Atajos: La militarización de los derechos humanos
Chase Madar (London Review of Books)
24 de junio de 2015
Harold Koh es el ex decano de la Facultad de
Derecho de Yale y un experto en derechos humanos. Como principal abogado del Departamento de Estado entre 2009 y
2013 proporcionó a la administración Obama la base jurídica para los asesinatos llevados a cabo con drones. Y a
pesar de haber escrito trabajos académicos que respaldan una enérgica y restrictiva
War Powers Act (Ley de poderes de
guerra), defendieron el derecho de la administración Obama a hacer la guerra contra Libia sin molestarse en
obtener la aprobación del Congreso. Koh, que ahora ha vuelto a la enseñanza delas normas de derechos humanos,
no es el único que recurre a los derechos humanos para defender el uso de violencia letal. De hecho, la
militarización de los derechos humanos -sus doctrinas, sus instituciones y, sobre todo, su nobleza -ha estado sucediendo
en los EE.UU. durante más de una década.
O el caso de Samantha Power, embajadora
de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, ex directora del Centro Carr de
Políticas de Derechos Humanos de Harvard y que se describe a sí misma como
"genocide chick" (chica de los genocidios), que
defendió la guerra en Libia y Siria, y abogó por nuevas maneras de torcer el
brazo de los aliados de Estados Unidos proporcionando más tropas para la guerra
que Obama intensificó sin éxito en Afganistán. Este último argumento no tuvo
éxito en 2012, aunque insistió en él de nuevo recientemente al ser entrevistada
en Charlie Rose. O el de Sarah Sewall, otra ex
directora del Centro Carr, que fue la responsable de la parte sobre derechos
humanos cuando sé reelaboró el US Army and Marine Corps Counterinsurgency
Field Manual (Manual de campo contra la contrainsurgencia del ejército y la marina de EE.UU.) O Michael Posner,
el fundador de Human Rights First, ahora profesor de negocios en la Universidad
de Nueva York, quien, como secretario de Estado adjunto para
la democracia, los derechos humanos y el trabajo en el primer mandato de Obama, ayudó a
enterrar el Informe
Goldstone, encargado por las Naciones Unidas para investigar las atrocidades cometidas durantela ofensiva de
Israel contra Gaza de 2008-2009. O John Prendergast,
un ex investigador de Human Rights Watch y co-fundador de Enough, un grupo
anti-genocidio asociado al Centre
for American Progress (Centro para el Progreso Estadounidense), que ha
pedido una intervención militar para derrocar a Robert Mugabe.
Y no son sólo los estadounidenses: Michael Ignatieff apoyó fervientemente la invasión de Irak e nombre de los
valores humanitarios. El inevitable Bernard-Henri Lévy fue de los primeros en
exigir que la OTAN fuera a la guerra contra Gadafi. (se ha "pasado" a otras causas
ahora que Libia está caos.)
Organizaciones de derechos humanos también han seguido la misma línea. Aunque la
política de Human Rights Watch es no hacer comentarios sobre cuestiones de jus ad bellum -si debería o no irse
a la guerra- en 2011 la resolución de la ONU que autoriza ba el uso de la fuerza militar en Libia
fue recibida calurosamente por el director ejecutivo del grupo e importante cabildero
en Washington. Apenas unos días que comenzaran los ataques aéreos contra el gobierno de Gadafi, una
investigadora de Human Rights Watch llamada Corinne
Dufka pidió "nada menos que el tipo de acción
unificada y decisiva que el Consejo de Seguridad de la ONU ha llevado a cabo en Libia sea también usada en
Costa de Marfil" en un artículo publicado en Foreign Policy. Amnistía Internacional ha
respaldado constantemente las operaciones militares estadounidenses en Afganistán, que parecían considerar un
programa del Cuerpo de Paz con los soldados adscritos.
Algunas de las personas implicadas en la defensa los derechos humanos están
convencidas de que están haciendo la guerra menos desagradable, más humana. Esto es lo que argumentan los
defensores de Koh: que trabaja para frenar y civilizar la fuerza letal. Pero también se
podría argumentar que Koh legitima actos de violencia militar usando los derechos humanos
como una pura fachada. De acuerdo a una información del periodista Daniel
Klaidman que pudo conocer desde dentro la política de drones de la Casa Blanca,
"Koh comenzó a cabildear con la secretaria Clinton y la Casa Blanca para que
le dejaran dar un discurso en defensa de los asesinatos selectivos... La Casa Blanca llegó
a considerar como algo positivo convertirlo en el rostro público inesperado del programa de
drones de la CIA. Sería una acción por sorpresa: daría al presidente cobertura antes las
críticas de la comunidad de derechos humanos y los aliados de Estados Unidos. A los militares
y la CIA también les encantó la idea. A sus espaldas llamaban al abogado del Departamento de
Estado 'Killer Koh' (Koh el asesino). Algunos de los agentes incluso hablaron de imprimir camisetas
que dijeran: 'Drones: Si son lo suficientemente buenos para Harold Koh, son lo
suficientemente buenos para mí."
Koh pasó recientemente un tiempo como profesor visitante en la Escuela de Derecho de la
Universidad de Nueva York, donde esta primavera un grupo de estudiantes escribió una
carta abierta poniendo en duda su aptitud para enseñar los derechos humanos. Los
defensores de Koh inmediatamente respondieron con su propia carta firmada por decenas
de estudiosos del derecho, incluyendo un gran número de luminarias progresistas como Thomas Buergenthal, David Cole y Burt Neuborne. Otras figuras más derechistas
que avalan a Koh incluyen a William Taft, abogado principal del Departamento de Estado en 2003, que
proporcionó a la administración Bush-Cheney su justificación legal para la invasión de Irak, y John Yoo, el abogado de Bush-Cheney, que autorizó
el uso de la tortura, y está ahora de vuelta enseñando derecho en Berkeley. Incluso los que se podría
haber esperado que criticaran a Koh han dicho poco en su contra. El profesor de derecho de la Universidad
de Nueva York Philip Alston, ex relator especial
de la ONU para ejecuciones extrajudiciales, quien cuestionó legalidad de los ataques aéreos de Estados
Unidos, lo ha elogiado como una maravillosa opción para la enseñanza de los derechos humanos.
Cuando el movimiento moderno de derechos humanos se puso en marcha en la década de 1970, nadie
esperaba que se convirtiera en parte de un frente contra la guerra. De hecho, el predecesor de
Human Rights Watch, Helsinki Watch, fue financiado por una subvención de la Fundación Ford, entonces
dirigido por McGeorge Bundy, un destacado
arquitecto de la guerra de Vietnam. Pero también es cierto que nadie esperaba que la industria de
los derechos humanos aprobara de manera tan a crítica el militarismo de Washington. Una cosa es que
John McCain critique a Obama por no enfrentarse lo suficiente a Rusia. Pero es un poco chocante escuchar
a Suzanne Nossel, la ex jefa de la rama de
Amnistía Internacional Estados Unidos, criticar a Obama por "reiterar que las opciones militares
están fuera de la mesa" para hacer frente a la crisis de Ucrania. Figuras históricas en el mundo
de los derechos humanos, dentro y fuera del gobierno, han sido menos escépticas sobre los beneficios humanitarios del
asesinato y la guerra de contrainsurgencia que muchas figuras militares.
Muchos abogados humanitarios parecen haberse convencido a sí mismos de que la guerra puede llevarse a cabo con
precisión clínica gracias a los avances tanto en la tecnología militar como en
las leyes que rigen la forma en que debe hacerse la guerra -jus in bello. Pero las
cifras de víctimas y las consecuencias de las guerras recientes indican lo
contrario, y parece que la función real del jus in bello no es tanto una restricción de
la fuerza letal como una licencia y un lubricante. Las violaciones sirias de las leyes de guerra en relación con las armas químicas,
incluso sirvieron, según Samantha Power y otros guerreros humanitarios, como un
caso legítimo para la guerra, una indicación de que el jus in bello se ha
tragado a todo jus ad bellum. En lugar
de discutir alternativas que puedan no implicar la fuerza militar, los abogados
humanitarios estadounidenses discuten sobre el grado adecuado de transparencia
y el procedimiento legal para la violencia letal. Esas cuestiones no son insignificantes,
pero son secundarias a las consideraciones de la prudencia y de la moral, cuestiones de
primer orden que los enfoques legalistas de la guerra oscurecen.
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