doctrina del “secreto de Estado”, según la cual esos procesos no
pueden ser ventilados en tribunales federales porque la presentación de
evidencia comprometería la seguridad nacional.
En su primer día como presidente, Obama ordenó cerrar la prisión de
Guantánamo en un plazo de un año, y comenzó a evaluar la evidencia de cada uno
de los aproximadamente 240 detenidos allí.
También ordenó cerrar las cárceles secretas operadas por la Agencia Central
de Inteligencia (CIA).
Uno de los problemas más espinosos es a dónde enviar a los detenidos de
Guantánamo que sean liberados. Entre ellos figuran 17 chinos musulmanes, que,
según Estados Unidos. pueden ser liberados porque no representan una
amenaza.
Un juez federal ordenó que los liberaran en Estados Unidos, pero esa decisión
fue revocada por la apelación del Departamento de Justicia.
Estados Unidos sostuvo que si son devueltos a China pueden ser sometidos a
torturas y persecuciones, pero alegó que los tribunales federales no tienen
autoridad para ordenar que los liberen en este país, porque ésa es una cuestión
de derecho migratorio, no penal.
Pocos países han estado abiertos a aceptar detenidos liberados por Estados
Unidos, por razones basadas en su propia seguridad y también, en el caso de los
uigurs, por temor a una represalia de China. Este viernes, Francia accedió a
recibir a un detenido de Guantánamo.
Tras la decisión de Bates –si es que ésta sobrevive a una apelación–, el
gobierno de Obama también puede tener que sumar a sus problemas la pregunta de a
dónde enviar a los prisioneros que sean liberados de Bagram. (FIN/2009)
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