JUICIO CONTRA LA ALIMENTACIÓN FORZADA EN GUANTÁNAMO
Jason Leopold
17 de octubre de 2014
vice.com/es/
Hace dos semanas, el personal médico de la Bahía de Guantánamo declaró a VICE que
para alimentar a los presos en huelga de hambre utilizan métodos similares a
los que se usan en pacientes de los hospitales estadounidenses que requieren
sondas de alimentación.
Pero ahora, los abogados de Abu Wa’el Dhiab, un ciudadano sirio de 43 años que está
preso en Guantánamo desde 2002 y de quien en 2009 se autorizó su traslado fuera
del centro, argumentan en la Corte del Distrito de Washington D.C. que los
nuevos protocolos de alimentación forzada en Guantánamo son especialmente
abusivos y se han creado expresamente para disuadir a los detenidos de realizar
huelgas de hambre.
Se trata un caso histórico que podría obligar a las autoridades militares a cambiar
radicalmente la manera en que se trata a los detenidos que deciden llevar a
cabo algún tipo de protesta.
Este desafío legal se originó hace casi 13 años. Semanas después de que los
detenidos en la primera Guerra contra el Terror fueran transferidos a
Guantánamo en enero de 2002, algunos presos se negaron a comer, declarándose en
huelga de hambre como protesta contra la quema de un Corán por parte de un guardia.
A finales de febrero, dos tercios de los trescientos reclusos que fueron
retenidos en jaulas al aire libre en el campo X-Ray iniciaron otra huelga de
hambre para protestar contra de una norma que prohibía a los detenidos usar
turbantes. Fue la primera vez que los altos mandos militares del centro de
detención declararon que no permitirían que los detenidos de Guantánamo
murieran de hambre y que los forzarían a alimentarse por vía intravenosa si era necesario.
Las huelgas de hambre continuaron, por lo que las autoridades militares de
Guantánamo implementaron un nuevo protocolo que varios grupos de defensa de los
derechos humanos consideran un método para someter la voluntad de los presos
que decidan llevar a cabo protestas.
En diciembre de 2005, un psiquiatra forense y tres asesores de la Oficina Federal
de Prisiones (BOP) viajaron a Guantánamo y recomendaron a los funcionarios de
detención cambiar los procedimientos utilizados para hacer frente a las huelgas
de hambre. La BOP sugirió el uso de sillas de inmovilización de cinco puntos,
descritas por el propio fabricante, un sheriff jubilado, como “celdas
acolchadas sobre ruedas”.>
Según el nuevo protocolo, un manifestante en huelga de hambre que se negara a beber
voluntariamente un suplemento nutricional líquido sería sacado de su celda y
atado a una silla dos veces al día durante un máximo de dos horas. Una vez
inmovilizado, una enfermera le introduciría una sonda nasogástrica hasta el estómago.
A principios de diciembre de 2005 se enviaron cinco sillas de inmovilización a
Guantánamo, y un mes después llegaron otras veinte. Las autoridades militares
negaron rotundamente que las sillas fueran usadas como forma de castigo para acabar
con las huelgas de hambre e insistieron en que su uso era “seguro”, “humano” y
“legal”, tres de las cuatro palabras que aparecen en el lema oficial de Guantánamo.
Pero casi una década después, una poderosa legisladora demócrata puso en tela de
juicio la ética médica de los procedimientos que los militares aseguraron
adoptar directamente de la Agencia Federal de Prisiones. La senadora Dianne
Feinstein, presidenta del Comité de Inteligencia del Senado de los Estados
Unidos, envió una carta al secretario de Defensa, Chuck Hagel, el 19 de junio
de 2013, después de visitar el centro de detención durante una huelga de hambre
masiva. La senadora afirmó que las prácticas de alimentación forzosa no solo no
estaban “en sincronía con las normas internacionales”, sino que se desviaban de
las prácticas de la BOP. Las sillas de inmovilización raramente se utilizan en
las cárceles federales.
“La alimentación forzada es una práctica extremadamente rara en la Oficina Federal
de Prisiones”, escribió Feinstein. “Nos han dicho que cuando ocurre, el 95 por
ciento de las veces el preso se muestra cooperativo y no es necesario recurrir
a los dispositivos de inmovilización. Sin embargo, en la Bahía de Guantánamo, a
todos los presos que son obligados a alimentarse —independientemente de su
nivel de cooperación— se les inmoviliza en estas sillas”.
Hace dos semanas, el Gobierno presentó documentos judiciales que incluían una versión no clasificada de sus
recientes protocolos para sillas de inmovilización y huelgas de hambre, y
algunas declaraciones juradas de los funcionarios médicos de Guantánamo que
revelan por primera vez que el uso de las sillas no tiene ningún propósito
médico, lo que contradice los alegatos iniciales de los militares.
Katherine Hawkins, investigadora principal en colaboración con el Grupo de Trabajo sobre
el Trato a los Detenidos del Constitution Project,
dijo que las nuevas revelaciones son “de especial importancia”.
“Esto confirma lo que los abogados de los detenidos han alegado desde 2005, cuando
fueron introducidas las sillas de inmovilización, y de lo que el informe del
Constitution Project y la investigación llevada a cabo por el Comité de
Inteligencia del Senado dieron pruebas el año pasado: el uso de este tipo de
sillas para forzar la alimentación no es una decisión médica, y no está en
consonancia con las prácticas generales del BOP”, explicó Katherine Hawkins a
VICE. “No está ni siquiera en la línea de la política general que regula el uso
forzoso de sillas de inmovilización en Guantánamo. Se están utilizando
únicamente para castigar las huelgas de hambre”.
La introducción de estas sillas a inicios de 2006 parecía que pondría fin a una
huelga de hambre colectiva que comenzó el verano anterior. Siete años después,
los guardias recibieron instrucciones de inspeccionar los libros del Corán de
los detenidos para asegurarse de que no estuvieran guardando medicamentos u
otros objetos en su interior. Esta manipulación de los libros sagrados incitó
al inicio de una huelga de hambre que rápidamente derivó en una manifestación
en la que participaron más de cien presos.
Las autoridades militares se abastecieron de más de cien mil latas de Ensure y otros suplementos nutricionales líquidos al
tiempo que negaban la existencia de una protesta masiva. Asimismo, en
marzo de 2013, reescribieron en secreto sus protocolos sobre huelgas de hambre
y sillas de inmovilización; fue la primera vez que se modificaba esta política
desde 2005. Dos meses después, la publicación del documento no editado de
treinta páginas puso al descubierto los procedimientos de alimentación forzada,
que incluían el uso de fármacos muy controvertidos utilizados para tratar el
ardor del estómago causado por el reflujo de ácidos. El medicamento, Reglan, es
conocido por causar un trastorno neurológico irreversible, la discinesia tardía.
Las autoridades militares de Guantánamo, en un esfuerzo por cumplir con el lema del
centro de reclusión de ser “transparente”, proporcionó a los medios de
comunicación un recuento diario del número de presos que se negaban a comer,
así como el número de reclusos que estaban siendo alimentados a la fuerza, lo
que provocó un torrente de noticias.
Entre tanto, estalló una feroz batalla entre los abogados de los detenidos y las
autoridades militares sobre la normativa que regulaba el modo de actuación
frente a las huelgas de hambre. Los detenidos, con ayuda de sus abogados,
publicaron artículos de opinión en los principales periódicos, en los
que calificaban la alimentación forzada como algo inhumano y una violación del
Convenio de Ginebra. Las autoridades militares, en declaraciones emitidas a la prensa, afirmaron que las declaraciones eran
falsas y que los presos estaban intentando atraer la atención de los medios de
comunicación, una táctica común entre “los terroristas de Al Qaeda”.
Aseguraban, asimismo, que la alimentación forzosa, entonces llamada
“alimentación enteral” por los militares, era un procedimiento relativamente
sencillo que solo causaba molestias menores.
Las autoridades militares también acusaron a los abogados de los detenidos de
incitar a sus clientes. (Las diapositivas de PowerPoint publicadas a principios
de este año revelaron que el personal militar de Guantánamo informaba a las
visitas más prominentes de que las huelgas de hambre llevada a cabo por los
detenidos no eran una forma de protesta contra su retención indefinida y el
trato recibido, sino una de las seis “tácticas ofensivas que utilizaban para
atacar al Gobierno de los Estados Unidos).
Las versiones opuestas —y el secretismo en torno a las huelgas de hambre— entre los
militares y los abogados acentúan la dificultad de encontrar una verdad fiable
sobre el asunto, sobre todo al estar prohibido establecer contacto con los presos.
En julio de 2013, los abogados de Dhiab y de otros presos demandaron al Gobierno
ante la Corte Federal, en un esfuerzo por poner fin a la alimentación forzada.
Pero la juez que instruye el caso de Dhiab, Gladys Kessler, designada por
Clinton, se negó a emitir un fallo en ese momento, argumentando estar atada de
pies y manos debido a la legislación aprobada por el Congreso, que prohibía a
los jueces tomar decisiones sobre el tratamiento de los presos de Guantánamo.
Sin embargo, cuando dicto la sentencia, apuntó que el Presidente Obama podría
terminar con lo que para ella era claramente “un proceso humillante, doloroso y degradante”.
Los abogados apelaron a la decisión de Kessler.
En diciembre de 2013, las autoridades de Guantánamo, hartas de la mala prensa,
alegaron que el asunto estaba interfiriendo en el cuidado “seguro, legal y transparente”
de los presos, Así que adoptaron nuevas medidas, incrementando el nivel de
confidencialidad. Los portavoces de Guantánamo informaron de que ya no
ofrecerían más comunicados a la prensa sobre el estado de los detenidos que
participaban en huelgas de hambre o que eran alimentados a la fuerza. Asimismo,
tampoco se trataría el asunto de las huelgas de hambre.
“Es una historia que se perpetúa”, dijo el comandante John Filostrat, director de
asuntos públicos del Equipo de Trabajo Conjunto de Guantánamo, en una
entrevista desde la base en diciembre pasado. “Los presos pretenden llamar la
atención sobre ellos, y no vamos a ayudarles en eso”.
En gran medida, las huelgas de hambre, y Guantánamo en general, habían
desaparecido de los titulares. Para entonces, la mayoría de detenidos habían
vuelto a comer alimentos sólidos.
El silencio de los medios coincidió con la modificación, una vez más, de los
protocolos sobre huelgas de hambre y alimentación forzada, calificando
nuevamente las huelgas de hambre como “ayunos no religiosos de larga duración”. Sin embargo, gran parte de los procedimientos operativos
habituales, obtenidos por VICE en marzo a raíz de una demanda de la FOIA (Ley
por la Libertad de Información), habían sido modificados y vueltos a redactar.
Jon Eisenberg, abogado del equipo legal de Dhiab, dijo que las partes eliminadas de
los procedimientos operativos habituales contenían información referente a la
cantidad de alimento y la velocidad con la que debía administrarse a los presos
que se negaban a comer. Dicha información, según Eisenberg, era crucial, porque
demostraría que los nuevos procedimientos son una “forma de tortura coloquialmente
conocida como ‘el tormento del agua”.
“Esta tortura se remonta a la Inquisición española y fue utilizada durante la Segunda
Guerra Mundial por el Ejército Imperial japonés contra los Estados Unidos y los
prisioneros de guerra aliados”, escribió Eisenberg en un artículo de opinión
publicado en The Hill. “En la Bahía de Guantánamo, los médicos militares y las enfermeras han
medicalizado esta tortura. Ahora utilizan sondas de alimentación nasogástrica
excesivamente gruesas para obligar a los presos a ingerir casi tres litros de
líquido en tan solo veinte minutos dos veces al día, mientras permanecen
inmovilizados en una silla especial”.
En febrero, el conservador Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia
Circuit remitió el caso de Dhiab de vuelta a Kessler, afirmando que los jueces
“tienen potestad para supervisar las quejas de los presos sobre las condiciones
de su reclusión en la prisión militar”, como parte del recurso constitucional
de hábeas corpus.
Tras esta primera imputación legal sobre las prácticas de alimentación forzada en
Guantánamo, se espera que en breve se revise el volumen de suplementos líquidos
con los que se alimenta a los presos mediante sondas nasogástricas.
La Administración Obama, que afirma ser “el Gobierno más transparente de la
historia”, intentó evitar la presencia del público y los medios en el juicio.
Los abogados del Estado afirman en documentos judiciales que debido a que el
caso contiene información clasificada y no clasificada, el juicio debe
celebrarse a puerta cerrada para evitar “deslices” que pudieran dar lugar a una
divulgación no autorizada de información.
Históricamente, los jueces federales que instruyen los casos de Guantánamo han otorgado al
Gobierno de forma velada el beneficio de la duda. Pero el 2 de octubre, Kessler
denegó la moción del Gobierno, precisando en un fallo que “dado el enorme y
prolongado interés público que ha suscitado, sería especialmente grave tratar
de impedir que el público conociera la esencia del testimonio directo de los
presos, si se siguen los procedimientos adecuados y si la Corte trata a todos
los participantes de manera justa”.
Al día siguiente, Kessler emitió otro fallo, según el cual se autorizaba a que los 28
vídeos en los que se mostraba cómo sacaban a Dhiab de su celda y lo
inmovilizaban en una silla para alimentarlo a la fuerza, fueran mostrados a más
de una docena de medios de comunicación que intervinieron en el caso.
El Gobierno había argumentado que los vídeos debían ocultarse al público, ya que
podrían comprometer la seguridad nacional y ser utilizados por los enemigos de
Estados Unidos como una herramienta de propaganda.
Kessler dictaminó que los argumentos de la Administración Obama eran “sencillamente
inverosímiles”.
Es la segunda vez este año que un juez federal se ha negado a ceder a las exigncias
del Gobierno de mantener en secreto las imágenes del trato que reciben los
prisioneros de la guerra contra el terrorismo. En agosto, el juez de un
tribunal de distrito de los Estados Unidos, Alvin Hellerstein, dijo a los
abogados del Gobierno que él podría solicitar la divulgación de fotografías de
hace más de diez años, que constatan los malos tratos a los presos por parte de los militares estadounidenses
en Irak y Afganistán, las mismas que el Gobierno considera que deben permanecer en secreto.
En un comunicado emitido a través de sus abogados de la organización internacional
Reprieve, Dhiab dijo que quería que las cintas de vídeo sobre su alimentación
forzada se mostraran públicamente.
“Quiero que los estadounidenses vean lo que está sucediendo en la prisión actualmente,
así entenderán por qué estamos en huelga de hambre y por qué la cárcel debe
clausurarse”, dijo Dhiab. “Si los estadounidenses piden libertad, deberían ver
estas cintas. Si de verdad creen en los derechos humanos, tienen que ver estas cintas”.
Dhiab, uno de tantos presos que esperan ser transferidos a Uruguay, dijo estar
dispuesto a que lo alimentaran a la fuerza de una manera más humana.
“La ley estadounidense dice que los prisioneros pueden ser alimentados a la fuerza
si están en riesgo inminente de muerte o de sufrir lesiones graves, pero no se
puede recurrir a este método si no se cumplen estos preceptos o de manera
abusiva”, afirmó a VICE el abogado de Dhiab, Eisenberg. “Queremos que la jueza
Kessler regule la alimentación forzada en la bahía de Guantánamo según lo que
dictamina la ley, que prohíba las prácticas abusivas de alimentación forzada y
que permita [a los presos] utilizar el único medio que tienen para protestar
contra su detención indefinida y sin un juicio”.
Guantanamo Hunger Strike TPs and SOPs
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