La confusa maquinaria bélica
Chelsea Manning
The New York Times
16 de junio de 2104
Fort Leavenworth, Kansas— Cuando en el 2010 decidí dar a conocer información clasificada, lo hice por amor a mi país y
sentido del deber hacia los demás. Ahora estoy purgando una sentencia de 35 años
de cárcel por dichas revelaciones sin autorizar. Comprendo que mis actos hayan
violado la ley.
Sin embargo, las inquietudes que me motivaron no se han
resuelto. Mientras estalla la guerra civil en Irak y Estados Unidos vuelve a
contemplar intervenir, esos asuntos sin concluir deben dar urgencia renovada a
la pregunta sobre cómo controlaron las fuerzas militares estadounidenses la
cobertura mediática relativa a su prolongada participación en dicho país y en
Afganistán. Creo que los actuales límites a la libertad de prensa y el excesivo
hermetismo gubernamental hacen imposible que los estadounidenses capten en su
totalidad lo que está ocurriendo en las guerras que financiamos.
Si usted siguió las noticias durante las elecciones iraquíes de marzo del 2010, quizá
recuerde que la prensa estadounidenses estaba inundada con notas declarando un
éxito las elecciones, con todo y optimistas anécdotas y fotografías de mujeres
iraquíes mostrando orgullosamente sus dedos manchados de tinta. Entre líneas se
leía que los operativos militares de Estados Unidos habían tenido éxito al crear
un Irak estable y demócrata.
Quienes nos hallábamos destacados allá
estábamos muy conscientes sobre una realidad más complicada.
Los reportes militares y diplomáticos que llegaban a mi escritorio describían con pormenores
las brutales medidas represivas que el Ministro del Interior y la policía
federal iraquíes tomaban contra los disidentes políticos en nombre del primer
ministro Nuri Kamal al-Maliki. Con frecuencia los detenidos eran torturados,
incluso asesinados.
A principios de ese año, recibí órdenes de investigar a 15 personas a quienes la policía federal había arrestado por sospechas de
imprimir “impresos anti-iraquíes”. Tuve conocimiento de que dichos individuos no
tenían ningún vínculo con el terrorismo; estaban publicando una crítica
académica acerca de la administración de Maliki. Remití este hallazgo oficial al
mando en el oriente de Bagdad, El cual respondió que no necesitaba la
información; en cambio, yo debería colaborar con la Policía federal para
localizar más imprentas “anti-iraquíes”.
Me conmocionó la complicidad de nuestras fuerzas militares en la corrupción de dichas elecciones. Pero la prensa
estadounidense no se daba cuenta de estos detalles tan inquietantes.
No era la primera (ni la última) vez que sentí la obligación a cuestionar la manera
en la cual llevábamos a cabo nuestra misión en Irak. Una de mis funciones
regulares era describir, para el informe sobre asuntos públicos que el comando
en el oriente de Bagdad leía, en un solo enunciado cada tema abarcado,
completando nuestro análisis con inteligencia local.
Entre más comparaciones diarias hacía entre las noticias que se daban a conocer en Estados
Unidos y los reportes militares y diplomáticos que yo tenía disponibles como
analista, más consciente estaba en torno a la disparidad. En contraste con los
informes sólidos y matizados que creábamos en tierra, las noticias que llegaban
al público estaban inundadas de especulaciones vagas y
simplificaciones.
Una de las claves de dicha disyunción estaba en los
reportes de asuntos públicos. Cerca de la parte superior de cada informe
aparecía el número de periodistas presentes asignados a las unidades militares
estadounidenses en cada zona de combate. Durante el tiempo que permanecí en la
misión de Irak, nunca vi que ese número rebasara los 12. En otras palabras, en
todo Irak, país con 31 millones de habitantes y 117 mil soldados
estadounidenses, no había más de una docenas de periodistas estadounidenses
cubriendo las operaciones militares.
El proceso de limitar a la prensa el acceso a un conflicto empieza cuando un reportero solicita viajar con unidades
militares en zonas de combate. Los oficiales de asuntos públicos examinan
minuciosamente a todos los reporteros. El sistema dista de ser imparcial. No
sorprende que los reporteros que han establecido relaciones con las fuerzas
militares tengan más probabilidades de obtener acceso.
Lo que se conoce menos es el hecho de que también se da preferencia a los periodistas a quienes
los contratistas militares consideren con mayores probabilidades de generar
cobertura “favorable”, en base a trabajos anteriores. La evaluación por
“outsourcing” sobre lo favorable que cada solicitante es se emplea para
descartar a quienes se crea puedan llegar a producir cobertura crítica.
A los reporteros que conseguían estatus de “asignados” en Irak luego se les
solicitaba firmar un acuerdo en referencia a las “reglas en tierra” para los
medios. Funcionarios de asuntos públicos del Ejército decían que lo anterior
tenía el propósito de proteger la seguridad en los operativos, pero también les
permitía suspender sin apelación el permiso del reportero. Ha habido
numerosas instancias de reporteros a quienes se les quitó el acceso tras algún
reportaje polémico. En el 2010, al fallecido reportero de Rolling Stone Michael
Hastings se le retiró el acceso tras reportar las críticas que el general
Stanley A. McChrystal y su personal en Afganistán hacían al gobierno de Obama.
Un portavoz del Pentágono dijo, “la asignación es un privilegio, no un
derecho”. Si se termina el acceso de algún reportero, por lo general se
coloca al periodista en la lista negra. En el 2013 este programa de acceso
limitado de la prensa fue impugnado en los juzgados por un reportero
independiente, Wayne Anderson, quien aseguró haber acatado su acuerdo pero que
fue suspendido cuando publicó reportes adversos acerca del conflicto en
Afganistán. El fallo del presente caso ratificó la postura militar de que no
existía ningún derecho protegido por la Constitución para ser periodista
asignado. El programa de reporteros asignados, el cual continúa en
Afganistán y dondequiera que Estados Unidos envíe tropas, está profundamente
influenciado por la experiencia militar acerca de cómo modificó la cobertura
mediática la opinión pública durante la Guerra de Vietnam. Los supervisores de
asuntos públicos poseen demasiado poder: por lo general los reporteros temen que
se les suspenda su acceso, por lo cual tienden a evitar notas polémicas capaces
de ponerles alerta roja. El programa existente obliga a los periodistas a
competir uno contra el otro por “acceso especial” a cuestiones vitales de
política extranjera y de interior. A menudo, lo anterior da pie a notas alabando
a los encargados de alto nivel de tomar decisiones. Una de las consecuencias es
que se destruye el acceso del público estadounidense a los hechos, lo cual lo
deja sin medio alguno para evaluar la conducta de los funcionarios
nacionales. Los periodistas tienen una importante función al hacer un
llamado a reformar el sistema para viajar con las unidades militares. No debe
ser factor lo favorable que haya sido el trabajo previo de algún periodista. La
transparencia, garantizada por un cuerpo rector que no se encuentre bajo control
de los funcionarios de asuntos públicos, debe regir el proceso para dar acceso.
Un panel independiente conformado con militares, excombatientes, civiles del
Pentágono y periodistas podría equilibrar le necesidad pública de información
con la necesidad de las fuerzas militares de seguridad operativa.
Los reporteros deben contar con acceso oportuno a la información. Las fuerzas
militares pueden hacer mucho más por facilitar la rápida desclasificación de
información que no ponga en peligro las misiones militares. Por ejemplo, los
Reportes sobre Actividad Significativa de las fuerzas militares proporcionan
rápidos resúmenes de eventos como ataques y bajas. A menudo clasificados
automáticamente, podrían ayudar a los periodistas a informar en forma precisa
los hechos.
Los sondeos de opinión indican que la confianza de los
estadounidenses en sus representantes electos ha descendido a niveles
históricos. Mejorar el acceso de la prensa a este crucial aspecto de nuestra
vida nacional —donde Estados Unidos ha enviado a hombres y mujeres de sus
fuerzas armadas— representaría un potente paso hacia el restablecimiento de la
confianza entre electores y funcionarios.
*Ex analista de inteligencia del Ejército de
Estados Unidos
Fuente: http://diario.mx/Opinion_El_Paso/2014-06-15_f5f5ef29/la-confusa-maquinaria-belica
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