Un día en las cortes migratorias para una niña de 2 años
Fernanda Jacqueline Dávila en una
fotografía de principios de 2018 tomada en Tegucigalpa. La menor de 2 años está
en custodia del gobierno estadounidense desde que fue separada de su abuela en
la frontera, a finales de julio.
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Vivian Yee y Miriam Jordan
The New York Times.es
09 de octubre de 2018
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NUEVA YORK — La más joven de los niños que se presentaron ese día ante el tribunal federal migratorio
estadounidense número 14 era tan pequeña que alguien más la tuvo que cargar
para ponerla en el estrado. Incluso la jueza emitió un “Ay” quedo al avistar a
quien sería el siguiente caso en su lista.
Los pies de la menor apenas se asomaban desde el final del asiento, enfundados en tenis color gris; sus
piernas eran demasiado cortas como para siquiera colgar de la silla. Tenía los
puños escondidos bajo sus piernas. En cuanto el trabajador social que la subió
a la silla se alejó, soltó un gemido que se volvió llanto, con su cara arrugada
entre las lágrimas.
La niña, Fernanda Jacqueline Dávila, tenía 2 años: una vida muy corta pero ya con muchos trayectos. El
trabajador social, un hombre corpulento que trabaja en el albergue donde la
menor ha estado desde finales de julio, cuando fue separada de su abuela, era
la única persona en el tribunal a la que ella conocía.
“¿Cuántos años tienes?”, le preguntó la jueza en inglés, después de pedirle al trabajador social que
volviera a acercarse a Fernanda y que ella dejara de llorar. “¿Mejor en español?”.
Un intérprete se hincó al lado de Fernanda y le repitió las preguntas en español. Fernanda levantó
ligeramente la mirada, pero se mantuvo callada. “Está… está asintiendo con la
cabeza”, indicó la jueza desde su asiento.
La magistrada Randa Zagzoug tenía que revisar casi treinta casos de menores migrantes de 2 a 17 años esa
tarde en la corte migratoria en Nueva York. Fernanda fue la audiencia número 26.
Zagzoug empezó a presidir en el tribunal migratorio en 2012, cuando empezaron a llegar miles de menores
no acompañados a Estados Unidos, principalmente oriundos de Centroamérica.
Ahora que los controles migratorios se han endurecido, parcialmente en
respuesta a ese flujo, hay más niños que nunca antes en custodia del gobierno
y por mucho más tiempo; las semanas se han
vuelto meses en albergues que nunca fueron pensados como sitios de acogida.
Los jóvenes migrantes enfrentan varias fuerzas conjuntas: la determinación del gobierno de Donald
Trump de desincentivar los cruces por la frontera; el flujo aún en ascenso de
otros menores que viajan sin compañía de adultos desde América Central; los
efectos de la crisis por la separación familiar de migrantes que cruzaron de
manera ilegal por la frontera, y una nueva política del gobierno estadounidense
que ha dificultado que los familiares de esos menores puedan pedir la custodia.
Por el momento, el gobierno tiene una lista de cientos de niños en albergues y hogares de cuidado temporal
que fueron separados de algún adulto en la frontera; ya sea un padre, abuelo o
acompañante de otro tipo. Hacia principios de octubre había 13.000 niños que
llegaron no acompañados a Estados Unidos en albergues con contratos federales,
una cantidad más de cinco veces mayor que la de mayo de 2017.
Eso ha resultado en que también hay cada vez más menores compareciendo en cortes migratorias de todo
Estados Unidos, con audiencias que podrían determinar si son deportados,
reunidos con sus familiares o si se les otorga el asilo que sus padres quieren
desesperadamente que obtengan. Usualmente se sientan solos en las mesas de
audiencias, sin familia y, en ocasiones, sin un abogado que los acompañe.
“Hasta el año pasado raramente teníamos niños menores de 6”, dijo Ashley Tabaddor, presidenta de la
Asociación Nacional de Jueces Migratorios. “Ahora son una presencia regular en
la lista de casos”.
Los menores migrantes en el albergue neoyorquino Cayuga Centers
han recibido apoyo de abogados del Servicio de Inmigración y Refugiados de
Caridades Católicas. Credit Dave Sanders para The New York Times
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Con sus bemoles, la mayoría de los niños en el tribunal 14 de Nueva York, muchos de los cuales estaban en
un albergue de Cayuga Centers, corrían con suerte. Se les permitía ir con una
familia de acogida en las noches, aunque sí deben estar en el albergue durante
las mañanas. Además, han tenido abogados gracias a Caridades Católicas, un
grupo que recibe fondos de una organización sin fines de lucro.
“Antes eran solo adolescentes”, dijo la abogada Jodi Ziesemer, antes de una audiencia reciente.
Se quedó viendo a los menores en el grupo: “Ahora son…”. Fernanda tenía una
manzana verde en sus manos y de vez en cuando le daba una mordida.
En una sala de espera, el colega de Ziesemer, Miguel Medrano, intentó preparar a Fernanda. Se hincó para
preguntarle su nombre, edad, si hablaba inglés o español. “¿Sí?”, le preguntó.
No obtuvo respuesta de la niña. “Bueno, si no puede, no puede”.
“Es muy penosa”, le dijo el trabajador social que la acompañaba.
Hasta hace unos meses, la mayoría de los menores no habrían estado tanto tiempo en un albergue como para
tener que comparecer solos frente a un juez. Pero la acumulación de casos por
los procesos de revisión de antecedentes de los adultos de los que fueron
separados ha conllevado más tiempo en la custodia de las autoridades y en la
posibilidad de que algunos niños tengan que ir ante un juez varias veces antes
de ser entregados a sus madres o tíos o primos. Los albergues están
sobrecargados y no porque haya más niños entrando a Estados Unidos, sino, a
decir de activistas, porque el gobierno ha establecido un nuevo obstáculo a que
puedan salir.
Ya que son liberados, los niños tienen que acudir de nuevo ante un tribunal, pero para una prueba mucho
más complicada: para comprobar que cumplen el estándar mínimo para recibir
refugio. De otro modo, son deportados. En algunos casos tienen que testificar
sobre el trauma que han vivido o el peligro del cual huyeron.
Un menor que fue separado de su madre en la frontera de México
con Estados Unidos llega a un tribunal migratorio en Houston. Credit Marian Carrasquero para The New York
Times
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En el caso de Fernanda, la situación era relativamente más sencilla, porque su familia en Honduras quiere
tramitar que la repatrien para estar con ella de nuevo. La menor fue criada por
sus abuelos paternos en Tegucigalpa después de la muerte de su padre en un
accidente automovilístico. Héctor Enrique Lazo y Amada Vallecillos dijeron que
en julio, de manera inesperada, reapareció la abuela materna de la niña, Nubia
Archaga, y se la llevó a Estados Unidos.
Archaga se entregó a la Patrulla Fronteriza con Fernanda en brazos pero tres días después la niña fue
sacada del centro de detención donde estaban las dos.
“Decidí traerla para que viviera en un mejor ambiente y tuviera una mejor vida”, dijo Archaga en
entrevista después de ser liberada del centro de detención, a finales de
septiembre. “Quería que la niña tuviera una vida mejor”.
En Honduras, los abuelos paternos estaban deshechos. Lazo acusó a Archaga de llevarse a la menor porque
pensó que sería más sencillo ingresar a Estados Unidos con un menor de edad.
Pudieron encontrar a Fernanda al llamar a un teléfono publicitado en la televisión
para contactar a las autoridades estadounidenses, pero pese a todo el papeleo
no saben aún cuándo volverán a ver a su nieta.
“Solo queremos que regrese al país, estamos desesperados”, dijo Lazo. “Es una hermosura y me preocupa que
decidan que la van a dar en adopción. No quiero que nos olvide”.
Unas semanas después de esa conversación con el abuelo, Fernanda estaba en el tribunal en Nueva York. La
jueza le pidió al abogado Medrano que le explicara que sí iba a poder regresar
con su familia.
Fernanda parecía estar asintiendo con la cabeza. “Parece estar satisfecha”, dijo Zagzoug para el
registro del caso.
El trabajador social levantó a la menor de su silla y la llevó, poco a poco, de regreso a donde aún
tendría que esperar un poco más.
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