Los migrantes mexicanos y la deportación silenciosa
Rafael Alarcón *
La Jornada
14 de agosto de 2010
Luego del 28 de julio, cuando la juez federal Susan Bolton bloqueó
temporalmente las secciones más controversiales de la llamada ley
Arizona (SB 1070), algunos medios celebraron este hecho como una victoria.
Sin embargo, esta legislación es solamente un pronunciamiento estridente y
rabioso de una operación que sigilosamente está expulsando a miles de
indocumentados, acrecentando el terror en las comunidades mexicanas en Estados
Unidos.
Si bien la juez Bolton, apoyando la demanda del gobierno federal contra el
gobierno de Arizona, bloqueó medidas extremas, como “permitir que la policía
arreste a una persona sin orden de aprehensión cuando hay ‘causa probable’ de
que haya cometido una ofensa pública que pueda resultar en su deportación”, las
fuerzas policíacas federales se desplazan afanosamente por el interior de
Estados Unidos para localizar y deportar a inmigrantes que no tengan
papeles.
La agencia Immigration and Customs Enforcement (ICE) tiene la misión de
aprehender a los indocumentados en el interior de Estados Unidos, a diferencia
de la Patrulla Fronteriza, que lo hace en las fronteras. Ambas agencias
pertenecen al gigantesco Departamento de Seguridad Interna (Department of
Homeland Security-DHS) que fue fundado en respuesta a los ataques del 11 de
septiembre. ICE cuenta con el personal más numeroso del DHS y administra varios
programas que afectan directamente a los migrantes mexicanos.
En primer lugar, gracias a la sección 287(g) de la Ley de Reforma a la
Inmigración Ilegal y la Responsabilidad del Inmigrante de 1996, ICE tiene la
posibilidad de establecer acuerdos con agencias policiales de ciudades y estados
para entrenar a sus oficiales como agentes de inmigración. En este sentido, la
ley Arizona busca adjudicarse algo que el gobierno federal ya permite.
Hasta junio de 2010, ICE había establecido 71 acuerdos con agencias policíacas
en 26 estados, certificando a más de mil 130 agentes. Como resultado de esta
acción, muchos indocumentados han sido deportados por haber cometido faltas de
tránsito, ya que cuando la policía comprueba que los detenidos no tienen
documentos que amparen su estancia los transfiere a ICE.
Bajo el programa de Comunidades Seguras, ICE trata de identificar a los
indocumentados de entre las personas que están purgando penas en las prisiones
para deportarlas a sus países de origen el día de su liberación. Asimismo, por
medio del Programa de Fugitivos persigue a los inmigrantes que se les ha
ordenado salir de Estados Unidos pero no lo han hecho. Entre estos fugitivos hay
muchos padres y madres de familia indocumentados que a pesar de tener una orden
de expulsión no salen del país para seguir al cuidado de sus hijos.
Bajo la administración del presidente Obama, ICE ha hecho una innovación en
las redadas de los lugares de trabajo. Anteriormente, en la presidencia de Bush,
ICE llevaba a cabo operaciones cuasi militares, cercando los lugares de trabajo
para verificar el estatus migratorio de todos los trabajadores. Esto, obviamente
generaba descontento y afectaba la vida normal de ciudadanos estadounidenses y
extranjeros documentados. Actualmente, los agentes de ICE llegan a los centros
laborales y simplemente revisan los documentos de inmigración y los números de
seguro social presentados por los trabajadores, utilizando la base de datos
E-Verify. Posteriormente, notifican a los empleadores que verifiquen los
documentos de los empleados que tienen documentos sospechosos y les advierten
que si no son capaces de presentar documentos legales los despidan.
De acuerdo con el Washington Post del 26 de julio, en 2009 ICE se
encargó de deportar a 387 mil 790 personas de todo el mundo, de las cuales 136
mil 126 (35 por ciento) eran definidas como criminales. ICE estima que en 2010
expulsará del país a unas 400 mil, casi 10 por ciento más que las deportadas en
2008 por el gobierno de Bush. Estas cifras no incluyen las expulsiones que
realiza la Policía Fronteriza. El Instituto Nacional de Migración reporta haber
recibido a 227 mil 233 mexicanos sacados de Estados Unidos entre enero y junio
de 2010.
La administración Obama ha encontrado en las tareas de ICE un argumento
fuerte contra sus críticos, como la gobernadora de Arizona, que acusan al
gobierno federal de no proteger las fronteras de la inmigración ilegal. ICE
argumenta que está protegiendo la seguridad de Estados Unidos porque deporta a
muchos criminales extranjeros. Sin embargo, un reporte reciente de la Oficina
del Inspector General del DHS señala que del total de una muestra de individuos
arrestados o convictos, identificados por medio del programa 287(g), solamente 9
por ciento había cometido delitos graves relacionados con drogas o crímenes
violentos, como asesinatos, violaciones, robos y secuestros. Sin embargo, 47 por
ciento de estas personas no había tenido ninguna participación en delitos
relacionados con violencia, drogas o contra la propiedad. Así, ICE seguirá
deportando a muchos de los criminales que han cometido el delito de intentar
mejorar la calidad de sus vidas y las de sus familias.
*Rafael Alarcón es profesor investigador en El Colegio de la Frontera Norte
en Tijuana.
ralarcon@colef.mx
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