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Revolución #83
edición en des línea
Bush prepara el terreno para la ley marcial
"Paradójicamente, la preservación de la libertad podría dictar que
gobierne un solo líder —un dictador— dispuesto a usar las temidas ‘medidas
extraordinarias’ que pocas personas saben o quieren usar”.
Michael Ledeen, asesor de la Casa Blanca y miembro del
American Enterprise Institute (Instituto de la Empresa Americana),
Machiavelli on Modern Leadership: Why Machiavelli’s Iron Rules Are As Timely
and Important Today as Five Centuries Ago (Maquiavelo y el liderazgo
moderno: Por qué las reglas férreas de Maquiavelo tienen hoy la misma
importancia que hace cinco siglos)
“El general Tommy Franks dice que si nos atacan con un arma de
destrucción masiva que cause muchas bajas, es probable que se suspenda la
Constitución y se cree un gobierno militar”.
NewsMax, 21 de noviembre de 2003
En octubre de 2006, el presidente Bush firmó una ley (la Ley John Warner de
Defensa Nacional del año fiscal 2007) que cambia importantes principios
jurídicos vigentes por 200 años. Esos principios limitaban la autoridad del
gobierno para desplegar las fuerzas armadas en el territorio nacional. La nueva
ley le permite a Bush imponer ley marcial cuando le parezca necesario; en otras
palabras, le permite poner al gobierno civil bajo el mando directo de las
fuerzas armadas.
La sección 1042 de la nueva ley sobre "El uso de las fuerzas armadas en
emergencias públicas" anula otra ley conocida como “posse comitatus”. Esa ley se
instituyó en 1878 como una medida reaccionaria para reforzar la opresión de los
negros. Prohibía el uso de las tropas federales en los estados sureños para
hacer respetar los nuevos derechos adquiridos por los negros al final de la
guerra de Secesión (en la época que se llama la Reconstrucción). Como resultado,
la policía y el Ku Klux Klan (al servicio de los dueños de las plantaciones que
volvieron a tomar el poder político) impusieron un reino de terror contra los
negros e iniciaron el largo período de segregación oficial que se llama "Jim
Crow".
Durante el siglo 20, la ley “posse comitatus” desempeñó un nuevo papel en el
marco de la democracia burguesa: fue una barrera jurídica a la influencia
directa de las fuerzas armadas en la política interna. Fue una especie de
obstáculo a golpes militares y a que el presidente impusiera un gobierno
militar. (Sin embargo, la clase dominante ha podido usar tropas de la Guardia
Nacional en el territorio nacional e incluso tropas regulares en ciertas
situaciones, como cuando los infantes de marina patrullaron Los Ángeles durante
la Rebelión de 1992).
Los cambios a la ley "posse comitatus" son muy serios. Bush modificó las
principales excepciones a la ley "posse comitatus" (descritas en la Ley de
Insurrección de 1807). Antes, un presidente solo podía desplegar las fuerzas
armadas en territorio nacional en casos de insurrección o cuando “una rebelión
contra la autoridad del gobierno hace imposible hacer valer las leyes de Estados
Unidos en un estado o territorio mediante el curso normal de los trámites
judiciales”. La nueva ley dice que el presidente puede mandar tropas en
respuesta a un desastre natural, un brote de enfermedad, un ataque terrorista o
“cualquier situación en que el presidente determine que el nivel de violencia no
permite que las autoridades estatales mantengan el orden público”.
La nueva ley requiere que el presidente notifique al Congreso "tan pronto
como sea práctico y cada 14 días durante el ejercicio de esa autoridad". Pero
Bush, como muchas otras veces, modificó esos requisitos al momento de firmar la
ley. Añadió: "La rama ejecutiva interpretará estas disposiciones conforme a la
autoridad constitucional del presidente de no revelar información que pudiera
perjudicar las relaciones exteriores, la seguridad nacional o las deliberaciones
del ejecutivo". Es decir, ¡Bush dice que ni siquiera tiene que informarle al
Congreso que ha declarado ley marcial!
Cambios del papel de las fuerzas armadas en territorio
nacional
Estos cambios son parte de un proceso, iniciado a raíz del 11 de septiembre
de 2001, de desmantelar las barreras jurídicas a la autoridad irrestricta del
presidente y la rama ejecutiva.
En el 2002, el gobierno creó el Comando Norte, el primer comando militar
encargado del territorio continental desde la guerra de la Secesión.
En el 2005, el Washington Post informó que dicho comando ha
elaborado planes de batalla para imponer ley marcial. Un documento secreto,
CONPLAN 2005, prevé 15 situaciones en que los planes entrarían en vigor.
El gobierno también ha aprovechado desastres naturales, como el huracán
Katrina, para aumentar el papel de las fuerzas armadas. El Washington Post
informó que Karl Rove, asesor de Bush, le ordenó a la gobernadora de
Louisiana explorar las opciones jurídicas para la imposición de la ley marcial
“o la medida que más se le aproxime”.
El espionaje militar contra los ciudadanos estadounidenses, supuestamente
prohibido, ha aumentado en años recientes. En el 2002 se creó
Counterintelligence Field Activity (Actividad de contraespionaje), supuestamente
para evaluar amenazas a bases militares. Sin embargo, un documento secreto de
400 páginas obtenido por el noticiero MSNBC indica que investigó más de 1500
“incidentes sospechosos” durante 10 meses: por ejemplo, una reunión de cuáqueros
para organizar una protesta contra el reclutamiento militar en las prepas y una
protesta antibélica en Los Ángeles.
James Risen, en artículos del New York Times y en su libro State
of War: The Secret History of the CIA and the Bush Administration (Estado
de guerra: La historia secreta de la CIA y el gobierno de Bush), sacó a flote
que la Agencia Nacional de Seguridad, bajo el mando del Departamento de Defensa,
ha llevado a cabo una enorme campaña de espionaje ilegal a ciudadanos
estadounidenses con intervención de teléfonos y monitoreo de archivos
financieros y bancarios, y de la internet (ver Revolución # 35, “Espías, mentiras, matones y
tortura”).
En el 2006, se instituyó la Ley de Comisiones Militares que, además de
legalizar la tortura, permite al presidente y a los tribunales militares
declarar que cualquier persona es combatiente enemigo y negarle derechos civiles
básicos como el hábeas corpus.
Hay planes para la construcción de enormes centros de detención. El servicio
noticioso Pacific News Service informó que a principios del 2006, el
Departamento de Seguridad de la Patria le dio a la compañía Kellogg Brown and
Root (KBR) un contrato de 385 millones de dólares para construir centros de
detención y procesamiento que se usarán “en caso de una afluencia de emergencia
de migrantes a Estados Unidos o para apoyar el desarrollo rápido de nuevos
programas”.
¿Llegarán a tal extremo?
Los preparativos del gobierno de Bush para imponer ley marcial son parte de
un programa extremo. Este gobierno se ha propuesto crear un imperio mundial
indiscutible e indisputable, y ha iniciado una guerra sin fin con ese objetivo.
Junto con esto, quiere reestructurar las relaciones sociales en este país y
eliminar muchas de las instituciones sociales y económicas que lo han
caracterizado desde la II Guerra Mundial. Con un programa tan extremo, toma muy
en serio la posibilidad de sacudones, cambios y resistencia, y está preparando
medidas muy extremas para contrarrestarlos.
El 27 de febrero de 1933, se incendió el Reichstag (edificio del parlamento)
en Alemania. Al día siguiente, Hitler y el ministro del Interior, Hermann
Goring, prepararon el Decreto del Incendio del Reichstag, que suspendió los
derechos civiles y le dio al gobierno central poder absoluto. Se promulgó unos
días después, y fue MUCHO más difícil oponerle resistencia a Hitler.
Hoy en Estados Unidos, se están preparando medidas extremas muy parecidas al
Decreto del Incendio del Reichstag y, por eso, urge librar una lucha resuelta
para sacar del poder al gobierno de Bush y dar marcha atrás a este rumbo
peligroso.
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