Leyes antiaborto en El Salvador:
¿Deberían preocupar a EEUU?
Por LUIS ANDRÉS HENAO y JESSIE WARDARSK I Junio 10, 2022
De izq. a der. Imelda, Cinthia Rodriguez y Karen posan para una foto en
San Salvador el 17 de mayo del 2022. Las tres estuvieron presas bajo sospecha
haber abortado, lo que es ilegal en El Salvador. Son tres de las 65 mujeres que
recuperaron su libertad gracias a las gestiones de la organización Grupo de
Ciudadanas por la Despenalización del Aborto. (AP Photo/Jessie Wardarski)
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SAN SALVADOR (AP) — Teodora del Carmen Vásquez estaba en el noveno mes
de embarazo y trabajaba en la cafetería de una escuela cuando sintió intensos
dolores en la espalda, como si la hubiesen golpeado con un martillo. Llamó
siete veces al 911 antes de desmayarse en un baño cubierta de sangre.
La pesadilla que siguió puede ser algo común en El Salvador, un país
muy católico en el que el aborto está prohibido en cualquier circunstancia y
aun las mujeres que pierden bebés por abortos espontáneos o dan a luz niños
muertos a veces son acusadas de matar a sus hijos y condenadas a años, incluso
décadas, de cárcel.
Cuando Vásquez recuperó el conocimiento, había perdido el feto. En
lugar de una ambulancia, la policía la montó en la parte trasera de una pickup
y la llevó a una comisaría bajo la lluvia. Fue detenida bajo sospecha de haber
violado las leyes que prohíben el aborto, que son de las más estrictas del
mundo. Temerosas de que pudiese morir, las autoridades finalmente la llevaron a
un hospital, donde la encadenaron del pie izquierdo a una camilla. Fue juzgada,
condenada y sentenciada a 30 años de cárcel por homicidio agravado.
“Esta es la realidad que vivimos. Y esta situación no la viví solo
yo”, expresó Vásquez, quien pasó diez años en la cárcel por lo que ella
describe como una mortinata. “Si llega a la cárcel una mujer que la acusan de
haber abortado, es como que llegó lo más malo, lo más sin corazón que puede
llegar a un lugar”.
“Desde el momento que salimos embarazadas nos convertimos en
incubadoras”, agregó Vásquez, quien fue excarcelada en el 2018, luego de que se
le conmutase la pena. “Perdemos nuestros derechos. La única posibilidad que tenemos
de vida es que tenemos que cuidar al producto que llevamos dentro. Yo creo que
esta es una violencia en contra de nosotras”.
Activistas a favor del derecho al aborto dicen que la ley ha dado paso
a numerosas violaciones de los derechos humanos y debería servir como
advertencia a lo que puede suceder en Estados Unidos, donde se espera que más
de 20 estados prohíban el aborto si la Corte Suprema anula en las próximas
semanas un fallo de 1973, el de Roe v. Wade, que legalizó el aborto.
Algunos estados podrían conservar excepciones para casos como
violación o incesto, pero es posible que otros no contemplen exención alguna
mientras no corra peligro la vida de la madre. Esto implicaría que las víctimas
de violación podrían verse obligadas a tener el hijo y las emergencias
obstétricas podrían ser consideradas abortos intencionales, de acuerdo con
Catalina Martínez Coral, directora de la rama latinoamericana y del Caribe del
Centro de Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York.
“Hay 12 estados que estarían dispuetos a penalizarlo totalmente. En
esos estados donde empiece a regir una penalización total, se podrían vivir
contextos similares a los que se viven en El Salvador”, indicó Martínez Coral.
Algunas figuras prominentes contrarias al aborto en los Estados Unidos
dicen que están en contra de que se lleve a los tribunales a las mujeres que
abortan, pero hay quienes piensan distinto. Legisladores de Luisiana, por
ejemplo, promovieron sin éxito este año una ley que hubiera hecho posibles esos
procesos. Y Tom Ascol, fuerte aspirante a la presidencia de la Convención de
Bautistas del Sur, propone que los abortos sean considerados homicidios.
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Las mujeres solían tener la posibilidad de someterse a abortos si sus
vidas corrían peligro, el feto tenía severas deformidades incompatibles con la
vida o habían sido violadas en El Salvador, nación de 6,5 millones de
habitantes sobre la costa del Pacífico de América Central.
Eso se acabó a fines de la década de 1990, en que se aprobó una ley
impulsada por los sectores contrarios al aborto y la Iglesia Católica, seguido
por una enmienda a la constitución que reconoce como persona humana a todo ser
humano desde el instante de la concepción.
Hoy El Salvador es uno de solo cuatro países del hemisferio occidental
que prohíben toda forma de aborto -- pero sobresale por el celo con que juzga
estos casos. Si bien los abortos conllevan penas de dos a ocho años de cárcel,
decenas de mujeres como Vásquez han sido condenadas por homicidio con
agravantes, castigables con hasta 30 años o más.
En total, se enjuició en El Salvador a al menos 181 mujeres que
tuvieron emergencias obstétricas en las dos últimas décadas, según la
organización sin fines de lucro Agrupación Ciudadana Por la Despenalización del
Aborto, que busca la liberación de estas mujeres desde el 2009. Al menos 65
mujeres fueron excarceladas con la ayuda de esta organización y sus aliados.
“En todas partes se entiende que en una pérdida del embarazo por
razones naturales, espontánea, no está metida la voluntad de la mujer”, dijo
Morena Herrera, la directora de esa organización sin fines de lucro. “Aquí se
castiga eso”.
El Salvador espera que médicos y enfermeras denuncien posibles abortos
o se expongan a ser juzgados. Por ello las mujeres que se presentan en
hospitales tras perder bebés o luego de haberse sometido a abortos fallidos son
a veces denunciadas a las autoridades.
La gran mayoría de las mujeres juzgadas y castigadas son jóvenes
pobres que no tienen acceso a servicios médicos y no pueden costear un viaje al
exterior para someterse a un aborto ni pagar por buenos abogados si son
juzgadas. A veces son víctimas de violaciones en un país con una alta
incidencia de esos delitos.
Una de estas mujeres, Imelda, fue violada en reiteradas ocasiones
entre los ocho y los 18 años por la pareja de su madre y quedó embarazada. En
el 2017 dio a luz inesperadamente a un bebé en una letrina y perdió el
conocimiento. El niño sobrevivió, pero ella fue acusada de intento de asesinato
debido a las circunstancias del parto.
Fue liberada en el 2018, después de que una corte fallo que no había
tratado de matar a su bebé.
Imelda cree que no se debe obligar a una mujer a dar a luz un bebé
producto de una violación.
Desde que fue liberada ha estado estudiando para ser enfermera y
espera dar un ejemplo acerca de cómo tratar a estas pacientes.
“Una niña qué va a querer ser mamá. Es inocente”, dijo Imelda. “Esas
niñas de diez años que son violadas, lo que quieren es jugar, estudiar. Yo
siempre he querido estudiar, no ser mamá”.
La Associated Press generalmente no identifica a las personas que han
sido agredidas sexualmente. Alude a Imelda solo con su nombre de pila.
Otra mujer, Karen, tenía 21 años y estaba embarazada cuando se desmayó
en la casa de su abuela, donde estaba sola. Se despertó esposada a la camilla
de un hospital y perdió el bebé. Un interrogatorio policial dio paso a una
acusación de homicidio agravado y a una condena a 30 años de prisión en el 2015.
“Me decían que era una asesina y que iba a pagar por lo que había
hecho”, afirmó Karen. ”Que me iba a podrir en la cárcel”.
En la cárcel, otras mujeres presas le dijeron a Karen que no merecía
vivir. Se pasó años encerrada, pensando en su hijo y convencida de su
inocencia. Fue liberada en diciembre.
Igual que otras mujeres entrevistadas por la AP, Karen contó su
historia y admitió ser fotografiada con la condición de que no se diese a
conocer su nombre completo para preservar su privacidad y por temor a
represalias y a ser estigmatizada.
Hoy Karen trata de recuperar el tiempo perdido jugando al fútbol con
su hijo de 14 años y cocinando sus platos preferidos, como frijoles refritos y
plátanos fritos. Mantiene su fe católica, aunque se siente desencantada con
algunas posturas de la iglesia, incluida su oposición al aborto.
“Para ellos, nosotras deberíamos de seguir pagando una condena por el
delito que nosotros hemos cometido, según la sociedad y la iglesia”, dijo Karen.
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La Iglesia Católica y una creciente cantidad de iglesias evangélicas
tienen mucha influencia en este país abrumadoramente cristiano, en el que
algunos legisladores citaron las Escrituras el año pasado al votar a favor de
que se mantuviese la prohibición del aborto.
En su oficina en la Asamblea Legislativa, el legislador Guillermo
Gallegos tiene lo que describe como su altar: Una mesita de madera con una
Biblia abierta; imágenes de Jesús que consiguió en un viaje a Rusia; una
botella de plástico con agua bendecida por el papa Francisco durante una visita
al Vaticano; una estatua de la Virgen María y otra de plata de Moisés sosteniendo
los Diez Mandamientos. En una entrevista, Gallegos dijo que permitir el aborto
iría en contra de las creencias de la gran mayoría de los salvadoreños.
“No hay ninguna causa valedera para que el aborto se pueda
despenalizar en el país”, manifestó Gallegos. “Hay movimientos fuertes en el
país a favor del aborto por algunas causas, pero afortunadamente esos no han
logrado prosperar aquí en el Parlamento, donde se tendría que tomar la decisión”.
Aprobar el aborto, acotó, “iría contra nuestra fe”.
El Vaticano se opone firmemente al aborto y eso no ha cambiado con
Francisco, quien en el 2019 preguntó, “¿está bien contratar un sicario para
resolver un problema?”.
Después de celebrar una misa una mañana reciente en la iglesia San
Francisco de Asís de la capital salvadoreña, el cardenal Gregorio Rosa Chávez
elogió la visión de Francisco en el sentido de que el aborto es un acto violento.
“Estamos en una cultura de la muerte, hoy todo lo que es muerte se
aprueba”, sostuvo el cardenal en declaraciones a la AP. “Eso nos lleva a un
desastre total”.
El ministro de salud de El Salvador declinó responder preguntas a
través de un portavoz de la presidencia, que dijo que nadie del gobierno
ofrecería entrevistas.
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Ahora que Roe v. Wade corre peligro en Estados Unidos, los defensores
del derecho al aborto en América Latina que alguna vez consideraron a su vecino
del norte como un ejemplo a seguir, se fijan ahora en naciones como Argentina,
Colombia y México, que levantaron muchas restricciones en respuesta a la
presión de movimientos feministas que acudían a los tribunales.
El Centro de Derechos Reproductivos fue una de varias organizaciones
que peleó por la despenalización del aborto en las primeras 24 semanas en
Colombia. Ahora trata de preservar Roe.
“Esperamos que esta marea verde inspire también a nuestras hermanas de
Estados Unidos”, declaró Martínez Coral, aludiendo a los pañuelos verdes que
usan las mujeres en sus manifestaciones de apoyo al derecho al aborto en la
región. “Hay que protegerlo en todos lados”.
Jocelyn Viterna, socióloga de la Universidad de Harvard, estudió
documentos legales de decenas de casos de mujeres salvadoreñas condenadas por
homicidios asociados con sus embarazos.
“Si las cosas se dan como en El Salvador, las mujeres de Estados
Unidos que pierden bebés de forma natural van a generar muchas más sospechas de
que incurrieron en un aborto”, expresó Viterna. “Probablemente se pregunten,
‘¿se tomó una pastilla?’, ‘¿bebieron demasiado cuando no deberían haberlo
hecho?’, ‘¿por qué perdió ese bebé?’”.
Herrera, del Citizen Group, coincide con activistas que temen las
mujeres de minorías y de bajos ingresos se vean afectadas desproporcionadamente
en Estados Unidos si desaparece Roe, como ocurre en El Salvador.
Jesús, de 22 años, tenía ocho cuando su madre fue detenida luego de
perder un bebé. Él y su hermanito de cinco años quedaron a cargo de sus
abuelos, ambos campesinos pobres. La madre, quien en los tribunales fue
identificada solo como Manuela, falleció de un cáncer en el 2010 mientras
cumplía una condena a 30 años de prisión.
“La muerte”, dijo Jesús. “Eso es lo que hizo el estado de El Salvador
al condenar a mi mamá: Darle muerte y dar una mala vida a sus hijos”.
Traumatizado por años por las acusaciones contra su madre, finalmente
pudo cerrar un poco el círculo en noviembre, cuando la Corte Interamericana de
Derechos Humanos dictaminó que el gobierno había violado sus derechos.
La corte determinó que Manuela perdió su bebé por una emergencia
obstétrica y que el personal médico priorizó la denuncia a las autoridades en
lugar de atender su problema. Ordenó al gobierno que pagase una compensación
por daños a los dos hijos.
Golpeando el piso nerviosamente con sus pies durante una entrevista,
Jesús dijo que decidió contar su historia en la esperanza de que otros niños no
tengan que sufrir lo que sufrió él.
“El nombre de mi mamá es una memoria que nunca va a terminar”.
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Vásquez también se crió en una comunidad rural pobre de El Salvador y
ayudó a sus padres antes de trasladarse a la capital de adolescente. Fue
encarcelada a los 24 años. Había llegado al cuarto grado, pero completó
estudios secundarios en la cárcel y pasó a ser una portavoz de otras detenidas.
Al ser liberada en el 2018, se comprometió a luchar por la
excarcelación de otras mujeres y a ayudarlas a iniciar nuevas vidas. Hoy es el
rostro del movimiento a favor del derecho al aborto en El Salvador. Viajo por
todo el país, hablando con mujeres que enfrentaron circunstancias parecidas a
la suya y reclutándolas para que se sumen a su organización, Mujeres Libres. Su
lema es: No dejemos que esta historia se repita.
En el interior de una casa que la agrupación ayudó a restaurar,
Mujeres Libres realiza funciones teatrales, ofrece lecciones de música para los
niños y talleres acerca de cómo manejar un pequeño negocio. Las paredes están
decoradas con una foto de Nelson Mandela y otras de las mujeres cuando
estuvieron encarceladas.
“El dolor de una mujer es el dolor de otra mujer”, dijo Vásquez, quien
recibió en el 2018 con un premio de derechos humanos que otorga el gobierno de
Suecia. Hace poco completó estudios universitarios, con un título en
comunicaciones, y figuró en un documental.
La agrupación atrae a mujeres como Mariana López, de 40 años, que
estuvo presa 17 años tras perder un bebé en el 2000. Luego de recuperar la
libertad, se unió a Mujeres Libres y sacó un préstamo para ser panadera, algo
con lo que soñaba de niña.
“La mayor lucha la ha tenido Teodora, porque ella es la que la que ha
tenido el suficiente valor de pararse” frente a los demás, dijo López.
Su hija de siete años estudia música en la casa junto con otros niños.
Viven de la venta de pan que López hornea antes del amanecer en su modesta
vivienda a unas dos horas de San Salvador.
“Quizás pudiéramos haber tenido el valor, pero necesitábamos a alguien
que nos diera un empujoncito”, afirmó López. “Y ahora pues nos sentimos un poco
mejor. Quizás felices porque ya podemos compartir ya en otro estado de la vida,
en libertad”.
Otra mujer, Cindy, fue detenida en el 2014 al dar a luz un bebé muerto
en el baño de un centro comercial. Por entonces tenía un niño de cuatro años,
Justin, y estudiaba turismo e inglés. Tuvo que interrumpir su educación y el
cuidado de sus hijos, y no pudo ver a Justin por cuatro años.
“En lo que más reflexiono son las pérdidas... en la pérdida total de
todo... familia, hogares, casas, estudios, trabajo, hijos. Se pierde todo”,
expresó Cindy. “Lo que más hace pensar es cómo se va a comenzar de nuevo, cómo
se va a recuperar el tiempo con la familia”.
Hoy, a los 30 años y nuevamente en Libertad, debe viajar a una
dependencia judicial de la capital todos los meses para firmar documentos
relacionados con su libertad bajo palabra. Ella y Justin viven con sus padres y
está estudiando nuevamente. Vende piñatas que ella misma fabrica con su madre y
preparó una para el cumpleaños de su hijo, con forma de dinosaurio. Él quiere
ser paleontólogo, y en una visita a su casa donde usaba una camiseta de Parque
Jurasico, recitaba conocimientos sobre dinosaurios de memoria de manera enciclopédica.
Sueñan con viajar al exterior juntos. “Olvidar todo y en otro lugar”,
dijo Cindy. “Y comenzar de nuevo”.
Vásquez dice que se siente alentada por los hijos de estas mujeres,
quienes le aseguran que preservarán sus legados cuando ellas ya no estén.
-“Me ilusiona, porque realmente creo que la educación sobre estos
procesos deben empezar desde cuando estamos niños”, manifestó Vásquez.
“Entonces el mensaje a nivel mundial, sobre todo para las madres es: Enseñen a
sus hijas a conocer sus derechos desde ya, porque si ellas empiezan a conocer
sus derechos desde ya van a poder ser mujeres defensoras de los derechos
humanos”.
“Es bien importante realmente no llevar réplicas del Salvador a otros
países” señaló. “Hay que tratar de cambiar al Salvador para que nuestra
historia no se repita en diferentes lugares y en las generaciones futuras”.
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Marcos Alemán (San Salvador) y Marko Álvarez (Bogotá) colaboraron en
este despacho.
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