El muro invisible del Gobierno de Trump contra la
inmigración
La Casa Blanca no ha necesitado comenzar a ampliar el muro en la frontera
con México para poner innumerables trabas a la inmigración y las solicitudes de asilo
Los programas para ayudar a gente que huye de desastres naturales,
violencia y persecución han sido cancelados o ralentizados por obstáculos
burocráticos
Amanda Holpuch- Nueva York
eldiario.es/The Guardian
02 de enero de 2018
Activistas de Border Angels frente al Muro entre México y EEUU. | José Pedro Martínez
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Donald Trump no
ha conseguido ampliar el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, pero su
Administración ha ido erigiendo lentamente un muro invisible que limita la
inmigración a Estados Unidos, según afirman en entrevistas abogados y grupos de
refugiados.
Algunas de estas barreras han recibido bastante atención, como las tres versiones del
veto migratorio a gente procedente de países de mayoría musulmana y la
suspensión de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia DACA por
sus siglas en inglés), un programa de la era de Obama que protegía a los
jóvenes sin papeles criados en Estados Unidos.
La Administración de Trump también ha orquestado un ataque más sutil a la
inmigración que afecta a las poblaciones más vulnerables, como los refugiados,
así como a empresarios poderosos que trabajan en Estados Unidos.
"Creo que, básicamente, esperan que de aquí a cinco años tenga lugar un claro
descenso incluso en el número de gente que quiera venir", dice Sandra
Feist, una abogada especializada en inmigración, a the Guardian. "Creo
que si seguimos así, eso es lo que veremos".
Feist, que ha trabajado en legislación de inmigración durante 16 años y es parte del
comité de defensa y comunicación de la Asociación Americana de Abogados de
Inmigración, dice que una serie de pequeños cambios administrativos han
ralentizado de manera drástica el proceso para obtener un visado.
Trabas burocráticas
Esto incluye cambios como un control mayor para el visado H-1B para profesionales
especializados y un nuevo requisito en forma de entrevista obligatoria para
aquellos que aspiren a un permiso de residencia permanente respaldado por sus
empleadores. Los abogados de inmigración también han percibido un aumento en las dificultades, o solicitudes de
pruebas, por parte de los Servicios Estadounidenses de Ciudadanía e Inmigración
(USCIS por sus siglas en inglés), que supervisan la inmigración.
Cuando Trump fue elegido, Feist anticipó que el Congreso podría modificar la
legislación de inmigración, pero dice que no esperaba trabas en el proceso
administrativo.
"No creo haber esperado que atacaran de manera tan agresiva mi proceso de
inmigración para alguien de alta cualificación", dice Feist. "Tampoco
estaba preparada para la forma en la que usan los procesos administrativos con
tanta habilidad para crear trabas y barreras burocráticas que no necesitaban de
cambio alguno en la ley".
Activistas protestan contra de la eliminación del programa migratorio DACA en los
alrededores de la torre Trump. @COSECHAMOVEMENT
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Una preocupación de los abogados de inmigración es la dirección que ha tomado el
USCIS bajo la dirección de su nueva defensora, Julie Kirchner, que durante 10
años fue directora de la Federación para la Reforma Americana de Inmigración,
un grupo que ha promovido restricciones muy extremas en cuanto a inmigración.
El Grupo de Congresistas Hispanos (CHC por sus siglas en
inglés) pidió su dimisión en mayo. "No creemos que una persona
que ha pasado más de una década atacando a las comunidades de inmigrantes vaya
a trabajar ahora de manera efectiva y con conciencia para promover los
derechos de los inmigrantes y a llevar a cabo las importantes tareas que
requieren este rol", dice el CHC.
El Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa los USCIS, dijo que
no hace comentarios sobre las comunicaciones del Congreso con secretarías.
Contra la inmigración laboral y familiar
Los cambios en los USCIS han afectado a los pilares principales de la inmigración
en Estados Unidos: la basada en el trabajo y en la familia, en la que
ciudadanos o personas en posesión de permisos de residencia permanente
apadrinan la solicitud del permiso de residencia permanente de un familiar.
Trump ha expresado su intención de reemplazar la inmigración con raíces familiares,
denominada por él "migración en cadena", por un sistema de méritos. Trump también ha pedido al Congreso
que ponga fin al programa de lotería de visados, que obsequia 50.000 visados a
personas en proceso de obtener un visado que provienen de países con niveles
bajos de inmigración a Estados Unidos.
"Vamos a acabar pronto con el sistema de lotería y con la migración en cadena. El
Congreso se tiene que involucrar de manera inmediata, y están involucrados de
manera inmediata, y os puedo decir que tiene un apoyo enorme. Se pondrá fin
a eso", dijo Trump en diciembre.
Contra solicitantes de asilo
Mientras tanto, los programas para ayudar a gente que huye de desastres naturales,
violencia y persecución han sido cancelados o ralentizados por las trabas
burocráticas bajo la Administración de Trump.
En julio, grupos de activistas presentaron una demanda que
acusaba al DHS y a la policía de fronteras de poner en peligro a los
solicitantes de asilo en la frontera entre Estados Unidos y México al
amenazarlos, confundirlos o rechazarlos. Las agencias no han emitido
comunicados públicos sobre demandas.
Los altos cargos elegidos por Trump también han cambiado de manera
drástica la forma en la que el gobierno federal habla de asilo, llegando
hasta a sugerir en comunicaciones públicas que el asilo es un vacío legal del
que se abusa continuamente, lo que es una afirmación sin pruebas.
"También tenemos a abogados de inmigración canallas que incitan a sus clientes, que
están viviendo en situación ilegal, a presentar solicitudes de asilo
falsas dándoles las palabras mágicas que necesitan para argumentar que
tienen miedo a volver" (a sus países)", dijo en octubre el fiscal general, Jeff Sessions.
Los USCIS señalan que no tienen datos que muestren un abuso generalizado del sistema
de asilo.
El DACA protegía de la deportación a unos 800.000 jóvenes EFE
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El Departamento de Justicia, que Sessions dirige, envió a the Guardian cinco
comunicados de prensa sobre una noticia de fraude migratorio. Ninguno de estos
casos demuestra un abuso al sistema de asilo, aunque se descubrió que un bosnio
había mentido sobre su participación en la guerra civil del país para obtener estatus de refugiado.
Tres de las tramas de fraude fueron orquestadas por completo o parcialmente por
estadounidenses.
Este año, la Administración también ha ido contra un programa que otorga residencia
temporal a personas afectadas por situaciones como desastres naturales o
conflictos: el Estatus de Protección Temporal (TPS por sus siglas en inglés).
En noviembre se puso fin al TPS de más de 50.000 haitianos y de 5.300 nicaragüenses que tienen que irse antes de
2019 o enfrentarse a ser deportados. El grupo más grande de receptores del TPS,
salvadoreños que huyeron de sus hogares después de que el país fuese arrasado
por terremotos en 2001, están esperando a escuchar que se ha ampliado su
protección antes de que expire en enero.
La Casa Blanca hizo de los refugiados uno de sus objetivos principales una semana después de la toma de posesión de Trump, cuando
emitió una orden ejecutiva bloqueando la entrada de refugiados en la primera
vez que impuso restricciones de viaje. La Casa Blanca en septiembre limitó la
admisión de refugiados en 2018 a 45.000 personas, el cupo más bajo desde que en 1980
los presidentes comenzaron a imponer límites a la admisión de refugiados.
Al contrario que los pequeños cambios administrativos a los procesos de
inmigración llevados a cabo por las agencias federales, la restricción de viaje
fue respondida fácilmente en los tribunales con recursos y declarada
inconstitucional.
Sin embargo, el Tribunal Supremo permitió que la tercera versión de la
restricción de viaje fuese puesta en marcha este mes mientras que se enfrenta a
recursos legales múltiples. Esta versión no bloquea la entrada de refugiados
pero sí impide entrar en Estados Unidos a la mayoría de ciudadanos de Irán,
Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Venezuela y Corea del Norte.
Hans Van de Weerd, vicepresidente de programas estadounidenses en el Comité de
Rescate Internacional (IRC por sus siglas en inglés), señaló que los intentos
de Estados Unidos de restringir la admisión de refugiados muestra a otros
países que es aceptable echar a los refugiados. "Hace mucho mayor el
desafío global de ofrecer protección a los refugiados", dice Van de Weerd
a the Guardian.
Procesos ralentizados
La Administración de Trump también ha suspendido programas de refugiados como el
de Menores de América Central, que permitía a padres con residencia legal en
Estados Unidos a traer a sus hijos menores al país –el IRC calcula que el año
pasado el programo protegió a casi 2.700 personas–. Trabas administrativas como más
trámites y controles de seguridad han añadido una mayor carga a un sistema que
ya era lento, en el que los casos tardaban hasta 200 días en procesarse.
"La reputación del país como un faro de seguridad y de que los valores de la
nación tienen que ver con ofrecer protección a aquellos en
peligro", explica Van de Weerd. "Estados Unidos está perdiendo esa
reputación".
A pesar de la acumulación de ladrillos en este muro virtual, Van de Weerd señala
que mantiene la esperanza porque los intentos de la
Administración han inspirado a actuar a los grupos que ayudan a
inmigrantes y refugiados.
"Hemos visto un interés masivo desde el sector privado para la reubicación y en
donaciones privadas", dice Van de Weerd. "Hemos visto a empresas
manifestarse y decir que quieren dar empleo a gente. Nos ha costado gestionar
la gran afluencia de voluntarios".
Van de Weerd no está seguro de si los esfuerzos y las energías cambiarán la tendencia,
pero le da esperanza mientras que el IRC se prepara para exigir más
reubicaciones y para mejorar la actitud hacia los refugiados en 2018.
"Toda esta situación ha obligado a la gente a dejar claro cuál es su
posición", añade Van der Weerd.
Traducido por Marina Leiva
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