Odio en Arizona:
Dos madres en duelo por la muerte de sus hijos
newamericamedia.org
19 de febrero de 2011
PHOENIX, AZ. -- Dos madres son los testigos principales en juicios
paralelos que ponen sobre el tapete el clima político de un estado que se ha
convertido en una cuna para el extremismo, de acuerdo a organizaciones de
derechos humanos.
Las historias de estas dos mujeres han quedado afuera del radar de los
políticos conservadores de Arizona, que han alimentado un debate sobre la
inmigración ilegal en el estado desviando la atención lejos de las acciones de
grupos vigilantes hacia los inmigrantes indocumentados y la violencia
fronteriza.
Paula Varela, la madre de Juan Varela
Paula Varela testificó hace dos semanas sobre el día en que vio a su hijo
Juan Varela desmoronarse en el suelo después de recibir un tiro en la cabeza el
6 de mayo de 2010 a escasos pies de distancia de su casa en el Sur de
Phoenix.
La madre testificó en el juicio por homicidio del hombre que le disparó, su
vecino Gary Kelley.
De acuerdo al abogado de Kelley, este se acercó a Juan Varela para hablar con
él sobre una nueva ley en Arizona, la SB 1070, y le disparó en defensa
propia.
Pero el hermano de Juan Varela testificó que Kelley, quien se encontraba
ebrio en ese momento, estaba armado y buscaba algo más que una simple
conversación amistosa entre vecinos.
Kelley le gritó insultos raciales a su vecino y le dijo en inglés que debía
regresar a México.
Varela, de 44 años, y su familia son mexicano-americanos que han vivido por
varias generaciones en Arizona.
A escasos días de la aprobación de la ley SB 1070 --una de las leyes más
duras contra la inmigración ilegal en el país-- el intento de la familia Varela
de que este crimen sea considerado un crimen de odio fue prácticamente
invisible. Al igual que el juicio de su supuesto asesino.
Gina Gonzalez, madre de Brisenia Flores
La madre de Varela no está sola en su duelo. Otra madre recientemente se paró
ante el estrado en otro juicio en Tucson por una masacre que ocurrió un año
antes de la muerte de Varela. Esta vez las víctimas fueron una niña de 9 años y
su padre.
El 30 de mayo de 2009, Gina Gonzalez fingió que estaba muerta después de que
un grupo de personas allanó su casa en Arivaca, Ariz. a 13 millas de la frontera
con México e hirió fatalmente a su esposo Raúl Flores.
Gonzalez escuchó mientras su hija Brisenia Flores rogaba por su propia vida.
Después el asesino recargó su arma y le disparó.
La supuesta autora intelectual de este crimen es Shawna Forde, de 42 años,
fundadora de Minutemen American Defense (MAD) un grupo de vigilancia fronteriza
armado cuyo fin es detener y reportar a inmigrantes indocumentados que intentan
cruzar la frontera.
Los fiscales dicen que Forde trataba de financiar las actividades de MAD con
robos como este que acabó en una balacera fatal en 2009. De ser hallada culpable
enfrenta la pena de muerte.
El jurado ya se encuentra tomando una decisión sobre el caso de Varela en
Phoenix. Otro jurado en Tucson podría considerar un veredicto en la balacera de
la familia Flores a fines de esta semana.
¿Dónde estaban los medios de comunicación?
Carlos Galindo, un activista local pro-inmigrante y conductor radial, dice
que el caso de Brisenia debe haber sido una señal de alarma. Si los políticos y
las comunidades en Arizona hubiesen denunciado la muerte de la niña de 9 años y
su padre, quizás la muerte de Juan Varela no hubiese sucedido, asegura.
El activista piensa que el homicidio de Varela no causó protestas e
indignación en Arizona porque la policía de Phoenix se apresuró a esconderlo,
negando que hubiese sido motivado por racismo o estuviese relacionado con la ley
SB 1070.
El caso fue posteriormente catalogado como un crimen de odio por el ex
Procurador del Condado Maricopa, Rick Romley, después de recibir presión de la
familia y con la ayuda de miembros de la comunidad y los medio étnicos,
incluyendo a Galindo.
Galindo habla seguido de estos asesinatos en su programa bilingüe en Radio
KAZA en Phoenix.
“Si se sigue permitiendo que la retórica contra una etnicidad aumente, vamos
a llegar a una situación en la que está bien violar, abusar y matar”,
afirmó.
Ninguno de los dos casos ha recibido tanta cobertura mediática como el
asesinato del ranchero Robert Krentz, el 27 de marzo de 2010, que fue utilizado
por el Republicano Russell Pearce, promotor de la ley SB 1070, para conseguir
suficientes votos y lograr que se aprobara.
Los blogueros del sector conservador y los comentaristas de televisión se
apresuraron a relacionar el homicidio aún no resuelto de Krentz, con inmigrantes
indocumentados porque las autoridades habían encontrado huellas que iban hacia
México.
Steve Rendall, analista de Fairness & Accuracy in Reporting (FAIR), una
organización con sede en Nueva York que monitorea los prejuicios en los medios
de comunicación, dijo que algunas estaciones televisas fueron irresponsables al
reportar del caso al especular con poca información.
Rendall dijo que el caso recibió mayor cobertura noticiosa porque los
editores y reporteros de los medios masivos “le temen al ser percibidos como
liberales o de tendencias izquierdistas”.
Mientras que la muerte del ranchero se uso para aprobar leyes
antiinmigrantes, el asesinato de la niña de 9 años y su padre fue considerado
como el acto de una persona fuera de su juicio.
“Los políticos de derecha se han alejado lo más rápido posible del caso de
Shawna Forde, sugiriendo que este asesinato no es más que la consecuencia de las
acciones de una persona loca”, dijo Mark Potok, director del Intelligence
Project del Southern Poverty Law Center, un grupo que monitorea las
organizaciones de odio y racismo. “Hay muchas cosas que están sucediendo allá
(en Arizona) y no se trata de esos cuerpos decapitados de los que habla (la
gobernadora) Jan Brewer”.
Brewer promulgó la ley SB 1070 argumentando que la violencia de México estaba
cruzando la frontera y que se han encontrado numerosos cuerpos decapitados en el
desierto de Arizona-- algo que jamás se ha comprobado.
Pero Potok dice que el apoyo popular de medidas contra la inmigración ilegal
y las ganancias políticas para los legisladores que las proponen han abierto una
caja de Pandora para satanizar a los latinos, que será muy difícil de
cerrar.
“Creo que la respuesta de Arizona al movimiento vigilante ha sido en esencia
involucrarse en el mismo tipo de actividades. En vez de tratar de lidiar con el
problema de la inmigración racionalmente, los políticos en Arizona le han dado
el visto bueno a este tipo de ataques”, agregó Potok.
Jesús Romo, un abogado de derechos civiles en Tucson, está de acuerdo. Romo
representó una demanda civil contra Roger Barnett, un ranchero vigilante en
Douglas, Ariz., que amenazó con un arma a dos cazadores mexicano-americanos y
tres niñas en el 2004.
La semana pasada la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito decidió otro
caso de abuso de un grupo de inmigrantes presentado contra Barnett por el Fondo
México Americano de Defensa Legal y Educación (MALDEF). La corte decidió que
Barnett no actuó en defensa propia porque las personas que asaltó no
representaban una amenaza contra su vida.
“Existe una impunidad total cuando ocurren asaltos contra minorías,
especialmente los mexicanos”, dijo Romo, quien culpa al estado de hacer caso
omiso de las actividades de grupos vigilantes en la frontera.
“Aparte de eso, se los trata como héroes por lo que hacen, entonces se
sienten con el derecho de atacar a la gente sin que les pase nada”, agregó.
Bill Strauss, el director de la Liga Contra la Difamación (ADL por sus siglas
en inglés), organización que vigila las actividades de grupos supremacistas de
la raza aria, dijo que no cree que lo medios “intencionalmente le quiten el
énfasis a los crímenes cometidos contra minorías”.
Pero le preocupa que el actual tono del debate migratorio en Arizona obligue
a las víctimas de crímenes de odio a esconderse.
“No estamos recibiendo quejas de crímenes de odio contra los latinos en esta
comunidad de la forma en que me imagino que están sucediendo”, dijo Strauss,
cuya organización tiene registrado el caso de Varela como crimen de odio.
¿Un juicio contra un crimen de odio o dos?
La balacera en la que Bricenia y su padre perdieron la vida no ha sido
catalogada como un crimen de odio. Pero para muchos grupos de derechos humanos
que han seguido el caso de cerca, claramente entra dentro de esa definición.
Los fiscales están argumentando que Forde y sus dos cómplices, Jason Eugene
Bush y Albert Gaxiola, querían obtener ganancias monetarias por lo que
cometieron el crimen. A Forde se le acusa de tener como blanco a Raul Flores el
padre de la niña de 9 años para robarle porque consideraba que estaba
involucrado en el tráfico de droga, y quería usar el dinero para financiar su
grupo de vigilancia fronteriza.
Grupos como la Lega Anti-Difamación han estado monitoreando a Forde y su
organización desde 2007 no sin alarmarse.
“La teníamos presente porque estaba tomando acciones cada vez más extremas”,
dijo Marilyn Mayo, directora de investigación sobre la derecha política para la
Liga Anti-Difamación. Mayo dijo que Forde fundó el grupo MAD más extremo que los
otros porque no estaba conforme con lo que hacían otros Minutemen.
Antes de que ocurriera la balacera surgieron reportes de que Forde estaba
tratando de confrontar directamente a los carteles de droga. En 2008, Forde dijo
que un grupo de agresores hispanos ingresaron a su casa y la violaron --la
policía abandonó el caso por falta de evidencia-- y ella sugirió que esto había
sucedido porque habían querido tomar venganza por investigaciones encubiertas
que había realizado contra traficantes en Washington, de acuerdo a ADL.
ADL también registró que algunos de los simpatizantes más fervientes de Forde
tienen lazos con grupos sumpremacistas de la raza aria. Entre estos se encuentra
Laine Lawless, la fundadora de la página de apoyo para Forde www.justiceforshawnaforde.com donde la describe como a una
“prisionera política”.
Lawless ha sido ligada con grupos de odio como el Movimiento Nacional
Socialista y National Vanguard.
El abogado Jesús Romo sostiene que la fiscalía no puede separar las
actividades de Forde del papel que ha jugado en MAD, su grupo de vigilancia
fronteriza y su postura sobre la inmigración ilegal.
“No están relacionando esto con las actividades a las que ella se dedicaba:
la casería de mexicanos, y esto es otro capítulo de esa casería que acabó en la
muerte”, concluyó.
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