El matrimonio con un ciudadano ya no evita la deportación en Estados Unidos
Vivian Yee
The New York Times.es
22 de junio de 2018
Leandro Arriaga con su esposa, Katherine, y su hija de 15
meses, Jade. Arriaga llegó a Estados Unidos en 2001. Credit Tristan Spinski
para The New York Times |
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La pareja le mostró al funcionario de migración sus pruebas —los ocho años de
fotografías en Facebook, el certificado de nacimiento de su hijo de 5 años, las
cartas de sus parientes y amigos reafirmando su compromiso— y estaban tan
cerca, pensó Karah de Oliveira, de ser una pareja normal.
Trece años después de que su esposo recibiera una orden de deportación a Brasil, su
lugar de nacimiento, el reconocimiento oficial de su matrimonio le permitiría, con unas cuantas firmas, poder decir que es estadounidense. Con
residencia legal, podrían comprar una casa y pedir un préstamo al banco.
Podrían subirse a un avión. Podrían llevar a su hijo a Disneylandia.
Entonces, el funcionario regresó.
“Tengo buenas y malas noticias”, dijo. “La buena noticia es que voy a aprobar tu
solicitud. Claramente, su matrimonio es real. La mala noticia es que el ICE
está aquí, y quiere hablar con ustedes”.
ICE es el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la agencia federal a cargo de
arrestar y deportar inmigrantes que ingresaron de manera ilegal, entre ellos,
por el momento, Fabiano de Oliveira. En un cuarto trasero de la oficina de
migración de Lawrence, Massachussets, dos agentes estaban esperándolo con
esposas. Su esposo se disculpaba, diciéndole que sentía mucho todo lo que
estaba pasando.
Karah de Oliveira le dio un beso de despedida. “Haré todo lo que pueda para sacarte”,
dijo.
Durante décadas, casarse con un ciudadano estadounidense había sido una garantía casi
absoluta de residencia legal, el mayor problema era comprobar que la relación
era real. Sin embargo, con el gobierno de Donald Trump que instiga una
persecución fiera de inmigrantes sin documentos a lo largo del país, muchos de
los que recibieron órdenes de deportación se topan con que sus trabajos, casas
y familias ya no son una defensa, ni siquiera para quienes se casaron con estadounidenses.
Conforme el gobierno de Trump arresta a miles de inmigrantes sin antecedentes penales y
reforma las reglas incluso para inmigrantes legales—un correctivo necesario desde hacía tiempo, según los funcionarios, para las
políticas laxas del pasado— muchos que han vivido sin papeles por años están
buscando de manera urgente el estatus legal a través de un padre, hijo adulto o
cónyuge que ya son ciudadanos o residentes permanentes.
No obstante, en un número de casos cada vez mayor, los inmigrantes con viejas
órdenes de deportación que nunca fueron obligados a irse están recibiendo la
autorización después de una entrevista con los Servicios de Ciudadanía e
Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés), la agencia que administra los
permisos de residencia y la ciudadanía, solo para que ICE los arreste.
“Es como jugar dados en Las Vegas o algo así”, dijo William Joyce, exjuez
migratorio que ahora se dedica a las leyes migratorias en Boston. “No es 100
por ciento seguro, pero estás jugando con fuego si vas a esa entrevista. Podrás
entrar, pero quizá no salgas”.
Fabiano de Oliveira y Karah, su esposa, fueron novios durante ocho años, desde que la
hermana de ella los presentó y comenzaron a trabajar en locales cercanos; él,
en una pizzería y ella en un Dunkin’ Donuts. Tuvieron un hijo tres años
después, pero él espero hasta 2016 para casarse con Karah, nativa de
Massachussets, en parte porque no quería que su familia pensara que él solo
quería la residencia legal.
Después de la boda, todas las cosas que no podían hacer debido a su estatus legal se
volvieron más evidentes: no podían irse de luna de miel porque él no podía
abordar un avión, ni tener una tarjeta de crédito conjunta ni contratar un
seguro de automóvil.
“Lo atraparon porque estaba tratando de hacer lo correcto”, dijo Karah al referirse
al arresto de su esposo el 9 de enero. “Fue como una emboscada”.
Tomó un mes conseguir que su esposo saliera libre. Ella no sabía qué decirle a su
hijo cuando preguntaba por su padre, así que Oliveira le decía que estaba
trabajando en otra ciudad.
Como muchos inmigrantes detenidos así, Fabiano de Oliveira, un pintor de casas, no
tenía antecedentes penales. Para el gobierno de Trump, la otra cosa que tenían
en común era más relevante: una obligación legal, pero hasta ahora sin
cumplimiento, de dejar el país que los había acogido por años, a pesar de que habían establecido sus
vidas y sus familias en Estados Unidos.
Durante los últimos años del gobierno de Barack Obama, las autoridades dejaban en paz a
la gente sin antecedentes penales; en vez de eso, se enfocaban en inmigrantes
que habían llegado recientemente o que habían sido condenados por crímenes serios.
Sin embargo, el gobierno de Trump hace énfasis en que cualquiera que viva en
Estados Unidos de manera ilegal es blanco de deportación, una política que ha
aumentado los arrestos migratorios en más de 40 por ciento desde el inicio de
2017. Aquellos que recibieron órdenes de dejar el país hace años son blancos
fáciles para una agencia con recursos limitados para la puesta en vigor de las
leyes, especialmente si la gente entra a una oficina de inmigración.
Los agentes del ICE que antes permitían que muchos inmigrantes ilegales se quedaran
en el país siempre y cuando se presentaran en sus oficinas de modo regular han
comenzado, durante el último año, a arrestar a esos mismos inmigrantes que
alguna vez tuvieron citas de rutina con las autoridades migratorias. A diferencia de aquellos que no tenían contacto previo
con el sistema de inmigración, quienes ya habían recibido órdenes de
deportación tienen poca, o ninguna, protección contra la deportación inmediata.
La mayoría de los que han sido arrestados por las políticas del gobierno de Trump
tenían posibilidades muy escasas de alcanzar un estatus legal en algún momento,
ya fuera por casarse con un ciudadano o alguna otra medida.
La gente como Fabiano de Oliveira, por otro lado, estaba en el camino correcto.
En años recientes, conseguir un permiso de residencia permanente a través de sus
cónyuges y familiares se había vuelto mucho más fácil para quienes estaban en
el país de manera ilegal. Hasta 2013, los indocumentados tenían que irse de
Estados Unidos y esperar a que terminara su proceso de solicitud desde el
extranjero, en algunos casos hasta por una década, antes de regresar con
permisos de residencia permanente.
El gobierno de Obama creó exenciones para acortar el proceso pero las trabas continuaron: los solicitantes tenían que
pasar por escrutinios y revisiones de seguridad, por ejemplo, para comprobar que
ser deportado le causaría a un ciudadano estadounidense —cónyuge, por ejemplo—
grandes problemas. Una vez que el funcionario de inmigración certificaba que
sus matrimonios eran reales, aquellos con viejas órdenes de deportación podían
pedirle a un juez de migración que las eliminara para que pudieran continuar
con sus solicitudes.
No obstante, ahora es riesgoso presentarse a una entrevista.
“Muchas personas deben tomar una decisión muy complicada entre permanecer en las
sombras sin un estatus migratorio formal” o arriesgarse a ser arrestados, dijo
Genia Blaser, abogada del Immigrant Defense Project, un grupo con sede en Nueva
York que ha estado atendiendo llamadas de inmigrantes preocupados por las
nuevas políticas.
Los abogados de migración en Nueva Inglaterra, en particular, dicen que se ha
registrado un contundente aumento en el número de clientes arrestados durante
las entrevistas matrimoniales en los últimos meses. En el pasado, dijeron, los
funcionarios de USCIS hacían advertencias de rutina a sus contrapartes del ICE
sobre solicitantes con órdenes de deportación antiguas, pero fue a partir de la
presidencia de Donald Trump que los agentes migratorios comenzaron a arrestar a
estas personas durante las entrevistas.
Varios abogados dijeron que ya no podían animar a sus clientes para que asistieran a
sus entrevistas matrimoniales, incluso si no asistir significaba suspender un
proceso que ya había durado meses, si no es que años, y quizá miles de dólares
en honorarios legales y cuotas de solicitud.
“Así que terminas en una situación en la que no vas a la entrevista, no te aprueban tu
petición, así que no hay avance”, dijo Joyce, quien aseguró que durante el año
pasado al menos cinco de sus clientes fueron arrestados a la mitad de su
trámite para solicitar residencia permanente con base en matrimonio, entre
ellos dos que sí fueron deportados.
Un vocero del ICE, John Mohan, dijo que esa oficina siempre ha trabajado con otras
agencias gubernamentales para reunir información con el objetivo de aplicar la
ley.
“ICE no exime a ninguna clase o categoría de extranjeros susceptibles a la
deportación de probables ejecuciones legales”, dijo. “Cualquier individuo que
viole las leyes migratorias podría ser objeto de arresto, detención y
deportación de Estados Unidos”.
Sandra García colaboró en este reportaje.
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