Los asesinos extrajudiciales de Obama
Nat Hentoff Northwest Herald/IC 25 de noviembre de 2009
Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
En “Capture or Kill? Lawyers eye options for terrorists” [¿Capturar o matar?
Abogados estudian opciones para terroristas] (National Public Radio, 11
de octubre), el perspicaz reportero de investigación Ari Shapiro dijo: “Muchos
expertos en seguridad nacional entrevistados para este artículo están de acuerdo
en que se ha hecho tan difícil detener a los sujetos que en muchos casos el
gobierno de EEUU los está matando en lugar de tratar de hacerlo”.
Como informé anteriormente, los ataques secretos de la CIA con drones
Predator contra presuntos terroristas en Pakistán ya están haciendo precisamente
eso. Pero, escribió Jane Mayer en “The Predator War” (The New Yorker, 26
de octubre):
“La utilización del programa Predator se ha llevado a cabo con muy poca
discusión pública".
“Por eso estoy escribiendo esta serie.” Mayer sigue diciendo: “(sin embargo)
representa un uso radicalmente nuevo y geográficamente ilimitado de fuerza letal
sancionada por el Estado. Y, debido al secreto del programa de la CIA, no se ha
establecido ningún sistema visible de rendición de cuentas, a pesar de que la
agencia ha matado con armas nucleares a numerosos civiles, en un país
políticamente frágil, con el cual EEUU no está en guerra.”
Hago una corrección esencial a su valioso artículo. Esos asesinatos oficiales
selectivos de EEUU no son nuevos. Si algún día se reanudan las clases de
historia en las escuelas públicas de EEUU, es importante –ya que el terrorismo
global no tiene un fin discernible– que los estudiantes sepan y discutan si
nuestra historia de asesinatos extrajudiciales acompañados de las muertes de
inocentes civiles, es una guerra con valores estadounidenses y nuestras normas
jurídicas.
En 1977, una orden ejecutiva del presidente Gerald Ford ordenó que “ningún
empleado del gobierno de EE.UU. participará o conspirará para participar en
asesinatos políticos.”
En 1981, actuando según su propia orden ejecutiva, el presidente Ronald
Reagan ordenó: “Ninguna persona empleada o que actúe por cuenta del gobierno de
EE.UU. participará o conspirará para participar en asesinatos.” Antes de Reagan,
el presidente Jimmy Carter había ampliado la orden de Gerald Ford para que
incluyera todos los asesinatos.
Luego, sobre la base de un memorando legal confidencial que dio autoridad al
presidente Bill Clinton para soslayar esas tres prohibiciones presidenciales
previas de asesinatos selectivos, el presidente George W. Bush —según se informa
en “Bush at War” de Bob Woodward– emitió un “Memorando de notificación” el 17 de
septiembre de 2001.
La orden ejecutiva de Bush “autorizó a la CIA”, informó Woodward, “a operar
libre y plenamente en Afganistán con sus propios equipos paramilitares” –y
perseguir a al Qaeda “a escala mundial, utilizando acción clandestina letal para
mantener oculto el papel de EE.UU.” Tal como ha continuado ahora con otros
legados de Bush-Cheney, el presidente Obama, como informé previamente, ha
permitido que la CIA opere libre y plenamente, con sus horripilantes drones
Predator sin piloto en Pakistán y Afganistán.
Respecto a Afganistán, Associated Press (7 de noviembre) informó de
que “Aunque la ONU dice que la mayoría de las víctimas civiles han caído a manos
de ‘militantes’ –¿por qué no dice AP las cosas como son, terroristas?–
“las muertes de hombres, mujeres y niños en ataques aéreos de la OTAN han
aumentado las tensiones entre el gobierno de Karzai y la coalición dirigida por
EE.UU.”
De nuevo, digamos directamente que EE.UU. está muy involucrado en los ataques
aéreos de la OTAN –aparte de los drones– que asesinan a niños, mujeres y hombres
que ni siquiera eran sospechosos de ser ‘militantes’.
Tal como “The Predator War” de Mayer tuvo poca repercusión en la prensa, lo
mismo ha ocurrido con las revelaciones de Craig Whitlock en Washington
Post sobre los asesinatos extrajudiciales autorizados por Obama no de
presuntos terroristas sino de traficantes de opio en Afganistán (“Afghans oppose
U.S. hit list of drug traffickers,” 23 de octubre).
Sin ningún sistema de rendición de cuentas ante los tribunales o el Congreso
de EE.UU., “los militares de EE.UU.,” escribe Whitlock, “y funcionarios de la
OTAN han autorizado a sus fuerzas a matar o capturar a individuos de la lista
que fue redactada el año pasado como parte de la nueva estrategia de la OTAN
para combatir las operaciones de la droga que financian a los talibanes.”
¿Qué hay de malo en eso –aparte de la separación de poderes de nuestra
Constitución? Como subraya Whitlock– existe “una feroz oposición de funcionarios
afganos, que dicen que podría debilitar su frágil sistema judicial y provocar
una reacción contra las tropas extranjeras.”
Los familiares supervivientes de los no terroristas, mujeres y niños a los
que no querían matar pero mataron al utilizar esa lista de sentenciados, están
profundamente encolerizados por esta operación letal de las fuerzas extranjeras,
incluidas las de EE.UU.
El ministro adjunto de exteriores de Afganistán para operaciones contra los
narcóticos, general Mohammad Daud Daud, dice que agradece esta ayuda de la OTAN
y EE.UU. en “la destrucción de laboratorios de la droga y escondites de opio,”
pero respecto a esos asesinatos, añade que no se informa a los responsables
afganos de los nombres de la lista de sentenciados.
Dice Daud: “Deberían respetar nuestras leyes, nuestra constitución y nuestras
normas jurídicas. Tenemos un compromiso de arrestar a esa gente por nuestra
propia cuenta.” Nota: arrestar, no matar instantáneamente.
Pero esos aliados de Afganistán no respetan sus propias leyes y normas
jurídicas. El 12 de septiembre de 2001, George W. Bush prometió al mundo: “No
permitiremos que este enemigo gane la guerra cambiando nuestro modo de vida o
restringiendo nuestras libertades. ¿Pero no hemos cambiado nuestra Constitución?
¿No sabéis que hay una guerra?
………
Nat Hentoff es una autoridad renombrada sobre la Primera Enmienda y
la Declaración de Derechos. Es miembro del Comité de Reporteros por la Libertad
de la Prensa, y del Cato Institute, del que es socio sénior.
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Fuente: http://www.informationclearinghouse.info/article24031.htm
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