Torturas y asesinatos sin castigo
5 de septiembre de 2012 ©new york times
[El presidente Obama ha decidido no presentar cargos contra los
agentes de la CIA responsables de la muerte por tortura de dos prisioneros
acusados de terrorismo y abolla feamente el estado de derecho. Editorial
NYT].
Para todo propósito práctico, ha muerto toda esperanza de exigir una
rendición de cuentas significativa por las torturas y otros abusos cometidos
contra prisioneros durante el gobierno del presidente George W.
Bush.
El jueves, el fiscal general Eric Holder Jr., anunció que nadie será
procesado por los brutales asesinatos de dos prisioneros a manos de la CIA.
Uno de los prisioneros, un presunto militante llamado Gul Rahman, murió en
2002 después de ser encadenado a una muralla de cemento bajo temperaturas
cercanas al punto de congelación en una cárcel secreta de la CIA en Afganistán.
El otro, Manadel al-Jamadi, murió cuando estaba bajo custodia de la CIA en la
cárcel de Abu Ghraib en Irak en 2003; su cuerpo fue fotografiado envuelto en
plástico.
En su declaración, Holder sugirió que la decisión de no llevar a juicio a los
responsables no debería ser vista como una exoneración moral sino como la
conclusión de que los antecedentes no eran “suficientes para obtener y sostener
una condena”.
La opinión pública merece una explicación más detallada de por qué no se pudo
formular cargos. En estos atroces casos, parece que los interrogadores de la CIA
torturaron a los prisioneros hasta matarlos, yendo todavía más allá de incluso
las técnicas más duras autorizadas por los infames memos de la tortura
elaborados por los abogados del Ministerio de Justicia para tratar de justificar
lo injustificable. No presentar cargos penales podría cerrar una vía de ataque
contra el gobierno de Obama de parte de los republicanos, que persisten en
defender el uso de la tortura. Pero en ausencia de una explicación más
convincente, las implicaciones para el estado de derecho son profundamente
inquietantes.
En junio de 2011, Holder dijo que en cuanto al trato dado a los detenidos, se
habían revisado cerca de cien casos y ninguno de ellos justificaba una
investigación. La decisión de no presentar cargos en estos últimos dos casos
concentra la atención sobre la profundamente vergonzosa posición del gobierno de
Obama de tratar de evitar cualquier procedimiento judicial de los abusos de la
era de Bush.
Los responsables no solamente eludieron rendir cuentas desde un punto de
vista judicial, sino además el gobierno ha logrado negar a las víctimas de estos
brutales métodos la posibilidad de recurrir a tribunales, utilizando como
argumento la necesidad del secreto y la autoridad del Ejecutivo para conseguir
que los jueces federales, que deberían saber el propósito de la trama, desechen
los reclamos de ayuda civil. La denegación de justicia a las víctimas deshonra
tanto al gobierno como a los tribunales. Al principio de su gobierno, el
presidente Obama dijo que quería “mirar hacia adelante”, no hacia atrás, en lo
que se refería a los interrogadores de la CIA. En la práctica, el gobierno ha
elegido mirar hacia atrás de manera selectiva, evitando los procesos y la ayuda
civil para las víctimas al mismo tiempo que presenta cargos contra un ex agente
de la CIA, John Kiriakou, por haber revelado la identidad de otros agentes de la
CIA que participaron en los interrogatorios.
No se trata de temas viejos y mohosos que el país haya superado y que la
opinión pública pueda permitirse ignorar. Hace apenas unos meses, durante la
campaña republicana por las primarias, Mitt Romney expresó su respaldo al uso de
la tortura llamada el submarino [amenaza de ejecución por asfixia por inmersión]
como un método de contraterrorismo e incluso negó que fuera tortura. En ausencia
de cualquier forma de rendición de cuentas, no hay ninguna seguridad de que esta
práctica ilegal no vuelva a ser empleada.
22 de septiembre de 2012 cc traducción @lisperguer
mqh02.wordpress.com
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